[BPN-15/11/25] El pasado 7 de noviembre Laura Agata Mentoro, directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de la Secretaría de Trabajo homologó el acuerdo del 22 de julio que otorgó a los encargados de edificios un aumento del 1,5% para julio, un 1,4% para agosto y un adicional remunerativo de 50 mil pesos a todas las categorías para cada uno de esos meses.

Finalmente se homologaron las escalas de julio y agosto

[BPN-15/11/25] El pasado 7 de noviembre Laura Agata Mentoro, directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de la Secretaría de Trabajo homologó el acuerdo del 22 de julio que otorgó a los encargados de edificios un aumento del 1,5% para julio, un 1,4% para agosto y un adicional remunerativo de 50 mil pesos a todas las categorías para cada uno de esos meses.

A diferencia de otras oportunidades, en este acuerdo el "adicional remunerativo mensual" de 50 mil pesos no fue incluido en el cuerpo del acta acuerdo sino que figura en las planillas entre las escalas salariales y los adicionales.

El acuerdo se homologó mediante la Disposición 2569.

Se destaca que la Secretaría de Trabajo homologó las escalas salariales de junio, julio y agosto a pesar de que todavía queda pendiente de homologación del acuerdo del 20 de mayo que había otorgado a los encargados de edificio un aumento del 1,1% para junio y un bono remunerativo de 50 mil pesos a todas las categorías.

Queda flotando en el aire la pregunta si al haberse homologado la escala de junio es condición suficiente para considerar homologado el acuerdo de 20 de mayo.

De todas formas, podría ser que ya pudiera ser considerado tácitamente homologado por haber pasado más de 30 días hábiles desde su último movimiento. Ese plazo venció el 14 de agosto pasado. Sin embargo, ni el SUTERH ni las entidades de administradores -que firman los acuerdos salariales representando a los consorcios- en ningún momento se expidieron sobre el tema.

El último movimiento de ese acuerdo fue el 2 de julio cuando la jefa de departamento de la Dirección de Negociación Colectiva indicó que corresponde que "tome conocimiento la Asesoría Técnico Legal a los efectos de indicar la tramitación a seguir".

Falta homologar el acuerdo del pasado 9 de septiembre que otorgó un aumento del 1,8% para septiembre, un 1,7% para octubre, un 1,6% para noviembre y un adicional remunerativo de 50 mil pesos a todas las categorías para cada uno de esos meses.

A partir de diciembre ese adicional remunerativo de 50 mil pesos se incorporará al salario básico de cada categoría del convenio.

Convocatoria para debatir sobre los libros contables obligatorios

[BPN-15/11/25] El pasado 3 de noviembre, el Inspector General de Justicia, Daniel Roque Vítolo, informó que durante la segunda quincena de noviembre convocará a una mesa de diálogo con las entidades representativas del sector de la propiedad horizontal. El objetivo es analizar la obligación de los consorcios de llevar contabilidad y presentar estados contables en el marco del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN).

Así se lo hizo saber a una delegación de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI), de la que participaron Miguel Ángel Summa (presidente), Alejandro Casella (vicepresidente), Marcelo Dragunsky y Pablo Schwartz, ambos asesores impositivos y contables de la entidad.

El artículo 326º del CCyCN exige que las personas jurídicas, incluidos los consorcios, confeccionen al cierre de cada ejercicio un estado de situación patrimonial y un estado de resultados. Estos deben asentarse en el registro de inventarios y balances.

La reunión reveló que persiste la tensión entre la letra del CCyCN, que considera a los consorcios personas jurídicas privadas con obligación contable, y la postura inicial de la IGJ (Inspección General de Justicia), que había dejado claro que los balances no son obligatorios, buscando evitar un impacto económico millonario para los copropietarios.

El 2 de octubre, una delegación de la Comisión de Propiedad Horizontal del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) se había reunido con Vítolo. Esta comisión promueve que las personas jurídicas, incluidos los consorcios, deban confeccionar al cierre de cada ejercicio un estado de situación patrimonial y un estado de resultados, los cuales deben asentarse en el registro de inventarios y balances.

