Santa María consiguió un 12%, 6 mil pesos y cláusula gatillo

[BPN-22/03/18] Dos meses antes de vencer al acuerdo vigente, Víctor Santa María, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Edificios Renta y Horizontal (SUTERH) habría conseguido un 12% de aumento y un pago no remunerativo de seis mil pesos con "una cláusula de revisión" a partir de septiembre.

La reunión se habría producido el 19 de marzo a las 16 hs. en el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social (MTEySS). Quedará saber si su titular, el ministro Jorge Triaca homologará el acuerdo.

Según informaron, los aumentos serán escalonados: un 8% se pagará en abril y el restante 4% el próximo agosto.

Los seis mil pesos se pagarán en cuotas de 2 mil pesos a pagar en junio, agosto y octubre próximo. Es de tener en cuenta que en general, en propiedad horizontal, es una regla que las cifras no remunerativas terminan integrándose a la escala salarial por lo que no sería raro que en octubre ésta se incremente en un valor no menor a este monto.

Por último, las partes habrían acordado una revisión en septiembre –a los seis meses de firmado el acuerdo- en lo que sería una virtual "cláusula gatillo" aunque bajo otra denominación.

Este acuerdo se hizo posible gracias a la firma de dos entidades de administradores: el AIERH (Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal) y la UADI (Unión Administradores de Inmuebles). La CAPHyAI (Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias) no se presentó porque –según comunicaron- el acta acuerdo firmada el 16 de junio de 2017 vencerá recién el 31 de mayo próximo.

Si bien las fuentes consultadas resaltaron que "el Ministerio de Trabajo informó que por primera vez participó en las negociaciones paritarias la Asociación Civil de Propietarios de Inmuebles de Renta y Horizontal (APH)", ésta no habría firmado este acuerdo.

Dos días después de que trascendió el nuevo acuerdo, el SUTERH en su sitio web publicó un comunicado en el que explicó: "Ante la falta de políticas económicas claras por parte del Gobierno nacional para controlar la inflación, el sector decidió adelantar las negociaciones paritarias con el sector empleador.

Por otra parte, a la "cláusula gatillo" le dedicó dos párrafos: "En el mes de septiembre quedó acordado el proceso de revisión a los efectos de garantizar que el aumento de precios no deteriore el poder adquisitivo de nuestro salario", y cerró el comunicado reiterando: "Conscientes de que el aumento no cumple con todas nuestras expectativas hemos logrado una cláusula de revisión en el mes de septiembre que nos permitirá seguir reclamando por los salarios que nos corresponden".

Durante este año y hasta octubre los meses en los que no se producirán aumentos son febrero, marzo, mayo y julio. En septiembre se revisará el acuerdo. El cronograma de las novedades gremiales del sector de 2018 quedó así:

Enero: 3,8% de aumento (cláusula gatillo pactada en 2017)

Abril: Nuevo pago del 8% sobre la escala salarial.

Mayo: Vence el Acta acuerdo firmada el 16 de junio de 2017

Junio: Pago de 2 mil pesos no remunerativos.

Agosto: pago de 2 mil pesos no remunerativos y pago del 4% sobre la escala salarial.

Septiembre: Revisión del convenio (cláusula gatillo).

APH participó de una primera reunión paritaria

[BPN-22/03/18] Rodeado de situaciones confusas, el pasado 13 de marzo se realizó una reunión paritaria para el sector de propiedad horizontal en el Ministerio de Trabajo en la que habría participado por primera vez la Asociación Civil de Propietarios de Inmuebles de Renta y Horizontal (APH) y no estuvo presente la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI). Así lo comunicó APH en su página de Facebook en la que publicó lo que serían las dos hojas del acta correspondiente a esa reunión.

De acuerdo a ese documento, representó a la FATERyH (Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal) Osvaldo Bacigalupo, Mabel Alejandra Figueira y Jimena Anahí Iglesias; a la UADI (Unión Administradores de Inmuebles), Osvaldo Primavesi; al AIERH (Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal), Juan Manuel Acosta Y Lara; y a APH, Gabriel Mormandi, presidente de la entidad y su tesorero Gustavo Cane, ambos corredores inmobiliarios.

Según una fuente que prefirió permanecer en el anonimato el sindicato pretendió –dos meses antes del vencimiento del acta acuerdo vigente- obtener un 12% de aumento sobre las escalas salariales retroactivo al 1º de marzo y un número indeterminado de cuotas fijas de dos mil pesos a pagar durante el segundo semestre de este año.

Durante esa reunión -según el acta que APH publicó en su Facebook- sucedieron dos cosas:

En primer término, en el momento que se cede la palabra a los concurrentes, los representantes de la FATERyH se retiran.

