Indignados por Expensas

[BPN-07/03/18] Indignados por expensas se define como un movimiento de consorcistas, integrado por propietarios e inquilinos que surgió a consecuencia de la presentación en la Legislatura porteña del proyecto de ley Consorcio Participativo de autoría de Facundo Carrillo, secretario de Atención y Gestión Ciudadana. Su objetivo es luchar para que los consorcios no se conviertan en un objeto de mercado y para que las personas que los habitan no se transformen en simples datos monetizables.

Los autores de Indignados por expensas detallaron que su única finalidad "es advertir que se está frente a un fenómeno global que no se limita a un tema de ricos o pobres, dictadura o democracia. Es mucho más alarmante y sutil que eso. Es un cambio de paradigma, civilizatorio que plantea el poder omnipresente y ubicuo del llamado imperio GAFA (Google, Apple, Facebook y Amazon) ^[1] con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Banco Ciudad, las empresas del sector financiero tecnológico (Fintech) y las empresas que manejan Big Data como por ejemplo Mercado Libre, Mercado Pago y otras redes electrónicas".

Ampliaron el concepto explicando que "es lo que se denomina el ‘tecnopoder’ que atrapa ‘todo tipo de datos’ por objetos conectados a redes, celulares, tabletas, notebooks, relojes, cámaras, pantallas de seguridad, controles de acceso, tarjetas magnéticas, servidores, sensores, que registran, almacenan y transmiten al instante todo tipo de datos y los transforman en oportunidad económica y comercial".

Relacionado estos temas con los consorcios señalaron: "En el caso particular de propiedad horizontal, cuando el propietario tenga que dar sus datos personales, privados e información sensible al administrador, ingresar en el sistema único, obligatorio y monopólico del gobierno [Consorcio Participativo] para acceder al mismo; quedará incrustado y más aún con los chats obligatorios que el gobierno se propone imponer a los consorcios".

Sintetizaron: "La vida en los edificios pasará a ser un objeto de mercado y la identidad de los propietarios e inquilinos, datos personales cooptados a la fuerza por el administrador, serán datos e información monetizable".

Por último sentenciaron: "Es la mercantilización de los consorcios y de la vida de propietarios e inquilinos que viven en ellos".

En 2011, España estuvo por las masivas protestas realizadas en medio centenar de ciudades tras el llamado de Democracia Real Ya, una plataforma nacida en las redes sociales y que dio origen al Movimiento 15-M y a su espontánea acampada de un mes en la Puerta del Sol.

Poco antes había comenzado a circular en el país el libro "¡Indígnense!", del escritor y diplomático francés Stéphane Hessel, quien llamaba a los jóvenes a emprender un alzamiento contra la indiferencia y a favor de la insurrección pacífica.

Ese texto encendió la llama de las movilizaciones en la caldeada sociedad ibérica, donde había casi cinco millones de desempleados y miles de familias eran expulsadas de sus casas si no pagaban las hipotecas.

Los manifestantes, bautizados como indignados, exigieron entonces cambios profundos en el sistema político, económico y electoral del país, donde el poder es alternado tradicionalmente entre los partidos Popular (PP) y Socialista Obrero Español (PSOE), sin ofrecer soluciones reales para las necesidades de la ciudadanía.

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Intensa campaña audiovisual contra Consorcio Participativo

Pequeñas Noticias pone a disposición de sus lectores un resumen y párrafos textuales de lo más destacados de cada video.

"La plataforma que impulsa el gobierno aumentará las expensas y violará el derecho de datos privados del consorcio y personales de los individuos en un gran servidor en manos del Gobierno que podrá ser utilizado para propaganda. La Ciudad tendrá acceso a información de cada departamento, datos del usuario y monto de las expensas. Dicha herramienta no mejorará la transparencia ni la participación. Todo lo que el Gobierno quiere hacer ya existe y funciona bien con los sistemas que utilizan los administradores que son de libre contratación y bajo costo.

"El Gobierno aumentará el gasto público y por ende los tributos. La plataforma generará gastos de desarrollo inicial de millones de pesos en desarrollo de software, gastos posteriores de gestión y mantenimiento de la misma. La gratuidad, en economía, no existe, siempre alguien lo paga"

"Quieren crear un monopolio estatal y obligatorio para liquidar expensas, pagarlas y de paso cañazo hacerse de los datos privados de las personas, controlarlas cuando consultan en la web obligatoria del Gobierno. Error y horror porque el consorcio es privado. Van a entregar, cruzar y segmentar datos personales entre AFIP, AGIP, bancos, empresas y corporaciones. Es obvio que quieren cartelizar con empresas amigas, tomar toda la caja de expensas en la Ciudad, usar esos fondos, realizar propaganda directa al vecino y prohibir el derecho a la libre contratación"

Este video comienza con un fragmento del noticiero de TN que conducen Nelson Castro y Paula García. En el video se tomó un fragmento en el que esta última afirmó que la mayor cantidad de denuncias que recibe Defensa y Protección de Consumidor de la CABA son contra administradores y agregó: "por eso es que hay una ley que podrá aprobarse" refiriéndose a Consorcio Participativo.