Jorge Scampini, administrador, contador y presidente de esa comisión, dejó clara su posición en redes sociales al expresar: "Este encuentro ratifica que la contabilidad consorcial constituye una obligación legal, y que los administradores deben coordinar con profesionales en Ciencias Económicas para asegurar su cumplimiento, evitando sanciones y fortaleciendo la transparencia en la gestión".

Para exigir contabilidad consorcial, la Comisión de Propiedad Horizontal del CPCE se basa en dos artículos del Código Civil y Comercial de la Nación: el 2044º, que establece que el consorcio constituye una persona jurídica, y el 320º, que obliga a las personas jurídicas a llevar contabilidad formal.

Textualmente, el artículo 2044º del CCyC establece:

Por su parte, el artículo 320º reza:

Al sumar aritméticamente esos dos artículos, los contadores que se reunieron con Vítolo equipararían a un conjunto de vecinos que comparten los gastos del edificio en el que viven con sus familias con una empresa que se constituye con el fin legítimo de lucrar.

El segundo párrafo del artículo 320º abre una vía para contemplar excepciones a lo ordenado en el primero. Deja a criterio de la jurisdicción local la posibilidad de eximir de llevar contabilidad a ciertas actividades de acuerdo al volumen de sus actividades.

Un contador, que pidió mantener su nombre en reserva, alertó en diálogo con Pequeñas Noticias que "es un laburo de no menos de 150 mil pesos por mes", que "hay que auditar los consorcios a fondo una vez al año" y que "para rubricar la firma del contador el Consejo Profesional cobra no menos de 50 mil pesos cada firma por año".

Así planteado, solo la rúbrica en CABA hubiera representado un negocio de unos 3.500 millones de pesos por año (2.4 millones de dólares). Este monto surge de multiplicar 50 mil pesos por los 70 mil consorcios, considerando un dólar oficial de 1.465 pesos.

Por otra parte, los consorcistas hubieran debido erogar a sus contadores unos 10.500 millones de pesos mensuales (7.1 millones de dólares). Esta cifra resulta de multiplicar 150 mil pesos por los mismos 70 mil consorcios a un dólar de 1.465 pesos.

Setenta mil sería la cantidad de consorcios de la que tendría conocimiento el Registro Público de Administradores porteño, según informó su director general, Carlos Traboulsi, a Bernardo Velazco, presidente de la Unión Porteña de Administradores (UPA).

En total, se trata de más de 88 millones de dólares anuales que recargarían las expensas de estos 70 mil consorcios porteños

BPN Nº 806 del 15/08/25: "No es obligatorio que los consorcios lleven libros contables".

La Corte Suprema dejó firme una condena contra Santa María

[BPN-15/11/25] El pasado 23 de octubre la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó una condena por fraude laboral contra el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), su obra social (OSPERyH) y sus principales dirigentes, Víctor Santa María y su padre, el recientemente fallecido José Francisco "Pepe" Santa María. El máximo tribunal desestimó el recurso extraordinario presentado por la defensa, dejando firme la obligación de indemnizar a una extrabajadora.

La causa se originó por la denuncia de Giselle Andrea Cano, quien se desempeñó como profesora de educación física y natación en el polideportivo del gremio y participó del programa "Calidad de vida" de OSPERyH entre 1999 y 2017.

La trabajadora aseguró que comenzó realizando suplencias y cobrando sumas "fuera de todo registro". Si bien afirmó que la relación laboral había comenzado el 1 de febrero de 1999, fue registrada recién en noviembre de 2000, de manera parcial y con la obligación de facturar.

La Justicia determinó que la relación laboral se mantuvo de forma fraudulenta, con un registro parcial, obligando a la empleada a facturar bajo la modalidad de Monotributo para ocultar la verdadera relación de dependencia, conocida como "trabajo en negro".

En abril de 2022, el juzgado laboral de primera instancia hizo lugar a la demanda y determinó la responsabilidad solidaria (conjunta) de todas las partes demandadas, basándose en el fraude a la ley laboral. Condenó a las cuatro partes a pagar solidariamente 1.181.245 pesos, más intereses desde 2022. Tanto los codemandados como la trabajadora apelaron.

