No presentarse a la audiencia de conciliación es un chiste caro

[BPN-15/10/20] Durante los primeros nueve meses de este año el Registro Público de Administradores (RPA) porteño recaudó 446.700 pesos de los administradores por incomparecencia a las audiencias de mediación que se ordenan luego de una denuncia y 331.228 pesos por no cumplir con los acuerdos a los que se arribó en dichas audiencias. En total las dos infracciones sumaron casi 800 mil pesos (777.928).

De un total de 326 administradores sancionados y publicados en el Boletín Oficial, 31 fueron multados por infracción al inciso d) del artículo 9º de la Ley 757 (Ley de Defensa del Consumidor porteño) y 12 por violentar el artículo 17º de esa misma ley.

De los casi 11 millones de pesos (10.895.197) recaudados por el RPA porteño que se publicaron hasta el fin de mes pasado el 4,10% corresponde a incomparecencias y el 3,04% a incumplimientos de acuerdos.

No presentarse a la audiencia de conciliación costó a los administradores en promedio 14.410 pesos a los que se les agregó las multas correspondientes a las infracciones cometidas contra la Ley 941. En algunos casos la multa por violentar la Ley 757 fue superior a la multa por las infracciones a la Ley 941.

Por su parte, no cumplir con el acuerdo arribado en la audiencia de conciliación costó a cada infractor en promedio 27.602 pesos.

Es de destacar que las disposiciones sancionatorias publicadas este año son de diferentes fechas según la siguiente tabla y se pueden haber manejado según diferentes criterios teniendo en cuenta que en el ínterin las leyes mencionadas pudieron haber sufrido modificaciones.

Eso es así porque -de acuerdo al material relevado durante este año hasta el 30 de septiembre- surgió que desde el momento en que se dispone una sanción pasan –en promedio- 1 año y 7 meses hasta que se publica en el Boletín Oficial.

En los dos extremos la más antigua tardó 5 años, 5 meses y 13 días en ser publicada mientras que una se publicó en el "tiempo record" de dos meses y cinco días.

Actualmente el RPA porteño está coordinado por Diego Sarrabayrouse, depende de Defensa y Protección del Consumidor cuya directora general es Vilma Bouza y cuyo superior directo es Facundo Carrillo, secretario de Atención y Gestión Ciudadana.

El artículo 21º de la Ley 941 permite aplicar la Ley de Defensa del Consumidor para todo aquello que no está contemplado por la Ley 941. Textualmente reza: "En todo aquello no previsto en las disposiciones que anteceden, serán de aplicación en forma supletoria las previsiones contenidas en la Ley 757 sobre procedimiento para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y lo dispuesto por el Decreto 1.510/1997, de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Avanzando, el artículo 9 de la Ley 757 -según texto consolidado y modificado- establece que "Recibida una denuncia de parte interesada, si resulta procedente de acuerdo con las circunstancias del caso y en un plazo de diez días hábiles la autoridad de aplicación, sin perjuicio de sus propias competencias, debe promover la instancia conciliatoria"

Si el denunciado no asiste a la audiencia se desestima su reclamo pero si el administrador no comparece la multa es salada. El inciso d) de ese artículo expresa: "En caso de incomparecencia injustificada del denunciado, siempre que no justifique dicha incomparecencia con la documentación que la respalde, dentro de los tres días hábiles de fijada la audiencia se tiene por fracasada la instancia conciliatoria, y se lo sanciona con multa cuyo monto será de trescientas unidades fijas a veinte mil unidades fijas o conforme lo determine anualmente la Ley Tarifaria".

La única obligación impuesta a las partes –en nuestro caso el administrador- es la de concurrir al acto conciliatorio y bajo ningún concepto está obligado a llegar a un acuerdo. Pero se le aplica una infracción por no asistir a la audiencia.

A modo de ejemplo, la redacción de Pequeñas Noticias tomo la Disposición Nº 4.878 del 4 de octubre de 2018 (BO: 14/01/20). Al administrador denunciado se le aplicó una multa de 1.700 unidades fijas (15.640 pesos) sólo por no comparecer a la audiencia de conciliación.

Finalmente –luego de evaluar la denuncia y el descargo que presentó- se lo multó por infracción al inciso b) del artículo 9º (Obligaciones del Administrador) y al inciso h) del artículo 10º (De las liquidaciones de expensas) de la Ley 941 con 34.040 pesos y se lo sobreseyó por la infracción del inciso a) del artículo 9º de esa misma ley. A esa multa se le sumaron los 15.640 pesos correspondientes al artículo de la Ley 757 mencionado y se llegó a los 49.640 finales.

Un aumento del 50% en el monto de la multa.

En un segundo ejemplo se tomó la Disposición 5978 del 13 de noviembre de 2018 (BO: 21/01/20).

Los fundamentos fueron muy claros, expresaron: "Se inicia el presente expediente de conformidad con las facultades conferidas por el artículo 17º de la Ley 941, ante la denuncia de la Sra. [...], contra [...], por presunta infracción a la ley ritual", y agrega: "corrido traslado de las actuaciones a la denunciada, con fecha 18/05/2018 se promueve el procedimiento conciliatorio, el que concluye en dicha oportunidad por su incomparecencia". Ya hay una falta que terminará costándole a la administradora 15.640 pesos.

Los considerandos continúan relatando: "...notificada la imputación, la sumariada presenta descargo y acompaña prueba documental".

Finalmente se la sanciona por incumplimiento de los incisos e) y h) del artículo 10º de la Ley 941 por la suma de 941 con una multa de 9.200 pesos la que sumada a la primera infracción llega a los 24.840.

Este año se encontraron 6 casos en que la multa por incomparecencia fue mayor que la que tocó pagar por la infracción cometida.

Por último se analizó la Disposición 2.366 del 5 de junio de 2018 (BO: 5/08/20).

El expediente comienza relatando que "se iniciaron los presentes actuados ante la denuncia de la Sra. [...], contra [...], por presunta infracción a la ley ritual", y agrega: "corrido traslado a la denunciada, con fecha 1/11/2017 se promueve el procedimiento conciliatorio, el que concluye en dicha oportunidad por su incomparecencia". Por esta infracción se la multa con 15.640 pesos.