En segundo, la representación de APH manifestó que se opone a la suscripción del acuerdo salarial propuesto por la entidad sindical, porque el mismo no prevé los puntos de los CCT Nº 589/10 (propiedad horizontal) y 590/10 (edificios de renta) que APH entiende que deben ser modificados. La entidad propuso puntualmente la inclusión del concepto "productividad" y en general la modernización de ambos convenios colectivos de trabajo.

Los representantes del AIERH y la UADI "tomaron conocimiento" sin agregar nada.

Fuera de lo ya informado, APH no detalló qué puntos del Convenio Colectivo de Trabajo deben ser modificados.

1.- Es la primera vez –que este medio tenga conocimiento- que el sindicato pide una recomposición salarial tres meses antes del vencimiento del acta acuerdo que estará vigente hasta el próximo 31 de mayo. Esto resulta tanto más extraño porque –retroactivo a febrero- se aplicó la "cláusula gatillo – que significó una recomposición salarial del 3,8%.

2.- Según informaron APH y el Dr. Eduardo Awad, ésta sería la segunda reunión que se produce en estas circunstancias aunque nunca aclararon cuándo exactamente fue la primera, entre quiénes, ni qué era lo que el SUTERH pretendía. Es de resaltar que la CAPHyAI desmintió terminantemente la existencia de esa primera reunión <ver nota>.

3.- Según las fuentes cercanas al Ministerio de Trabajo, a APH le falta la homologación de ese registro que recibió. Por otra parte -para participar activamente de las paritarias- el Ministerio de Trabajo debería trasladar la petición al resto de los miembros paritarios cosa que no consta que haya sucedido. Exactamente en este punto fue cuando, en 2005, la Unión de Consorcistas de la República Argentina (UCRA) vio frustrada su pretensión de participar de la mesa que discute las condiciones de trabajo y salarios de los encargados. Una abrumadora mayoría de las entidades que forman parte de esa mesa rechazaron su pedido y en consecuencia el Ministerio no le permitió participar

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La CAPHyAI desmintió terminantemente a APH

[BPN-22/03/18] El Adm. Daniel Tocco, presidente de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) desmintió terminantemente que a fines de febrero haya sido convocado por las entidades colegas o la Federación de Trabajadores de Renta y Horizontal (FATERyH) para firmar algún acuerdo paritario para el sector. Aclaró también que tampoco se le cursó a la entidad que preside ninguna notificación sobre la incorporación o cambio en la composición de la mesa de negociaciones salariales.

De esta forma respondió a los dichos de la Asociación Civil de Propietarios de Inmuebles de Renta y Horizontal (APH) que a fines de febrero anunció: "Sorpresivamente, sin aviso y sin convocatoria previa, las cámaras de administradores que dicen representar los intereses de los propietarios, se han presentado conjuntamente con el gremio de los encargados (SUTERH) pretendiendo la homologación del acuerdo Paritario 2018 a nuestras espaldas. Afortunadamente, y advertidos de esta situación absolutamente irregular, nos apersonamos ante la autoridad ministerial y logramos suspender el intento de homologación. Con la valiosa intervención del Ministerio de Trabajo, aplazamos el acuerdo cuyo contenido desconocemos y que se firmó entre gallos y medianoche, postergando su tratamiento hasta que APH tenga la debida intervención paritaria y cuente con la debida información".

La primera mención sobre este tema la hizo la entidad en su página en Facebook el 27 de febrero <vínculo>, la segunda fue un día después en el curso de una entrevista que le realizaron al presidente de APH, el abogado y corredor inmobiliario Gabriel Mormandi, en Radio Latina 101.1 <vínculo>.

Hoy representan al sector empleador tres entidades de administradores: la CAPHyAI, la Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal (AIERH) y la Unión Administradores de Inmuebles (UADI).

Por último, en la "foto" que publicó ámbito.com de la resolución que la Dra. Palacios habría firmado se consigna que la sede de la entidad es Tronador 4280 <ver vínculo>. Pequeñas Noticias estuvo allí y se trata de un local comercial que consta de planta baja y primer piso que, según los vecinos, está vacío "desde hace un año o dos". Según un cartel pintado en la puerta de entrada el lugar fue casualmente utilizado por un sindicato: la Federación Argentina de Lavanderías Tintorerías Transportes y Afines

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[2] BPN Nº 625 del 8/02/18: "¿La resolución se firmó o no se firmó?".

Atucha se plantó frente a Carrillo y cosechó aplausos

[BPN-22/03/18] El pasado 13 de marzo, la Cra. Silvia Atucha, coordinadora de la Comisión de Consorcios de la Comuna 14 (Palermo) le expresó a Facundo Carrillo y a Felipe Miguel su preocupación por el proyecto Consorcio Participativo. Les aclaró que los vecinos necesitan otro tipo de respuestas de Gobierno: "Los propietarios necesitamos que se escuche que queremos que nos hagan y en que queremos que nos ayuden".