En septiembre de 2023 la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó la condena, aunque modificó parcialmente la sentencia y redujo el monto a 668.091 pesos, más intereses.

Santa María presentó un recurso extraordinario en el que aseguró que la sentencia era arbitraria. Cuestionó que se le atribuyera estar a cargo de la tarea de contratación y pago a los empleados, y resaltó que la relación entre la actora, el sindicato y la obra social era un "contrato por prestación de servicios". Sin embargo, el máximo tribunal rechazó el planteo.

La decisión judicial es relevante porque establece la responsabilidad personal y solidaria de los dirigentes gremiales al considerar que consintieron la maniobra de informalidad laboral. El fallo de la Corte Suprema no solo ratifica la condena económica contra el SUTERH y su obra social, sino que también establece un claro precedente sobre la responsabilidad directa de los dirigentes sindicales en casos de fraude laboral.

La entidad convocó a sus socios a la asamblea general ordinaria

[BPN-15/11/25] La Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) convocó a sus socios a su Asamblea General Ordinaria que se realizará el próximo 3 de diciembre.

El punto principal del orden del día es considerar la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y demás cuadros y anexos, junto con el informe del Tribunal de Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2025.

En esta asamblea no se votarán nuevas autoridades. Las elecciones están previstas para el cuarto trimestre de 2027.

Desde el 4 de diciembre de 2019, el presidente de la CAPHyAI es el Adm. Miguel Ángel Summa, a quien le faltan dos años para finalizar su segundo mandato.

En noviembre de 2023, los socios de la entidad reeligieron a Summa como su presidente para el período que va desde ese año hasta 2027.

En su primer nombramiento, en 2019, había adelantado a Pequeñas Noticias que el rumbo de la entidad seguiría la línea marcada por la "Lista de Unidad":

1.- La profesionalización de los administradores.

2.- Invitar a más administradores a sumarse a la entidad.

3.- En el plano gremial, buscar acuerdos paritarios lo más equitativos posible para el sector de la propiedad horizontal.

En junio de 2014, se habían realizado tres reformas al estatuto de la entidad : los cargos del consejo directivo pasaron a durar cuatro años, se estableció que para ocupar cargos en la comisión directiva es necesaria una antigüedad de tres años ininterrumpidos, y para tener derecho a voto, los socios deberán contar con una antigüedad de un año corrido.

En 2019 la CAPHyAI conducía las dos entidades más importantes que representan a los administradores: la ULAI (Unión Latinoamericana de Administradores e Inmobiliarias) y FAPHRA (Federación Nacional de Cámaras y Asociaciones de Administradores de Propiedad Horizontal de la República Argentina).

Sin embargo, en junio de 2023, la CAPHyAI renunció a FAPHRA "de forma indeclinable".

Posteriormente, en mayo de 2025, se creó una nueva entidad, la Unión Latinoamericana de Administradores Inmobiliarios (ULADI), con una sigla casi idéntica a la entidad existente y de la cual Summa había sido presidente hace seis años. El presidente de la primera comisión directiva de ULADI es un administrador chileno, el vicepresidente es un administrador mexicano, y Miguel Ángel Summa ocupa el cargo de secretario

Notas relacionadas

BPN Nº 522 del 06/06/14: "Los cargos de la comisión directiva durarán cuatro años".

BPN Nº 670 del 15/12/19: "Miguel Ángel Summa es el nuevo presidente de la CAPHyAI".

BPN Nº 754 del 15/06/23: "La CAPHyAI renunció a FAPHRA en forma indeclinable".

BPN Nº 764 del 15/11/23: "Miguel Ángel Summa logró su segundo mandato".

Once puntos para ordenar la gestión de los consorcios

[BPN-15/11/25] Una consorcista porteña hizo público un plan de once puntos para mejorar la gestión de los administradores de consorcios. El plan pone el acento en la capacitación, la exclusión de reincidentes y un sistema de scoring, entre otros. El director de Defensa y Protección del Consumidor porteño la convocó para conversar, pero no pudo ofrecerle soluciones concretas.

