El Dr. Brailovsky señaló que en teniendo en cuenta su experiencia y tras haber analizado muchas denuncias contra administradores "queda clara la supina ignorancia de la mayoría de los denunciantes respecto la Ley 941, la Ley Penal, Civil, de Procedimientos Administrativa de la CABA y hasta la ignorancia de la Constitución Nacional".

Consideró que este "desconocimiento" por parte de los copropietarios los lleva a realizar "falsas denuncias", es decir, denuncias "sin fundamento" y que su consecuencia final es un juicio por "calumnias e injurias" que "irremediablemente" inicia el administrador contra el denunciante.

El Dr. Brailovsky consideró como otro de los propósitos para que el Consejo de Administración sea el único órgano denunciante "evitar el recargo de tareas desmedidas al que se vé sometido el RPA y la dirección legal de la DGDyPC" lo que posibilitará "agilizar el trámite de las denuncias serias y formales".

En este sentido, el abogado explicó que "los copropietarios generalmente hacen las cosas mal, no se asesoran y, la mayoría de las veces, pierden tiempo en ridiculeces que están destinadas al fracaso "ab initio" [desde el principio], cosa que cualquier abogado les hubiera dicho antes de emprender la aventura de denunciar por denunciar".

Como consecuencia de esto, Brailovsky señaló que "DGDyPC debe enderezar las denuncias mal hechas, procesando la información, interpretando oscuros textos presentados por legos, traduciéndolos a lo que legalmente cabe, intimando por cédulas a solucionar los horrores cometidos, recargando tareas a notificadores oficiales y hasta enviando inspectores para efectuar comprobaciones la mayoría estériles" que –según consideró- concluyen en "la inocencia de la gran mayoría de los administradores acusados sin fundamento alguno".