En
el último programa de PuntoDoc que se emitió por canal 9 el miércoles a la
noche, entre otros temas, se denunció la modalidad de facturación de las
empresas privatizadas en concepto de energía eléctrica en las partes comunes
cuando éste dispone de un local a la calle.
Se
recogieron a lo largo del programa los testimonios del abogado especialista en
consorcios Ricardo Awad, de la administradora Beatriz Lacanau y del diputado
nacional por la Alianza Ricardo Vago. Todos coincidieron en afirmar que Edenor,
Edesur y Edelap estarían sobrefacturando entre un 60% y un 70% de más a los
50.000 consorcios que tienen la desgracia de poseer un local en la planta
baja.
En
el programa se sostuvo que, por ejemplo, a un edificio de siete pisos sin local
comercial le correspondería pagar una tarifa de $17,02 y un cargo variable de
$81,82; es decir: $98,84. En cambio si ese mismo edificio tiene un local
comercial, el cargo fijo pasa a ser de $8,50 y el cargo variable de $150; total:
$158,50. Un 60 por ciento más.
El
diputado nacional Ricardo Vago sostuvo que las empresas distribuidoras estarían
percibiendo por esta mala aplicación de la tarifa la cantidad de 50 millones de
pesos por mes y que si se multiplica por los 7 años que lo vienen haciendo, el
monto trepa a los 350 millones de pesos.
Según
él, las empresas aplican tarifa comercial a los consorcistas porque se
aprovechan de una norma poco clara. Esta dice: "casa o departamentos
destinados exclusivamente a una actividad de viviendas" y cuando dice casas
o departamento de hecho está excluyendo la situación de los locales en planta
baja.
Según
el cuadro tarifario del Ente Nacional Regulador de
Electricidad (ENRE), según el cual se basan las empresas para facturar, se
desprende que a todos los departamentos se les tiene que cobrar tarifa de
vivienda que es la más barata. Pero éste no aclara qué pasa si en el edificio
hay un local comercial. Aquí es donde la empresa cobra a todo el consorcio como
si fuera un comercio aunque el local tenga medidor independiente y no utilice
los ascensores.
Una
de las ventajas con la que contaron las empresas privatizadas de energía para
llevar adelante este fabuloso negocio fue la dificultad de los usuarios en
darse cuenta de la diferencia, tal vez por el sistema poco transparente de
facturación que utilizan, y el otro, parece ser, la falta de interés (vaya uno
a saber por qué) del E.N.R.E. en defender los derechos de sus verdaderos
empleadores, que son los consumidores de energía eléctrica.