Se exceptuó a las encargadas mujeres trabajar los 8 de marzo

[BPN-15/03/22] El pasado 3 de marzo el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social homologó el acuerdo celebrado entre las tres entidades de administradores que representan al sector patronal ^[1] y la FATERyH ^[2] que exceptúa a las mujeres encargadas de edificios de prestar tareas en los consorcios todos los días 8 de marzo con el fin de apoyar su participación y movilización en los actos por el Día Internacional de la Mujer. El acuerdo establece también que "la liberación acordada [...] implica que las trabajadoras no sufrirán descuento alguno en sus remuneraciones".

Según la redacción del acuerdo, éste había sido firmado "luego de un intenso intercambio de ideas y posiciones" el 17 de febrero entre Osvaldo Bacigalupo (FATERyH), el Adm. Osvaldo Emilio Primavesi (UADI), el Adm. Miguel Ángel Summa (CAPHyAI) y la Dra. Patricia Fernández (AIERH).

Según fuentes oficiales ^[3] durante el 2021 las trabajadoras de los consorcios representaron el 27,61% de la fuerza laboral en este sector y los varones el 72,39%.

Por otra parte –según las mismas fuentes- la remuneración promedio de una encargada de edificio mujer fue el 37,33% del total de los salarios promedio del mes mientras que la de los hombres fue el 62,67%. En otras palabras el salario promedio durante ese año de una encargada fue de 15.742 pesos mensuales mientras que los hombres percibieron en promedio 41.401 pesos mensuales.

Como las escalas salariales de sector de la propiedad horizontal no permiten discriminar entre varones y mujeres, las razones de estas diferencias tal vez habría que buscarlas en la cantidad de horas promedio que trabajó cada uno de los grupos estudiados y en qué funciones se desempeñó.

Retomando, los signatarios del acuerdo lo fundamentaron argumentando:

La novedad había sido anticipada por Pequeñas Noticias en primicia exclusiva quien la difundió entre sus seguidores en sus redes sociales el 24 de febrero ^[4].

El 3 de marzo, la Secretaría de Trabajo luego de observar que "las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente" ordenó su homologación mediante la Resolución Nº 423.

El primero en difundir la novedad fue Página/12 medio que pertenece al Grupo Octubre conducido por Víctor Santa María, titular del gremio que impulsó ese acuerdo.

Sin embargo, su título "8M: Día no laborable para las trabajadoras de edificios" aportó confusión al tema porque el concepto "día no laborable" está normado por el artículo 166º de la Ley de Contrato De Trabajo que define claramente: "En los días no laborables, el trabajo será optativo para el empleador [...]. En dichos días, los trabajadores que presten servicio, percibirán el salario simple." ^[5].

Según el título de Página/12 más de un consorcio o administrador puede interpretar que como es día no laborable el consorcio tiene la potestad de decidir si lo otorga o no.

Es de señalar que éste no es el caso. El derecho de la trabajadora a quedar exceptuada de sus tareas no depende de la voluntad del empleador porque fue impuesto por un acuerdo paritario que, una vez homologado, tiene fuerza de ley.

Por otra parte, Página/12 destacó que "el SUTERH se convirtió en el primer sindicato que tiene el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, como día no laborable", destacando su condición de pionero pero reiterando el erróneo concepto de "no laborable".

El 21 de abril de 2017 las mismas entidades de administradores y el sindicato habían firmado un acuerdo que estableció que las encargadas mujeres podían ser liberadas de sus tareas a partir de las 13 horas de ese miércoles 8 de marzo (8M) para participar en las actividades y movilizaciones convocadas por los organizadores del "Paro internacional de mujeres" y del colectivo "Ni una menos".

Es de destacar que en esa oportunidad se pactó que si la trabajadora ese día se retiraba del trabajo a la hora acordada no sufría descuento alguno en sus remuneraciones pero si decidía no abandonar sus tareas, esas horas trabajadas se liquidarían normalmente como cualquier día hábil de trabajo ^[6]

El acuerdo en detalle por el Dr. Enrique Miguel Albisu

[BPN-15/03/22] El Dr. Enrique Miguel Albisu consideró que aquellas encargadas de edificios mujeres que no participen de las actividades y movilización que se realicen por el Día Internacional de la Mujer tienen que trabajar y si no lo hacen se les tendría que descontar el día. Agregó también dos conceptos importantes: de trabajar ese día cobrarían el jornal ordinario y de superponerse ese día con las vacaciones no se computaría para su cálculo.

Pequeñas Noticias entrevistó sobre este tema y el experto desarrolló sus argumentos jurídicos para sustentar su posición

Enrique Miguel Albisu, se recibió de abogado en 1970 y desde el primer momento comenzó a trabajar como abogado especialmente en temas laborales.

En el año 1973 fue designado en el Ministerio de Trabajo de la Nación, desempeñándose en la Dirección de Asuntos Jurídicos, Departamento de Representación y Defensa en Juicio, durante más de veinte años, donde diariamente concurría en representación de los trabajadores que le eran asignados, en la defensa de sus intereses ante los Juzgados Nacionales del Trabajo y también en el asesoramiento jurídico. Al desaparecer este departamento renunció.

Aparte de la práctica privada continuó su labor de asesoramiento en materia laboral en la CAPHyAI. En esta entidad colaboró y colabora con notas y diversas presentaciones en la Revista de la Propiedad Horizontal como en cuestiones vinculadas con el quehacer diario de la materia.

En septiembre de 2018 publicó el libro "Manual práctico para trabajadores y empleadores de la propiedad horizontal" bajo el sello de Ediciones Rio Reconquista.

Una mirada genérica sobre (casi) toda la comunidad consorcial

[BPN-15/03/22] De una investigación realizada por Pequeñas Noticias surgió que el padrón del Registro Público de administradores (RPA) porteño está compuesto casi en la misma proporción por hombres y mujeres aunque en un futuro esa situación podría cambiar. Por otra parte, los hombres tienden a ser más sancionados por infracciones a la Ley 941 que las mujeres. Mientras tanto, del personal que trabajó en los consorcios en 2021 la mayoría fueron hombres y su promedio salarial también fue superior. Sobre la participación de los consorcistas y sus entidades no hay suficientes datos.

Por último, se observó que las comisiones directivas de las entidades de administradores y el sindicato cumplen con las cuotas de género que exige la ley, en algunos casos en forma estricta y en otros casos más igualitaria.

Hasta marzo de 2020, el trabajo de administrar consorcios en la CABA se repartió en forma igualitaria entre hombres y mujeres. Según datos oficiales en esa fecha había inscriptos en el Registro Público de Administradores porteño un 48,82% de varones, un 48,72% de mujeres y 2,46% de empresas. En ese momento el padrón estaba integrado por 8.261 mandatarios de los cuales 4.033 eran varones, 4.025 mujeres y 203 eran empresas.

Sin embargo, según la tendencia de los últimos 10 años, esa situación se revertiría en un futuro no lejano. De los inscriptos a partir de 2010 hay mayor cantidad de mujeres que de hombres con excepción de 2014 en que los hombres inscriptos superaron a las mujeres en una sola persona.