El pasado 8 de octubre, Silvia Marta Metzker, una consorcista porteña, publicó en un grupo de Facebook un petitorio de once puntos para mejorar la gestión de los administradores de consorcios en la ciudad de Buenos Aires.

Entre sus propuestas se destacaron: extender la duración de los cursos para ejercer, "erradicar del sistema" a quienes tengan tres sanciones, exigir antecedentes comerciales correctos para renovar la matrícula, permitir consultar el estado de una denuncia por la web, y un scoring para evaluar el desempeño de los administradores.

Tras la difusión pública de su propuesta, el director general de Defensa y Protección del Consumidor porteño, Carlos Traboulsi, convocó a la consorcista a sus oficinas. No obstante, no pudo ofrecer soluciones.

Entre las once medidas propuestas por la vecina se encuentran:

En el curso de una entrevista realizada por Consorcios 360 el 17 de octubre, la Sra. Metzker explicó que, a nivel personal, mantiene un juicio desde 2011 contra el consorcio en el que vive por filtraciones de lluvia, el cual no ha tenido resolución favorable hasta el momento.

Relató que inició la demanda debido a que su hijo sufría una cardiopatía y existía el riesgo de que la humedad en las paredes complicara su estado de salud. Contó que en 2014 logró firmar un acuerdo homologado por el Juzgado, que obligaba a resolver el problema a más tardar a fines de noviembre de ese año. Sin embargo, el acuerdo no se cumplió.

Finalmente, resumió que, al día de la fecha —pasados 14 años—, el expediente judicial de su causa acumula mil fojas, por su edificio han pasado cinco administradores, y el problema que afecta a su unidad todavía no fue solucionado

Consorcios 360 trajo a casa su tercer premio "Faro de Oro"

[BPN-15/11/25] El programa de radio y streaming Consorcios 360 recibió su tercer Premio Nacional Faro de Oro consecutivo en Mar del Plata, en el rubro periodístico de propiedad horizontal, el pasado 8 de noviembre.

La gala de premiación se llevó a cabo a sala llena en el teatro Mélany, ubicado en la calle San Luis 1750 de la ciudad balnearia.

En representación del equipo, recibieron el galardón Claudio García de Rivas (periodista) y Silvia Bercovsky (abogada de consorcistas); también estuvo presente Mariú Cáceres Quinde (asistente de producción).

García de Rivas agradeció la distinción a Alfredo Oteman y Olga Vázquez, organizadores del premio, y dedicó el reconocimiento a la audiencia y a sus compañeros de equipo, especialmente a aquellos que no pudieron asistir: Daniel Sánchez Rivera (administrador), Andrés Zulberti (consorcista), Alexander Lavielle (administradora) y la Dra. Diana Sevitz (abogada de administradores), quien se encuentra en el exterior del país. Finalizó con un "¡Aguante la especialización en el periodismo!".

Ya en el programa de radio el periodista también brindó un reconocimiento especial a sus anunciantes, en particular a Matafuegos Orlando, cuyo apoyo contribuyó a desarrollar una comunidad consorcial mejor informada.

Este es el sexto premio que el programa Consorcios 360 obtiene en sus casi tres años de emisión. El historial de distinciones incluye:

2023: Premio Nacional Faro de Oro.

2024: Premio Raíces y su segundo Premio Nacional Faro de Oro.

2025 (Este año): Premio Internacional "Destino…Malvinas", Premio Río de los Pájaros (Concordia/Entre Ríos) y su tercer Premio Nacional Faro de Oro.

Esa misma noche, García de Rivas, Bercovsky y Cáceres Quinde celebraron el premio en uno de los restaurantes más populares de Mar del Plata.

Días después, el viernes 14 de noviembre, el equipo de Consorcios 360 festejó el premio con sus oyentes.

Fue concebido por el matrimonio de Alfredo Oteman y Olga Vázquez en 1990 con la idea de destacar programas de emisoras de frecuencia modulada (FM) y canales de cable.

La primera edición del premio en 1990 tuvo que ser suspendida por falta de público, ya que nadie creyó que un premio marplatense pudiera tener éxito.

