El Consejo Consultivo de la Comuna 3 rechazó el Proyecto Carrillo

[BPN-11/01/18] El 28 de diciembre, el Consejo Consultivo de la Comuna 3 rechazó por unanimidad el proyecto de ley "Consorcio Participativo" cuyo autor es Facundo Carrillo, secretario de Atención y Gestión Ciudadana, que fue presentado en la Legislatura porteña por Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de esta ciudad. 

Esta decisión se tomó durante la reunión mensual ordinaria del Consejo Consultivo y el acta correspondiente a la misma –junto a otros temas tratados- será elevada a los siete miembros de la Junta Comunal. Dentro de sus facultades, estos últimos podrán emitir una recomendación a la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana de la Legislatura porteña para que sus seis miembros la consideren.

La moción aprobada fue presentada por Andrés Zulberti, coordinador de la Comisión de Consorcios de ese Consejo Consultivo.

Luego de una breve presentación de la moción a cargo de Zulberti, algunos vecinos pidieron la palabra para exponer su opinión sobre el tema. Pequeñas Noticias sintetizó lo más relevante de la participación de cada uno.

Una vecina lo interrumpió para considerar que el proyecto de Carrillo es una "incongruencia" y opinó: "esto es una manera de meternos la mano en el bolsillo a los ciudadanos que vivimos en la ciudad de Buenos Aires". No consideró mal que se trate de controlar a los administradores pero consideró que en la Ciudad debería funcionar el Registro Público de Administradores y -en caso de no funcionar- debería ser auditado.

Zulberti cerró su presentación explicando: "Yo creo que el RPA evidentemente no está funcionando muy bien y lo que quiere el gobierno es tercerizar, obligar, tener el control y encima pedirnos nuestros datos", y finalizó: "El Gobierno tiene que controlar al administrador desde el Registro ante las denuncias que nosotros podemos hacer en base a la Ley 941 y punto".

Otro vecino acotó estar de acuerdo con Zulberti y explicó que estuvo presente en una reunión que tuvieron con Facundo Carrillo: "El Gobierno de la Ciudad no es útil controlando a los administradores y por la falta de gestión del Gobierno no tenemos que pagar nosotros esta nueva plataforma que excluirá a mucha gente grande", y agregó: "Lo que vimos es que él está completamente aferrado al proyecto" ^[1].

Un participante opinó: "Cuando al gobierno le conviene hay participación pero cuando hay algo que no le favorece empieza a manipularla, eso es permanente. Somos nosotros los que deberíamos decidir qué tipo de ley quisiéramos votar porque en la práctica el dinero lo vamos a poner nosotros". Este gobierno permanentemente nos bicicletea como ciudadanos y hace lo que se le da la gana".

Un vecino relató: "Yo quería contar una anécdota muy pequeña: en una oportunidad yo me compré un auto y la patente me llegó con un error de ortografía. Tiempo después el Banco Santander Río me envío una tarjeta con el mismo error de ortografía que figuraba en la patente. Hablando de los datos, esto es lo que quería decir, que los datos públicos se venden. Y está avanzando sobre la propiedad privada lo cual es bastante incongruente con todo el discurso oficial".

Por último agregó: "Después sobre el control de los administradores por lo que escuché está en manos de Defensa del Consumidor y los consorcistas no somos consumidores, somos propietarios que hacemos uso y usufructo de la propiedad. El control de esta persona jurídica tendría que ser mayormente dentro de la justicia".

Luego del debate se votó la moción y fue aprobada por unanimidad 

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Sin autorización de la asamblea, ¡ no !

[BPN-11/01/18] El 26 de diciembre, representantes de la CAPHyAI (Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias), de consorcistas y de la CASIPH (Cámara Argentina de Sistemas Informáticos de Propiedad Horizontal) coincidieron que en el texto del proyecto Consorcio Participativo ^[1] debe indicarse expresamente que cada administrador debe contar con la aprobación de la asamblea de propietarios de los consorcios que administra para utilizar la plataforma.

Actualmente el proyecto establece que el administrador debe dar de alta al consorcista (propietarios e inquilinos) –tenga o no su aprobación- y luego notificárselo. Textualmente ordena que es obligación del administrador: "Dar de alta al consorcio que administra en la plataforma web, Aplicación Oficial ‘Consorcio Participativo’ y mantener actualizada la misma, con las especificaciones establecidas en el Capítulo VI de la Ley". A continuación le impone a los mandatarios de los consorcios: "Comunicar a los propietarios e inquilinos del Consocio que administra el alta del mismo en la Aplicación Oficial ‘Consorcio Participativo’ (artículo 7º del proyecto)".

