[BPN-26/12/12] El Adm. Jorge Hernández, presidente de Fundación Reunión de Administradores (FRA), llamó a los administradores de consorcios a "un cese total de trámites ante el Registro Público de Administradores (RPA) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ante cualquier otra dependencia u organismo del gobierno local hasta tanto sus autoridades procedan a rever y ordenar todas y cada una de sus resoluciones y disposiciones sobre los consorcios de propietarios y sus administraciones".

Hernández realizó este llamamiento "ante las sucesivas y gravísimas contradicciones emergentes de las disposiciones y resoluciones dictadas por funcionarios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra los consorcios de propietarios y sus administraciones que han generado el tener que comprar libros para luego en pocos meses desafectarlos, obleas que al poco tiempo son declaradas inservibles, pólizas de seguros de cauciones que posteriormente fueron dejados de lado, cursos para encargados por medio del SERACARH cuestionados hasta por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, bajas del RPA de administradores por no reempadronarse que los jueces revirtieron, digitalización de expensas que antes de ponerse en vigencia ya sufrieron modificaciones, etc., etc., etc.".

El primer llamado lo realizó a través de un comunicado por e-mail el pasado 30 de noviembre. El segundo lo hizo el 1º de diciembre desde su programa de radio Reunión de Administradores que se emitía por FM Cultura los días sábados y que actualmente está en receso de verano. Por último, el tercero, once días después, otra vez por e-mail, el miércoles 12. El día anterior la jueza Andrea Danas había ordenado al Poder Ejecutivo suspender los efectos de la Resolución 408 de Eduardo Machiavelli, conocida como "Expensas Claras" [BPN Nº 482 del 12/12/12: "¡¡¡ Se cayó la 408 !!!"].

Ante la pregunta de Pequeñas Noticias sobre qué consecuencias podrían tener que afrontar los administradores ante este acto de virtual desobediencia civil explicó que ninguna. "El RPA no tiene capacidad ni siquiera de ordenarse a sí mismo. Es una cueva de papeles que no sirve para nada y hasta ahora ha demostrado no poder elaborar estadísticas, ni proponer sugerencias sobre las políticas establecidas, ni poder siquiera controlar lo que ellos tienen obligatoriamente que controlar. Estamos atrasados tres años en cumplir la ley exclusivamente porque el RPA no tiene capacidad y es ineficiente para hacer lo que la ley manda que haga que es recibir todos los años el certificado de reincidencia y de juicios universales de los administradores", argumentó Hernández.

Por último redondeó: "hay una incapacidad manifiesta de ese organismo del estado en cumplir el rol que la ley le estableció ergo el que no cumple no puede exigir que cumplan los demás. Es por eso que cualquiera que deje de hacer los trámites estaría protegido por el simple hecho de que un organismo que no cumple con la ley no puede a su vez pretender hacer cumplir o sancionar a quien no se presente ante este organismo".