En 1992, Oteman y Vázquez retomaron su idea. El 16 de agosto de ese año, se entregó por primera vez la estatuilla en una cena en el Salón de los Canillitas, a la que asistieron 250 personas, todos profesionales de Mar del Plata.

El primer galardonado fue el desaparecido locutor Alberto Marasco.

Las locutoras del evento fueron Silvia Chumilla y Mónica Arroyo.

El premio comenzó a otorgarse regularmente año tras año con participantes exclusivamente marplatense hasta 1994.

La expansión se desarrolló año tras año:

1994: La ceremonia se realizó en el Teatro Auditórium y se agregaron programas de Balcarce, Tandil, Miramar, Mar Chiquita, Necochea y Mar del Plata. Asistieron 900 personas.

1996: El evento se televisó por primera vez para Mar del Plata y zonas aledañas.

1997: El premio se abrió a participantes de toda la provincia de Buenos Aires. La fiesta de premiación contó con la asistencia de mil personas.

1999: Por resolución de la Secretaría de Turismo de Presidencia de la Nación, el premio se abrió a medios de todo el país.

Ese año participaron 1.256 personas y se postularon 1.200 programas.

Sergio Abrevaya se quedó afuera

[BPN-15/11/25] En las últimas elecciones legislativas del 26 de octubre, Sergio Abrevaya, primer candidato a diputado nacional porteño por el GEN, obtuvo apenas 16.622 votos, lo que representó el 1,02% del total. Se había postulado como diputado nacional porteño, pero sus votos no fueron suficientes.

Para dimensionar este resultado, las fórmulas con representación en la base de la tabla accedieron con un diputado: "Ciudadanos Unidos" (Martín Lusteau) con 97.794 votos (6%) y el "Frente de Izquierda y de Trabajadores" (Myriam Bregman) con 148.438 votos (9,11%).

Al GEN, partido que preside Abrevaya, le fue levemente mejor en la elección a senadores que en diputados, aunque a gran distancia de lograr los mínimos necesarios para obtener una banca. La lista de Facundo Manes sacó 38.689 votos (2,31%), muy lejos de los 511.943 votos (30,63%) de "Fuerza Patria" (una banca) y los 840.973 votos (50,32%) de "La Libertad Avanza" (dos bancas). El candidato a senador de su partido obtuvo un poco más de votos que Abrevaya, pero quedó muy lejos del mínimo requerido para obtener una banca.

En 2008, Sergio Abrevaya se hizo conocido en el ámbito de la propiedad horizontal por reunir a todas las entidades de consorcistas para discutir y consensuar un proyecto de ley. El objetivo era modificar la Ley 941, que en 2003 creó el Registro Público de Administradores (RPA) porteño.

La promotora de esta iniciativa fue la Sra. Teresa Villanueva —fundadora de la primera Comisión de Consorcios en la Comuna 2—, quien se acercó al legislador para manifestarle la problemática que vivía el sector. A diferencia de los políticos tradicionales que intentan hacer aprobar iniciativas a espaldas de los contribuyentes, Abrevaya organizó una mesa de discusión que elaboró un proyecto de consenso durante 2008.

Durante el año siguiente, el legislador le dio forma jurídica y el 5 de noviembre de 2009 la Legislatura porteña lo aprobó como la Ley 3.254.

Desde 2012 hasta principios de 2016, Abrevaya presidió el Consejo Económico y Social de la CABA. Víctor Santa María (SUTERH) se desempeñó como vicepresidente de dicha entidad.

En diciembre de 2015, el legislador porteño Fernando Muñoz presentó un proyecto de ley para transferir el control del Registro Público de Administradores de la CABA a una entidad colegiada que denominó Consejo de la Propiedad Horizontal. La comisión directiva de este consejo estaba integrada por representantes de diversas entidades relacionadas con la propiedad horizontal, más o menos afines al SUTERH.

En ese contexto, el 24 de febrero, Abrevaya se reunió con los representantes más destacados del sector de los consorcistas y los presionó para que aceptaran esta iniciativa que claramente favorecía al gremio. Les anticipó que la Ley Muñoz "salía sí o sí" y les advirtió que, si no participaban de su comité ejecutivo, serían representados por "un sello de goma". Los invitó a formar un bloque para ocupar la única silla disponible para su sector y les aclaró que, de lo contrario, "se quedarían afuera".

