Tanto Fundación Reunión de Administradores (FRA) como la Asociación Civil de Defensa al Consumidor de Bienes y Servicios para la Propiedad Horizontal RA (ADEPROH) coincidieron con argumentos casi idénticos en cuestionar al estado en su tarea de controlar la tarea de los administradores. Mientras que FRA sostenía que "...en general dichos consorcistas son sumamente reacios a aportar dinero para tal fin porque entienden que sus esfuerzos económicos en tal sentido terminan siendo dilapidados en ñoquis, asesores, funcionarios y legisladores que viven como reyes a su costo y cargo, en un país que por otro lado se halla sumido, por la mala gestión y generalizada corrupción de sus representantes, en la mayor de las pobrezas y miseria", ADEPROH aseguraba que "...no estamos de acuerdo en que el estado centralice esta tarea cuando éste no puede cumplir con las obligaciones básicas que le competen" rematando su idea con la pregunta: "...no sería más lógico y razonable que las entidades que se ocupan del tema administren sus propios padrones de administradores y se hagan responsables de su control...?"

La contadora y administradora Vaena Rivas que representó a la Comisión de Consorcios del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad y del Subcomité de Administración de la Propiedad Horizontal del IRAM aseguró a Pequeñas Noticias "...me parece bien de cualquier forma" agregando a continuación "lo tienen que hacer..(el Registro) ...es la única manera de depurar la paja del trigo... pero lo que no tienen que hacer es dejar a los idóneos afuera". Si bien no piensa que es factible la creación de un Colegio de Administradores tal cual lo tienen los contadores y los abogados consideró que el Registro debería tener un mínimo de exigencia sobre la capacitación de sus integrantes y sostiene que el control tendría que ser llevado por el estado y, dentro de éste, por un ente absolutamente independiente como podría ser "el Registro de la Propiedad Inmueble". Consideró positiva la contratación de un seguro por errores u omisiones por parte de los administradores y como objeción más concreta al proyecto planteó la imposibilidad de presentar toda la documentación del consorcio ante el organismo de control estando de acuerdo en reemplazarlo por una declaración jurada del administrador en soporte informático que sería, de hecho, tal cual quedó en la versión definitiva del proyecto.

"En las reuniones se ha tratado de participar... de mejorar un poco todo... en el ánimo de todos está ... que el registro surja..." así se expresó el Dr. Osvaldo Pontoriero, contador que representó al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que aseguró, coincidiendo con la Diputada Sandra Dosch, que si bien el proyecto es perfectible "después con el tiempo habrá que mejorarlo y agregarle cosas pero tenemos la base..."

Según el Dr. Osvaldo Loisi, presidente de la Liga del Consorcista, este proyecto "en principio es bueno" y uno de los puntos más importantes del nuevo Registro "es la publicidad que significa el Registro para el consorcista que tiene que elegir un administrador para que se sepa quién es quién. Como por ejemplo, un condenado por delitos dolosos no va a figurar" y, por otra parte, en otro orden de cosas, tendrá que acreditar que cumple con los depósitos de las cargas sociales. El Dr. Loisi expresó como muy positivo que exista por lo menos un registro público, gratuito y que esté en manos de la municipalidad y no de una corporación y en ese sentido le hizo llegar una carta a los legisladores.

Coincidiendo con el Dr. Pontoriero aseguró que todas las partes estuvieron presentes para la discusión del proyecto, que se hizo un amplio debate sobre el mismo y que finalizó con la invitación de la comisión en pleno presidida por Dr. Fernández a todos los participantes en hacerle llegar sus observaciones por escrito.

Según Página 12 el Arquitecto M A Fortuna que es director de la Oficina de Defensa del Consumidor, habría expresado que "El problema de los consorcios con los administradores es un tema recurrente. Cada vez recibimos más llamados sobre esa cuestión, pero lamentablemente no tenemos posibilidad de actuar. Para el Código Civil, un administrador es un delegado y no un proveedor del consorcio, por lo que no puede entenderse el trabajo como un servicio: son mandatarios. El otro inconveniente es que la actividad no está reglamentada", concluyendo que es partidario de la sanción de la normativa