El art. 4º de la ley 14.250 (conf. ley 25.877) impone como presupuesto esencial para acceder a la homologación de una CCT que la misma no contenga cláusulas que afecten el interés general. El interés general lo ha definido la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante Acordada Nº 28 del 14-7-04 como "un interés que trascienda al de las partes y se proyecta sobre la comunidad o ciertos sectores o grupos de ella".

En la Convención cuestionada se ha afectado el interés general de la población urbana de todo el país, a la que jamás se la ha invitado a participar de la discusión de sus cláusulas. POBLACIÓN CONSTITUÍDA EN SU ENORME MAYORÍA POR ASALARIADOS, JUBILADOS Y PENSIONADOS, que son quienes pagarán los gravámenes allí dispuestos. La autoridad administrativa debe contemplar que los Consorcios de Propiedad Horizontal no constituyen empresas, no originan ganancias ni ingresos. No hay allí productividad ni beneficios que distribuir ni hacen previsiones futuras de evolución del empleo porque la mano de obra empleada no aporta un insumo enderezado a la producción de bienes, servicios ni ganancias.

Si bien el personal que se desempeña en dichos Consorcios goza de convenciones colectivas desde hace varios años, en esta última que impugnamos, las agrupaciones de administradores que se asumen como "parte patronal" han excedido sus supuestas facultades de representación. El art. 4º de la ley 23.546 (conf. ley 25.587) indica que las partes están obligadas a negociar de buena fe, lo que implica –según el texto legal- "designar negociadores con mandato suficiente". Las entidades firmantes por"la patronal" han actuado en contra de los intereses de sus supuestos representados, lo que descalifica e ilegitima lo convenido por contrariar normas elementales del mandato civil.

Es de señalar muy especialmente que mientras que en todos los convenios colectivos homologados por V.E. las representaciones patronales constituyen asociaciones integradas por las propias empresas, en este caso no se trata de asociaciones formadas por los consorcios, sino por un puñado de representantes (administradores).

En definitiva, por mandatarios o gerentes carentes de instrucciones suficientes para avalar la creación de obligaciones dinerarias extraordinarias a cargo de sus poderdantes ( Ver texto del art 11 de la Ley 13.512 y especialmente la caracterización legal de ese mandato efectuada ejemplarmente por ese propio Ministerio en los considerandos de la Resolución S.T. Nro 47 (Expte. Nro. 4.634/95) que dice textualmente que "se trata de un mandato para realizar actos de gestión permitidos por la ley, pero nunca de disposición").

Nótese que en la actualidad los consorcios están abonando a la entidad gremial de los Encargados el 1.5% de la remuneración bruta de todos los trabajadores del país – estén o no afiliados a aquella - en concepto de Caja Protección a la Familia. Gravar a los consorcios con mayores aumentos y con contribuciones para ciertos seguros suplementarios resulta a todas luces inapropiado en el tiempo y en la coyuntura económica actual. A los ojos de la opinión pública, según la difusión que ha tenido en los medios de comunicación, aparece dicho acuerdo como un artilugio entre dos partes para que, sin consideración alguna, pague un tercero, que es el consorcista jubilado, empleado de bajos ingresos, desocupado o con los sabidos problemas económicos que hoy se afrontan.

Por otra parte, analizados los nuevos seguros que esta convención ordena contratar, por sus características, impresionan como un injustificado aumento de ingresos a favor de la entidad sindical antes que un verdadero beneficio para los trabajadores del sector.

Finalmente, la introducción de una injustificada nueva categoría de "empleados administrativos" aparece como una puerta abierta a los administradores para contratar personal a costa del Consorcio para desempeñar tareas que sólo a ellos beneficiará.