Esa tendencia tuvo su pico máximo en 2019 con una diferencia entre varones y mujeres de 102 inscriptas. Durante los tres primeros meses de 2020 la diferencia a favor de las mujeres fue de 32 inscriptas y de continuar esa tendencia es de suponer que había llegado a 128 administradoras.

Lamentablemente el RPA porteño desde esa fecha no hace públicos los datos del padrón de administradores.

En el gráfico se puede apreciar que si bien en un principio el padrón estaba claramente dominado por hombres en 2010 esa tendencia tiende a revertirse hasta que en 2019 rotundamente se inscriben más mujeres que hombres.

Desde 2014 y hasta febrero de 2022 del total de sanciones publicadas en el Boletín Oficial contra administradores -en promedio- los hombres representaron el 57% del total mientras que las mujeres el 36%, una significativa diferencia de 21 puntos porcentuales a favor de las mujeres. Las empresas representaron sólo el 7%.

Si se observa el gráfico de las sanciones publicadas año tras año, se observa que en general la relación de multas de hombres y mujeres se mantiene –en promedio- cercano a los 17 puntos porcentuales de diferencia salvo en 2016 en que las sanciones contra los hombres suben al 72% del total y contra las mujeres bajan al 21% llegando a una diferencia record de 51 puntos porcentuales.

Sin embargo a la hora de evaluar el importe de las multas que recibe cada género se observa que durante el 2014 y el año posterior el promedio de las multas de las mujeres fue superior al de los hombres. El pico máximo fue en 2015 con una multa promedio de 38 mil pesos contra los 24 mil que pagó un varón.

A partir de esa fecha los números se equilibraron aunque se observó que las multas a los varones fueron levemente superiores a los de las mujeres con excepción de este año en que volvió a revertir la tendencia.

La igualdad que se refleja en el padrón de administradores del Registro Público porteño la cantidad de varones y mujeres está más o menos en las mismas proporciones, en los cargos directivos de algunas de las entidades de administradores esto no pasa.

Esto no necesariamente demostraría un "techo de cristal" para acceder a estos puestos. Habría que analizar el grado de participación y voluntad de las mujeres para acceder a esos cargos y eso requeriría una investigación aparte.

De los 21 cargos que componen el Consejo Directivo de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) 7 (33%) están ocupados por mujeres y 14 (67%) por hombres.

De un análisis más exhaustivo se observa que los 10 primeros cargos (presidencia, vicepresidencias, secretaría, tesorería y vocalías) están ocupados por hombres. En general los cargos de las mujeres son las suplencias salvo una mujer que es una de los titulares del tribunal de cuentas.

La comisión directiva de la Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal (AIERH) es sensiblemente más chica que la de la CAPHyAI, está compuesta de 10 cargos de los cuales 5 están ocupados por varones y 5 por mujeres en forma más o menos alternada. Si bien la presidencia la ocupa un hombre, la secretaría (en esa entidad no hay vicepresidencia) la ocupa una mujer.

La UADI –una de las tres entidades que firman los acuerdos salariales- no difunde públicamente la composición de su comisión directiva por lo que no se pudieron extraer datos.

Si bien hasta este momento no se sabía qué porcentaje de mujeres compone la fuerza de trabajo de los consorcios ahora se puede asegurar –gracias a información oficial- que durante el 2021 las encargadas de edificios mujeres representaron el 27,61% del total y los hombres el 72,39% restante. O sea que a grandes rasgos por cada cuatro encargados hombres hay una encargada mujer ^[1].

En la comisión directiva del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) se refleja esta proporción de trabajadores de los consorcios que, casualmente, es el cupo mínimo que exige la ley.

De los 10 cargos que lo componen 7 están ocupados por hombres y 3 por mujeres de las cuales la secretaria adjunta está en un cargo cercano a la cúspide de la pirámide. Las otras dos son titulares de la Secretaría de Turismo, Deporte y Recreación; y la Secretaría de Actas, Prensa y Propaganda.

Ya en el plano nacional, los números mejoran para las mujeres. La comisión directiva de la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERyH) está compuesta de 16 miembros de los cuales 10 (63%) son varones y 6 mujeres (38%).

El año pasado se denunció a un administrador cada 5 horas

[BPN-15/03/22] A la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor (DGDyPC) porteño todavía le falta publicar en el Boletín Oficial el 44% de las disposiciones sancionatorias que se ordenaron contra administradores de consorcios durante el 2018, el 63% de lo dispuesto en 2019 y el 77% de lo ordenado durante el 2020 y 2021.

Según datos oficiales durante el 2021 la cantidad de disposiciones sancionatorias ordenadas contra los administradores de consorcios en la CABA no acompañó el importante crecimiento de denuncias realizadas por los consorcistas.

Si tenemos en cuenta que hay 8.316 administradores inscriptos en el Registro Público de Administradores de Consorcios (RPA) porteño los denunciados representan un 26,36% del padrón y los efectivamente sancionados un 5,93%.

El año pasado se presentaron 1.943 denuncias contra administradores de consorcios ante Defensa y Protección del Consumidor porteño lo que representó un aumento del 43,6% con respecto al año anterior (2020).

Sin embargo, en 2021 se ordenaron 493 disposiciones –entre sancionatorias y exculpatorias- contra las 434 que se habían dispuesto durante el 2020. Eso representó un aumento de la cantidad de expedientes finalizados del 13,59%. Una diferencia negativa con respecto a las denuncias de -30 puntos porcentuales.

Para ser más claros: el año pasado se presentaron 590 denuncias más que durante el 2020 pero se ordenaron 59 (10%) disposiciones más que durante el período anterior.

Otro punto a destacar es que -tomando los tres últimos años- a Defensa y Protección del Consumidor porteño le falta publicar en el Boletín Oficial el 43,63% de las disposiciones emitidas contra administradores de consorcios por faltas a la Ley 941 de 2018, el 62,91% de las ordenadas en 2019, el 76,73% de las de 2020 y el 76,88% de las de 2021.

En la siguiente tabla se puede apreciar el año pasado las denuncias contra los administradores retomaron los niveles previos a la pandemia, poco más de 1.900 por año.

Mientras que en 2014 comenzó con unas tímidas 488 denuncias, al año siguiente se duplicaron y más o menos se mantuvieron hasta 2019 en que volvieron a duplicarse llegando a ser casi 2.000 por año. El único bache fue el 2020 en que –supuestamente a causa de la pandemia- disminuyeron a los valores de 2018.

La redacción de Pequeñas Noticias lleva el registro de las disposiciones emitidas por Defensa del Consumidor porteño desde 2018.

Según la tabla precedente se observa que la "producción" de "justicia" de Defensa del Consumidor está rondando siempre los mismos valores: entre 434 y 515 disposiciones anuales independientemente de la cantidad de denuncias que se hayan producido.

Esa situación genera una fuerte sensación de desprotección e impotencia en los consorcistas y así lo hacen saber en grupos privados en las redes sociales –sobre todo en Facebook- que se dedican a tomar informalmente pero en detalle las denuncias contra los administradores y las hacen públicas con nombres, apellidos.

Otro tema que llama la atención es la gran cantidad de denuncias que no prosperaran año tras año.

En 2018 prosperó el 36,51% de las denuncias, en 2018 el 25,96%, en 2019 el 32,08% y en 2021 el 25,37%.

