Terremoto

[BPN-14/11/07] El miércoles 7 de noviembre, los legisladores de Juntos por Buenos Aires, Jorge Enríquez y Diego Santilli, decidieron que el proyecto de ley que promueve la creación de un Colegio Público de Administradores sea tratado recién en marzo del 2008. Fueron dos semanas intensas en las que las entidades de administradores y consorcistas realizaron reuniones con los legisladores, con sus asesores, protestas y debates para tratar este tema.

Mientras los administradores advertían la urgencia de que el proyecto se tratara en el Recinto antes de que asumieran los legisladores electos, los consorcistas –a los que posteriormente se sumaron el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el presidente del Colegio de Abogados de la CABA y la asociación Consumidores Libres- expresaban su rechazo a colegiar esta actividad.

El martes 30 de octubre, en la Federación Argentina de Municipios, las autoridades de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI), la Asociación Inmobiliarias Edificios Renta y Horizontal (AIER), la Unión Administradores de Inmuebles (UADI), Administradores Independientes de Propiedad Horizontal (AIPH) y Fundación Reunión de Administradores (FRA) realizaron una reunión con carácter de urgente para tratar el proyecto.

El miércoles 31, en una reunión con los asesores de los legisladores y de la que participaron todas las asociaciones de consorcistas, el presidente de la Fundación Liga del Consorcista, Dr. Osvaldo Loisi, les advertía que no siguieran con este tema "porque no nos va a quedar otro camino que apelar a la desobediencia civil. No vamos a obedecer". Durante ese encuentro los representantes de diversas entidades de consorcistas exigieron con diversos argumentos que se archive el proyecto por ser inconstitucional y avasallar sus derechos como propietarios <ver nota>.

El jueves 1 de noviembre, los consorcistas manifestaron en la puerta de la Legislatura Porteña su rechazo a la creación de un Colegio Público de Administradores. Lo hicieron en forma conjunta con el Colegio de Abogados que exigía la derogación de la caja de jubilación (CASABA). Como culminación del reclamo, las entidades de consorcistas presentes entregaron a los legisladores porteños -vía Mesa de Entrada- un documento en el que solicitaron el inmediato archivo del proyecto  <ver nota>.

El miércoles 7 a la mañana –el día del Canillita- los matutinos Clarín y La Nación dieron difusión al tema bajo los títulos "...un proyecto que haría aumentar las expensas" y "Temen que suban las expensas", respectivamente. Hasta el día anterior estaba previsto que la Comisión Legislación General y del Trabajo firmara el despacho para llevarlo al Recinto y sancionar la ley antes del 10 de diciembre. Aparentemente, habrían postergado su tratamiento ante la perspectiva cierta de que algunos medios nacionales tratarían el tema al día siguiente, el rechazo unánime de los consorcistas de diferentes sectores relacionados con la actividad y la falta de apoyo legislativo. "No queremos que la norma caiga dentro del paquete de leyes que se aprueban a fin de año. Queremos un debate cuidadoso", destacó Santilli, impulsor de la propuesta.

Una de las condiciones para matricularse es que el administrador cuente con estudios terciarios o universitarios. Es decir, que una vez que el colegio cierre la inscripción inicial de los idóneos que ya están trabajando habría una reserva de 4 a 5 años en la que no se podrían inscribir nuevos administradores. "Van a tener que formarse para ser administradores. Los que están, están, pero los que vienen tienen que venir formados", sostuvo Hernández.

Néstor Zabaleta –un vecino participativo de la Comuna 13- señaló que cuando surgen conflictos, los perjuicios en su inmensa mayoría son para los consorcistas y que justamente debe ser por eso que "el diputado Santilli para evitar los perjuicios de los consorcistas propone otorgar el monopolio y el poder de policía a los administradores".

Según él, con esta medida se busca generar un nuevo espacio económico. Advirtió que la legislatura está promoviendo la creación de infinidad de colegios: "pareciera que quiere la creación de grupos corporativos que defiendan sus intereses sectoriales. Lo que verdaderamente necesitamos es más democracia y participación".