Un voz en off replicó: "Paula, no se cuál fue tu fuente de información, los datos no son los correctos. De una fuente oficial de Defensa del Consumidor de la Ciudad surge que el rubro consorcios es el que menor cantidad de denuncias tiene a los largo del tiempo. Le corresponde el 0,15% del total. Es bajísimo si lo comprarás con las casi 15 mil denuncias que los consumidores hacen a los bancos, empresas telefónicas y otras. Y la verdad es que no está nada claro por qué el Gobierno de la Ciudad agita este fantasma en los consorcios y no ataca a los que sí son el verdadero problema en Defensa del Consumidor".

En esta pieza audiovisual, Indignados señaló que "la plataforma que [Rodríguez Larreta] pretende imponer, única y obligatoria, se entromete en la vida privada de los consorcios y propietarios" y enumeró lo que consideró son las intenciones del Ejecutivo con este proyecto:

1.- Quiere convertir al administrador en su brazo mecánico auxiliar.

2.- Obliga al administrador a dar de alta al consorcio en la plataforma web para obtener datos de departamentos y mantenerla actualizada.

3.- Obliga al administrador a gestionar decenas de claves de usuarios para chats obligatorios entre vecinos en poder del Gobierno. El canal de comunicación gobierno, propietarios, inquilinos, vulnera el derecho de datos personales, se entromete en la vida privada, concentra información de datos personales y sensibles de las personas.

Como consecuencia entienden que, por una parte, "le quita al administrador tiempo de gestión para atender personalmente los problemas de los propietarios" y obliga al administrador a trabajar para el Estado mientras que los honorarios los pagan los vecinos.

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[1] BPN Nº 617 del 10/10/17: "Rodríguez Larreta lanzó la 'Aplicación Oficial Consorcio Participativo'".

La Defensoría intervino de oficio en Consorcio Participativo

[BPN-07/03/18] A fines de febrero, la Defensoría del Pueblo porteña despachó oficios a la Comisión de Legislación General de la Legislatura de esta ciudad; a Facundo Carrillo, secretario de Atención y Gestión Ciudadana y a entidades de administradores para que emitan opiniones, inquietudes, observaciones, objeciones y apoyos sobre el proyecto de ley Consorcio Participativo y otras medidas que el Ejecutivo de la CABA anunció que pondrá en marcha para bajar las expensas ^[1].

Esta investigación comenzó a partir de dos reuniones que sostuvieron representantes de CASIPH y de las comisiones de consorcios de las comunas 3 y 15 con el director del Centro de Protección de Datos Personales, Lic. Eduardo Peduto, y con Norberto Darcy, subsecretario de Derechos Ciudadanos de Consumidores y Usuarios de la Defensoría.

Durante las dos reuniones, los vecinos elevaron a los funcionarios de la Defensoría sus inquietudes sobre la gran cantidad de datos privados, comerciales y laborales de los consorcios que exigiría –de ser aprobada la iniciativa- la "Aplicación Oficial Consorcios Participativo" que promueve el Gobierno de esta ciudad.

Esta inquietud motivó la apertura de oficio de un expediente que lleva el número 5771/18 y, en ese marco, se libraron la serie de consultas mencionadas.

La primera reunión se realizó con Darcy el 19 de diciembre del año pasado y estuvieron presentes Gabriel Rollandi y Luis Games, presidente y secretario de CASIPH respectivamente; Norberto Villar de la Comuna 15 y Andrés Zulberti en nombre de la Comisión de Consorcios de la Comuna 3. A la segunda asistieron Games, Villar, Zulberti y Lisandro Cingolani, revisor de cuentas de CASIPH.

Puntualmente la Defensoría del Pueblo preguntó:

"Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en el marco del trámite de referencia, iniciado de oficio por esta Defensoría del Pueblo, con motivo de las numerosas consultas recibidas respecto del proyecto de ley denominado "Consorcio Participativo" y de una serie de medidas anunciadas por autoridades del GCBA cuyo objeto declarado es propiciar una baja de entre el 10% al 20% en el monto de las expensas en los edificios de propiedad horizontal de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"Por tal motivo, nos resulta de suma utilidad que vuestra entidad nos haga llegar una nota con las opiniones, inquietudes, observaciones, objeciones y/o apoyos que tales iniciativas les merezcan, teniendo en cuenta la experiencia cotidiana en la actividad que Uds. desarrollan.

"Les rogamos, en la medida de lo posible, nos hagan llegar su respuesta dentro de los 10 días posteriores a la recepción del presente, a título de colaboración para con esta Defensoría del Pueblo CABA"

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El 83% opina que los datos del RPA no están seguros

[BPN-07/03/18] El 83,67% de los integrantes del grupo de Pequeñas Noticias en Facebook piensa que los datos del Registro Público de Administradores (RPA) porteño pudo haber sido usado para otro propósito distinto al ordenado por la Ley 941 por alguna organización comercial o gremial. El 2,04% piensa que no y el 14,29% no sabe.

Entre los comentarios volcados, una contadora, Alicia, relató: "Desde que abrí la página en Trámites a Distancia (TAD) para mi esposo todos los días llegan mails con su nombre no sólo de Gobierno de la CABA sino también de empresas. Es más, recibimos correos de empresas que hacen registros de firmas digitales establecidas cuando todavía ni en Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene armada esa certificación", y agregó: "Cuando se lanzó Expensas Claras se armó una empresa con ese nombre que existía antes de que lo pusieran en marcha".