La denuncia era por infracción al inciso h) del artículo 10º de la Ley 941 (Indicar los juicios del consorcio en las liquidaciones de expensas) y la administradora presenta su descargo y aunque el plazo estaba vencido "en virtud del principio de verdad material que rige el procedimiento administrativo" se lo tiene por presentado.

La autoridad de aplicación finalmente consideró que "de la prueba acompañada y del análisis realizado precedentemente no puede tenerse por corroborada la infracción, por lo que corresponde que la imputada sea sobreseída".

O sea que la única multa que se aplicó fue por incomparecencia a la audiencia de conciliación. De haberse presentado se hubiera ahorrado mucha mala sangre y más de 15 mil pesos de multa.

El protocolo de espacios comunes lo firmó Carillo con el SUTERH

[BPN-15/10/20] El pasado lunes 12 de octubre, Facundo Carrillo, secretario de Atención Ciudadana y Gestión Comunal de la CABA firmó el Protocolo de Uso de Espacios Comunes de los Consorcios con el secretario gremial de SUTERH, Osvaldo Bacigalupo. Así lo comunicó por Facebook y Twitter ese mismo día.

Al día siguiente de su firma –el sábado 10 de octubre- el Registro Público de Administradores (RPA) distribuyó una circular entre sus matriculados informándoles que "mediante la Disposición 2020-4725-GCABA-DGDYPC se ha aprobado el Protocolo de Recomendaciones para la Utilización de los Espacios Comunes de Consorcios de Propiedad Horizontal".

La secuencia cronológica de los hechos generó confusión sobre qué firmó realmente Carrillo con el SUTERH y cuándo exactamente habría sido. De las consultas realizadas por Pequeñas Noticias con diversos actores hubo quienes opinaron que en realidad se firmó un convenio paralelo al protocolo que es pertinente al trabajo de los encargados de edificios, otros señalaron que la comunicación de Carrillo tuvo un carácter meramente simbólico ya que el protocolo estaba dispuesto mientras que algunos pensaron que en realidad esa reunión para la firma del protocolo que Carrillo publicó el 12 se había producido un tiempo antes.

En la reunión de Carrillo con el SUTERH estuvieron también presentes Felipe Miguel, Vilma Bouza, Diego Sarrabayrouse, Osvaldo Bacigalupo y dos personas más con barbijos del SUTERH de las cuales una tiene un cierto parecido con Víctor Santa María. Ni Felipe Miguel ni el SUTERH difundieron el hecho.

Lo que un medio confirmó fue que el SUTERH participó en la confección del protocolo. El diario La República del 12 de octubre informó que para acceder a las partes comunes de los consorcios "se debe respetar un protocolo específico que fue consensuado con el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal y distintas áreas de Gobierno que participaron de su confección". Ningún otro medio confirmó esta versión.

En septiembre durante cinco días se difundió que existía un protocolo para los espacios comunes de los consorcios pero poco después tuvo que ser desmentido.

El 3 de septiembre el medio digital "ámbito" publicó una nota titulada "Cómo es el protocolo de Ciudad para espacios comunes en edificios porteños". En ella aseguró: "El Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta habilitó los espacios comunes como parrillas, terrazas, canchas de tenis y lavaderos. Será con turno previo y solo para personas que vivan allí".

Al día siguiente ACAPPH (Asociación Civil Administradores Profesionales Propiedad Horizontal) aclaró en su sitio web oficial que el Protocolo para Espacios Comunes "aún no es oficial" y que "será publicado de forma inminente". Agregó también: "ACAPPH además colaboró en el desarrollo del mismo y podemos asegurarles que el divulgado no es la versión final".

La mayoría de los medios nacionales -igual que en esta oportunidad- se hizo eco de la novedad y con el trascurrir del tiempo incluso ACAPPH afirmó que se trataba de la Disposición 4438 y difundió el "texto original" del fallido protocolo.

Finalmente, el 8 de septiembre, el RPA tuvo que desmentir que "se encuentra vigente ningún protocolo para la utilización de espacios comunes en consorcios de propiedad horizontal" ^[1]

Volvió a subir el curso del SERACARH

[BPN-15/10/20] Desde el 1º de octubre el costo del curso del SERACARH aumentó un 8,57% y llegó a los 3.800 pesos. En marzo su valor fue de 3.500 pesos ^[1].

Por otra parte, a partir de esa misma fecha se dictará sólo en modalidad virtual y constará de tres charlas breves sobre "Higiene y seguridad en el trabajo", "Manejo de estrés" y "COVID-19, recomendaciones para la prevención".

En este sentido, en la página web del SERACARH informaron que "con motivo del aislamiento social, preventivo y obligatorio, la capacitación prevista en la Ley 4.803/13 se realizará en forma virtual", y agregaron: "Mediante la plataforma virtual CIVET (Campus virtual del SUTERH) podrás acceder a las video conferencias y demás contenidos y actividades" ^[2].

Es de recordar que de acuerdo a los datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación durante el 2019 hubo en promedio 56.036 puestos de trabajo en la propiedad horizontal. Si cada uno de esos encargados realiza el curso, el SERACARH recaudará sólo en concepto de cursos casi 213 millones de pesos (212.936.800) o más de 2,5 millones de dólares (2.558.107) según la cotización oficial de la moneda el día que se redactó esta nota.

La redacción de Pequeñas Noticias investigó qué se puede estudiar en modalidad virtual por un valor igual o menos a los 3.800 pesos. Una breve síntesis de lo encontrado:

1.- Se puede hacer un seminario intensivo de "Gestión, producción y prensa de proyectos culturales" con la reconocida Andrea Feiguin en el Centro Cultural Rojas que depende de la UBA. El seminario es en vivo, cada clase es de dos horas, dura cuatro semanas y su costo total es de 1.250 pesos (156 pesos la hora).

2.- Se puede realizar un curso de "Excel avanzado" en vivo por Zoom en la plataforma "Capacitarte". Cada clase dura tres horas, son cuatro encuentros y cuesta 3.330 pesos en total (278 pesos la hora).