El CPCECABA también se opone

[BPN-14/11/07] El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPCECABA) expresó públicamente su oposición a la creación de un Colegio de Administradores. Advirtieron que no están de acuerdo en que se prohíba el ejercicio de la administración de un edificio a aquellos que no posean título universitario.

"Los matriculados en el Consejo profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentran sujetos ope legis a la institución que los colegia, no tratándose de una asociación sino de una colegiación obligatoria ya que no existe voluntad sino la obligación legal de la matriculación para el ejercicio de las Ciencias Económicas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cualquier otra solución es susceptible de ser configurada dentro de los tipos penales previstos en el art. 247 del Código Penal y el art. 8º de la Ley Nacional 20.488", explicaron.

En este sentido, subrayaron que cualquier disposición local –en este caso el proyecto que tramita bajo el Nº de expediente 1244-D-2006- que afecte lo dispuesto por la Ley Nacional 20.488- es inconstitucional.

Protesta de consorcistas y abogados

Como culminación de la manifestación, las entidades de consorcistas entregaron en mesa de entrada un documento en el que solicitaron a los legisladores el "inmediato archivo del proyecto de ley de colegiación de los administradores de consorcios de la ciudad de Buenos Aires en base a los argumentos expresados en la tarde de ayer frente a vuestros asesores".

Según él, habrá que esperar que asuman el nuevo jefe de Gobierno, Mauricio Macri y los nuevos legisladores que en su mayoría serán del PRO .

Por último, advirtió que si se lee el expediente se observa que tiene un conjunto de defectos de redacción y de carácter formal que los legisladores debieran revisar antes de aprobarlo: "así como está puede dar lugar a más de una interpretación".

Para él, el argumento más encendido de los consorcistas respecto a este tema pasa por los que –si bien resaltó que no es la intención del colegio- "rechazan este proyecto pensando que van a perder su pretensión de sentarse en la mesa de negociaciones de los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) con el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios Renta y Horizontal (SUTERH). Ellos tienen la ambición de poder participar de la torta de distribución de la plata de las paritarias".

Explicó que de aprobarse esta iniciativa, el propietario que tenga algún problema con su administrador podrá presentar la denuncia en el colegio: "hoy, la única solución que tiene es hacer un juicio y en este país cuesta muy caro y lleva mucho tiempo". Sostuvo que este colegio tendrá la obligación de intervenir y que ese será justamente "un gran beneficio para resolver los enfrentamientos en forma personal y con los administradores".

El artículo 3º de la resolución lo anuncia: "Prorrógase al 1º de abril de 2008 el plazo establecido en el primer párrafo del artículo 3º de la Resolución D.E.-N Nº 823/06 para la incorporación masiva de todas las empresas que a esa fecha no estuvieran incorporadas formalmente a SUAF". El artículo 1º y el 2º anuncian que tanto las empresas incorporadas al SUAF por un procedimiento distinto al establecido en la Resolución D.E.-N Nº 584/06 o por ese mismo procedimiento dispondrán hasta el 30 de junio de 2008 para presentar las solicitudes de reintegro por pago de asignaciones familiares efectivizadas a sus dependientes con anterioridad a su incorporación al mencionado sistema. Vencido dicho plazo se producirá la caducidad del derecho a solicitarlas en lo sucesivo.

Es importante destacar que ahora la documentación a presentar está descripta en el artículo 5º y hay que cumplir con esta obligación antes del 30 de abril de 2008:

El artículo 6º informa que la publicación de esta reslución en el BO es suficiente como notificación del ingreso de los empleadores al SUAF; el 7º establece la obligatoriedad de informar los datos de las relaciones laborales y de familia de todos los trabajadores a través del Programa de Simplificación Registral (PSR), a todo empleador y por último en el 8º artículo vuelve a informar que la presentación de todo reintegro pendiente de asignaciones familiares podrá realizarse hasta el 30 de junio de 2008. Vencido dicho plazo se producirá la caducidad del derecho a reclamarlo.

¡Sin novedades en el frente!

[BPN-14/11/07] El mes número 11 del ya casi finalizado 2007 no presenta ninguna modificación con respecto al anterior. Tanto los importes de los haberes básicos como los adicionales, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y las asignaciones familiares son iguales al mes de octubre.