En ningún momento establece que debe contar con la autorización de los propietarios para disponer de sus datos e inscribirlos en esta plataforma.

[2] BPN Nº 622 del 22/12/17: "Se busca crear una mesa amplia de diálogo". BPN Nº 621 del 11/12/17: "Se realizó la primera reunión multilateral".

En febrero se mudaría el RPA

[BPN-11/01/18] En febrero el Registro Público de Administradores (RPA) y la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor (DyPC) porteño se mudarían al edificio donde actualmente funciona una de las tres sedes de la Dirección de Estadísticas y Censos de la CABA en la calle Perón 3269/71. Dado que ese edificio cuenta también con entradas en los números 3227, 3241 y 3253 quedará por determinar el número exacto del acceso a las oficinas del Registro Público. Las fuentes consultadas especularon que sería la entrada con el número 3227. Así lo informaron fuentes tanto del RPA como de DyPC. Ninguna de las dos reparticiones realizó una comunicación oficial.

Es la tercera mudanza que sufre el RPA, repartición nacida por imperio de la Ley 941 con el objetivo de controlar la actividad de administrar consorcios.

Abrió por primera vez sus puertas el 28 de julio de 2003 en la calle Esmeralda 340 para dar información y asesoramiento. La inscripción de administradores comenzó el 11 de agosto de ese mismo año. En aquella época, el Arq. Miguel Fortuna fue el director general de Defensa y Protección del Consumidor a cuyo cargo estaba el RPA.

El 27 de marzo de 2007 se mudó a Patricias Argentinas 277, entre las calles Franklin y Cangallo, en el barrio de Caballito. Hoy allí funciona la sede de la Comuna 6.

Ya fue promulgado el nuevo artículo 13º de la Ley 941

[BPN-11/01/18] El 28 de diciembre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires promulgó la Ley 5.932 que restituyó el contenido del artículo 13º de la Ley 941 que creó un Registro Público de Administradores (RPA) en esta ciudad. El nuevo texto mantiene la duración del mandato del administrador en un año y fue "armonizado" para que no colisione con lo establecido por el Código Civil y Comercial imperante desde el 1º de agosto de 2015.

La promulgación de la Ley 5.932 se realizó mediante el Decreto 490/17 y está firmado por Horacio Rodríguez Larreta en su carácter de jefe de Gobierno y Felipe Miguel, jefe de Gabinete de Ministros del GCABA. Fue publicado en el Boletín Oficial del 3 de enero de este año.

El texto aprobado por la Legislatura porteña para el artículo 13 de la Ley 941 dice textualmente:

"El administrador designado en el reglamento de propiedad horizontal cesa en oportunidad de la primera asamblea si no es ratificado por ella. La primera asamblea debe realizarse dentro de los noventa días de cumplidos los dos años de otorgamiento de reglamento o del momento en que se encuentren ocupadas el cincuenta por ciento de las unidades funcionales, lo que ocurra primero. El administrador tiene un plazo de un año para el ejercicio de su función. Es designado, su mandato puede ser renovado, y removido antes de su vencimiento, por asamblea ordinaria o extraordinaria con la mayoría absoluta establecida en el artículo 2.060 del Código Civil y Comercial de la Nación."

Es de recordar que el 16 de agosto del año pasado, el Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad había declarado este artículo inconstitucional porque el sistema de cómputo de las mayorías para ratificar su mandato contradecía lo establecido por el Código Civil y Comercial vigente.

El 21 de noviembre, la Comisión de Asuntos Constitucionales resolvió "que, considerando inobjetable desde el punto de vista constitucional lo resuelto en el fallo que se notifica y compartiendo el criterio de la mayoría, con especial consideración de la disquisición efectuada en el voto del Dr. Casás, esta Comisión de Asuntos Constitucionales aconseja la sanción de la siguiente resolución: Artículo 1º- Se acepta lo resuelto por el Tribunal Superior de Justicia al declarar la inconstitucionalidad del Art. 13 de la Ley N° 941".

El ‘Faro del Diseño y la Gastronomía’ sigue apagado

[BPN-11/01/18] Luego de más de dos años, el SUTERH ^[1] aún no presentó los detalles técnico para el desarrollo del proyecto denominado "Faro del Diseño y la Gastronomía" en el predio municipal que se encuentra bajo el trazado de la Autopista 9 de Julio Sur entre las calles Suárez y Aráoz de Lamadrid. En aquel momento un medio local informó que se estimaba que la obra le costaría al gremio 50 millones de pesos ^[2].