3.- Para los que prefieren los idiomas se puede realizar la etapa elemental de un "Taller de práctica de inglés" en el Centro Cultural Rojas. Cada clase dura dos horas, se extiende durante dos meses y cuesta 3.750 pesos (469 pesos la hora).

4.- En Capacitarte se puede realizar un "Curso de Periodismo Digital" en vivo por videoconferencia en Zoom. Las clases son los martes y jueves de dos horas cada una y el curso total insume 15 horas. Cuesta 3.570 pesos (238 pesos la hora).

El 30 de agosto de 2018, la Legislatura porteña aprobó la Ley 6.004 que modificó la Ley 4.803 (Ley Zago) y a partir de ese momento se obligó a los consorcios a pagar a sus encargados un curso en el SERACARH sobre "Higiene, seguridad y medidas de prevención contra incendios" cada dos años en lugar de uno. De hecho, durante el 2019 los encargados estuvieron eximidos de asistir a ese curso.

El Ejecutivo local fundamentó este cambio en la frecuencia del curso del SERACARH por cuatro razones:

1.- "La experiencia desarrollada en el ejercicio a nivel local de la Ley N° 941 indica que el contenido de los mismos se repite año tras año sin aportar en lo sustancial nuevas experiencias para los encargados y generando gastos excesivos para el consorcio".

2.- "La capacitación y educación en materia de propiedad horizontal, en lo que hace a temas de seguridad y reducción de riesgos, debe actualizarse de forma práctica y beneficiosa sin redundar en actividades repetitivas y dispendiosas".

3.- "Resulta indispensable disminuir la frecuencia de las capacitaciones fijando su obligatoriedad cada dos años" ^[3].

El SERACARH está compuesto por las tres entidades de administradores que representan a los consorcios en paritarias (AIERH ^[4], CAPHyAI ^[5] y UADI ^[6]) y la FATERyH (Federación Argentina de Trabajadores de Edificios Renta y Horizontal).

El 28 de noviembre de 2013, la Legislatura porteña aprobó un proyecto de ley del legislador Oscar Zago (PRO) que obliga a los administradores de propiedad horizontal a "exhortar" al personal de cada uno de los consorcios que administra a concurrir anualmente a una capacitación "sobre higiene, seguridad y medidas de prevención contra incendios". La Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor (DGDyPC) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será la autoridad de aplicación de la norma.

Según el texto de la ley, dicha capacitación "deberá ser dictada por una institución especializada, conformada por representantes de todos los sectores de la actividad reconocidos por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a efectos de asegurar la plena representación de la totalidad de los intereses involucrados en la labor prestada en los edificios de propiedad horizontal" ^[7].

Al momento de escribir esta nota sólo el SERACARH sigue estando en condiciones de cumplir estos requisitos

Leve aumento en la cantidad de puestos de trabajo

[BPN-15/10/20] En promedio, durante el primer semestre de este año casi no hubo variaciones con respecto al mismo período del año pasado en la cantidad de puestos de trabajo registrado que proporcionaron los consorcios de propietarios. Sólo se verificó un alza mínima del 0,4%.

Por otra parte, el promedio de los primeros seis meses de 2020 registró un aumento del 2,33% con respecto al promedio general del año pasado.

En detalle durante el primer trimestre de este año –por primera vez desde 2015- la cantidad de trabajadores de consorcios de edificios descendió un 1,75% con respecto al último trimestre del año pasado llegando a los 54.387 puestos de trabajo.

Sin embargo, durante el segundo trimestre de 2020 ese valor se recuperó y ascendió un 10,87% quedando en 60.301 puestos de trabajo registrado.

En la CABA la clase media pagaría 7 mil pesos de expensas

[BPN-15/10/20] Para el Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (CESyAC) una familia de la CABA de "sector medio" pagó en septiembre 7.051 pesos de expensas lo que representó un 6,68% de sus ingresos. Esta familia tipo está compuesta de cuatro personas que alquila, tiene un auto, un abono de medicina prepaga, sus hijos asisten a un colegio privado y son socios de un club.

Para la entidad sus gastos de consumo del hogar son de 105.5017 pesos mensuales de los cuales los productos de consumo masivo (comestibles, bebidas y artículos de limpieza) representaron el 24% de su presupuesto y los servicios básicos para el hogar el 76%.

Dentro de los servicios básicos para el hogar se encuentran: alquileres e impuestos (38%), servicios para la vivienda (16%), servicios para las personas (31%) y transporte (15%).

El total de "Alquileres e impuestos" se compone de alquiler (75%), expensas (23%) y ABL (2%).

Es de destacar que para el Gobierno de la CABA la "Canasta total" de esa misma familia de cuatro personas que alquila en agosto fue de 69.371 pesos y pagó en concepto de expensas 4.324 pesos. Una diferencia de 33.561 pesos (33%) en sus gastos generales y de 3.146 pesos (42%) en sus expensas con respecto a lo informado por el CESyAC ese mismo mes ^[1].

Con respecto a las diferencias encontradas entre los números del GCABA y el CESyAC, hay que subrayar que si bien la prepaga, el colegio privado, el club y el auto influyen en los gastos generales de las familias tipo de referencia no inciden en el valor de sus expensas.

Para el CESyAC el incremento acumulado anual de las expensas es de 14,36%. En diciembre de 2019 situaba las expensas promedio en 6.031 pesos mensuales.

Por otra parte, el incremento interanual es de un 26,96%. Para la asociación civil las expensas de septiembre de 2019 fueron de 3.036 pesos mensuales.

La redacción de Pequeñas Noticias relevó los datos que proporcionó el CESyAC desde enero de 2018 a septiembre de 2020.

Según esos datos, las expensas representaron, en promedio, un 6,82% del total de gastos de consumo del hogar. El porcentaje más alto fue de 7,76% (6/2019) y el menor de 5,93% (3/2019).

De los conceptos alquiler, ABL y expensas, estas últimas participaron en un porcentaje que fue del 20% al 25%. En promedio fueron del 22,8%.