Durante los casi tres minutos que los interpeló, criticó duramente el proyecto Consorcio Participativo, expresó su temor que mediante esta iniciativa el Estado intente saber todo lo que se hace en el ámbito privado de los consorcios, censuró la calidad de los cursos que habilitan a un administrador para trabajar, el bajo desempeño del Registro Público de Administradores y llamó a los funcionarios a trabajar para que las leyes que ya existen se cumplan.

Cuando terminó cosechó un nutrido aplauso de los vecinos invitados por los dos funcionarios. Carrillo y Miguel escucharon en silencio y cuando se calmó la sala continuaron con la pregunta de otro vecino.

Facundo Carrillo es secretario de Atención y Gestión Ciudadana y Felipe Miguel es jefe de Gabinete del Gobierno de la CABA. Durante el encuentro también estuvo presente Vilma Bouza, directora general de Defensa y Protección del Consumidor porteño.

La reunión –que convocó cerca de 200 vecinos- se realizó ese martes 13 en la sala Siranush del Centro Armenio situado en la calle Armenia 1353.

Silvia Atucha comenzó su interpelación expresando: "Me parece muy interesante todo lo que dijiste que van a bajar las expensas porque es un problema serio que tenemos pero no hablaste nada de Consorcio Participativo", y agregó: "En realidad a mí el tema de Consorcio Participativo me preocupa y más que Consorcio Participativo me parece que es un Consorcio Invasivo".

Sostuvo que ni ella ni los consorcistas que consultó están de acuerdo con la plataforma: "No estamos de acuerdo en una plataforma única en la que Uds. pretendan conocer todo lo que hacemos dentro de nuestros consorcios. Son privados y los vamos a manejar como nosotros queramos, con la plataforma que nosotros queramos, con el servicio que nosotros queramos. Si es obligatorio, no va, y si es voluntario con toda la información que Uds. ya tienen no veo necesidad de que gasten nuestros impuestos en esto. Es recabar más información nuestra que no tienen por qué tener. Me parece que el dinero tiene que gastarse en cosas que nos preocupan a los propietarios como por ejemplo los pésimos administradores".

Criticó que un administrador de consorcios se pueda formar con un curso de cuatro meses: "Hoy se es administrador con un cursito de cuatro meses que no sirve para nada, con el que no saben nada y son gente que debe manejar temas laborales, temas impositivos, temas de contratación y temas de todo tipo y color. Y lo digo con conocimiento de causa porque me tomé el trabajo de hacer un curso para ver qué les enseñaban a los administradores -siendo contadora- y vi el disparate de lo que son esos cursos".

Reprochó que en lugar de desarrollar una nueva plataforma no se exija el cumplimiento con la disposición que impuso "Mis Expensas" (Expensas Claras): "Me parece que tienen que hincapié en eso, porque Uds. quieren hacer una gran plataforma [en lugar de hacer] que Mis Expensas -que es obligatorio- se use. Hay administradores que siguen liquidando como se les da la gana y completando los datos como se les da la gana".

Los llamó a reflexionar y trabajar para que las leyes existentes se cumplan: "Traten de que lo que hay se cumpla. No nos metan en la parafernalia de Consorcio Participativo, No todos los consorcios tienen la misma necesidad. Por más que hoy les permita una asamblea virtual el que no quiere participar no va a participar. Y que se me suba un comprobante a Internet -que hoy ya los sistemas comerciales lo tienen- tampoco me garantiza que el administrador me administre bien".

Relató: "Son otras cosas las que queremos los propietarios y queremos que nos escuchen. Una denuncia en Defensa del Consumidor contra un administrador tardó tres años en resolverse", y explicó: "Eso no es expeditivo y esa señora siguió administrando otros consorcios en forma desastrosa".

Lleno total en la jornada 'Consorcio Participativo en 3D'

Finalizadas las exposiciones sobre la dimensión jurídica subieron al podio el Dr. Héctor Polino, representante legal de Consumidores Libres; y el exlegislador, periodista, abogado, psicólogo y docente universitario, Carlos Campolongo, quienes adhirieron a los principios de la jornada y -en mayor o menor medida- expresaron duras críticas contra el proyecto y las políticas del Gobierno porteño.

La actividad finalizó con una mesa redonda en la que participaron los administradores Gabriel Vignapiano (representante de la CAPHyAI), Juan Manuel Acosta y Lara (presidente del AIERH), Jorge Hernández (presidente de FRA), Jorge Scampini (presidente de APARA) y Matías Ruiz (presidente de AIPH). Se destacaron las intervenciones de Hernández y Ruiz.

Probablemente la jornada organizada por la CASIPH (Cámara Argentina de Servicios Informáticos Para Propiedad Horizontal) haya sido una de las que más audiencia reunió en los últimos años. Contó con la adhesión de todas las entidades de administradores -incluidas sus federaciones nacionales y latinoamericanas- con la excepción de la UADI.