El 16 de septiembre de 2015, Horacio Rodríguez Larreta, Víctor Santa María, secretario general del SUTERH, y Héctor Jorge Apreda habían firmado una carta de intención mediante la cual se le otorgaba al sindicato de encargados el uso del predio por el término de cinco años. Es de resaltar que por aquel entonces Rodríguez Larreta era jefe de Gabinete de Ministros y Apreda el presidente de la Comuna 4. El primero hoy es jefe de Gobierno y el segundo legislador de la CABA con mandato vigente hasta el 2021.

Es de destacar que según la Constitución de la CABA "toda concesión, permiso de uso o constitución de cualquier derecho sobre el dominio público de la Ciudad" es necesariamente una ley de doble lectura en la Legislatura porteña (inciso 5º del artículo 89º) y que "ningún órgano del gobierno puede conferir excepciones a este trámite y si lo hiciera éstas son nulas (artículo 90º)". Todo hace suponer que no estaba en manos del Ejecutivo porteño permitir el uso de ese predio sin ser aprobado inicialmente por la Legislatura, sin realizar una Audiencia Pública y ser aprobado en forma definitiva por ese poder del Estado.

En el documento firmado entre Rodríguez Larreta y Santa María se había asegurado que "el análisis de la propuesta presentada por SUTHERH se encuentra en un avanzado estado, contando en principio con la anuencia de esta administración, quien a efectos de instrumentar el Convenio respectivo se halla a la espera del aporte de detalles técnicos". Sin embargo, luego de casi 28 meses todavía el SUTERH no presentó los detalles técnicos del proyecto en forma definitiva".

Hoy, ese espacio se encuentra ocupado por la Policía Metropolitana quién lo custodia hasta tanto se le dé un nuevo destino.

Las características generales del proyecto y sus beneficios para el Estado local quedaron claramente plasmados en la carta de intención firmada. Pequeñas Noticias resumió lo más notable de ella:

1.- "...se trata de una iniciativa en la que colaborará el ámbito privado, el Gobierno, instituciones educativas, ONG, que tiene como principal objetivo el desarrollo económico, social y urbano a través de la promoción de industrias como la audiovisual, la tecnológica, la artística y la de diseño".

2.- "...las obras concebidas no sólo ayudarán a la difusión ante la comunidad de las actividades y objetivos del Distrito de Diseño, sino que estimulará a la economía del barrio, incrementado recursos calificados y la oferta laboral".

3.- "...la concreción del Proyecto en cuanto a su desarrollo edilicio y las acciones que se llevarán a cabo, una vez culminados los trabajos comprometidos impactarán positivamente en las condiciones de seguridad e iluminación pública, incrementando la actividad de la zona circundante, generando un beneficio funcional y económico, tanto para la ciudadanía como para el erario de la Ciudad, mejorando su aspecto, integrando sectores que a partir del trazado de las autopistas quedaron aislados e incrementando la afluencia de transeúntes".

4.- "...la magnitud de las inversiones que realizará SUTERH, redundarán en beneficio del erario, toda vez que parte de la infraestructura pasará a formar parte del patrimonio de la Ciudad una vez finalizado el plazo de vigencia del permiso de uso precario solicitado".

El 20 de diciembre de 2012, la Legislatura otorgó el predio prometido al SUTERH, al Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar (ALEARA) por el término de veinte años. La condición era que fuera destinado exclusivamente para el emplazamiento de un Centro de Formación Profesional cuya finalidad fuera el desarrollo y ejecución de las tareas educativas directa o indirectamente relacionadas con la actividad gremial. El autor de la propuesta, que fue aprobada en primera lectura, fue el legislador Fernando de Andreis (PRO).

El 17 de abril de 2013 se realizó una Audiencia Pública sobre este tema en el Salón San Martín de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. En aquel momento el secretario general del Sindicato ALEARA, Mariano Zeiss, alegó que la entrega del predio para el accionar del Sindicato "sería muy importante porque permitiría seguir formando y educando a las personas que no tienen los estudios escolares terminados, y así recibir herramientas para poder conseguir trabajo". Sin embargo vecinos del lugar adujeron que nadie los participó del proyecto y se hizo sin consenso de los que viven en los alrededores. "Buscamos que el lugar sea usado como espacio de esparcimiento para la comunidad y que la zona progrese, ya que hay inseguridad y falta de luz", afirmó una de las expositoras al declararse en contra del proyecto.