El 3 de diciembre de 2015, la Legislatura aprobó sobre tablas y sin debate parlamentario esa ley, que finalmente llevó el número 5.464. Seis meses después, el 7 de julio de 2016, Horacio Rodríguez Larreta se vio obligado a derogarla debido a la tenaz resistencia de los vecinos.

En 2018, Abrevaya votó a favor del polémico proyecto Consorcio Participativo (Ley 5.983). Esta iniciativa buscaba concentrar los datos comerciales, laborales y privados de los consorcios en manos del Gobierno porteño.

Su voto positivo sorprendió a la comunidad consorcial, ya que, por lo menos en un par de ocasiones, se había expresado en términos muy duros con respecto a la iniciativa de Facundo Carrillo y Rodríguez Larreta. Nunca se supo qué sucedió entre sus críticas y su voto. Esa ley todavía está vigente, aunque nunca fue reglamentada.

En abril de 2022, la Sra. María Mercedes García es reelecta presidenta de una entidad de consorcistas llamada ADEPROH (Asociación Civil de Defensa al Consumidor de Bienes y Servicios para la Propiedad Horizontal RA) por los siguientes cuatro años.

Sin embargo, en julio de ese año un abogado que dijo ser el presidente de ADEPROH exigió por carta documento a este medio que reconozca –entre otras cosas- que Sergio Abrevaya era su vicepresidente.

Consultada la Inspección General de Justicia (IGJ), en agosto de ese año confirmó formalmente que la presidenta de ADEPROH era la mencionada Mercedes García e informó la composición de su comisión directiva.

Subieron fuertemente las causas judiciales para cobrar las multas

[BPN-15/11/25] Durante los primeros diez meses de este año, la apertura de causas judiciales por ejecuciones fiscales por multas impagas por infracciones a la Ley 941 subió un 169%. Este incremento surgió de un relevamiento realizado por la Comisión de Consorcios de la Comuna 3 de la CABA, cuyo titular es Andrés Zulberti.

Mientras que hasta octubre del año pasado se habían abierto 92 expedientes en la Justicia por 183 millones de pesos (197 mil dólares), este año esa cifra trepó a 242 expedientes por 132 millones de pesos (110 mil dólares)⁷. El valor del dólar se calculó promediando la cotización compradora y vendedora del dólar oficial del año de la disposición sancionatoria que se pretende cobrar.

Sumando los primeros diez meses de cada año, desde 2019 a la fecha ingresaron a la Justicia más de mil causas por 360 millones de pesos, o casi 700 mil dólares, a valores nominales. A esos valores habrá que sumarle honorarios de abogados, costas judiciales, intereses y punitorios de corresponder.

El trabajo de Zulberti consistió en registrar periódicamente en una base de datos organizada los detalles más relevantes de las causas judiciales iniciadas por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor porteño para intentar cobrar multas impuestas por infracciones a la Ley 941 (Registro Público de Administradores).

Llamó la atención que desde 2019, promediando las ejecuciones fiscales contra el total de disposiciones sancionatorias ordenadas, el 34% de las multas debieron ser cobradas por la vía judicial. El valor de disposiciones totales consignado para el 2025 fue estimado según los números del primer semestre.

Hubo años en que se abrieron casi tantas causas para cobrar deudas por infracciones como sanciones se ordenaron (2023). Para este año se calcula que habrá unas 378 multas, mientras que durante los diez meses pasados ingresaron 242 causas para cobrar deudas impagas (64%).

Si se compara el año de la disposición sancionatoria contra el año de su presentación en la Justicia, este año la demora fue de 14 meses y medio, el mismo valor que el año pasado.

Ratificación de Santa María en la CGT y exigencia de renuncia

[BPN-15/11/25] El pasado 5 de noviembre, Víctor Santa María, titular del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), fue ratificado en su puesto en la Secretaría de Estadísticas y Registros de la Comisión Directiva de la Confederación General del Trabajo (CGT) para el periodo 2025/2029.