Consorcio Participativo en 3D’ se desarrolló en el Auditorio del Centro Cultural Armenio ubicado en la calle Armenia 1366 de esta ciudad. Condujo el evento Ricardo Guazzardi.

"He podido leer todo lo que he podido sobre este proyecto. No sirvo para el servicio diplomático de ninguna manera. Este es un proyecto demagógico, populista e improvisado. Les aviso que me hago cargo de cada una de las palabras que digo. Y hablo porque tengo alguna experiencia en la matriz de negocios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fui legislador en el 2001 hasta el 2003 y desde el 2003 en adelante presidente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires <texto completo>".

"Es un gusto estar hoy con Uds. escuchando la discusión de una iniciativa que es controvertida, que tiene un propósito de transparentar la administración de los consorcios pero que en el fondo tiene una serie de dificultades que es necesario analizar en detalle para luego hacer un balance sobre los beneficios e inconvenientes de esta nueva iniciativa. Yo creo que son más los inconvenientes que los beneficios que vamos a tener los copropietarios de los edificios en propiedad horizontal <texto completo>".

Mesa redonda

"Yo estoy parado ante este problema desde el año pasado con información. Se termina un ciclo en propiedad horizontal y el ciclo del robo sistemático a los consorcios a través de los cursos del SERACARH, del 3,5%, el aporte voluntario y demás. Lo estamos viviendo y seguramente todas las organizaciones satélites que han permitido esto van a caer junto con este acuerdo sindical/político que ha costado tanto dinero con Interacción -por ejemplo- a los consorcios y los administradores. El fondo de la cuestión es esa. Hay que reemplazar esos fondos que venían de ese sector a la política. Entonces vienen por todo" <texto completo>.

"Creo que la plataforma Consorcio Participativo es lo que hoy se llama ‘posverdad’. Es decir, nos están vendiendo una plataforma que no existe, no se desarrolló y está lejísimo de implementarse. El funcionario que hoy está de turno impulsando todo esto no va a terminar su mandato pudiendo implementar esto. Es decir, hay mucho marketing, hay mucha propaganda oficialista para tratar un tema que es muy sensible que a los porteños, los bonaerenses y que a los argentinos le interesa mucho porque hoy la expensa ha tomado un valor muy importante. Juegan un poco con la sensibilidad de la gente y eso tampoco está bueno <texto completo>".

"No estamos de acuerdo que Consorcio Participativo sea obligatorio. Podrá ser participativo, podrá ser opcional pero con determinadas restricciones que cada consorcio va a tener que decidir si quiere o no quiere <texto completo>".

"También me preocupa esto de calificar la gestión del administrador con el dedito arriba, el dedito abajo. Me parece un poco infantil.... de jardín de infantes: la maestra me hizo carita feliz, me hizo carita triste <texto completo>.

AIPH ya le respondió a la Defensoría del Pueblo porteña

[BPN-22/03/18] El pasado 2 de marzo, la Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal AIPH le propuso a la Defensoría del Pueblo de la CABA la creación de una entidad pública y multisectorial de la propiedad horizontal para estudiar medidas y así lograr un mejor control de las gestiones de los administradores, para la reducción de las expensas, lograr que los propietarios sean representados correctamente en paritarias y para conseguir que los edificios y sus instalaciones sean más seguras, sustentables y eficientes.

AIPH opinó que "la problemática de la propiedad horizontal debe ser abordada desde una óptica mucho más amplia, de debate, de trabajo y reflexión y que proponga medidas transformadoras, consensuadas y a largo plazo" que la que propone el Ejecutivo porteño mediante Consorcio Participativo y otras medidas tendientes a bajar las expensas.

Sin embargo, el Lic. y Adm. Matías Ruiz, presidente de la entidad, no especificó qué sectores deberían conformar esta entidad pública y multisectorial.

De esa forma la entidad respondió al oficio que recibió de Norberto Darcy, subsecretario de Derechos Ciudadanos de Consumidores y Usuarios de la Defensoría del Pueblo porteña, pidiéndole que expresen sus opiniones, inquietudes, observaciones, objeciones y apoyos sobre el proyecto Consorcio Participativo y otras medidas que el Ejecutivo de la CABA anunció que pondrá en marcha para bajar las expensas ^[1].

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Se derogó el Libro de Datos... desde el 2019

[BPN-22/03/18] El pasado 7 de marzo, la directora general de Defensa y Protección del Consumidor porteño, Vilma Bouza, derogó –a partir del 2019- la obligación impuesta a los administradores de "mantener al día y conforme a la normativa vigente un ‘Libro de Datos Periódico".