Por otra parte un consorcista, Norberto preguntó: "¿Cómo aparecen publicidades de prestadores de servicios o vendedores de libros para consorcios en los correos privados de un consorcista que presenta denuncias en el RPA?".

Un administrador, Jorge, puntualizó: "Ni bien te anotás como administrador en el registro te empieza a llegar SPAM ^[1] aunque el correo electrónico no se publica online".

María del Carmen respondió: "No hay otra forma que te lleguen ofertas de servicios relacionados con consorcios. Sin embargo no creo que sea por el RPA sino algún mal funcionario que trabaje en sistemas de esa institución".

Alicia remató: "Cuando solicitan mail y algunos datos sensibles como los catastrales, por ejemplo, en el Registro de Empleadores solo obedecen a una razón, obtener datos. A partir del viejo Registro de Empleadores el correo se llenó de todo tipo de ofertas a nombre del titular".

La encuesta se publicó en el grupo en Facebook de Pequeñas Noticias, comenzó el 5 de febrero y se tomaron los datos el 28 de ese mes por la tarde. La pregunta exacta que se le realizó a los encuestados fue: "¿Ud. piensa que los datos del Registro Público de Administradores que el Gobierno de la CABA almacena en sus servidores pueden haber sido usado alguna vez para otro propósito que el ordenado por la Ley 941 por alguna organización privada o gremial? Si oyó o conoce de algún caso puede plasmarlo en los comentarios". Las respuestas posibles fueron "Sí", "No" y "No sé"

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‘Consorcio Participativo’ en 3D

[BPN-07/03/18] El próximo 15 de marzo la Cámara de Sistemas Informáticos de la Propiedad Horizontal (CASIPH) realizará una jornada con el objetivo de analizar el proyecto de ley Consorcio Participativo de autoría de Facundo Carrillo desde tres ángulos diferentes: su encuadre legal, la práctica profesional y su potencial impacto social. Sobre estos temas disertarán el Dr. Alberto Aníbal Gabás, el Dr. Jorge Martín Irigoyen y Leonardo Tadei.

El encuentro se desarrollará en la Asociación Cultural Armenia en la calle Armenia 1366 (Palermo) desde las 16 hs. y hasta las 19:30. Si bien la jornada es libre y gratuita requiere de una inscripción previa que se puede realizar en este vínculo.

16:40 hs. Dr. Alberto Aníbal Gabás: Ubicación de la propiedad horizontal dentro de la legislación civil, principales institutos. Registro de Administradores de la CABA y su nexo con el régimen de propiedad horizontal. Proyecto Consorcio Participativo, legislación de fondo y la frase "uso obligatorio para los administradores, no para los consorcios".

17:20 hs. Dr. Jorge Martín Irigoyen: Proyecto Consorcio Participativo y Ley de Defensa de la Competencia. Proyecto Consorcio Participativo y Ley de Protección de Datos Personales. Resguardos a tomar por los administradores en diferentes escenarios planteados por la Asamblea. Elementos a tener en cuenta para construir un proyecto superador.

17:50 hs. Sr. Leonardo Tadei: Cambios en el escenario de las herramientas de software para la administración de consorcios. Big Data: la otra cara del proyecto "Consorcio Participativo". Alcance del volumen, profundidad y calidad de los datos que podría obtener el Gobierno de la plataforma en funcionamiento. Responsabilidad del Estado en la obtención, almacenamiento y protección de la información.

18:10 hs. Break con refrigerio.

18:30 hs. CASIPH y Consorcio Participativo: Presentación por parte de un integrante de CASIPH del rol de las empresas del rubro en el mundo de la propiedad horizontal, las implicancias del proyecto y la postura adoptada.

18:40 hs. Mesa Redonda: Representantes de instituciones del sector de la propiedad horizontal reflexionarán sobre distintos aspectos del proyecto. Participarán el Adm. Daniel Tocco (CAPHyAI), el Adm. Matías Ruiz (AIPH), el Dr. Juan Manuel Acosta y Lara (AIERH) y el Adm. Jorge Scampini (APARA). Los organizadores advirtieron que esta lista puede estar sujeta a modificaciones. Se hará una ronda de cinco minutos por participante para reflexionar sobre las siguientes afirmaciones: "Consorcio participativo: obligar a los administradores es obligar a los consorcios", "¿Mayor transparencia sólo puede lograrse con más obligaciones?" y "La vida de los consorcios está retrasada respecto de los avances tecnológicos". Finalizada la ronda se dará la posibilidad de réplica a los participantes en observaciones de hasta dos minutos.

Ya se conformó la comisión de Legislación General

[BPN-07/03/18] Durante los próximos dos años, la comisión de Legislación General que se deberá ocupar del proyecto Consorcio Participativo, de autoría de Facundo Carrillo, estará compuesta por un 66,66% de legisladores del bloque oficialista Vamos Juntos mientras que el 33,33% restante estará representado por tres legisladores de diferentes signos políticos. La relación de legisladores del oficialismo con respecto a la comisión anterior no se modificó.