En esa secretaría lo acompaña Noemí Aida Geminiani (SUTERH), quien ocupó el sexto lugar de la lista "Es Ahora Buenos Aires" que encabezó Leandro Santoro y logró acceder a la Legislatura de la CABA en las últimas elecciones locales.

Llamó la atención que, en esa misma comisión directiva de la CGT, dos representantes del gremio SATSAID (Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos) participan a cargo de la Secretaría de Prensa y Comunicación. Este gremio había exigido, pocas semanas antes, la renuncia de Santa María a la CGT por "malas prácticas empresariales" en el marco de una dura lucha gremial contra el Grupo Octubre.

Los representantes del gremio en la CGT son Horacio Arreceygor y Susana Benítez⁸.

El pasado 23 de septiembre, trabajadores del Grupo Octubre habían presentado una carta abierta al Consejo Directivo Nacional de la CGT para exigir la renuncia de Santa María debido a la falta de pago de incrementos salariales. En IP Noticias, se mencionaba la "práctica ya habitual en las empresas de Santa María: la contratación de personal de televisión bajo fraude laboral (monotributistas), como si fueran proveedores de servicios". Además, en "elnueve", se señalaba un "proceso de vaciamiento del área de promociones con retiros 'voluntarios' y despidos, que son reemplazados por una agencia fantasma tercerizada que también incumple con la legislación laboral".

La carta abierta fue impulsada por cinco gremios relacionados con medios de comunicación: el mencionado SATSAID, el Sindicato de Prensa de BA (SiPreBA), el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP), el Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores (SALCo) y la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATraC).

Según el padrón general de gremios publicado por Clarín con datos de la CGT, la FATERYH (Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal, a la cual pertenece SUTERH) figura en el puesto 18 con 70 mil encargados y 23 delegados. Esto representa el 1,1% del total de los 2.186 delegados empadronados.

Los encargados podrán decidir en qué debe invertir el sindicato

[BPN-15/11/25] El Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) anunció el pasado 3 de noviembre un nuevo Proyecto NET bajo la consigna "nos encargamos entre todos". El gremio lo calificó en sus redes sociales como "un hito en la historia del SUTERH que marca una nueva forma de participación sindical".

Según este proyecto, los afiliados podrán decidir cómo invertir el presupuesto del sindicato. En la práctica, una vez al mes se realizará en la aplicación SUTERH Móvil un "circuito de votación" o encuesta entre los afiliados para que puedan establecer las prioridades del sindicato en diversos proyectos.

Al día siguiente, Víctor Santa María, titular del sindicato, ofreció más precisiones sobre la metodología de las votaciones en una transmisión en vivo por su canal de YouTube, SuterhOsperyh.

Santa María explicó el proceso: "Todos tenemos una aplicación que es SUTERH Móvil y ahí va a estar la encuesta. Se le va a dar un listado de temas con respecto a una temática en particular. Pongámosle que sea sobre turismo, que sea sobre capacitación, sobre educación, sobre salud, sobre gremiales".

Y detalló: "Sobre cada uno de esos se van a hacer tres o cuatro preguntas sobre obras que el sindicato quiere hacer. El compañero o la compañera elige qué obra es la que quiere realizar, cuál le parece más prioritaria y nosotros desde la comisión directiva intentaremos darle prioridad a las obras que nos marquen ustedes con su voto".

El dirigente gremial explicó que el motivo del proyecto es incluir a los encargados en la toma de decisiones de la comisión directiva. Señaló la intención de "generar un sindicato mucho más abierto de lo que veníamos haciendo hasta ahora" y profundizar el concepto de "sindicato de puertas abiertas" para que los afiliados "nos digan a nosotros cuáles son esas obras que deberíamos hacer, que deberíamos realizar".

No se explicó si los votantes podrán ver el resultado total de los votos del resto de los afiliados. A la fecha de la confección de esta nota (5 de noviembre de 2025), el video de Santa María había sido visto 322 veces, recibió 15 'me gusta' y tuvo 1 comentario.

La decisión de Santa María se da cuatro meses después de las últimas elecciones del gremio, en las que votó solo el 2,9% del padrón de afiliados informado por el sindicato a la Secretaría de Trabajo. Este número representó una caída de 17 puntos porcentuales con respecto a las elecciones de 2021.