Este libro, durante sus siete años de vida, le costó a los consorcistas porteños (propietarios e inquilinos) más de 25 millones de dólares (25.477.941), a valores de hoy. En pesos ese número trepa, en pesos, a más de 500 millones (519.750.000).

El 9 de enero de 2017, Pequeñas Noticias había develado que fabricar un libro similar -que se vendía a un precio que oscilaba entre los 800 y los 850 pesos cada uno- salía menos de 20 pesos ^[1].

Puntualmente, Bouza derogó la Disposición 1.809 que había impuesto el Libro de Datos correspondiente a los años 2010, 2011 y 2012, libros que ya fueron adquiridos por los consorcios hace ya seis años (artículo 1º). Derogó también la Disposición 470 que creó "El Libro de Datos Periódico" pero aclaró: "sin perjuicio de subsistir la obligación hasta la finalización del año en curso, de continuar llevando aquel libro que debió ser adquirido y rubricado con anterioridad del dictado de la presente" (artículo 1º). O sea que este año seguirá siendo obligatorio su adquisición, su rúbrica y mantenimiento. Recién el año que viene los consorcios se verán liberados de esta imposición que Bouza calificó de "compendio de información redundante".

Por último, los administradores "deberán conservar los libros indicados [...] - rubricados hasta la fecha-, por el término de dos años contados a partir de la publicación de esta disposición" (artículo 2º).

Esta norma la impuso Juan Manuel Gallo, exdirector general de DyPC, el 28 de septiembre de 2012 mediante la Disposición 1.809. Mediante la misma -al mismo tiempo que se creaba esta nueva obligación- Gallo derogó otros tres libros también de su autoría que los consorcios ya habían comprado: el Libro de Control de Seguridad Edilicia ^[2], el Libro de Control Sanitario y Agua Potable ^[3] y el Libro De Ingreso y Egreso De Proveedores ^[4].

Gallo creó el Libro de Datos bajo la gestión de Mauricio Macri como jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta como jefe de Gabinete de Ministros y Gabriela Pilar Saldivia como coordinadora del Registro Público de Administradores porteño.

En los fundamentos de su resolución, Bouza consideró: "la experiencia recogida hasta la fecha ha dado muestras que los datos contenidos en dicho libro resultan ser examinados por múltiples organismos con competencia específica en diversas materias, tornándolo así en un compendio de información redundante".

Agregó también que "la diversa información contenida en el libro, cuya supresión se proyecta, es solicitada por el Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal en ocasión de la presentación de la Declaración Jurada anual contemplada en el artículo 12º de la Ley 941".

Subrayó: "la autoridad de aplicación conservará la facultad de solicitar toda la información que considere necesaria, sin menguar la transparencia de las tareas del administrador, desburocratizando sin embargo las mismas y evitando los costos administrativos que el libro de datos pudiere ocasionar, lo cual redundará en una mejor calidad de servicio hacia el Consorcio administrado".

Finalmente resumió: "No se observa -con su supresión- ningún perjuicio para el consorcio".

Si la Ciudad de Buenos Aires cuenta con 90 mil edificios en propiedad horizontal y cada libro se vende en un valor que oscila entre los 800 y los 850 pesos anualmente se puede inferir que cada año que estuvo vigente –a valores de hoy- el libro le costó a los consorcistas porteños más de 74 millones de pesos (74.250.000) los que -convertidos a dólares al valor promedio del día que se confeccionó esta nota ^[6]- representan más de 3,5 millones (3.639.706). Si se multiplica este valor por los siete años que la norma estuvo vigente, se arriba a un valor que supera los 500 millones de pesos (519.750.000), exactamente 25.477.941 millones de dólares

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[1] BPN Nº 592 del 9/01/17: "Fabricar el Libro de Propietarios cuesta menos de $20".

[2] Libro de Control de Seguridad Edilicia: Disposiciones 411, 1.875, 3.314 y 3.315, todas ellas de 2011.

[3] Libro de Control Sanitario y Agua Potable: Disposiciones 3.882/2010 y 3.359/2011.

[4] Libro De Ingreso y Egreso De Proveedores: Disposición 5.003/2011.

[5] Ante la falta de datos oficiales, la cantidad de consorcios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se calculó en 90 mil como informaron algunos medios citando fuentes oficiales [BPN Nº 444 del 21/09/11: "El 39% de los consorcistas del país vive en la CABA"].

Bouza derogó Edificio Seguro

[BPN-22/03/18] El pasado 6 de marzo, Vilma Bouza, directora general de Defensa y Protección del Consumidor porteño derogó la obligación impuesta a los consorcios de propietarios de gestionar un Certificado de Edificio Seguro suscripto por un ingeniero, un licenciado en seguridad e higiene o un técnico matriculado ante el Ministerio de Trabajo y con su matrícula vigente.

