"La Ley 3.254 es discriminatoria por excelencia"

[BPN-07/04/10] David Villarreal, abogado patrocinante de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI), declaró que la Ley 3.254 -modificatoria de la Ley 941 (Registro Público de Administradores de la CABA)- "es impracticable desde lo material y es discriminatoria por excelencia porque afecta el derecho del trabajo y el de igualdad".

"Evidentemente esta ley tuvo algún tipo de apoyo de algún monopolio, porque si yo elimino a los pequeños administradores no cabe duda de que me quedo con todo y el negocio de la administración es un negocio importante. En consecuencia, esto está amparado por algunos sectores que, desde las sombras, están haciendo presión desinteresándose totalmente por aquellos que no tienen esa capacidad. Acá se olvidó por completo al pequeño y mediano administrador que dignamente trabaja y vive de su actividad", denunció Villarreal.

En una entrevista exclusiva con Pequeñas Noticias, el abogado declaró que "nosotros vamos contra toda la ley. Este famoso Registro Público de Administradores -que creó en su momento la Ley 941- no debió haber existido. De prosperar esta acción, la jueza que entiende en el caso va a decidir si encuentra o no mérito para que la Cámara y todos los administradores, consorcistas y consorcios miembros, queden fuera del alcance de la ley y no tengan que inscribirse en el Registro. En el caso de los ya inscriptos, el Registro no los regirá más hasta que ella no resuelva sobre el fondo de la cuestión", aseguró Villarreal.

Sin embargo, el abogado explicó que aunque la gente llama "recurso de amparo" a la acción que él presentó en nombre de la CAPHyAI, en realidad –hablando con propiedad- se denomina "acción declarativa de certeza".

"Esta acción -si bien no es de amparo propiamente dicha- tiene un rasgo amparista por cuanto es rápida y expedita. Su objetivo es que el juez dictamine cuál es el alcance de esta ley, si violenta o no la Constitución Nacional y de que manera debe entenderse", expuso.

Villarreal también explicó que las cuestiones que se consideraron al hacer la presentación en la justicia tuvieron que ver con que "la Ciudad exige cursos que no brinda, aparece un excesivo costo en el ejercicio de la profesión, la impronta de la ley está puesta en recaudar y no en mejorar la situación de los administradores, aparece una lesión al régimen del mandato por la durabilidad del administrador, aparece una clara violación al principio de igualdad frente a otras actividades, entre otras cuestiones".

El abogado afirmó que "no estamos atacando la capacidad del órgano que dictó la norma porque la Legislatura porteña tiene todo el derecho de ejercer el poder de policía que tiene sobre las actividades que se ejercen en el ámbito de la CABA. Lo que no puede hacer es ir más allá de ese espíritu reglamentista".

"Yo entiendo que deberíamos tener el éxito total. Hay muchos jueces y juezas muy buenos en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad, que se dedican mucho, no sacan resoluciones a la ligera y tienen menos compromiso político", señaló Villarreal.