Jorge Hernández, sin barbijo ni tapaboca

[BPN-16/04/20] En el marco de una entrevista exclusiva con Pequeñas Noticias, el Adm. Jorge Hernández, presidente de la Fundación Reunión de Administradores (FRA), consideró que los problemas más urgentes que enfrenta la comunidad consorcial son: resolver seriamente la discriminación y agresión contra el personal médico comprometido en la atención de los afectados por el Coronavirus y una urgente asistencia económica y financiera a los consorcios que pueden estar al borde del concurso, paso previo a una eventual quiebra.

Consideró que las soluciones a estos y otros problemas que aquejan a los consorcios "no resultan de interés para las autoridades por estar ocupadas en otros menesteres y considerar a la comunidad consorcial como un coto de caza privado del SUTERH (Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal)".

Opinó que intentar imponer obligatoriamente la modalidad de las "asambleas a distancia" en este contexto legal, social, digital y de "big data" sin previamente adoptar las medidas conducentes sobre la materia le parece "un delirio supremo".

Adm. Jorge Hernández: Los problemas más importantes que enfrenta la comunidad consorcial en este año son, a nuestro criterio:

El aumento sistémico de las expensas comunes, el elevado costo de la remuneración del personal de portería, sus cargas sociales, y con la desproporcionada influencia de las cargas sindicales que afectan al trabajador y al empleador por igual; la extrema lentitud en la recaudación de las expensas comunes a su vencimiento mensual; la morosidad en crecimiento y la lentitud de los procesos judiciales para cobrar por esa vía; los generalizados saldos de caja en rojo; la carencia de fondos de reserva para amortiguar la crisis económica; las reparaciones de las cañerías a cargo de los consorcios; la escasísima asistencia a las asambleas; la negativa de los consorcistas a cumplir con las leyes y demás obligaciones a cargo de los consorcios; el rechazo a integrar los consejos de propietarios; la falta de recursos técnicos para solucionar temas cotidianos de ruidos molestos, tenencia de animales domésticos y las urgencias para reparar las filtraciones; y también el reconocimiento a la necesaria actualización de los honorarios del administrador para equiparlos, en cortos periodos, al alto nivel de inflación generalizada.

Pero los dos problemas más urgentes de este momento de pandemia son: encarar y resolver seriamente el tema de la discriminación y hasta agresión contra el personal médico involucrado en la atención de los afectados por el coronavirus; y la urgencia de adecuada y suficiente asistencia económica financiera bancaria y/o estatal inmediata a los consorcios de propietarios que puedan estar al borde de tener que concursar, puerta directa a la eventual quiebra del consorcio con sus nefastas e imprevisibles consecuencias para cada copropietario y el administrador.

PN: ¿Cuáles serían las soluciones a esos problemas?

JH: Las soluciones están disponibles y las propuestas se vienen realizando desde hace tiempo, pero no resultan de interés para las autoridades por estar ocupadas en otros menesteres y considerar a la comunidad consorcial como un coto de caza privado del SUTERH.

PN: El Gobierno local ordenó reemplazar las expensas en papel por el formato digital (Disposición 2.592). Teniendo en cuenta que no toda los consorcistas –sobre todo gente mayor- confían en las nuevas tecnologías, las dominan o pueden acceder a ellas ¿Cómo se puede conciliar esta diferencia que existe entre la realidad que se vive en los consorcios y el ideal perseguido?

JH: El daño que le están haciendo a los consorcios y las personas de la tercera edad con esta medida es inmenso, más que una disposición de protección medioambiental ("Despapelizar" para preservar los arboles (sic) luce como una absoluta discriminación contra la gente mayor que se encuentra desprotegida contra los abusos de las autoridades. Es una de las tantas medidas irracionales que dictan sobre los consorcios de propietarios, pero que poniendo mucha buena voluntad hay que adjudicarlas no tanto a la maldad de los funcionarios que la dictaron, sino a su absoluta ignorancia de lo que ocurre en propiedad horizontal.

PN: ¿Qué opinas sobre los acuerdos firmados por Carrillo y la titular del PAMI con Santa María?

JH: No conozco en detalle ese acuerdo, pero por algunos de los intervinientes y sus antecedentes se me ocurre que es como otra de sus habituales empanadas sin relleno, es decir hecho para el autobombo en los medios de comunicación sin nada de contenido que pueda ayudar a la comunidad consorcial.

PN: ¿Qué opinas sobre la prórroga del mandato del administrador –por medio de la Disposición 2597- hasta el último día de mayo?.

JH: Me parece algo intranscendente, a nadie le interesa en los consorcios saber si su administrador tiene o no vigente la matricula en el RPA.

Las autoridades deberían ocupar el tiempo en derogar directamente toda la legislación sobre el registro público de administrador y en su lugar crear un colegio público en sintonía con la tendencia mundial sobre la profesión del administrador de propiedad horizontal.

Pero no tengo dudas que es demasiado pedir a una dirigencia política anclada en el pasado, en lugar de dedicarse a avizorar las modernas soluciones para el presente y futuro de los grandes conglomerados urbanos.

PN: ¿Y sobre la orden de que las asambleas de consorcios sean en la modalidad "a distancia"? ¿Es factible? ¿Ofrece garantías jurídicas?

JH: La modalidad de "asambleas a distancia" por medios tecnológicos es algo que venimos proponiendo hace mucho, y hasta lo había receptado la comisión de notables del proyecto del 98 para incluirlo en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que se trató parlamentariamente.

Pero intentar convertirlo en obligatorio en este contexto legal, social, digital y de "big data" sin previamente adoptar las medidas conducentes sobre la materia que en gran medida fueron tenidas en cuenta por aquella época, me parece un delirio supremo.