Según las fuentes consultadas por el medio, este certificado costaba entre tres y seis mil pesos. Si el edificio cumplía con toda la normativa exigida por la disposición obtenía la "Certificación de Edificio Seguro" y debía presentar el siguiente a los dos años, sino se lo calificaba con una "Certificación de No Conformidad" y debía presentarlo al año siguiente con la consiguiente erogación económica.

Bouza en sus considerandos para derogar la disposición expresó: "resulta importante remarcar que el régimen en análisis no crea la obligación de mantener la seguridad de los edificios, como su nombre parecería inducir ("certificado de edificio seguro"), sino que viene a burocratizar -exceso de formalismo y papeleo- una obligación ya existente para los Consorcios".

Agregó que las normas que debía controlar el profesional que suscribiera el Certificado de Edificio Seguro creados por la Disposición 1541/2014 "son preexistentes a la misma y todas seguirán en vigencia con independencia de la suerte del régimen en estudio".

Señaló: "Hoy día y ante el hipotético caso de que un vecino de la Ciudad quisiera denunciar la falta de cumplimiento de alguna de estas normativas, debe dirigirse ante la autoridad de aplicación respectiva, por cuanto esta Dirección General solo se limita -eventualmente y siempre que se encuentre probado- a sancionar al administrador, a modo de ejemplo, por no cumplir con la obligación contenida en el artículo 9º, inciso b), de la Ley 941 (Atender a la conservación de las partes comunes, resguardando asimismo la seguridad de la estructura del edificio conforme lo dispuesto por las normas vigentes), pero no podría disponer, verbigracia, la clausura de un ascensor como si se encuentra facultado para hacerlo el Organismo competente".

Por último concluyó que por "la experiencia recogida, se considera que el régimen para la obtención del ‘Certificado de Edificio Seguro’ resulta ser un costo de alta incidencia para los consorcios -contratación del profesional idóneo- por lo que se hace necesario su derogación".

Esta obligación había sido impuesta el 30 de junio de 2014 por el Crio. Mayor (R) Edgardo Aoun, antecesor de Bouza mediante la Disposición 1541. En esa oportunidad la responsabilidad de gestionar el Certificado de Edificio Seguro se puso en cabeza del administrador.

Poco después, el 3 de octubre de ese mismo año, Aun modificó su intención original mediante la Disposición 1927 y eximió al mandatario de esa obligación y la trasladó al consorcio.

En aquel momento diversos actores de la propiedad horizontal consideraron el Certificado de Edificio seguro como una virtual privatización -con costo al consorcista que paga las expensas- del poder de policía de la Ciudad.

La disposición 1.541 había dispuesto que era obligación del profesional que suscribía el Certificado de Edificio Seguro verificar el cumplimiento de las leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, ordenanzas municipales y demás normativa vigente que establece diversas obligaciones para la protección y mantenimiento edilicio.

Enumeraba a título enunciativo:

La Ordenanza Municipal N° 40.473 y Ley N° 2.231 (Extintores manuales) y su modificatorias.

La Ordenanza Municipal N° 33.677 (Calderas).

La Ordenanza municipal N° 36.352 (Desinsectación).

La Ordenanza Municipal N° 45.593 (Limpieza semestral tanques de agua).

La Ordenanza Municipal N° 34.197, N° 45.425 y sus modificatorias (Iluminación de emergencia).

La Resolución N° 6/APRA/11 (Certificado de limpieza y desinfección de tanques de agua).

La Disposición N° 2.614/DGDYPC/08 (Vida útil matafuegos).

El Decreto N° 2.045/93 (Reglamenta ordenanza Limpieza y desinfección de tanques de agua).

La Ley N° 1.346 (Simulacro y Plan de Evacuación).

La Ley N° 257 (Fachadas y balcones).

La Ley N° 161 (Ascensores).

La Disposición N° 415/DGDYPC/ 11 (Instalaciones fijas de detección y extinción de incendios).

¡¡¡ Se va la segunda !!!

[BPN-22/03/18] A partir del 1º de abril los lectores de Pequeñas Noticias podrán inscribirse en el segundo sorteo de tres ejemplares de la 3ª edición del libro "Administrando en los tiempos del nuevo Código Civil y Comercial" de autoría de la Dra. Diana Sevitz y la Cra. Liliana Corzo. Los ejemplares fueron provistos gentilmente por sus autoras.

Para participar del sorteo, los seguidores/participantes del grupo/sitio del medio en Facebook deben cumplir dos condiciones:

2.- Compartir esa publicación en su propio muro en modo público, para que pueda ser verificado.

El sorteo se realizará sólo entre quienes hayan cumplido con las dos condiciones.

Importante: Los ganadores dispondrán de 7 días corridos (una semana) para retirar su ejemplar de nuestras oficinas, caso contrario se procederá a sortear el libro entre los restantes participantes. Bajo ninguna condición se realizarán envíos.