¿Qué pasó con las denuncias de las que no se supo más nada? ¿Estaban mal hechas? ¿No correspondían a una infracción contemplada en la Ley 941? ¿Fueron "cajoneadas"? ¿El consorcista desistió de su demanda?

Las explicaciones de Defensa del Consumidor son insuficientes y no están documentadas.

Aquí aparece otro tema complejo. En los tiempos que Edgardo Aoun fue director general de DyPC (2014) las disposiciones sancionatorias se publicaban -en promedio- luego de 4 meses, en 2015 subió a los 6 meses y en 2016 –todavía bajo su gestión- bajó a los 2 meses entre la firma de la disposición y su publicación,

Con Bouza en 2017 ese número subió a los 9 meses y medio y al año siguiente (2018) rompió la barrera del año y se ubicó en 1 año y días. En 2019 paso al año y casi cinco meses, en 2020 al año y medio y en 2021 consiguió reducirlo a 5 meses y medio.

Pero junto con esta reducción de los tiempo entre la firma de la disposición sancionatoria/absolutoria también las sanciones publicadas en el Boletín Oficial cayeron a la mitad. Una brusca reducción de la que informara Pequeñas Noticias en su edición de enero de este año ^[1].

Durante el 2018 de cada 100 denuncias que realizaron los vecinos sólo prosperó –con una disposición- el 37% de los casos, en 2019 ese número cayó al 26% para volver a trepar al 32% en 2020. Finalmente en 2021 quedó en un 25%.

Solo el 21% de los consorcistas que realizaron una denuncia vieron culminar su trámite con la publicación de rigor en el Boletín, al año siguiente (2019) ese número bajó a la mitad y continuó bajando hasta que el año pasado llegó a su piso histórico del 6%

El fin de los protocolos en los consorcios

[BPN-15/03/22] El pasado 4 de marzo la directora general de Defensa y Protección del Consumidor porteño, Vilma Bouza, derogó el ‘Protocolo de Recomendaciones para la Utilización de los Espacios Comunes de la Propiedad Horizontal’ que había ordenado el 30 de noviembre pasado mediante la Disposición 5774.

La funcionaria consideró que "teniendo en consideración la situación sanitaria actual que presenta un descenso en el número de casos positivo de COVID-19 en la gran mayoría de las jurisdicciones, sumado a que se alcanzaron altas coberturas de vacunación con dos dosis, resulta adecuado dejar sin efecto el protocolo de recomendaciones de uso de los espacios comunes".

Mediante la Disposición 1479 (BO: 10/03/22) finalizó 1 año, 11 meses y 16 días de protocolos para los consorcios por causa de la pandemia de COVID-19.

El 11 de marzo el Gobierno de la CABA informó que durante las últimas 24 hs. se reportaron 1.154 casos positivos, 681 recuperados y 6 fallecidos. En total, desde el inicio de la pandemia fallecieron por COVID-19 13.023 residentes y 4734 no residentes.

Según Chequeado, la CABA tiene una cobertura de vacunación del 94% de su población con al menos una dosis; el 91% con 2 dosis y el 59% con la tercera.

Estas cifras son similares o superan a la de las principales ciudades de los países con mayor nivel de vacunación en el mundo, tales como Seúl (Corea del Sur), Santiago (Chile), Madrid (España) o Canberra (Australia).

El RPA exhortó a los administradores a cumplir con la Ley Zago

[BPN-15/03/22] El pasado 3 de marzo el Registro Público de Administradores (RPA) porteño recordó a los mandatarios de los consorcios que la inscripción en el Curso del SERACARH es obligatoria. Según ellos esto se debió a que "se ha detectado, en muchos casos, la omisión de acreditación de la realización del curso de capacitación dirigido al personal dependiente de los consorcios de propiedad horizontal".

Como el RPA no dispone de los medios materiales para saber si un encargado inscripto en el Curso del SERACARH realizó o no el curso, es de suponer que los funcionarios se refirieron a la falta del comprobante de pago del curso por parte del administrador y no a su realización efectiva por parte del encargado.

Por otra parte, resultó llamativo que a dos días de comenzada las presentaciones de las DDJJ anuales los funcionarios ya hayan detectado esa falta "en muchos casos". Una segunda interpretación posible sería que en realidad se refieran a omisiones que se realizaron en 2020 y que las advierten recién ahora. La tercera –y tal vez la más probable- sería que fue el mismo sindicato quien les pidió que se pase el aviso.

Según números de Pequeñas Noticias, se espera que este año ese curso genere ingresos por más de 300 millones de pesos o casi tres millones de dólares ^[1].

Las autoridades del RPA reiteraron que "la realización de dicho curso resulta obligatorio, según lo establece la Ley 4.803 [Ley Zago ^[2]] y su modificatoria la Ley 6.004 del año 2018, como así también la acreditación de su realización ante el RPA, al realizar el trámite de Declaración Jurada de Consorcios Administrados anual".

Es de recordar que según el "Manual de procedimiento para la actualización anual de matrícula y consorcios administrados. Período 2021" que forma parte de la Disposición 731 como Anexo I se obliga a los administradores a presentar en la DDJJ de cada consorcio el comprobante de pago o el certificado del Curso de SERACARH de cada uno de los encargados de los consorcios que se declaran.

El SERACARH está compuesto por representantes de las tres entidades de administradores que firman los convenios paritarios y el sindicato de encargados de edificios ^[3].

Actualmente el RPA porteño está coordinado por Diego Sarrabayrouse, depende de Defensa y Protección del Consumidor cuya directora general es Vilma Bouza y cuyo superior directo es desde el 1º de agosto de 2021 Julia Domeniconi, secretaria de Atención y Gestión Ciudadana

Hay tiempo hasta el 31 de octubre para hacer las DDJJ

[BPN-15/03/22] El pasado 18 de febrero Vilma Bouza, directora general de Defensa y Protección del Consumidor porteño, dispuso que los administradores de consorcios que hayan ejercido la actividad durante el 2021 tendrán tiempo de realizar las Declaraciones Juradas (DDJJ) anuales de los consorcios que administran hasta el 31 de octubre inclusive.

Es de recordar que por otra parte cada administrador deberá continuar renovando anualmente su matrícula personal según la fecha indicada en el último certificado expedido por el Registro Público de Administradores (RPA) porteño.

Según éste al administrador que deba renovar su matrícula se le exigirá:

1. Completar el formulario con datos de la administración según se trate de persona física o jurídica.

2. Completar el formulario de los consorcios que administra.

3. El Certificado del Registro de Juicios Universales expedido durante los últimos seis meses anteriores a la realización del trámite.

4.- Certificado del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal expedido durante los últimos seis meses anteriores a la realización del trámite.

5.- Certificado de actualización del curso de capacitación en administración de consorcios de propiedad horizontal.

6.- Constancia de CUIT actualizada.

7.- Certificado de curso de Basura Cero. Los administradores que hayan renovado su matrícula en tiempo y forma durante los periodos 2018, 2019 y 2020 y que hayan presentado el mismo en dicha oportunidad, no será necesario que vuelvan a tomar el curso.