Según su sitio Web "el Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (CESyAC), es una asociación civil sin fines de lucro que trabaja principalmente en la defensa de los derechos de usuarios y consumidores. Fue creada en el año 2005 por un grupo de personas que interesadas en mejorar la realidad y contribuir desde su profesionalismo a la resolución de los problemas y dificultades diarias que atraviesa el ciudadano, se organizaron para abordar temas desde la investigación y la acción".

Explicaron que "a partir del año 2008, y como resultado de una encuesta local realizada bajo la consigna ‘¿los rosarinos participamos socialmente?’, se determinó centralizar los esfuerzos en los temas que hacen a las dificultades cotidianas que tienen los ciudadanos, las cuales principalmente tienen que ver con relaciones de consumo, con conflictos que se dan en la compra de bienes y servicios que hacen a lo cotidiano de todos nosotros".

El equipo de trabajo está compuesto por el Dr. Ignacio Pandullo (Coordinador Asuntos Jurídicos), María Victoria Lauzzo (Coordinadora de Atención al Usuario y Consumidor), Ezequiel Sánchez (Coordinador de Relaciones con los Gobiernos), Rita Galiardi (Secretaria Técnica), Fernando Diego Fontela (Coordinador Filial Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Gonzalo del Canto (Diseño y Edición Revista Consumar) y María Eugenia Rittatore (Coordinadora de Estudios y Proyectos de Transporte)

Durante el primer semestre bajaron las denuncias

[BPN-15/10/20] Durante el primer semestre de este año la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor (DGDyPC) porteño recibió 577 denuncias contra administradores de consorcios por violaciones a la Ley 941. De continuar esta tendencia, este año las sanciones contra los mandatarios habrán disminuido en cerca de un 40% con respecto al año pasado.

Según información oficial la DGDyPC recibió 7.728 denuncias de las cuales los rubros servicios de comunicaciones; servicios financieros; electrodomésticos; textil, calzado y marroquinería; y servicios turísticos se llevaron los primeros cinco puestos. Las denuncias por infracciones a la ley del Registro Público de Administradores (RPA) se situaron en promedio en el sexto lugar con un 7,47% del total de denuncias.

Del análisis del desarrollo de las denuncias mensuales del semestre puede observarse que -si bien comenzó con 156 denuncias en enero- fue declinando mes a mes hasta mayo en que comenzó una tendencia a la suba hasta junio aunque sin llegar a alcanzar los valores de marzo.

Por otra parte, el mes en que las denuncias contra los mandatarios fueron más significativas del total recibido fue enero con un 16,47% mientras que en junio representó sólo el 4,53% del total.

La información que brindó Defensa y Protección del Consumidor porteño a la redacción de Pequeñas Noticias fue la cantidad de denuncias recibidas mes a mes, discriminando las correspondientes a la Ley 24.240 y la Ley 941. Hasta ahí todo bien.

Proporcionó también un listado de rubros y el porcentaje de denuncias que le correspondió a cada uno en el que no figuraba el porcentual correspondiente a las denuncias por la Ley 941. Sin embargo, al sumar los porcentajes -que hubieran debido dar un total del 100%- sólo sumaron el 95,54%. La redacción del medio entendió que el 4,46% restante le correspondió al rubro "Otros".

A ese listado de rubros –incluido el ítem "Otros"- le sumó las denuncias correspondientes a la Ley 941 para obtener un nuevo total y poder recalcular todos los porcentajes de acuerdo al mismo. Ese es el resultado que se puede apreciar en la primera tabla de esta nota.

Santa María cerró la AM750 Salta

[BPN-15/10/20] El pasado 2 de octubre Víctor Santa María (SUTERH) habría cerrado las puertas de la AM750 Salta a pedido del gobernador de esa provincia, Gustavo Sáenz, por haber publicado una nota que no fue del agrado de este último.

La Asociación de Periodistas de Salta señaló que el hecho es de "suma gravedad" y que la libertad de prensa en esa provincia está bajo amenaza porque "se dispuso de manera arbitraria e intempestiva el cierre de un medio de comunicación a instancias de la presión ejercida por el Gobierno provincial" ^[1].

Llamó la atención de este medio que entre las decenas de adhesiones de personalidades y entidades del periodismo, el deporte, la cultura que recibieron los periodistas del medio se unieron para condenar la censura también el Frente de Todos y Juntos por el Cambio de Salta ^[2].

Unas pocas horas después Martín Plaza, coordinador de la Casa de Salta en Buenos Aires, llamó a Sánchez para solicitarle que se baje la nota debido al malestar que le trasmitiera el gobernador Sáenz.

La tensa negociación duró largas hora y -ya desde el principio y como elemento de presión- Plaza advirtió a Sánchez que Santa María estaba al tanto de lo que sucedía. A tal punto fue así que a las 22 hs. de ese mismo día la AM 750 Buenos Aires se comunicó por WhatsApp con Sánchez para pedirle que baje la nota.

A pesar de que el medio finalmente accedió a las presiones de Sáenz y Santa María, parece que no fue suficiente: el 24 de agosto Sánchez recibió una llamada del abogado de la AM 750 para avisarle que se rescindía el contrato unilateralmente.

Poco después le llegó una carta documento de la Fundación Octubre que intimaba: "Según lo comunicado el 24/08/20, esta parte rescinde unilateralmente el ‘Convenio de intercambio y cooperación’ suscripto con Uds. el 20/10/16. Por tanto, solicitamos que en los términos establecidos se abstengan de retrasmitir en todo o en parte la programación de radio AM750 de Buenos Aires, como así se abstengan de utilizar marcas o imágenes propiedad de Fundación Octubre Trabajadores de Edificios, a través de medios radiofónicos, gráficos y/o digitales. Caso contrario iniciaremos las acciones legales correspondientes".

La AM750 de Buenos Aires –en diálogo con Clarín- negó actos de censura y explicaron que, en realidad, hay una "reorganización de las emisoras salteñas", donde se busca complementar la edición de Salta/12 con los contenidos de la AM750 [3].

El 25 de septiembre AM750 Salta envió su respuesta por carta documento.

El 2 de octubre cerró sus puertas.