El 4 de octubre de 2013, Daniel Amoroso presentó un proyecto de ley para otorgarle a ALEARA el uso del edificio en la calle Moreno 330 por 20 años.

Hoy ese edificio está abandonado 

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[1] SUTERH: Sindicato Único Trabajadores Edificios Renta y Horizontal.

[2] BPN Nº 558 del 25/09/15: "Larreta le entregó al SUTERH un predio".

Puede haber tres interpretaciones para la ‘cláusula gatillo’

[BPN-11/01/18] En el último Acta Acuerdo firmado por el AIERH ^[1], la CAPHyAI ^[2] y la UADI ^[3] con la Federación de Trabajadores de Renta y Horizontal (FATERyH) agregaron una cláusula gatillo. Hay tres interpretaciones de su texto: de acuerdo a dos no se debe recomponer el salario de los encargados, de acuerdo a la tercera, sí.

El Acta Acuerdo firmada el 16 de junio del año pasado otorgó un aumento del 21% a los encargados de edificios pero se agregó un tercer punto que reza: "El presente acuerdo tiene una vigencia de un año a partir del 1 de junio de 2017, acordando las partes que a los seis meses de vigente el presente si el índice de inflación anual de este 2017 -nivel general del Índice de Precios al Consumidor calculado por el INDEC- supera el monto acordado en la cláusula primera, se aplicará la diferencia resultante".

El texto parece sencillo pero –de acuerdo a los intereses de cada uno- podría ser interpretado de tres diferentes maneras:

Si –como en el caso anterior- se toma la inflación medida desde enero de 2017 hasta el último día de noviembre de 2017 la situación sería peor: se estimó en un 19,4%, por lo tanto no corresponde. En este caso, para apoyar esta interpretación  las palabras clave serían "...este 2017..." <vínculo>.

Si se toma la variación de precios que se produjeron durante el 2017 –o sea desde el primer día de enero al último de diciembre- se activaría la cláusula gatillo y se debería pagar una recomposición de un 3,8%

El INDEC hoy difundió que el incremento de los Precios al Consumidor durante el año pasado fue de un 24,8% y la diferencia a abonar sería la diferencia entre el 21% ya liquidado y el 24,8% (24,8-21=3,8) 

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[1] AIERH: Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal.

[2] CAPHyAI: Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias.

[3] UADI: Unión Administradores de Inmuebles.

La noticia del año

[BPN-11/01/18] Durante el año pasado la noticia más importante fue, sin duda, la presentación mediática y el intento de ingresarlo en la Legislatura porteña del proyecto de ley "Aplicación Oficial Consorcio Participativo" por Horacio Rodríguez Larreta. Fue el más importante porque afectará directamente a las cuatro patas que, a grandes rasgos, componen la mesa de la comunidad consorcial: los consorcistas (propietarios e inquilinos), los administradores, los encargados y en principio a un sector de los proveedores.

¿Por qué involucró a un sector de los proveedores sólo en principio? El primer sector perjudicado –según expresó el autor de la iniciativa, Facundo Carrillo, secretario de Atención y Gestión Ciudadana- serán las empresas que proveen servicios informáticos a consorcios y administradores. Sin embargo funcionarios del Gobierno adelantaron en conversaciones informales que en sucesivas versiones del aplicativo oficial se analizarán más en detalle las facturas del resto de los proveedores de los consorcios. Para realizar más controles el Gobierno podrá saber con qué proveedor trabaja cada consorcio, cuánto le paga y en cuántas cuotas, Sin embargo hasta ahora no se puedo acceder en detalle al tipo de análisis que el Estado planea hacer sobre esos datos.

¿Cómo la novedad involucró al sector laboral? Como el proyecto pretende que las liquidaciones de expensas de los consorcios se realicen mediante una aplicación del Estado local y Rodríguez Larreta colaboró estrechamente con Víctor Santa María -titular del SUTERH- en temas de consorcios, muchos actores del sector expresaron rechazo y desconfianza de que el Gobierno local llegue a compartir con el sindicato todos o parte de los datos privados, comerciales y laborales tanto de los propietarios e inquilinos como de los mismos consorcios.