8.- Certificado de libre deuda expedido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

El artículo 6º de la Disposición 731 les recordó a los administradores de consorcios que deben "poner a disposición de los consorcistas el certificado expedido por el Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal".

Para completar la DDJJ anual de los consorcios administrados se les exigirá a los mandatarios presentar de cada uno de ellos:

1. Todas las declaraciones juradas emitidas como formulario 931 AFIP y sus correspondientes pagos realizados. Deberán ser escaneados en un solo archivo por todos los empleados de cada consorcio declarado.

2.- El comprobante de pago del curso de SERACARH de cada uno de los encargados del consorcio.

3.- El acta de asamblea que le aprueba la rendición de cuentas destacando el punto donde se trató la moción y se aprobó.

4.- El Seguro de Responsabilidad Profesional correspondiente al período del año declarado o el acta de asamblea donde se aprobó que el patrimonio del administrador será garantía de su gestión.

5.- Copia digitalizada de la 1° y 2º hoja de la póliza de Seguros de daños por responsabilidad civil del consorcio.

6.- Constancia de CUIT o el Código de Identificación Tributaria (CDI) del consorcio.

7. El acta de asamblea donde se haya tratado y aprobado el plan destinado a la limpieza y desinfección de tanques como así también el cuidado de aguas del consorcio.

También en el caso de la DDJJ de cada consorcio, la DGDyPC recordó en su disposición que "los administradores de consorcios de propiedad horizontal deberán exhibir en el hall de entrada del edificio que administran y a la vista de los propietarios, el certificado otorgado por el Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal".

Por último, es de destacar que en este certificado se mencionan las multas que se le pudieran haber impuesto al administrador en los últimos dos años.

Consorcios en la mira

[BPN-15/03/22] El pasado 5 de marzo dos exintegrantes del programa de TV por cable "Reunión de consorcios TV" inauguraron su propio programa en TV por cable llamado "Consorcios en la mira".

Gabriela Pilar Saldivia, su hija Micaela, su pareja Damián Rojo, dos panelista y un movilero en exteriores estrenaron ese sábado a las 11 hs. por canal Metro (Grupo Clarín) un "programa de servicios dedicado al mundo de la propiedad horizontal". Rojo, en los primeros minutos del programa, develó que es un proyecto en el que se venía trabajando hacía varios meses y que "apunta a ayudar a la buena convivencia entre vecinos [y] a mejorar la calidad de vida de todos nosotros".

Tanto el primero como el segundo programa estuvieron dedicados casi exclusivamente a los alquileres. En el primero se le realizó una extensa entrevista al titular de una inmobiliaria sobre este tema y –en menor medida- otros temas relacionados con las propiedades. El segundo se dedicó a las estafas relacionadas con los alquileres, especialmente en la costa.

Damián Rojo, que se desempeñó con el profesionalismo que lo caracteriza, fue acompañado en la conducción por una joven Micaela Grinberg Saldivia que en el programa "Reunión de consorcios TV" había tenido algunas apariciones como movilera. Micaela fue presentada como abogada y modelo.

De los panelista también se notó la experiencia de su trabajo ante las cámaras de Alejandra Maglietti que es periodista, modelo, abogada, actriz, vedette y conductora. Actualmente trabaja en Canal 9 -Grupo Octubre- en dos programas: en "Bendita" como panelista y en "Me gusta el domingo" como conductora.

Completaron el equipo de panelistas la arquitecta Lucía Maranca Quijano y Gabriela Saldivia quien fue presentada por Rojo como impulsora del proyecto y "especialista en propiedad horizontal".

De las notas en exteriores se ocupó Martín Rojas que es cronista de radio La Red y durante 19 años de Intrusos. Es de destacar que Rojas en 2015 recibió el Martín Fierro al mejor movilero y fue nuevamente nominado a ese premio en 2019.

El productor fue Ignacio "Nacho" Padín (productor de invitados de "ESPN Show") y la productora fue "Colibrí Producciones una sociedad por acciones simplificada (SAS) que fue constituida por Damián Eduardo Olschansky el 27 de febrero de 2020.

A grandes rasgos y de su primera emisión se advierte que el programa conserva la impronta de "programa de servicios" de su antecesor "Reunión de Consorcios TV" y descarta el abordaje a los conflictos y tensiones políticos propios de un medio periodístico. En general el programa se basa más en las opiniones, experiencias y conocimientos de los invitados y panelistas que en la difusión de las llamadas "noticias duras".

A modo de ejemplo, sobre el tema de alquileres e inmobiliario de su primer programa no se discutieron –ni de un lado ni del otro- las menciones a estos temas que realizaron tanto Alberto Fernández durante la apertura de sesiones del Congreso Nacional como Horacio Rodríguez Larreta durante el inicio de las actividades de la Legislatura porteña. Tampoco los diferentes proyectos de ley que se presentaron sobre el tema.

Por último, no se hizo mención a ningunos de los demás temas de actualidad por los que atraviesan los consorcios. Es de recordar que el más reciente e importante fue la firma de un nuevo convenio colectivo de trabajo que afectó a los administradores que deben liquidarlos, a los consorcistas que deben pagarlos y a los encargados que deben cobrarlos.

Es de recordar que Saldivia tiene una extensa trayectoria en la historia reciente de la propiedad horizontal: durante muchos años fue administradora de consorcios, en 2008 fue candidata a la presidencia de la CAPHyAI (Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias) ^[1], desde septiembre de 2009 hasta febrero de 2017 fue coordinadora del Registro Público de Administradores de la CABA (RPA) ^[2] , desde enero de 2016 es secretaria general de SEARA (Sindicato Empleados de Administradoras de la República Argentina) ^[3], en agosto de 2017 participó como panelista del programa "Reunión de consorcios TV" hasta mayo de 2020 y ese mismo año se comprometió con Damián Rojo ^[4]

¡¡¡Vuelve Consorcio de Radio!!!

[BPN-15/03/22] El próximo 16 de marzo el programa de radio "Consorcio de Radio" conducido por el Adm. Daniel Sánchez Rivera y la Dra. María Mercedes Orueta Cossi comenzará una nueva temporada todos los miércoles de 20 a 21 hs por una emisora online: "Radio Capital".

El conductor de "Consorcio de radio" aprovechó la oportunidad para invitar al piso al director de Pequeñas Noticias, Claudio García de Rivas, el miércoles 30 de marzo para conversar al aire con su coequiper sobre los temas más candentes de la actualidad consorcial.

Ese mismo año el programa ganó el premio "Faro de Oro 2015" de Mar del Plata y al año siguiente los premios "Fortaleza Argentina" de Bahía Blanca, "Rio de Los Pájaros" de Concordia, "Estampas de Bs As" de la CABA, "Antena Vip" de La Plata, "Reina Del Plata" de la CABA, "Cuna De La Bandera" del Rosario y "Latinoamericano Señal Latina" de la CABA.

El programa dejó de emitirse en marzo de 2020 cuando a causa de la pandemia de COVID-19 y ahora -dos años después- retoma sus actividades con toda la fuerza.

ADEPROH se unió al pedido de reglamentación de la Ley 14.701

[BPN-15/03/22] El pasado 9 de marzo ADEPROH (Asociación Civil de Defensa al Consumidor de Bienes y Servicios para la Propiedad Horizontal RA) inicio en change.org una petición para que el Gobierno bonaerense reglamente la Ley 14.701 que hace más de ocho años creó un Registro Público de Administradores en la provincia de Buenos Aires.