A principios de julio de 2019 el periodista y escritor Horacio Verbitsky develó que se retiró de Página/12 porque Santa María le censuró dos notas: una sobre el blanqueo de la familia presidencial de Mauricio Macri y otra sobre el juez Claudio Bonadio.

Por otra parte, es de señalar que en las dos oportunidades que Pequeñas Noticias conversó con delegados de Página/12 por los conflictos gremiales que atraviesa el matutino, éstos afirmaron que no existía censura en el diario. Sin embargo, Verbitsky lo desmintió ^[4].

A mediados de septiembre de ese año la redacción de Pequeñas Noticias volvió a preguntar a delegados de Página/12 si existía censura en el medio y si bien, en principio, respondieron que "es lo usual en empresas de comunicación de este tipo" cuando se les observó puntualmente que no se publican notas de investigación serias sobre corrupción en la CABA respondieron que en la redacción corría el rumor de que había un pacto entre el jefe de Gobierno porteño y el titular del sindicato de los encargados pero que no podían aportar pruebas.

El 7 de octubre de ese mismo año, Verbitsky desmintió declaraciones de Santa María y reafirmó que su alejamiento de Página/12 fue por la censura que le impuso el titular de la Fundación Octubre a notas relacionadas con el blanqueo a familiares del por entonces presidente Macri ^[5]

Se prorrogó la prohibición de despedir hasta finas de noviembre

[BPN-15/10/20] El pasado 23 de septiembre el presidente de la Nación, Alberto Fernández, prorrogó la prohibición de efectuar despidos o suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo por el plazo de sesenta días". Ese plazo vencerá el 29 de noviembre próximo.

Así lo dispuso mediante el Decreto 761 que fue publicado en el Boletín Oficial el 24 de septiembre pasado.

Es la tercera prórroga que se ordena por este tema en el marco "de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social" establecida por la Ley N° 27.541, normas ampliatorias, modificatorias y las medidas dispuestas de "aislamiento social, preventivo y obligatorio".

Es de recordar que esta medida se complementa con el Decreto 528 (BO: 10/06/20) que impone la doble indemnización para los casos de despido sin justa causa hasta el 7 de diciembre ^[1].

La relación entre las dos normas se explica perfectamente en considerandos de la última citada: "Sin perjuicio de la prohibición de efectuar despidos sin justa causa, y por las causales de falta o disminución de trabajo [...], existen situaciones que demuestran la necesidad de mantener la duplicación de las indemnizaciones, como son las referidas a la extinción indirecta del vínculo por incumplimientos graves del empleador y la empleadora o a la aceptación por parte del trabajador o de la trabajadora de la eficacia extintiva, o incluso en aquellos supuestos en los que se torna difícil acceder a la reinstalación, ya sea por la clandestinidad laboral o el cese de actividades".

Esta última prórroga es exactamente igual a su predecesora y su texto original reza:

¡Se va la sexta! El mandato de los administradores vence el 31

[BPN-15/10/20] Por sexta vez fue prorrogado el mandato de los administradores de consorcios porteños por Vilma Bouza, directora general de Defensa y Protección del Consumidor porteño. En esta oportunidad vencerá a fin de mes, el 31 de octubre.

Así lo dispuso el 1º de octubre mediante la Disposición 4650 que se publicó en el Boletín Oficial el 6 de octubre.

En su parte resolutiva la nueva disposición es copia fiel –salvo la fecha de vencimiento de la prórroga- de la anterior. Se mantiene la contradicción entre el artículo primero, el segundo y el tercero sobre la realización de las asambleas presenciales. Es de recordar que mientras que en el primero las prohíbe, en el segundo las habilita si es urgente e impostergable la revocación del mandato del administrador y su rendición de cuentas.

Sobre la validez de la realización de asambleas virtuales hay dos posiciones claramente diferenciadas, mientras la CAPHyAI (Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias) dictaminó que las asambleas de propietarios deben ser presenciales ^[1] la Liga del Consorcista consideró que las virtuales son válidas ^[2].

La primera vez lo prorrogó hasta el 31 de mayo ^[3], la segunda hasta el 30 de junio ^[4], la tercera hasta el 31 de julio ^[5], la cuarta hasta el 31 de agosto ^[6] y la quinta hasta el 30 de septiembre ^[7]. Desde la firma de la primera disposición el 3 de abril hasta el último vencimiento habrán transcurrido casi siete meses: exactamente 6 meses, y 28 días.

Igual que su predecesora, la Disposición 4.650 consta de seis artículos de los cuales uno es de forma.

Piden que se reabra la oficina de inquilinos y consorcistas

[BPN-15/10/20] El pasado 29 de septiembre, la Asociación Platense de Inquilinos (API) solicitó que se restablezca el pleno funcionamiento de la Oficina Municipal de Inquilinos que debería funcionar en la Municipalidad de La Plata. Denunció también que la Ordenanza Nº 11.077 que regula la información que deben brindar las inmobiliarias en sus páginas Web y la Ordenanza Nº 11.028 que regula el funcionamiento de las pensiones en la ciudad tampoco se cumplen.

La entidad informó que días antes de publicar su comunicado se reunieron con el concejal Juan Ariel Archanco (Frente de Todos) y le solicitaron que el cuerpo legislativo intervenga para pedirle una respuesta al Municipio sobre este vaciamiento y lograron su apoyo para que el pasado miércoles 30 se pida una serie de informes.

Señalaron: "En el marco de la pandemia, la crisis económica y un mercado altamente especulativo los más de 100 mil inquilinos platenses, se encuentran en una situación crítica, que además de leyes, necesita un estado presente. Exigimos al intendente Julio Garro (PRO) que avance en el pleno funcionamiento de la Oficina Municipal de Inquilinos y las ordenanzas mencionadas para garantizar el derecho a condiciones dignas de vivir".

Así lo comunicó la entidad mediante una publicación en su página de Facebook.

Es de recordar que el aprobada el 9 de noviembre de 2011 el Concejo Deliberante aprobó la creación de la Oficina Municipal de Inquilinos de la ciudad de La Plata la cual también atendió a consorcistas. La oficina debía estar conformada por representantes de martilleros, corredores públicos, entidades que nuclean consorcistas y por la API, responsable del proyecto base. La coordinación estaba a cargo de un representante del municipio designado por el Departamento Ejecutivo.