La comisión estará compuesta por: Daniel Del Sol (Vamos Juntos), Santiago Luis Roberto (Bloque Peronista), Paola Michielotto (Vamos Juntos), Hernán Reyes (Vamos Juntos), Leandro Santoro (Unidad Ciudadana), Guillermo Suárez (Vamos Juntos), Juan Francisco Nosiglia (Suma +), María Luisa González Estevarena (Vamos Juntos) y Christian Bauab (Vamos Juntos). En el día de hoy –en una primera reunión protocolar- fue electo Daniel Del Sol y Santiago Luis Roberto para los cargos de presidente y vicepresidente 1 respectivamente. Rita Basile fue designada como directora.

La composición de las 18 comisiones de la Legislatura surgió luego de que se procedió a realizar las consultas correspondientes con los diferentes bloques parlamentarios respetando la proporcionalidad de la representación política de cada sector. El acto formal administrativo se reflejó el pasado 27 de febrero mediante un decreto del vicepresidente de la Legislatura porteña.

Es inviable técnica y jurídicamente

Como novedad se destacó que asistieron tres integrantes de la Comisión de Propiedad Horizontal del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. A ellos Lisandro Cingolani, en nombre de CASIPH (Cámara Argentina de Sistemas Informáticos de Propiedad Horizontal) les solicitó que produzcan un dictamen u opinión colegiada del Consejo al que pertenecen sobre la legalidad, aplicabilidad y consistencia contable del proyecto del Gobierno ‘Consorcio Participativo’.

La primera reunión de este tipo se había realizado el lunes 4 de diciembre y en esa oportunidad los participantes habían definido una comisión de enlace que trabajará para incluir asociaciones de consorcistas y así crear un marco de diálogo directo con el Poder Ejecutivo y Legislativo con el objetivo de aportar la experiencia de su trabajo a la hora de regular la vida consorcial [3]. De esta reunión participó Jorge Scampini representando a APARA (Asociación de Profesionales Administradores de la República Argentina).

Durante la segunda reunión los presentes coincidieron que en el texto del proyecto Consorcio Participativo debe indicarse expresamente que cada administrador debe contar con la aprobación de la asamblea de propietarios de los consorcios que administra para utilizar la plataforma [4]. En esta oportunidad debatieron sobre este tema Alicia Giménez en nombre de la Unión de Consorcistas de la República Argentina y Jorge Resqui Pizarro como coordinador de ReDeCo (Reafirmación de los Derechos del Consorcista).

Ya en detalle, la reunión fue coordinada por el Adm. Miguel Ángel Summa, vicepresidente 1º de la CAPHyAI, Lisandro Cingolani y Pedro Dessel en nombre de CASIPH; el Adm. Matías Ruiz, presidente de AIPH [5]; el Cr. Gustavo Gallego por la Comuna 13; Andrés Zulberti en nombre de la Comuna 3; y Susana Agustina Otero, Roberto Fregonessi y Santiago Pontoriero, miembros de la Comisión de Propiedad Horizontal del Consejo Profesional de Ciencias Económicas

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[1] CAPHyAI: Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias.

[2] BPN Nº 617 del 10/10/17: "Rodríguez Larreta lanzó la 'Aplicación Oficial Consorcio Participativo’".

[3] BPN Nº 622 del 22/12/17: "Se busca crear una mesa amplia de diálogo". BPN Nº 621 del 11/12/17: "Se realizó la primera reunión multilateral".

[4] BPN Nº 623 del 11/01/18: "Sin autorización de la asamblea, ¡ no !".

Abrevaya juntó 7.800 firmas para bajar las expensas

Los puntos que propone son:

1.- Un mayor control de los administradores de consorcios.

2.- Una tarifa preferencial de gas, luz y agua para consorcios (con quita del 21% de IVA),

3.- Que los consorcistas puedan participar de las paritarias con el SUTERH en lugar de los administradores de consorcios, como sucede actualmente.

4.- Que el Gobierno de la Ciudad deje de cobrar tasas innecesarias, por registraciones anuales o por cada control que hay que hacer en los edificios.

5.- Que los inquilinos puedan participar con más fuerza de las asambleas de consorcistas.

A grandes rasgos, es de aclarar que parte de estas propuestas pueden ser resueltas por el Gobierno local, otras necesariamente deben ser ordenadas por el Ejecutivo Nacional y un par deben ser aprobadas por el Congreso de la Nación.

Entre los comentarios de los firmantes se destaca el de Franco que expresó: "Las expensas están 50% más caras de lo deberían estar. No puede ser el 70% de las expensas en sueldo de encargado. Hace más de 10 años las expensas eran el 10% del alquiler. Hoy son el doble de un alquiler".

Ana apuntó al Ejecutivo local: "¡¡¡Se han avivado mal!!! Es inadmisible a dónde se han ido las expensas. Obligan a los consorcios a gastar en un montón de trámites que son negociados no se para quiénes: controles, inspecciones, reglamentaciones, etc. Todo eso encarece muchísimo las expensas".

Por último Graciela resumió: "Yo firmo, soy jubilada y no puedo pagarlas".

Un mayor control de los administradores es un tema que puede ser de incumbencia del Gobierno porteño. Es de recordar que con este objetivo la Legislatura porteña sancionó el 3 de diciembre de 2002 una ley que creó el Registro Público de Administradores de esta ciudad. Ante la sensación de que no era suficiente y en la búsqueda de un mayor control, el mismo Sergio Abrevaya el 5 de noviembre de 2009, logra -junto con la mayoría de las entidades de consorcistas- que se apruebe en la Legislatura la Ley 3.254 y 3.291 con importantes modificaciones.