Luego de tres días, al 12 de marzo la petición había juntado 96 firmas y 10 comentarios.

Entre estos últimos se destacó el de Edith que dijo: "Firmo porque hay mucha vulneración de derechos en propiedad horizontal en provincia y ninguna ley nos respalda sólidamente cuando un administrador hace mal su trabajo".

Por su parte Laura consideró: "Se necesita mayor control a los administradores de consorcios".

Por último Mariana señaló: "Es muy necesario que se reglamente la ley en Provincia de Buenos Aires estamos a merced de la prepotencia y mala gestión de los administradores".

La ley –que desde hace ocho años y dos meses espera reglamentación- fue aprobada el 17 de diciembre de 2013, fue promulgada por el gobernador Daniel Scioli el 23 de febrero de 2014 y fue publicada en el Boletín Oficial Nº 27.500 el 18 de marzo de ese mismo año ^[1].

Hasta ahora no demostraron interés en avanzar en su reglamentación ni los dirigentes del Frente para la Victoria (Scioli), ni del PRO (María Eugenia Vidal) ni los del Frente de Todos (Axel Kicillof) a pesar de los permanentes reclamos realizados por Ana María Huertas (ACoPH Mar del Plata) a los que ahora se sumó ADEPROH.

Los dirigentes de ADEPROH en su petición explicaron que "esta ley de 23 artículos prevé la creación del Registro Público de Administradores de Consorcio de Propiedad Horizontal de la Provincia de Buenos Aires. La ley es muy valiosa para los propietarios / consorcistas que, como se sabe, son damnificados por la mala gestión de los administradores".

Finalmente reiteraron: "Solicitamos se reglamente la Ley 14.701 a la mayor brevedad y así evitar que muchísimos copropietarios sigamos siendo víctimas de las maniobras fraudulentas de ciertos administradores que perjudican a todos los consorcistas de la provincia de Buenos Aires".

Santa María explora nuevas posibilidades de negocios

[BPN-15/03/22] El pasado 11 de marzo la Asociación de Futbol Argentina (AFA) comunicó que su presidente, Claudio Tapia, mantuvo una reunión "para explorar nuevas unidades de negocios junto con el "editor general" del Grupo Octubre, Víctor Santa María y el director para Latinoamérica de Amazon Prime Video, Pablo Iacoviello.

A día siguiente el tuit de la AFA había cosechado 15 retweets, 9 tweets citados y 72 "Me gusta". Llamó la atención que la mayoría de los comentarios del tuit fueron dedicados a Santa María y algunos muy irónicos.

Al día siguiente sólo dos medios del Grupo Octubre -Página/12 y Telenueve- difundieron la novedad -tipo "copia y pega"- sin aportar más datos relevantes.

Desde el 29 de marzo de 2017 es el presidente de la AFA.

Siendo muy joven trabajó de barrendero. Jugó en las inferiores de independiente y luego en el Club Atlético Barracas Central como delantero, en donde llegó a jugar en la Primera División de ese club. Tiempo más tarde, jugó en el Club Sportivo Dock Sud. Luego de su corta carrera como futbolista, comenzó a trabajar en el Sindicato de Camioneros ^[1].

En el año 2000 un grupo de socios lo invitó a volver al club a ver al equipo. Al año siguiente asumió como presidente del club en un momento complicado institucionalmente de Barracas. Así comenzó su carrera como dirigente deportivo.

Finalizó su mandato el 26 de marzo de 2020 luego de haber dirigido el club por más de 18 años, siendo reemplazado por su hijo Matías.

En su cuenta de LinkedIn el sindicalista se presenta como secretario general de SUTERH, presidente del PJ Ciudad [NR: en realidad desde el 12 de marzo del 2021 el presidente del PJ porteño es Mariano Recalde ^[1]], secretario general de FATERYH, diputado del Parlasur, director general de Grupo Octubre y presidente de Sportivo Barracas.

Desde hace 5 años que trabaja para Amazon Prime Video desempeñándose como jefe de Adquisición de Contenidos para Latinoamérica (LATAM). Hace dos años ascendió a director de contenidos y desde hace 9 meses es director de Prime Video Latinoamérica.

Desde 1993 hasta 1999 estudió abogacía con orientación al Derecho Empresarial en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y durante 2001 y 2002 estudio "Derecho comparado" en la University of Illinois Urbana-Champaign.

Desde 2006 hasta 2010 se desempeñó como gerente de asuntos legales para Latinoamérica de varias empresas multinacionales entre las que se encontró Playboy

Sistema de Gestión Digital de Alquileres

[BPN-15/03/22] El pasado 8 de marzo tres legisladoras del Frente de Todos presentaron un proyecto de ley para crear un Sistema de Gestión Digital de Alquileres porteño que almacenará la totalidad de los contratos de alquiler de vivienda única, familiar y permanente realizados en la ciudad; los datos de las partes intervinientes en esos contratos; los pagos de alquileres mensuales, de depósito y garantía; los pagos de expensas ordinarias y extraordinarias asimismo como los servicios e impuestos; y toda la comunicación que se desarrolle entre los locadores, los locatarios, las inmobiliarias o martilleros, los garantes y las empresas de seguros de caución, entre otros.

Por otra parte, la iniciativa –de ser aprobada- impulsará la bancarización obligatoria de las transacciones relacionadas con los alquileres. Textualmente arbitrará "los medios necesarios a fin de garantizar la modalidad de transferencia bancaria para la realización de la totalidad de los correspondientes pagos acordados entre las partes contratantes e intervinientes".

Los legisladores, para justificar esta concentración masiva de datos privados en manos del Estado local, argumentaron: "El mercado de alquiler de inmuebles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha constituido como un mecanismo cada vez más importante en el acceso a la vivienda y que la regulación del mismo constituye un avance en la asimetría que existe entre propietarios e inquilinos [por lo tanto] proponemos la creación de un Sistema Único de Gestión Digital de Alquileres en donde se registren [tanto] propietarios [como] inquilinos e inmobiliarias, se establezcan sus contratos [y] sea [el] medio de comunicación y de mediación entre las partes conformando un medio estatal y digital que garantice el cumplimiento de derechos y obligaciones de las partes".

Resumieron que "de este modo dicha herramienta permite al Estado conocer los contratos de alquiler de vivienda que se desarrollan en la Ciudad pudiendo arbitrar en caso de ser necesario -y solicitado por las partes-, agilizando, unificando y volviendo más eficientes los procesos de alquiler de vivienda".

El proyecto establece que "el Instituto de la Vivienda de la Ciudad [...] preservará la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, conforme a lo dispuesto por la Ley N° 25.326 de protección de datos personales y la Ley N° 1845 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Esta concentración de datos personales, económicos y bancarios en manos del Estado es sumamente atractiva para la actividad criminal ya sea interna -empleados públicos corruptos- como externa. Ni las grandes empresas tecnológicas pueden evitar que sus datos sensibles sean vulnerados.