La API explicó: "Esta oficina, la primera en la Provincia de Buenos Aires, es una novedosa herramienta del Estado que hasta el 2015 atendió miles de consultas, propició y brindó cientos de mediaciones y generó información valiosa sobre las condiciones de los inquilinos de la ciudad, todo ello de manera gratuita", y agregó: "Lamentablemente a partir del 2015, su funcionamiento se vio interrumpido por una política de vaciamiento que la ha dejado en la ignominia. Hoy ni siquiera se puede encontrar la misma en la página web del municipio".

Por último, sobre este tema resumió: "Es doloroso y grave ver que, a contramano del resto del país donde los diferentes niveles institucionales del estado (nacional, provincial y municipal) comienzan a crear áreas similares, e inclusive la nueva Ley de Alquileres (Ley N° 27.551) impulsa un Plan Nacional de Alquiler Social, la gestión del municipio no impulse políticas similares, aun teniendo las herramientas para hacerlo".

Segundo mes sin cambios en las escalas salariales

[BPN-15/10/20] Este mes las escalas salariales de los encargados de los consorcios ^[1] perderán 3,5 puntos porcentuales contra la inflación, 2,19 puntos en el acumulado anual y 10,76 puntos en la medición interanual.

En el último acuerdo homologado se aclaró que su vigencia es hasta el 31 de julio de 2021 pero el mes que viene se efectuará una primera revisión según el nivel general del Índice de Precios al Consumidor que calcula el INDEC ^[2].

Durante octubre el promedio de las escalas salariales no registraron cambios con respecto al mes anterior.

El incremento acumulado de las escalas salariales durante los primeros diez meses del año será igual al del mes pasado: 24,18%.

El promedio de las escalas salariales durante diciembre del 2019 fue de 37.866 pesos y durante septiembre de 47.022 pesos.

Desde octubre de 2019 hasta el mismo mes de este año las escalas salariales se incrementaron en un 25,92%: 9,03 puntos porcentuales menos que el mes pasado.

En octubre del año pasado el promedio de las escalas salariales fue de 37.343 pesos mensuales mientras que ese mes de este año –como ya dijimos- es de 47.022 pesos.

Por su parte el promedio de las escalas salariales de los primeros diez meses del año pasado contra el promedio de esos mismos meses de este año refleja un aumento del 43,52%. Un retroceso de 2,4 puntos porcentuales con respecto al mes pasado.

Según el Índice de Precios al Consumidor que mide el INDEC la inflación de septiembre fue del 2,8% mientras que para el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que mide el Banco Central de la República Argentina (BCRA) la de octubre será de un 3,5%.

Según estos números, la inflación acumulada anual de octubre será de un 26,37% y la interanual de 36,68%.

En octubre el haber mínimo de un jubilado que paga expensas –luego del aumento en septiembre del 7,5%- seguirá siendo de 18.129 pesos, unos 133 dólares a cotización turista o 109 dólares según el mercado blue.

En diciembre del año pasado ese haber estuvo en 19.068 pesos -a causa de un bono de 5 mil pesos que se repitió en enero- por lo que el aumento acumulado anual sigue arrojando números negativos: -10,09%.

Por último, el incremento interanual estuvo en el orden del 31.01%. En octubre del año pasado el haber mínimo estaba fijado en los 13.837,50 pesos mensuales

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[1] Para comparar escalas salariales del sector se promediaron las funciones de encargado permanente con y sin vivienda en sus cuatro categorías de cada mes. En octubre y noviembre se sumó los 2.500 pesos otorgados por el Decreto 665/19. No se tomaron en cuenta la financiación en agosto y septiembre de dos mil pesos de los aportes de los trabajadores cuyo bruto haya sido inferior a los 60 mil pesos que otorgó el Gobierno nacional mediante el Decreto 561/2019. Se sumó el incremento salarial que otorgó el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 14/2020 de tres mil pesos para enero y mil pesos más para febrero y meses subsiguientes.

Solicitan que se mejoren las tarifas de luz y gas en consorcios

[BPN-15/10/20] El pasado 24 de septiembre la Legislatura porteña aprobó en tiempo récord un proyecto de declaración de Sergio Abrevaya (GEN) que expresa que "vería con agrado que el Gobierno Nacional analice la posibilidad de mejorar la tarifa especial para los consorcios en edificios que cuenten con servicios de gas centralizados y aquellos que son edificios electrointensivos".

En principio Abrevaya argumentó: "Según el índice mensual IPCBA (Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires), según principales aperturas el aumento de precios de los Servicios Públicos Domiciliarios desde enero del 2016 hasta enero de 2019 [NR: Durante la gestión de Mauricio Macri] alcanzan valores que superan ampliamente los ingresos medios de la población, siendo para el suministro de agua 582%, el servicio de electricidad 1317% y para la distribución de gas el 797%".

Continuó afirmando: "Durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, muchas de las tareas se comenzaron a realizar desde los hogares, con lo que esta situación derivó en una suba en los consumos de energía, de gas y electricidad. Esta circunstancia se entremezcla con las altas facturas que se corresponden con la llegada del invierno que es cuando las facturas reflejan la suba en el consumo y por lo tanto el valor que los consorcios deben afrontar. Según cifras oficiales de ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas), el crecimiento del consumo fue de un 12,2% mayor que el mismo período en el año anterior".

Agregó también: "En el caso de los edificios electrointensivos -aquellos cuya única fuente de energía proviene de la energía eléctrica- las facturas de electricidad alcanzan valores altísimos, difíciles de costear por parte de las unidades de aquellos consorcios".

Éste es el tercer proyecto de ley que Abrevaya presentó sobre el tema en el último año y medio. En esas oportunidades puso la responsabilidad de otorgar los subsidios en cabeza del Gobierno porteño y no en el nacional.

La iniciativa la presentó el legislador del GEN dos días antes de su aprobación y recibió del número de expediente 2223-D-2020.