Otro tema que también es de incumbencia del Gobierno de la CABA es que deje de cobrar esas "tasas innecesarias, por registraciones anuales o por cada control que hay que hacer en los edificios" a las que hace alusión y que se impusieron durante la gestión de Mauricio Macri como jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta como jefe de Gabinete, Juan Manuel Gallo como director general de Defensa y Protección del Consumidor y Gabriela Pilar Saldivia como coordinadora del RPA.

La representación en paritarias de los consorcistas depende directamente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Es por esa razón que Abrevaya –representando tres entidades de consorcistas- presentó ante esta autoridad un recurso administrativo y adelantó que de no recibir una respuesta positiva apelará a la justicia.

Si bien son de incumbencia del Gobierno nacional los aumentos de las tarifas de la luz, gas y agua es de suponer que las exenciones o tarifas preferenciales deberán ser tratadas en el Congreso Nacional. A modo de ejemplo, la Ley 27.218 de 2015 instituyó un régimen tarifario específico para entidades de bien público y abarca la provisión de agua potable, los desagües cloacales, la provisión de electricidad, de gas natural y de telefonía.

El IVA (Impuesto al Valor Agregado) está regulado por la Ley 23.349 que estableció taxativamente qué bienes y servicios estarán exentos del impuesto.

Es de suponer que para lograr que los consorcios estén exentos de pagar IVA y obtengan un régimen de tarifas preferenciales en los servicios públicos esenciales –electricidad, gas y agua potable- se deberán modificar las leyes existentes o elaborar uno o más proyectos de ley específicos para que el Congreso Nacional los apruebe.

Si bien Abrevaya no detalla qué facultades considera que los inquilinos deben tener para participar con más fuerza en las asambleas hay algunas consideraciones que deben ser tenidas en cuenta.

La relación de los inquilinos en los consorcios está normado por el Código Civil que entró en vigencia el 1 de agosto de 2005. Su artículo 2.044 establece que "el conjunto de los propietarios de las unidades funcionales constituye la persona jurídica consorcio" y el artículo 2.058 define que "la asamblea es la reunión de propietarios facultada para resolver...". En ninguna de las dos definiciones se mencionan a los inquilinos.

Estimaron que el SUTERH tendría casi 59 mil afiliados

[BPN-07/03/18] De un ranking de 14 sindicatos que forman parte de la CGT, el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) estaría en el 10 puesto con 58.633 afiliados. El total de trabajadores que nuclean estos 14 gremios suman 2.950.654. La participación del sindicato liderado por Víctor Santa María representa el 2% de ese total.

Así lo informó chequeado.com el pasado 19 de febrero. Ante la conocida falta de información actualizada sobre la cantidad de integrantes de cada gremio utilizó como estimación la cantidad de titulares adheridos a cada una de sus obras sociales.

Los nueve gremios con mayor cantidad de afiliados son, de mayor a menor: el Sindicato Empleados de Comercio con 1.118.987 afiliados, Unión Obrera de la Construcción con 441.678, la Unión del Personal Civil de la Nación con 413.069, la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos con 241.301, la Unión Obrera Metalúrgica con 167.860, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina con 162.139, el Sindicato de Choferes de Camiones con 95.394, la Unión Tranviarios Automotor con 76.786 y el Sindicato del Seguro de la República Argentina con 60.817.

Los cuatro últimos de la escala son: la Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y Afines con 42.294 afiliados, la Asociación Bancaria con 41.037, el Sindicato de Obreros Panaderos con 21.628 y la Asociación Argentina de Aeronavegantes con 9.031.

En 2015, ante la gran cantidad de datos contradictorios que circulaban sobre el total de afiliados que pertenecían al SUTERH, Pequeñas Noticias informó que en 2014 el rubro encargado de edificio contaba con 64.579 puestos de trabajo en todo el país según datos del INDEC ^[1]. Ese fue el último año en que la entidad publicó esa información.

Sin embargo, desde el 2014 y hasta el 2016, el Ministerio de Trabajo reveló la cantidad de puestos de trabajo que existían en propiedad horizontal. Según sus números durante el primer semestre de 2016 hubo 51.128 puestos de trabajo. Si se infiere que cada puesto de trabajo representa un encargado de edificio, esa sería –más o menos- la cantidad de encargados de edificios existentes. El responsable de estas cifras fue el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (DGEYEL-SSPTYEL) dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación sobre datos proporcionados por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) ^[2].

Ahora, en 2018, y a raíz de la marcha que se realizó el pasado 21 de febrero (21F), chequeado.com abordó el problema desde otro ángulo: consultó la cantidad de titulares adheridos a la obra social de cada entidad sindical para estimar el poder de convocatoria de cada gremio. El número de casi 59 mil afiliados que estimó al día de hoy no sería tan lejano de los poco más de los 51 mil que había reportado el Ministerio de Trabajo para 2016

Finalmente el RPA se mudó al Edificio Cervantes

[BPN-07/03/18] Finalmente, durante el mes de febrero, se mudó tanto la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor como el Registro Público de Administradores porteño a la planta baja del Edificio Cervantes en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3175. Su horario de atención es de 10 a 14 hs.

