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Provincia de Entre Ríos Se crearía una "Constancia de idoneidad técnica de inmuebles" [BPN-28/11/12] En la Cámara de Senadores de la provincia de Entre Ríos se está debatiendo un proyecto de ley para que cuando se desee adquirir una propiedad -sea nueva o usada- deba intervenir un arquitecto, ingeniero o maestro mayor de obras para emitir una "Constancia de idoneidad técnica de inmuebles" para que certifique el estado general y reglamentario del bien raíz. Con este objetivo el pasado 27 de este mes, se reunió la Comisión de Legislación General de ese cuerpo legislativo con representantes del Colegio de Escribanos, el Colegio de Agrimensores, el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios y el Colegio de Abogados, todos de Entre Ríos, en la sala de reuniones en el segundo piso de la Casa de Gobierno. Presidió el encuentro el representante del departamento Islas, Eduardo Melchiori y estuvieron presentes los senadores de los departamentos Uruguay, Gualeguay, Diamante, Victoria y Paraná, René Bonato, Eduardo Matorras, Daniel Kramer, César Garcilazo y Carlos Brambilla, respectivamente. Anteriormente, el 6 de noviembre, la Comisión de Legislación General se reunió con el Colegio de Ingenieros Civiles, el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Maestros Mayores de Obra para debatir el proyecto. Esta constancia costaría el 0,3% del valor fiscal del inmueble aunque esta cuestión quedó en suspenso para ser resuelta por los propios colegios. Tampoco se definió si la elección del profesional y su costo derivado lo deberá asumir el vendedor o el comprador. Este proyecto fue presentado el 3 de julio de este año por el senador por la localidad de Gualeguay, Rubén Alfredo Matorras (Partido Justicialista) y fue ingresado bajo el número de expediente 10.396. Oposiciones Cuando conoció la existencia de ese proyecto, el Consejo Directivo del Colegio de Escribanos, encabezado por su presidente Fabio Alejandro Larrosa, expresó su "firme y terminante rechazo al proyecto". Entre otros argumentos, esgrimió la vaguedad de la terminología utilizada, la imprecisión de los beneficios para los contratantes y las consecuencias de un certificado desfavorable. A su vez, había considerado que este tipo de regulación es de incumbencia nacional |
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