Se destaca especialmente que un día antes que los legisladores presentaron su iniciativa con esta garantía de confidencialidad e integridad de los datos que el Estado local concentraría en sus servidores, la empresa dueña de Mercado Libre y Mercado Pago terminó confirmando que el código fuente de la aplicación Mercado Libre fue objeto de un acceso no autorizado que vulneró datos sensibles de aproximadamente 300 mil usuarios. Especialistas de tecnología habían anticipado la novedad y señalaron que el culpable podría ser el grupo cibercriminal que hacía unos pocos días había hackeado a la multinacional Samsung.

Para finalizar el tema, es de recordar que en septiembre y octubre del año pasado se ofrecieron por la web los datos personales de todas las Fuerzas Armadas, Gendarmería, Ejército y Prefectura e incluso el número de teléfono personal del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

A fines de octubre se difundió que un hacker había conseguido entrar en la base del Registro Nacional de las Personas (ReNaPer) y obtener datos personales de millones de argentinos.

Otras funciones que tendrá el Sistema Único de Gestión Digital de Alquileres que dependerá del IVC (Instituto de la Vivienda) porteño serán:

Una nueva oblea, esta vez de eficiencia energética

Fotoilustración creada sobre fotos de Pequeñas Noticias y la Legislatura porteña.

[BPN-15/03/22] El pasado 2 de marzo cuatro legisladores de Vamos Juntos presentaron la Legislatura porteña un proyecto de ley que crearía una nueva oblea para propietarios y consorcios. Se llamaría –de ser aprobado- "Etiqueta de eficiencia energética" y su objetivo sería "brindar información a los propietarios y locatarios de inmuebles sobre los factores de incidencia en el consumo de energía" [sic].

Es de recordar que los consorcistas porteños pagarán este año casi 300 millones de pesos (u$s 2,2 millones de dólares) por las tres obleas ya existentes: la de ascensores, la de calderas y la de instalaciones fijas.

Desde la creación de cada una de estas obleas, el Gobierno de la CABA recaudó en total más de 1.100 millones de pesos (1.113.045.623) o más de 30 millones de dólares (30.493.227) por un servicio imposible de controlar porque no existen estadísticas oficiales sobre siniestros protagonizados por estos tres elementos ^[1].

La iniciativa legislativa impulsando la creación de la "Etiqueta de eficiencia energética" la presentaron María Cecilia Ferrero, Juan Facundo Del Gaiso, Hernán Reyes y Lucía Romano. Recibió el número de expediente 132-D-2022 y consta de 22 artículos organizados en cuatro capítulos [texto original].

Si bien en la iniciativa -en principio- será obligatorio "para todas las construcciones de inmuebles nuevos con financiación del Instituto de la Vivienda (IVC)" ^[2] a continuación se aclara que "el Poder Ejecutivo determinará, de manera progresiva y contemplando las características de los inmuebles, la obligatoriedad de la certificación de eficiencia energética a los tres años de la publicación en el Boletín Oficial de la presente ley ^[3]". O sea que todo hace pensar que finalmente será obligatorio para todo el parque inmobiliario.

De la lectura de las definiciones –entre otros artículos- se infiere que la obligación de tramitar el certificado será de los propietarios de inmuebles. O sea que alcanzará no sólo al edificio sino también a cada unidad funcional por separado ^[4]. La oblea tendrá una validez de 20 años ^[5].

De ser aprobada, la iniciativa ordenará que la autoridad de aplicación determine los criterios para efectuar la certificación de eficiencia energética que incluirá al menos los siguientes parámetros: la transmitancia ^[6] térmica para cada componente de la envolvente, las condiciones higrotérmicas ^[7], los riesgos de condensación, la demanda de calefacción y refrigeración, y el uso de energías renovables.

Para llevar a cabo este proyecto se crearía el Registro de Certificadores y Viviendas con Etiquetas de Eficiencia Energética que tendrá bajo su órbita:

a) El proceso de inscripción de los certificadores que serán los habilitados para efectuar la certificación de eficiencia energética;

b) La tramitación de la certificación de eficiencia energética; y

c) La emisión de la etiqueta de eficiencia energética [8].

El propietario de un inmueble obligado a efectuar la certificación y etiqueta de eficiencia energética que incumpla será sancionado con una multa que irá de 100 a 1.000 unidades fijas -o sea de 5.300 a 53.000 pesos- y será intimado a la obtención de la misma en un plazo de 30 días.

Esta iniciativa es una virtual "copia y pega" de un proyecto presentado por esos cuatro legisladores y Claudio Gabriel Cingolani (Vamos Juntos) el 10 de agosto de 2020 y que nunca pudo superar la comisión de "Planeamiento urbano".

En los fundamentos de la iniciativa se argumentó que "se busca maximizar el aprovechamiento de la energía y conocer el nivel de eficiencia energética de los inmuebles con el plan de optimizar su uso".

Agregaron también que "el proyecto apunta a desarrollar una política pública destinada a generar conciencia sobre el uso de la energía y buscar alternativas para hacer un uso más eficiente, propendiendo a la protección del medio ambiente".

En otras palabras: "El sistema de certificación de eficiencia energética de hogares es una medida destinada a conocer cómo los inmuebles emplean la energía.".

Develaron que "actualmente se está desarrollando una prueba piloto en forma conjunta entre Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de etiquetado de viviendas en la ciudad y dispone de apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de la Fundación Bariloche. En el marco del proyecto también se realiza un taller de capacitación a profesionales con el propósito de dotarlos de conocimiento técnico específico a los fines de concretar el relevamiento de las viviendas seleccionadas".

Por último, resaltaron que se proponen "avanzar en un esquema de certificación de eficiencia energética a fin de conocer la capacidad energética de los inmuebles de la ciudad de Buenos Aires, obtener datos precisos y poder trazar planes a mediano y largo plazo en el uso de la energía"

Subsidios y créditos para el mantenimiento de pequeñas consorcios

Fotoilustración creada sobre fotos de Pequeñas Noticias y la Legislatura porteña.

[BPN-15/03/22] El pasado 3 de marzo cuatro legisladores porteños del Frente de Todos presentaron un proyecto de ley que otorgaría subsidios para la "puesta en valor y mantenimiento de edificios en propiedad horizontal de pequeña y mediana escala". Los autores expresaron que pretenden "fomentar el fortalecimiento de la práctica consorcial, elevar los niveles de mantenimiento de edificios e inyectar recursos públicos en la economía local".

Los consorcios que serían beneficiarios de esta ayuda deberán ser menores a las 20 unidades funcionales y acreditar una antigüedad mayor a los 20 años [artículo 5º].

Según la iniciativa se financiarán micro obras y obras menores. No se otorgará para realizar ampliaciones y sólo se podrán utilizar para:

- Tareas de impermeabilización de azoteas.

- Pintura e impermeabilización de frentes, contrafrentes y muros medianeros.

- Reemplazo de cañerías de alimentación a medidores y a cada unidad de gas natural.

- Reemplazo de caños de alimentación hasta tanque de reserva y distribución a cada unidad de agua.

- Reparación y/o reemplazo de caños pluviales y/o cloacales.

- Arreglos de paredes y pintura de pasillos y espacios de uso común.

- Incorporación o reemplazo de instrumentos de seguridad e higiene (matafuegos, luces de emergencia, cañería contra incendio - nichos hidrantes, señalética de evacuación, entre otros).