El 21 de marzo de 2019 había presentado un proyecto de ley para ampliar la tarifa social de electricidad, gas y agua que se aplica a la unidad funcional de cada beneficiario a la parte proporcional que le corresponde en los sectores comunes.

Lo que textualmente propuso es que se disponga "un subsidio para los beneficiarios de tarifa social que cubra la diferencia entre el costo de los cuadros tarifarios vigentes de los servicios de electricidad, agua y gas del consorcio y el que surja de la aplicación de la tarifa social a la parte proporcional de su unidad habitacional. El mismo se descontará directamente de la factura del servicio de la unidad habitacional del perceptor del beneficio" ^[1].

Muy poco tiempo después, el 8 de abril de ese mismo año presentó otro proyecto de ley para subsidiar la electricidad y el gas a las unidades funcionales de los consorcios de la CABA.

En el caso de la electricidad hubiera sido sólo para aquellas unidades funcionales que estén en consorcios cuya única fuente de energía sea ésta y básicamente consistía en subsidiar "la diferencia entre el importe que corresponde a la aplicación del cuadro tarifario correspondiente y el de aplicar el mismo una vez deducido 1.000 kW mensuales del consumo de la unidad".

[BPN-15/10/20]  Con fecha 3/4/20, la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor (DGDYPC) dictó la disposición 2020-2597-GCABA-DGDYPC que lejos de protegernos como consumidores nos sume en esa confusión normativa a la que ya nos tiene acostumbrados.

A partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación todo lo relativo a la propiedad horizontal se regula por lo normado por el Código Civil [1]. La determinación de la manera que uno de sus órganos (la asamblea) de una persona jurídica (el consorcio) forma su voluntad y toma decisiones es materia de legislación común y, como tal, prerrogativa única del Congreso Nacional por lo que no corresponde a las provincias ni a la Ciudad de Buenos Aires incursionar en ese ámbito (cnf. CSJN Fallos 325:428) [2].

Es decir, que la ley de fondo prevalece sobre la ley local, dejando para el ámbito de la Dirección General de Defensa y Protección al consumidor, la registración y control de la actividad del profesional que desempeña el administrador. Todo lo relativo al cese del administrador y la forma en que se toman las decisiones por parte de la asamblea (órgano deliberativo) y por lo tanto su regulación es competencia del Congreso federal por tratarse de normas de derecho sustantivo, materia delegada por las provincias a la Nación.

Circunscribiendo la competencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la reglamentación de las cuestiones relativas al "ejercicio profesional, fomento del empleo y policía del trabajo" en el ámbito de su jurisdicción (Arts. 129, CN; 80, inc. 2º, ap. d), es una potestad constitucional en virtud de la cual la Legislatura ha dictado ya otras normas reglamentarias de actividades profesionales, como por ejemplo la ley reguladora de la función notarial (Ley 404).

En su primer artículo dispone la prórroga masiva de todos los mandatos de administradores hasta el 31/5/20, circunstancia ésta que entiendo, se ha dictado, a los efectos que los mismos no tengan problemas con el uso de las cuentas bancarias, dado que algunos bancos son extremadamente estrictos con este requisito, debiendo estar vigentes sus mandatos para operar las cuentas corrientes. La profusa jurisprudencia opina en forma diferente en cuanto a la vigencia del mandato "cuando se encuentra vencida la designación del administrador y no se designa uno nuevo éste permanece en el cargo hasta su reemplazo en forma concordante con lo previsto por el Art. 257 de la Ley General de Sociedades. El simple vencimiento del término para el cual fue designado el administrador no produce ipso iure la cesación de la designación en el cargo cuyas funciones subsisten en tanto no fuera revocado el mandato por los otorgantes (Sumario Nº. 25934 de la base de datos de la secretaría de documentación y jurisprudencia de la Cámara Civil - Cancil. Sala E CDPHC/SER S/RENDICION DE CUENTAS 7/05/15) [3].

Lo dispuesto por el segundo artículo excede a las facultades normativas del organismo revelando la ignorancia en su dictado mezclando normas que sí pueden dictar como son la entrega de las liquidaciones en formato digital salvo en aquellos casos en que exista una solicitud expresa y fundada del consorcista o imposibilidad de poder recibirla en dicha modalidad [4] y normas exclusivamente del derecho de fondo, como son las oposiciones a las proposiciones decididas en asamblea, conforme lo dispuesto por el Art. 2060 del Código Civil y Comercial de la Nación.

He aquí la incongruencia, este artículo se refiere a una resolución emitida por DGDYPC (prórroga del mandato) que no fue decidida en asamblea alguna por estar prohibidas por el DNU 297/20. Nos preguntamos, entonces, ¿A qué tipo de oposición se refiere que puedan oponerse los propietarios por el Art. 2060 del Código Civil y Comercial de la Nación? ¿A una norma local que no se ha decidido en asamblea? Sencillamente un dislate.

El artículo tercero directamente rompe con la jerarquía de las normas. Una norma local legisla sobre un órgano de la persona jurídica consorcio, la asamblea, modificando lo normado por el código de fondo. En el actual contexto, luego de casi 4 años de la incorporación del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación no hay lugar a dudas que dicha modificación, si procediere, emanaría del Congreso de la Nación.

Este artículo abre la puerta a un instituto, "asambleas virtuales" que la comisión legisladora del Código Civil y Comercial de la Nación no creyó conveniente incorporar por no darse las condiciones para ser viable su desarrollo.

Es erróneo aceptar el criterio establecido en los fundamentos para el dictado de esta resolución, que en materia de propiedad horizontal y en especial en las asambleas se pueda aplicar como válido la Resolución General Nº 11/2020 que autoriza el establecimiento -como mecanismo válido para la adopción de las decisiones societarias- de las reuniones a distancia siempre que sea respetado el de la participación con vos y voto. Ambas figuras son distintas, y el consorcio no se encuentra huérfano de un instituto para la toma de decisiones y es innecesario por analogía utilizar la resolución general referida.

A mayor abundamiento, el artículo tercero atenta directamente al derecho de los propietarios y a su derecho a voto dado que, de aplicarse el mismo, quedarían al margen un gran sector de la sociedad que no está familiarizado con la tecnología o no cuenta con internet.