En la segunda edición del libro "Administrando en los tiempos del nuevo Código Civil y Comercial" las autoras habían anunciado que incorporaron fallos acordes a la nueva normativa y se adecuó teniendo en cuenta las distintas realidades que se presentan en nuestro país.

En sus palabreas explicaron: "En esta edición debimos recoger la experiencia, comentarios, sugerencias, críticas y la práctica misma se ven reflejadas en estas páginas, a través de la incorporación de fallos acordes a la nueva normativa, adecuación de las distintas realidades de un país como el nuestro, las enriquecedoras charlas y seminarios dictados en la ciudad de Buenos Aires y La Plata, así como en Paraná, San Miguel de Tucumán, Córdoba y Rosario, nos ha permitido ampliar nuestro panorama", explican las autoras al inicio del libro bajo el título "2° edición actualizada a agosto de 2016. A un año de la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación". En ese mismo apartado se pueden leer distintos comentarios de los lectores de la primera edición del libro y los agradecimientos de las autoras a colegas, amigos y familiares.

La primera edición contaba con 296 páginas [1], la segunda 329 y la tercera 369. Todas tienen 16 capítulos y una breve biografía de las autoras. Es de destacar que en las ediciones de 2016 y 2018 se les agregó un apéndice con artículos del Código Civil y Comercial de la Nación.

Los libros fueron editados por Lulemar Ediciones en octubre de 2015, en agosto de 2016 y en enero de 2018

El 60% no está de acuerdo con brindar datos privados

[BPN-22/03/18] El 60% de los encuestados por Pequeñas Noticias consideraron que no se debería tener que proporcionar al SUTERH (Sindicato Único Trabajadores Edificios Renta y Horizontal) y a la Federación Argentina de Trabajadores Edificios Renta y Horizontal (FATERyH) cinco datos que pertenecerían a la privacidad del consorcio, del administrador y del encargado.

Puntualmente la pregunta que se le cursó a los encuestados fue: "El Sistema de Control de Aportes y Contribuciones en la Propiedad Horizontal (CiCayC) que mensualmente permiten realizar la DDJJ y pagar al SUTERH y a la FATERyH los aportes y contribuciones sindicales pide una serie da datos del consorcio, el administrador y el trabajador. Marque cuáles Uds. consideran que son apropiados: 1) El monto total de las expensas mensuales del consorcio, 2) Si el consorcio es autoadministrado, 3) A qué entidad pertenece el administrador, 4) El correo electrónico del encargado, 5) El teléfono privado del encargado, 6) Todas, 7) Ninguna y 8) No sé".

La opción "Ninguna" fue votada un 60%; le siguió "A qué entidad pertenece el administrador" con un 8,75%; "Si el consorcio es autoadministrado", "El correo electrónico del encargado" y "El monto total de las expensas mensuales del consorcio" fueron elegidas un 7,5% cada una; y "El teléfono privado del encargado" fue votado un 5%.

Marzo igual a febrero, pero…

[BPN-22/03/18] Si nos detenemos a pensar solo en los recibos de marzo no hay mucho para decir: serán iguales a los confeccionados en febrero, o sea que sigue vigente la escala salarial estrenada el mes pasado y que resultó retroactiva al mes de enero de 2018.

La sorpresa fue el anuncio por parte del SUTERH de adelantar las negociaciones paritarias. Los aumentos que está publicando en su sitio, aunque todavía no se homologaron, son los siguientes: 8% para el período de abril y un 4% para el de agosto. Habrá que esperar las escalas salariales para entender sobre qué base se calculan los porcentajes. Además se prevé un bono fijo de $2.000 para el mes de junio, otros $2.000 para el mes de agosto y finalmente otros $2.000 para octubre. También acordaron una cláusula de revisión en el mes de septiembre con el objetivo de que no se deteriore el poder adquisitivo del salario del sector.

De todas formas, en marzo la escala salarial vigente es la del mes de enero de 2018 y habrá que esperar la homologación y las diferentes escalas para aplicar a partir del mes abril y agosto.

Estimado director de Pequeñas Noticias:

Esta es una de las pocas oportunidades en que me dirijo a Uds. como medio especializado en Propiedad Horizontal (PH). En esta oportunidad me veo obligado a hacer público mi comentario sobre la opinión vertida por el Dr. Osvaldo Loisi, fundador de la Liga del Consorcista, sobre el proyecto denominado "Consorcio Participativo".

Respeto al Dr. Loisi por su desarrollo profesional pero no puedo compartir sus puntos de vista sobre el proyecto arriba mencionado.

Como consorcista, sin pertenecer a entidad o asociación alguna, he generado aprecio o desprecio, en muchos referentes de la PH, al dar opiniones diferentes sobre un tema. Es algo que no lo puedo evitar pero convivo con ello.