- Colocación y realización de rejas en espacios comunes y/o fachadas.

- Arreglo o reemplazo de puertas en espacios comunes y/o fachadas.

- Arreglo o reemplazo de ventanas en espacios comunes y/o fachadas.

- Reemplazo de baldosas o cerámicas en espacios comunes.

- Arreglo, mantenimiento o reemplazo de tanque de reserva de agua.

- Reemplazo de cables, cañerías o tableros eléctricos de la instalación desde la caja de medidores a la entrada de cada unidad.

- Arreglo de escaleras y barandas comunes.

- Instalaciones necesarias para el acceso o circulación de personas con discapacidad.

- Arreglos de fachadas para dar cumplimiento a la Ley 257/99 y la 6116/18.

Los propietarios de consorcios que sean incluidos en el programa, abonarán por el transcurso de dos años una alícuota adicional del 3% del ABL (Impuesto de Alumbrado Barrido y Limpieza). Ese dinero será destinado de manera exclusiva al IVC (Instituto de Vivienda de la Ciudad) y deberá ser utilizado para ampliar los alcances del programa.

Los consorcios se pueden beneficiar de un subsidio de hasta el 100% del costo de las obras, del 50% o un crédito a tasa fija de hasta 5 años según el siguiente detalle [artículo 17º]:

1.- Otorgamiento de un subsidio de hasta el 50% del costo de las obras, siendo el consorcio quien deba abonar el resto de la erogación que demande la obra. Esta modalidad deberá poseer un 33% de los proyectos aprobados durante el ejercicio económico correspondiente al año de referencia.

2.- Otorgamiento de un crédito a tasa fija con un plazo máximo de 5 años con una tasa de interés igual o menor al que se aplica a los beneficiarios de la ley 341/2000 por el 80% del costo de las obras. Esta modalidad deberá poseer un 33% de los proyectos aprobados durante el ejercicio económico correspondiente al año de referencia

3.- La autoridad de aplicación subsidiará el 100% del costo de las obras. Esta modalidad deberá poseer un 34% de los proyectos aprobados por cada ejercicio económico correspondiente al año de referencia.

En la idea que los trabajos que requieran los consorcios sean una ayuda efectiva a profesionales y pequeñas y medianas empresas porteñas, sólo podrán efectuar las obras de mantenimiento y puesta en valor mencionados:

- Las cooperativas de trabajo con domicilio en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

- Las PyMEs de hasta 30 empleados con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- Los emprendedores y profesionales de la construcción que tengan domicilio en el Área Metropolitana de Buenos Aires y posean forma de acreditar experiencia mínima de tres años en las tareas pertinentes.

Proyecto de ley porteño

Oficina Comunal de Atención y Orientación sobre Alquileres

Fotoilustración creada sobre fotos de Pequeñas Noticias y la Legislatura porteña.

[BPN-15/03/22] El pasado 8 de marzo siete legisladores porteños del Frente de Todos presentaron un proyecto de ley que creará en cada comuna de esta ciudad una "Oficina Comunal de Atención y Orientación sobre Alquileres" con el objetivo de brindar información y una asistencia integral y gratuita a toda persona que tenga interés en alquilar un inmueble con destino habitacional.

Las ocho funciones que tendrían estas oficinas comunales son textualmente:

a) Informar y asesorar acerca de los derechos y deberes que estipula la Ley 27.551 a los ciudadanos de cada comuna de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de manera accesible, completa e integral respecto a la locación de un inmueble con fines habitacionales.

b) Brindar asistencia técnica y orientación ante situaciones específicas.

c) Implementar espacios de mediación comunitaria a fin de resolver conflictos relativos a la locación de inmuebles con fines habitacionales suscitados entre locadores, locatarios, corredores inmobiliarios y/o intermediarios.

d) Proveer a toda persona que así lo requiera un modelo de contrato de locación orientativo, que se adecúe a la normativa vigente.

e) Asistir a toda persona que así lo requiera sobre las opciones de garantía establecidas según la normativa vigente en la Ley Nacional 27.551, así como también informar sobre el programa Garantía BA, o el que en el futuro lo reemplace, al fin de facilitar el acceso a la garantía requerida.

f) Difundir en lenguaje claro los derechos y obligaciones estipulados por las Leyes N° 27.551 y N° 5.859 respecto de locadores, locatarios, corredores inmobiliarios y/o intermediarios, generando mayor conciencia ciudadana y favoreciendo a la celebración de contratos en forma transparente e informada.

g) Brindar información y asesoramiento sobre los programas disponibles de acceso a la vivienda, acceso al crédito, el otorgamiento de subsidios habitacionales y todo otro programa ofrecido tanto por el Gobierno de la Ciudad Buenos Aires como el Estado Nacional que tengan como objetivo garantizar el acceso a una vivienda digna

h) Publicar en forma trimestral la estadística sobre el funcionamiento de la Oficina Comunal de Atención y Orientación sobre Alquileres.

La iniciativa propone que el Poder Ejecutivo asigne el personal capacitado necesario a cada oficina para el cumplimiento de las funciones encomendadas y permite que se suscriban acuerdos con asociaciones y colegios de profesionales para la capacitación de ese personal.

A las hora de fundamentar la iniciativa los legisladores aportaron algunos datos interesantes: "Según datos aportados por la Dirección General de Estadística y Censos (DGEyC) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante los últimos diez años la tenencia propietaria disminuyó ocho puntos porcentuales, aumentando la tenencia de alquileres en la misma proporción pasando de un 27,7% en el 2006 para ubicarse actualmente alrededor del 35,1%".

Ampliaron a continuación: "Según datos más actualizados presentados por la [mencionada] DGEyC correspondientes al año 2018 -desglosando los niveles de tenencia de alquiler por comuna- podemos observar que las comunas con mayor tenencia de alquiler son la 1, 2, 3 y 14, con niveles que se elevan al 46,2%, 42,7%, 48,4% y 39,80% respectivamente sobre el total de la tenencia de vivienda".

Por último completaron: "Asimismo, las comunas con menores niveles de tenencia de la vivienda mediante alquiler, presentan una considerable proporción sobre el total, alcanzando casi un tercio de las viviendas bajo dicho régimen. Entre estas Comunas se encuentran la 4,8, 11 y 12, teniendo niveles de tenencia de alquiler de 28,10%, 23,50%, 24,40% y 26,30% respectivamente".

Clara Muzzio les organizó una visita al Centro de Reciclaje porteño

[BPN-15/03/22] El pasado 22 de febrero la ministra de Espacio Público e Higiene Urbana porteño, Clara Muzzio, recorrió el Centro de Reciclaje de la Ciudad junto a autoridades de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI), la Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal (AIERH) y la Asociación Civil Administradores Profesionales Propiedad Horizontal (ACAPPH).

El objetivo de la visita fue que las autoridades de estas entidades de administradores vean de primera mano cómo funciona el sistema atrás de la separación en origen. Cómo funcionan las máquinas y cómo se procesan todos los materiales

En un spot publicitario aclararon el motivo de esta invitación: "Los administradores [de consorcios] tienen un rol fundamental, nos ayudan a nosotros a llegar a todos los hogares para seguir concientizando a más y más vecinos" sobre la importancia del reciclado y la separación en origen. Sin embargo, no hay que perder de vista que la separación en origen –como la palabra lo indica - comienza en la intimidad de cada hogar.