Aunque en el sitio web del Gobierno de la CABA se reflejó el cambio, ninguna de esas dos reparticiones públicas notificó en forma oficial a los administradores registrados en su base de datos sobre la nueva dirección de las dos sedes.

Es la tercera mudanza que sufre el RPA, repartición nacida por imperio de la Ley 941 con el objetivo de controlar la actividad de administrar consorcios.

Abrió por primera vez sus puertas el 28 de julio de 2003 en la calle Esmeralda 340 para dar información y asesoramiento. La inscripción de administradores comenzó el 11 de agosto de ese mismo año. El Arq. Miguel Fortuna fue el director general de Defensa y Protección del Consumidor a cuyo cargo estuvo la puesta en marcha del RPA.

El 27 de marzo de 2007 se mudó a Patricias Argentinas 277, entre las calles Franklin y Cangallo, en el barrio de Caballito. Hoy allí funciona la sede de la Comuna 6.

Finalmente, el 30 de marzo de 2015 se trasladó al segundo piso del edificio de Defensa y Protección del Consumidor en la calle Maipú 169, en el barrio porteño de San Nicolás donde funcionó hasta fines de enero.

El edificio Cervantes es un inmueble de categoría A, de casi 10 mil m2. En febrero de 2011, luego de cinco años de refacciones, se lanzó al mercado como una nueva opción para las instalaciones de oficinas. En aquel momento la inversión realizada alcanzó los u$s 12 millones y trabajaron en ella 15 arquitectos e ingenieros.

Presentaron un ‘pronto despacho’ por las paritarias

[BPN-07/03/18] A mediados de febrero, tres entidades de consorcistas presentaron al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social un pedido de "pronto despacho" a su solicitud de que suspenda toda reunión o concertación de las tres asociaciones de administradores que negocian paritarias con el gremio hasta que se expida en forma expresa y con carácter de urgente sobre el encuadre sindical que corresponde asignar al sector empleador.

El petitorio sobre el que se solicita el "pronto despacho" había sido presentado el 23 de junio del año pasado e ingresó al Ministerio bajo el número de expediente 1-2015-1766549-2017 ^[1].

El 27 de julio recibió un dictamen negativo y -aparentemente por problemas administrativos- fue comunicado a los peticionantes recién el 5 de octubre ^[2]. En diálogo con Pequeñas Noticias, los querellantes consideraron "que técnicamente no hubo un rechazo a la presentación original, hubo un ambiguo dictamen de toma de posición de parte del Departamento de Asesoría Técnico-Legal de la Dirección de Relaciones Laborales" y lo interpretaron "como una denegatoria tácita".

Sobre esta base, el 27 de octubre, Samuel Knopoff representando a FEDECO ^[3], Alicia Giménez a UCRA ^[4] y Mercedes García a ADEPROH ^[5], presentaron un recurso jerárquico al ministro de Trabajo de la Nación para que declare a las dos primeras como representantes de la patronal en las comisiones paritarias correspondientes al Convenio Colectivo de Trabajo de los Encargados de Edificios. Mientras tanto le exigieron que suspenda toda reunión o concertación de las comisiones conformadas por las tres cámaras de administradores de consorcios (CAPHyAI ^[5], AIERH ^[6] y UADI ^[7]) hasta tanto UCRA Y FEDECO sean formalmente convocadas a integrar las comisiones paritarias.

Ante la falta de respuesta oficial, interpusieron una solicitud de ‘pronto despacho’ sobre el recurso.

Los peticionantes están patrocinados, entre otros, por Leg. Sergio Abrevaya (GEN)

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[1] BPN Nº 608 del 11/07/17: "Suspenda toda reunión o concertación con el gremio".

[2] BPN Nº 619 del 10/11/17: "Presentaron un recurso jerárquico por las paritarias"

[3] FEDECO: Federación de Asociaciones de Consorcios.

[4] UCRA: Unión de Consorcistas de la República Argentina.

[5] ADEPROH: Asociación Civil de Defensa al Consumidor de Bienes y Servicios para la Propiedad Horizontal RA.

[6] CAPHyAI: Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias.

[7] AIERH: Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal.

Ahora el SUTERH pide correo electrónico y teléfono

[BPN-07/03/18] El último día de febrero, la FATERyH (Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal) informó que a partir del 16 de marzo se le requerirá al administrador que obligatoriamente informe el correo electrónico y el teléfono de cada uno de los empleados del consorcio ya sea que estén afiliados al sindicato o no.

Textualmente la circular comunicó: "Con el fin de completar los datos de los trabajadores, a partir del 16 de marzo de 2018 serán requeridos de forma obligatoria en la DDJJ de datos adicionales, el teléfono y email del trabajador declarado. La obligatoriedad aplica tanto a las nuevas DDJJ de datos adicionales como a las ya ingresadas al sistema y que sólo requieren confirmación. Recuerde que sin estos datos no podrá presentar la DDJJ de aportes y contribuciones y emitir la boleta de pago".

Es de destacar que en el programa CiCayC, el formulario en el que se deben completar la información del consorcio se le pide al administrador dos datos: si el consorcio es autoadministrado –se responde con sí o no- y el total de sus expensas comunes.