Mi valoración sobre el proyecto "Consorcio Participativo" es diametralmente opuesta al Dr. Loisi.

El clamor por transparencia y justicia en las administraciones de los edificios no se construye delegando, en el Estado, esa función, se materializa con educación, compromiso y participación de los consorcistas. Nadie va a cuidar mi casa mejor que yo.

No voy a juzgar al Estado en este artículo, solo hago memoria sobre los 15 años de vigencia de la Ley 941, período que conformó un ciclo de exigencias oficiales, algunas irracionales, que incrementaron las expensas inútilmente. ¿Cuáles pautas no encontré que me aseguren que ahora este proyecto va a ser distinto?

Si durante ese lapso el Registro Público de Administradores fue un fracaso, ¿puedo pensar que ahora será un éxito?. Yo deduzco que es una locura pensar que si hacemos lo mismo, vamos a lograr resultados diferentes. Aunque puede ser que, tal vez, el Sr. Einstein lo haya pensado antes.

Disiento con la afirmación que un consorcio es una sociedad al revés, cuyo anhelo es vivir en paz. Pienso que habrá querido decir "empresa", es más adecuada al contexto planteado porque, mal que nos pese, un consorcio es una sociedad según el sentido estricto de la palabra. En particular soy de la opinión que tiene mucho de empresa, no la clásica, pero tiene muchos puntos en común.

Como empresa cada socio, o consorcista, aporta mucho dinero por pertenecer al comprar su parte, o unidad funcional. Como usuario de esa empresa paga por expensas para poder vivir lo mejor que pueda con la mejor calidad de servicios alcanzable de acuerdo a su aporte, convive con un estatuto o un reglamento que pocos conocen en profundidad, o hasta desconocen su existencia. Como empresa tiene una meta, lograrlo y al menor costo posible.

Quienes son los responsables, pues los consorcistas con su compromiso, capacitación y participación. El brazo ejecutor es el administrador, y para eso se le paga. Bien por él si es honesto, pero no compramos honestidad solo la presumimos. La honestidad es una cualidad necesaria para el bien del Consorcio pero la ley 941, aplicada por el Estado, no nos ayudó a tener elementos para comprobarla anticipadamente. Descubrir la deshonestidad con el paso del tiempo le cuesta muy caro al que la padece.

Que las convenciones paritarias de nuestro sector son una aberración jurídica es verdad, pero ¿quién es el culpable que no pelea por sus derechos y su representación? ¿Tal vez los consorcistas que ni pueden ponerse de acuerdo en una Asamblea y que no se preocupan por capacitarse y participar? ¿Tal vez las asociaciones de consorcistas que, reunidas en contra de la Ley 5464 en el año 2016, solo pudieron concretar dos reuniones de trabajo para luego disgregarse por la imposibilidad de dialogar? Mi opinión es que la culpa no es del chancho sino de quien le da de comer.

No voy a entrar en el tema jurídico, ¿para qué? En la República Argentina tenemos un código de fondo, el Código Civil y Comercial, que regula la PH. Es nuevito, casi ni lo estrenamos en los consorcios pero ya queremos alterar su espíritu. En nuestro país tenemos una Constitución que plantea libertad de elegir pero también se le puede negar su ejercicio al ciudadano, todo sea en pos de estar bajo el paraguas del Estado.

Que un Estado -que va a tener a la IGJ y la AFIP en un solo organismo llamado "Consorcio Participativo"- pueda decir que para el consorcista va a ser gratis es risueño. Las mentiras se pueden decir, que las acepte el ignorante también, pero si ahondamos un poco más veremos que el Estado recaudará el costo por impuestos. Lo que puedo afirmar es que nunca sabremos cuál es el costo real del servicio.

Finalmente quiero hablar de la tendencia mundial a la digitalización para decir que al sector privado se le ocurrió antes que al Estado, solo recordemos los libros exigidos a los consorcios por imperio de la Ley 941. Para esos años fue una involución en la administración de consorcios.

Nos guste o no, hoy la actividad privada está hace tiempo trabajando en la digitalización de las expensas a un costo cierto, no sé si es mucho o poco, pero cierto. El consorcio puede elegir al prestador, tiene libertad. Mal que nos pese la actividad privada es más eficiente que la pública porque tiene tres parámetros terribles: la competencia, el costo y la porción o cuota de mercado que muchos conocen como "market share".

Con el déficit público que llevó al GCABA a subir fuertemente el impuesto a la propiedad, a generar ingresos parafiscales a través de las obleas o códigos QR obligatorias para los consorcios, ¿podemos aceptar esta iniciativa?, creo que no.

No voy a profundizar sobre si hubo consultas a las áreas específicas del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y al Colegio de Abogados de CABA, porque como integrante del primero de ellos pude corroborar que no.

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