Desde el 13 de octubre hasta fin de año la actividad consorcial fue febril. Al principio, como un tren avanzó despacio pero fue tomando fuerza e impulso con el transcurrir de los días. Todas las entidades de consorcistas se expidieron sobre el tema: algunas simplemente lo rechazaron y otras expresaron serias reservas. Sólo una apoyó el proyecto casi sin condiciones. Del sector de los administradores la CAPHyAI, AIPH, FRA y APARA lo rechazaron. El presidente del AIERH hizo saber sus objeciones públicamente. Por su parte, la UADI mantuvo un prudente silencio.

Otra consecuencia del proyecto fue que las empresas de servicios informáticos –empujados por las declaraciones de Carrillo que les auguró que no tendrán más remedio que cerrar o dedicarse a otra cosa- conformaron una cámara empresarial para defender sus derechos y los de sus empleados.

Tras tres espesas reuniones –una de asesores y dos de legisladores- se emitió un dictamen para que la Legislatura en su última reunión –sin debate- lo pueda aprobar.

Sin embargo, los números no deben haber cerrado y los votos no alcanzaron porque finalmente la iniciativa Consorcio Participativo no se puso a consideración de los legisladores de la CABA.

Confesamos que trabajamos

[BPN-11/01/18] Durante el 2017, la redacción de Pequeñas Noticias publicó 31 boletines con 198 notas periodísticas, tres artículos en "Gestión profesional", evacuó 16 consultas en su sección "Rincón Solidario", difundió 24 correos de opinión y respondió 17 correos de lectores. En total produjo 244 notas.

El único boletín extra que se publicó fue el del 3 de marzo para informar que el miércoles 8 de marzo las mujeres trabajadoras de la actividad sean liberadas de la prestación de tareas a partir de las 13 hs. para que pudieran participar de las actividades y movilizaciones organizadas por el "Paro Internacional de Mujeres" y la marcha "Ni una menos".

El año pasado –como novedad- se comenzó la distribución, en forma gratuita, de un curso de Derecho Laboral para Propiedad Horizontal desarrollado por la Dra. María Cristina Carrera de los cuales ya se publicaron cinco fascículos. Pequeñas Noticias espera completar la obra durante el primer trimestre de este año.

Fue notable cómo en 2017 cambió de foco la participación del medio con sus lectores. Mientras en otros años el eje central de la comunicación eran las consultas por correo electrónico, el año pasado la mayor parte del peso de la interacción con el medio fueron las redes sociales: el grupo y la página en Facebook, y la cuenta de Twitter. En total 6.873 personas siguen o participan de las redes sociales del medio.

En primer lugar se pudo observar que en el grupo de Facebook participaron tanto administradores como propietarios, inquilinos y encargados. Hoy el grupo cuenta con 1.694 miembros de los cuales - en los últimos 60 días- 938 publicaron contenido, lo comentaron o reaccionaron a él.

Durante el 2017, el medio publicó tres aportes profesionales: dos de la Cra. Viviana Grinberg y un minucioso y documentado trabajo de la Dra. Diana Sevitz sobre la validez de las asambleas virtuales que propone el proyecto Consorcio Participativo de Facundo Carrillo.

La Cra. Grinberg, en una oportunidad, advirtió a la comunidad consorcial que se dictó una resolución a través de la cual se elimina la posibilidad de cancelar las obligaciones impositivas y de seguridad social en efectivo. En otra oportunidad alertó sobre un nuevo Registro de Empleadores on line y su cronograma de vencimientos.

A lo largo del año las Dras. Diana Sevitz y María Cristina Carrera contestaron 16 preguntas de lectores. Sevitz respondió nueve consultas sobre temas civiles y la Dra. Carrera respondió siete sobre laborales.

El año pasado el medio publicó 24 correos de opinión. En todos los casos éstos llegaron a la redacción por correo electrónico. Ese año, por primera vez, el medio a pedido de sus autores reservó sus datos para evitar represalias del Gobierno de la CABA o del SUTERH por las opiniones vertidas. Participaron de esta sección tanto propietarios como administradores o encargados.

La redacción respondió 17 corres de lectores. En general para aclarar dudas sobre temas relacionados con diferentes aspectos de las liquidaciones de sueldos, aportes, contribuciones, obra social y cuotas sindicales.

A partir del 2 de enero se comenzaron a entregar los cinco libros que Pequeñas Noticias sorteó entre sus seguidores en Facebook. Se trató de la obra "Principios de la Administración de Consorcios según el Código Civil y Comercial" que fue editada por Bienes Raíces Ediciones (BRE).

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