¡¡¡ Seis ganadores para el primer sorteo !!!

[BPN-07/03/18] Maia Kryshtal, Lilian N. Girard Micheloud, Beatriz Caretta, Daniel Oscar Casati, Alfredo Roberto Sacido y Sophie Mekt son los seis ganadores del sorteo de un ejemplar de la 3ª edición del libro "Todo sobre Consorcios" del Dr. Osvaldo Loisi, presidente de la Liga del Consorcista. Los ejemplares fueron provistos gentilmente por el autor de la obra.

Kryshtal, Girard Micheloud Caretta fueron sorteados entre la gran cantidad de correos electrónicos recibidos. Casati y Sacido participaron en la página (fanpage) y el grupo de Pequeñas Noticias en Facebook. Por último, Mekt fue la ganadora del sorteo que se realizó entre los participantes del grupo "Amigos a los que les gusta Pequeñas Noticias".

Los participantes del sorteo en la página de Pequeñas Noticias en Facebook debían cumplir dos condiciones: dar "me gusta" a la publicación y compartirla en su propio muro en modo público. A pesar de los cambios de difusión realizados por la red social, la publicación alcanzó a 3.355 personas, fue compartida 84 veces y recibió 69 reacciones: "Me encanta", "Me gusta", etc..

En esta tercera edición el autor ha incorporado las modificaciones introducidas por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, tomando en consideración las diferencias con la derogada Ley 13.512 y las novedades introducidas por el nuevo régimen. Sobre este tema el Dr. Loisi explicó: "El nuevo Código instaura transformaciones al sistema que repercutieron -y repercutirán- tanto en lo teórico, cuanto en lo práctico: desde el establecimiento del consorcio como persona jurídica, hasta la posibilidad de incorporar a los propietarios ausentes a las decisiones asamblearias, hemos recorrido todas las novedades que trae aparejada la nueva legislación".

Según aclara el Dr. Loisi, este libro está dirigido a todos los integrantes de la comunidad consorcial: administradores, propietarios y encargados, como así también a todos aquellos que se interesan por la temática de la propiedad horizontal.

Por último, ofrece al lector un sistema de capacitación permanente, que consiste en facilitarle el acceso a las actualizaciones temáticas y novedades en materia legislativa, a través del ingreso al sitio web de la Fundación de la Liga del Consorcista: www.ligadelconsorcista.org.

Estimado Sr. Director:

Quisiera compartir un par de reflexiones sobre Consorcio Participativo y el supuesto control que realizará sobre los administradores, sin embargo abusando de su paciencia debo hacer una pequeña introducción para que se entienda el concepto de mi argumentación. Como no soy ni contador ni abogado ni ingeniero le pido disculpas de antemano si mi lenguaje es sencillo y popular y algunas palabras no son las exactas que los distinguidos profesionales suelen usar. Espero que a pesar de eso la idea central se pueda entender.

En mi opinión hay dos temas centrales que hay que controlar en un administrador: los formales y los sobreprecios.

Los formales no son tan complicados, generalmente con ver la documentación respaldatoria de cada liquidación alcanza. Simplemente se trata de controlar si para cada gasto existe un comprobante que lo respalde, controlar si se depositaron los aportes y contribuciones del personal en relación de dependencia y -en caso de que existieran juicios- interiorizarse de su estado. En caso de duda se puede contratar un profesional para que realice una auditoría. Para eso no hace falta desarrollar un programa especial como sería "Consorcio Participativo". La obligación de subir a la web la documentación de cada liquidación ya existe y si se consigue que el Registro Público de Administradores cumpla con la importante función que la Legislatura le encomendó, en forma rápida y eficiente, ese problema se podría resolver.

El problema es con los sobreprecios en las compras. Este es un viejo conocido de la administración pública porque cuando se descubren casos de corrupción en el Estado –ya sea nacional o local- en su mayoría están asociados a sobreprecios en las contrataciones que éste hace y a las maniobras financieras destinadas a ocultar o blanquear esos fondos. Ese es el reproche que –a nivel nacional- esta gestión le hace a la anterior y, muy probablemente, la próxima le hará a ésta. La Ciudad de Buenos Aires no es una excepción y no es un mito urbano que ser proveedor del Estado –en la gran mayoría de los casos- es un pasaporte a la riqueza y el poder que ésta puede comprar. Allí donde se ve un funcionario abrazado con un proveedor del Estado la sospecha corroe las mejores intenciones. Espero que esa sospecha nunca alcance a los funcionarios que contratarán a la empresa que está detrás del desarrollo del "Aplicación Oficial Consorcio Participativo".

Le pido perdón por la digresión y vuelvo al tema. En propiedad horizontal es vox populi que los sobreprecios van del 15% -en el caso de los más honestos- hasta el 50% de los gastos de algunos seguros, mantenimiento, reparaciones y obras. Por ahora, quedan exentos los sueldos, aportes, contribuciones y servicios públicos. Le quiero aclarar Sr. Director que hay muchos administradores que no son así, son honestos y trabajan muy duro para brindar un buen servicios pero que lamentablemente no son tantos y están bastante amargados viendo el descontrol en que viven sus ‘colegas’. En los gastos chicos los sobreprecios pueden llegar al 100%.