Recordemos lo que ya dijéramos en oportunidad de la publicación del artículo en el diario El Dial "Asambleas de consorcio virtuales en tiempo de coronavirus" [5]: ¿En qué medida es válida la convocatoria a una asamblea virtual? ¿Existiría alguna posibilidad de tomar decisiones en un consorcio sin el requisito de estar presente en una asamblea? ¿Es posible la toma de decisiones fuera del ámbito de la asamblea conocida y reglamentada?

Los legisladores dejaron en claro que todos los consorcios tienen dentro de su reglamento alguna mención sobre el tema de las asambleas en cuanto a su convocatoria, periodicidad y notificación para el caso de que alguno de los reglamentos no las tuvieran incorporadas la nueva normativa trae algunos artículos que pueden suplir la falta. Ellos son los artículos 2059º, 2060º, 2061º, 2062º y 2064º del Código Civil y Comercial de la Nación.

Tal como se encuentra redactado, los legisladores utilizaron el término "reunión" de propietarios al referirse a la definición de asamblea al igual que lo hacen en el artículo 2058º, dos veces en dos artículos distintos.

De ello se podría interpretar que la toma de decisiones se haría únicamente en una forma "presencial".

Estimado Héctor:

Pequeñas Noticias es un medio periodístico independiente que informa sobre propiedad horizontal hace más de 20 años.

En este caso independiente significa que no depende ni responde a ningún actor del sector (administradores, propietarios, inquilinos, encargados o proveedores) ni a ninguna de las entidades que los pudieran representar.

Eso lo viene demostrando a lo largo de las notas que componen casi 700 boletines ya publicados sobre todos los temas que puedan interesar al sector. Todos estos años les hemos dado espacio periodístico a todos los actores que participan en la propiedad horizontal. 

En la redacción del medio solemos decir -medio en serio, medio en broma- que el que no está en Pequeñas Noticias es porque no quiere... y por algo será.

Espero haber despejado su duda.

Un saludo cordial

¡Hola José! 

Con el F931 se abonan todos los aportes y contribuciones menos lo que surge del Convenio Colectivo del sector que se abona por separado. Te lo detallo a continuación:

F931: 

Aportes Previsionales y Seg.Sepelio UATRE

Contribuciones previsionales y PAMI 

Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE

Aportes de Obra Social y ANSSAL

Aportes PAMI

Aporte Diferencial 

Aporte personal Regímenes especiales

Contribuciones de Obra Social y ANSSAL

Ley de Riesgos de Trabajo

Contribuciones Previsionales y PAMI - Ley 27.430

Boletas sindicales

FMVDD Aporte (1%)

FMVDD Contrib. (4%)

Art. 27 bis CCT 589/10 (0,75% + 0,75%)

Contrib. Solidaria ($250 por trabajador mensualizado de 8hs)

Seracarh Contrib. (0,50%)

CPF Aporte (1%)

CPF Contrib. (1,5%)

Aporte Sindical (2%)

La fecha de presentación y pago del F931 es el mismo y depende de la terminación del CUIT del edificio. Salvo que caiga en días sábados, domingos, feriados, modificaciones o prórrogas los CUIT con terminación 0, 1, 2 y 3 vencen los días 9 del mes siguiente al período que se está abonando. Los que terminan en 4, 5 y 6 el día 10 y los terminados en 7, 8 y 9 el día 11.

Lo ideal es ingresar en el sitio que lo informa y así te quedás tranquilo: https://seti.afip.gob.ar/av/viewVencimientosSintetica.do.

Este período de septiembre tiene los siguientes vencimientos (que además se prorrogaron):

Las boletas sindicales generalmente vencen el día 15 del mes siguiente al período que se está abonando salvo que ese día caiga en sábado, domingo o feriado. Este período 09/2020 vence el 15/10/2020. Si no abona en ese día, hay que volver a generar la boleta y sola genera los intereses. En el caso del F931 si no se presenta en fecha correrá una multa y si no se paga en fecha, correrán intereses que se deben abonar mediante Volante Electrónico de Pago (Vep) que se generan desde el aplicativo de la AFIP llamado "Sistema de Cuentas Tributarias".

En cuanto a los montos sobre los cuales se aporta y contribuye son siempre el valor bruto del sueldo conb la excepción de la obra social que en ciertos casos tiene monmtos mínimos.

¡Hola Manuel! 

No sé de qué tipo de trabajador estamos hablando. ¿Es el suplente de sábados y domingos? ¿Es el encargado permanente? 

Si es este último y tiene que retirar residuos los domingos no hay dudas de que corresponde abonarle horas extras al 100%. 

Si fuera el suplente el que lo hace, necesitaría más detalles. Ahí no estoy tan segura.

Un saludo grandote.

¡Hola! 

Está bien liquidar el sueldo normalmente, al menos hasta el sueldo de septiembre inclusive. Y con eso quiero decir que se debe liquidar el importe correspondiente al básico y todos los adicionales con sus respectivos descuentos. No cambia nada al respecto. El único tema a considerar serían las horas extras. He participado últimamente de un par de reuniones virtuales dictadas por el Dr. Enrique Miguel Albisu, asesor de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliaria y autor del Manual Práctico para Trabajadores y Empleadores de la Propiedad Horizontal, quien considera que es un tema sobre el cual no tiene todavía una respuesta. A la pregunta ¿Se deben mantener las horas extras de los trabajadores que pertenecen al grupo de riesgo y no están asistiendo al trabajo?, él dice que la respuesta es "Ni". Se puede interpretar de formas diversas y no sabría qué puede decidir un juez si el problema se judicializara.

Retomando tu consulta, es correcto que liquides el sueldo como lo harías habitualmente, pero octubre tendría algunos aspectos a tener en cuenta. Estoy haciendo referencia al Decreto 792/20 que ofrecería algunas reducciones en aportes y contribuciones para empleados mayores de 60 años que estén incluídos en el grupo de riesgo y embarazadas. Es muy nueva la normativa y habrá que analizarla con cuidado.

Un saludo grandote.

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