En Rosario proponen castigar a quien incumpla con Expensas Claras

El proyecto es de autoría de tres legisladores del Frente de Todos, Norma López, Eduardo Toniolli y María Alejandra Gómez Sáenz; uno del Bloque Radical, María Eugenia Schmuck; uno de Ciudad Futura-FSP, Caren Tepp y uno de Iniciativa Popular, María Fernanda Gigliani.

Para lograr este objetivo los concejales proponen modificar dos ordenanzas diferentes:

En primer lugar se agregaría un artículo 7º bis a la Ordenanza Expensas Claras (9676) que textualmente establece: "Se faculta a la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor (OMC) para que, una vez recibidas las denuncias y habiendo fracasado el proceso de mediación por falta de acuerdo o por incumplimiento de las administradoras, derive las enuncias al Tribunal Municipal de Faltas (TMF), para que éste juzgue las acciones pertinentes y aplique sanciones si correspondiere"

En segundo término se incorporaría al Código de Faltas (Ordenanza 2.783/81) la sanción a las infracciones a la Ordenanza Expensas Claras.

El nuevo artículo sería el número 603.86 y ordena: "El incumplimiento de la Ordenanza 9.679/2016 de Expensas Claras, se penará al titular de la administración de consorcio con una multa mínima de 300 UF (unidades fijas). En caso de reincidencia, el Tribunal Municipal de Faltas podrá sancionar hasta un máximo de 1.000 UF por año de infracciones".

Al día de hoy la unidad fija de la provincia de Santa Fe está establecida en 29,54 pesos que es el equivalente al 50% del menor precio de venta al público de un litro de nafta especial.

La ordenanza estipula que los administradores deben realizar la rendición de expensas de los consorcios según un modelo único digital de liquidación de expensas. Este modelo podrá adecuarse a las condiciones de cada consorcio pero debe incluir los datos mínimos obligatorios que establecen los ocho incisos que componían el artículo 9° de la ordenanza que creó el Registro Público de Administradores (RPA) local. Los recibos de pagos también deberán cumplir con un modelo establecido.

Los administradores deben enviar a los copropietarios por correo electrónico las liquidaciones de expensas en formato digital junto con los comprobantes respaldatorios digitalizados. Los consorcistas podrán solicitar por escrito o a través de un correo electrónico que se sustituya el envío en formato digital por una versión impresa.

Los movimientos dinerarios del consorcio deberán efectuarse en forma bancarizada, salvo en los casos de consorcios autoadministrados. "A los fines de unificar y estandarizar los pagos relativos a expensas, proveedores y servicios, resulta imprescindible que los mismos se realicen exclusivamente de manera bancarizada, eliminándose de este modo el pago en efectivo", se explicó en los considerandos.

En el proyecto original estaba previsto que fuera coordinado por una mesa compuesta por representantes de dos entidades inmobiliarias, uno del SUTERyH, un representante del Poder Ejecutivo local y otro del Legislativo. En esta nueva entidad –que recuerda al Consejo Consultivo de la Propiedad Horizontal de la CABA propuesto por Hernán Arce (Partido Socialista) como una alternativa a la Ley Muñoz- no había representantes de los copropietarios ni de entidades de administradores.

Finalmente ese rol se impuso al Estado y el artículo 7º determina: "Se faculta a la Oficina de Defensa del Consumidor a realizar acciones y medidas que fomenten una relación racional y adecuada entre el consorcista, el consejo de administración y el administrador de consorcios".

Esta iniciativa también fue de la concejala Norma López que por aquel entonces integraba el bloque del Frente para la Victoria (FPV) ^[1]