Consorcio Participativo se presenta como una herramienta para transparentar la gestión del administrador pero ¿cómo piensa solucionar este problema?. El tema de los precios es muy subjetivo: se puede conseguir –por poner un ejemplo- lavandina a la mitad de precio de una de marca que vende un minimercado pero puede ser que su calidad sea tan baja que no convenga. Se puede pintar el frente de un consorcio a un precio excepcional o a un valor exorbitante con un chanta de cuarta o un gran profesional. ¿Cómo puede hacer Consorcio Participativo para saber si la relación precio/calidad es la correcta? Mirando en Mercado Libre rápidamente uno puede apreciar que las diferencia de precios entre vendedores de un mismo producto –marca y modelo- puede ser del 100%.

Si el Estado local hace listas de precios orientativas probablemente consulte a las cámaras del sector y éstas –Dios no lo quiera- aprovecharán para subir la vara en una virtual ‘cartelización’ que está prohibida para el sector privado. O sea que al final las expensas subirían de la mano de las listas de precios sugeridas. Hasta tal punto estas listas son problemáticas que la Ley 941 tuvo que agregar un artículo para subrayar que "los honorarios del administrador son acordados entre el administrador y la asamblea de propietarios, sin ninguna otra entidad o cámara que los regule...".

Otro mito es que el precio mayor va acompañado de una mejor calidad. Hay servicios muy baratos y muy buenos y otros muy caros y malos. Puede haber un proveedor cuya estrategia de precios para sus productos es vender mucho y barato y otro, apuntando a otro mercado, vende caro a pocos clientes y tal vez el producto en su esencia sea el mismo.

¿Cómo Consorcio Participativo va a controlar las innumerables variables que componen el precio y la calidad de un servicio o un producto para detectar si tiene o no un componente de sobreprecio? Yo en lo personal valoro mucho el trato del proveedor y estoy dispuesto a pagar un poco más si éste es amable y servicial. Para mí es muy importante si a la hora de comprar me dedica unos minutos y me asesora sobre la mejor opción para mi necesidad. Considero que así, a la larga, ahorro tiempo y dinero. ¿Consorcio Participativo tendrá en cuenta esta variable?

Es un problema demasiado grande para un programa informático del Estado. Tal vez sería un excelente desafío para alguna corporación gigante en el país del norte pero no para el Gobierno local de un país ‘en vía de desarrollo’ que ya tomó una deuda considerable y deberá llevar adelante este proyecto con el dinero de los impuestos de los porteños.

La única solución sería que el Estado invirtiera una fracción del dinero que tiene previsto gastar en ese programa y armara una campaña de educación y esclarecimiento para que los propietarios se involucren cada vez más en la vida de sus edificios.

Este problema cada vez va a ser más grave. La tierra en las ciudades se acaba y cada vez habrá más consorcios. Se debería introducir como materia en los colegios primarios y secundarios. El plan de estudios debería abarcar desde las reglas de convivencia más simples hasta los complejos aspectos jurídicos, contables y sociales que comprometen la vida de los habitantes de los edificios. A modo de ejemplo, hoy es tristísimo ver a tantos legisladores y funcionarios –algunos de ellos abogados- que desconocen los principios básicos de la propiedad horizontal.

Los propietarios debemos entender que este es un tema serio que afecta literalmente a nuestro bolsillo: somos socios de las partes comunes de nuestro edificio y si no cuidamos nuestro patrimonio nos exponemos a que se lo robe el Estado, un gremio, una corporación comercial o una combinación de todos ellos.

Año tras año se generan intentos del gobierno de la ciudad para controlar los consorcios a medida que crece el valor de este sector de la economía.

Ahora promueve el proyecto de consorcio participativo. El GCBA quiere que los consorcios lleven sus expensas y acumulen toda la información consorcial en una plataforma a crearse dentro del propio gobierno.

Uno de los "beneficios" ofrecidos es la gratuidad y así bajar las expensas, renunciando a la libertad de decidir por sí o por no, acumulando la información, hasta ahora privada, y sin exponer el costo real de esta iniciativa estatal a pagar, no por expensas, sino por impuestos, no solo por los consorcistas, sino por todos los contribuyentes de la ciudad.

Nos ofrecen quitar gastos que el GCBA antes nos impuso, lo que demuestra su irracionalidad.

Como consorcista, me fui cansando desde que en 2002, con la creación del ya desprestigiado

Registro Público de Administradores, se comenzó a improvisar con la propiedad horizontal a nuestro costo, sin resultados acordes. La prueba es este nuevo proyecto obligatorio, que solucionaría todo lo que falló hasta hoy. La vivienda del presente y del futuro en el país, la PH, requiere más racionalidad en su regulación.

Hola Beatriz:

Entiendo que estamos hablando de un trabajador cuya categoría es mensual y que tendrá 40 años de antigüedad el próximo diciembre.

El inciso c) del artículo 12º del Convenio Coletivo de Trabajo estipula que los trabajadores cuya antigüedad exceda los 20 años gozarán de 28 días hábiles.

Hay que tener en cuenta que si por cualquier razón se le estuvieran otorgando un número mayor de días, éstos no se podrán reducir.

Un saludo grande.

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