Agregaron que también se realizan 300 fiscalizaciones por semana para controlar la correcta separación.

Actualmente, la Ciudad genera 8.500 toneladas de residuos por día, lo que equivale a 2.500 camiones llenos de basura uno atrás del otro de punta a punta en la General Paz.

7.500 toneladas de basura, es decir el 90% de esos residuos, son gestionados por la Ciudad de los cuales, 3.060 toneladas son áridos y voluminosos, 615 toneladas forestales y 400 toneladas son de reciclables.

Buenos Aires cuenta con 6.613 recuperadoras y recuperadores urbanos, 12 cooperativas, 4.580 campanas y contenedores verdes, y 70 puntos verdes que reciben reciclables en la Ciudad.

Según su sitio web oficial, el Centro de Reciclaje de la Ciudad (CRC) está compuesto de cinco plantas de tratamiento de residuos y un centro educativo. Fue creado para darle tratamiento a las diferentes fracciones de residuos sólidos urbanos que se dirigían a ser relleno sanitario.

El principal objetivo del CRC es valorizar el residuo transformándolo en materia prima para introducirlo nuevamente en distintas industrias. Los materiales que llegan al CRC provenientes de diferentes circuitos de recolección entran en cada planta y comienzan un proceso de transformación específico para ser recuperados.

Si bien el Gobierno porteño comunicó que de la visita guiada participaron "encargados de edificios" no los mencionaron a la hora de detallar la lista completa de los visitantes.

Pérdida en el mensual y el interanual pero ganancia en el acumulado

[BPN-15/03/22] Este mes el promedio de las escalas salariales de los encargados de edificios ^[1] perderá contra la inflación -1,94 puntos porcentuales con respecto al mes pasado, ganará 5,14 puntos en el acumulado anual y volverá a perder 0,87 puntos en la medición interanual.

El mes pasado finalizaron los acuerdos salariales del 22 de febrero ^[2] y 16 de junio del año pasado ^[3] y este mes comienza la primera etapa del nuevo acuerdo salarial firmado el 1º de febrero. Éste fue homologado el 7 de ese mes ^[4] entre las tres entidades de administradores que representan a los consorcios ^[5] y la FATERyH ^[6].

En marzo el promedio de las escalas salariales se incrementó un 2,16% con respecto al mes pasado.

Esto se debió a la integración del bono de los 8 mil pesos a las escalas salariales.

Según una lógica simple no debería haber habido un aumento porcentual de las escalas salariales con respecto al mes pasado. Sin embargo ésta se creó porque el mes pasado todas las funciones de las cuatro categorías cobraron 8 mil pesos mientras que este mes su integración fue proporcional.

El cálculo es simple: se sumó el bono a la cuarta categoría y a las demás se las calculó en forma proporcional -y habiendo entre ellas diferencias de 10%, 15% y 20%-, en las categorías más altas el bono llega a un máximo de 14.376 (Mayordomo de 1ª categoría) y a un mínimo de 4.555 pesos (Encargado no permanente con vivienda de 4ª categoría). En el total de la escala salarial el promedio que se integró fue de 8.869.

Durante el tercer mes de este año el promedio de las escalas salariales será de 79.306 pesos.

El incremento acumulado anual de las escalas salariales desde enero de este año hasta marzo será de un 18,39%. El incremento acumulado creció 2,51 puntos con respecto al mes pasado.

El promedio de las escalas salariales de diciembre del 2021 fue de 66.988 pesos.

Desde marzo de 2021 hasta el mismo mes de este año las escalas salariales se incrementaron en un 50,35%, una diferencia con respecto del mes pasado de 3,19 puntos.

En marzo del año pasado el promedio de las escalas salariales fue de 52.747 pesos mensuales.

El promedio anual de los primeros tres meses de este año contra los tres primeros del año pasado arrojó un aumento del 48,87%. Una diferencia de 0,76 puntos con respecto al mes pasado.

Según estos números, la inflación acumulada anual será de un 13,24% y la interanual está estimada en un 51,22%.

Mientras tanto, el haber mínimo de un jubilado que paga expensas en marzo será de 32.630,39 pesos mensuales, un aumento del 12,28% con respecto al mes anterior.

Esto se debe a la primera actualización trimestral de este año que se oficializó el 17 de febrero mediante la Resolución 26/2022 del ANSES.

En dólares, este haber mínimo representa 294 dólares al precio oficial, 174 dólares a cotización turista o 164 dólares según el mercado blue ^[7].

En marzo del año pasado ese haber estuvo en 20.571,44 pesos y en diciembre fue de 37.061,62 pesos por lo que el incremento acumulado anual fue negativo (-11,96%) y el interanual positivo (58,62%). 

La inflación de febrero redujo el poder adquisitivo de la jubilación de marzo de un 12,28% de aumento a un 8,18%. Por lo demás, los haberes minimos perdieron contra la inflación de 25,20 puntos en lo que va del 2022 y se apreciaron 7,40 puntos durante los doce últimos meses

Hola Carolina:

El inciso d) artículo 12º del Convenio Colectivo 589/2010 dice: "d) Los trabajadores suplentes gozarán de las vacaciones totales establecidas en el inciso c) cuando trabajen más de la mitad de los días laborables comprendidos en el año calendario o aniversario de trabajo de conformidad con las normas legales vigentes. Los trabajadores suplentes que no reúnan el tiempo mínimo percibirán en concepto de vacaciones el salario correspondiente a un día por cada veinte días efectivamente trabajados o fracción mayor de quince días hasta los cinco años de antigüedad. Luego de cinco años de antigüedad y hasta los diez el salario por vacaciones se duplicará y desde los diez años en adelante se triplicará. En estos casos, el suplente gozará de las vacaciones durante los días que componen su jornada habitual".

Según este párrafo, deberás calcular la cantidad de días que le corresponde de vacaciones y luego se los abonás según la antigüedad.

Por ejemplo, si trabajó lunes y jueves durante todo el año 2021, trabajó aproximadamente 96 días en el año. 96 días / 20 es igual a 4,8 días. Eso quiere decir que tiene 5 días de vacaciones que gozará los lunes y los jueves que son los días que va al edificio. Dependiendo de la antigüedad, los abonaras simple, doble o triple.

Un saludo grandote.

Estimado Alejandro:

Por el momento no hay ningún requisito para administrar en la provincia de Buenos Aires.

Le cuento que a fines de 2013 se sancionó en territorio bonaerense la Ley 14.701 que creó un Registro Público de Administradores (RPA) pero nunca se reglamentó.

Entre los abogados que más conocen sobre propiedad horizontal las aguas están divididas, unos opinan que algunas de las obligaciones que impone esa ley están vigentes aunque no se haya creado el RPA y otros que si no se crea el RPA esas obligaciones no son exigibles.

Si quiere profundizar sobre el tema, puede encontrar más material sobre el tema en el buscador de nuestro sitio www.pequenasnoticias.com.ar usando las palabras claves "RPA bonaerense".

Un saludo cordial.

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