Dios perdona, la inflación no

[BPN-15/11/25] Si no hay novedades salariales durante la segunda quincena de noviembre de 2025, el promedio de las escalas salariales de los encargados de edificios perderá:

Para comparar las escalas salariales del sector, se promediaron las funciones de encargado permanente con y sin vivienda en sus cuatro categorías de cada mes. En los casos que correspondió, se sumaron los bonos acordados en paritarias o por el Poder Ejecutivo nacional, incluyendo los bonos no remunerativo del 20% que se pagan en junio y diciembre.

Quedan dos homologaciones pendientes. Los cálculos de este mes se realizaron tomando en cuenta los siguientes acuerdos:

1.- Acuerdo del 20 de mayo: Otorgó un aumento del 1,1% para junio más un bono de 50 mil pesos. Aún no fue homologado por la Secretaría de Trabajo. Este acuerdo fue ratificado por los miembros paritarios el 1º de julio, remitiéndose al día siguiente a la Asesoría Técnico Legal. Tomando esta última fecha, y de no haber observaciones, podría considerarse homologado tácitamente el 14 de agosto (30 días hábiles), aunque ni las entidades de administradores -en nombre de los consorcios- ni el SUTERH ratificaron esta presunción.

2.- Acuerdo del 22 de julio: Otorgó un aumento del 1,5% en julio, un 1,4% en agosto, y un bono remunerativo de 50 mil pesos para esos dos meses. Fue homologado el 7 de noviembre mediante la Disposición 2569.

3.- Acuerdo del 9 de septiembre: Otorgó un aumento del 1,8% para septiembre, 1,7% para octubre, y 1,6% para noviembre, más un bono de 50 mil pesos para esos meses y viáticos para las funciones sin vivienda (con excepciones). Su último movimiento fue el 14 de octubre y se podría considerar tácitamente homologado el próximo 27 de noviembre.

Estos cálculos no incluyen ni el acuerdo del 22 de julio para los meses de julio y agosto, ni el acuerdo del 9 de septiembre para septiembre, octubre y noviembre, dado que todavía no podrían considerarse homologados tácitamente.

En noviembre, el promedio de las escalas salariales será igual al del mes pasado: 867.107 pesos mensuales.

En noviembre, el promedio de las escalas salariales se mantendrá en un -4,09% menor con respecto a diciembre del año pasado.

Esto se debe a que, como todos los años, en diciembre se pagó un bono del 20% que no se cobró en enero, lo que provocó una baja brusca en los promedios de las escalas salariales del primer mes del año. Durante el último mes del año pasado, el promedio era de 938.645 pesos mensuales.

El incremento interanual de las escalas salariales desde noviembre del año pasado hasta el mismo mes de este año será del 15,09%. El promedio de las escalas salariales de noviembre de 2024 fue de 782.204 pesos.

Según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, la inflación de octubre fue del 2,3% y para el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la de noviembre será del 2,2%. Con base en estos números, la inflación interanual de este mes será del 30,58%.

El haber mínimo de un jubilado que paga expensas en noviembre será de 403.085,39 pesos brutos, a los que se les debe descontar la "Obra social s/haberes PAMI".

Este monto se debe a tres razones:

1.- Se estableció en marzo del año pasado que el haber mínimo a partir de julio se actualizaría todos los meses según la inflación del IPC del INDEC (Decreto 274 del 22/03/24). Como la inflación de septiembre fue del 2,1%, las jubilaciones de noviembre aumentarán un 2,08% (Resolución 338 del 4 de noviembre).

2.- Se volvió a otorgar un "Bono Extraordinario Previsional" de hasta 70 mil pesos mediante el Decreto 771 del 27 de octubre.

3.- Se mantiene el veto que el 1º de agosto decretó el aumento jubilatorio de haberes del 7,2% y el incremento del bono (que pasaba de 70 mil pesos a 110 mil pesos y que además iba a empezar a actualizarse por inflación) (Decreto 534 / BO: 4/08/25). Este aumento había sido sancionado por el Congreso de la Nación el pasado 10 de julio.

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