Es un buen momento para ir organizando las fechas de las licencias por vacaciones correspondientes al año 2007 y que, generalmente, comienzan a gozarse a fines de este mismo año o a principios de 2008.

Las visitas se realizaron desde 47 países. La inmensa mayoría ingresó desde Argentina (83%) aunque también hubo visitas de Méjico (5%), España (3%), Colombia (2%) y Chile (2%), entre otros.

Se encuentra en la comisión de Legislación General y del Trabajo de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de ley del diputado Diego Santilli referido a la creación del Colegio Público de Administradores de Propiedad Horizontal de la Ciudad.

El proyecto prevé que para ejercer como administrador de propiedad horizontal en la Ciudad de Buenos Aires se debe estar inscripto en la matrícula regulada por el colegio (Art. 2º). Establece los requisitos para inscribirse, los deberes y derechos que deben observar los matriculados y cómo funcionará el colegio (autoridades, órganos, tribunal de disciplina, etc.).

El análisis del proyecto nos lleva a la conclusión de que más allá del fin específico de regular una actividad se está creando un órgano corporativo obligatorio con facultades que extralimitan la Ley 13.512  y limitan el derecho de propiedad de los dueños de unidades en los consorcios.

La Ley 13.512 (Nacional) dice en su art. 9º) Inc. a), que el Reglamento de Copropiedad del consorcio debe establecer la "designación de un representante de los propietarios, que puede ser uno de ellos o un extraño con facultades para administrar…", sin embargo, el Art. 2º Inc. 2 del proyecto (ley de la ciudad de Buenos Aires) dice que para ejercer la actividad de administrador se debe estar inscripto en la matrícula correspondiente. En consecuencia, se limita el derecho de elegir a un administrador copropietario si el mismo no está matriculado. Esta limitación, a mi criterio, es inconstitucional pues antepone una ley local a la Legislación Nacional.

El art. 8º inc. a del proyecto dice: "la gestión del administrador nunca se presume gratuita"; esta definición implica limitar el derecho de los copropietarios de autoadministrarse, impactando directamente en el costo de las expensas.

El art. 4º inc. b entre los requisitos para matricularse establece que para ser administrador se debe poseer título universitario y/o terciario de administrador de propiedad horizontal o equivalente, expedido o revalidado en la República Argentina. No hay carreras que otorguen ese título en establecimientos públicos o privados, puede existir algún desarrollo embrionario de este tipo de estudios, pero los administradores actuales poseen otros títulos universitarios o son simplemente idóneos. En general, las colegiaturas obligatorias para ejercer profesiones corresponden a graduados universitarios (abogados, médicos, ingenieros, Ciencias Económicas, etc.), una disposición transitoria anexa al proyecto autoriza a matricular a los administradores inscriptos en el Registro Público de Administradores creado por la Ley 941, que no exige graduación universitaria para ejercer como administrador. Esta contradicción en el texto da para preguntarse si es razonable que se instrumente una colegiación obligatoria de esta actividad.

El art. 8 inc. b) establece entre los derechos de los administradores "ser depositario y custodio de los dineros del consorcio de propietarios, en caso de existir el manejo conjunto de dichos fondos, deberá constar en Acta de Asamblea, la identificación de los propietarios designados a tal fin, con la trascripción de las responsabilidades civiles y penales que dicho manejo les genera a cada uno de ellos y su aceptación explícita con firma del acta correspondiente". Esta disposición afecta el derecho de propiedad, los únicos dueños de los fondos son los copropietarios y ellos deciden quién los custodia y en qué condiciones; no es obligatorio que el administrador sea el custodio de los fondos, obviamente la responsabilidad del administrador se limita a los fondos que recibe en depósito, pero no tiene el derecho de ser depositario y custodio de los dineros del consorcio.

El art. 7 inc. d) dice "Contratar la provisión de bienes, servicios o realización de obras bajo los procedimientos establecidos en las normas técnicas dictadas por el colegio profesional, con proveedores que reúnan los contenidos en dicha normativa". Esta disposición afecta también el derecho de propiedad, pues afecta la libertad de contratación de proveedores, limitándola a aquellos que cumplan las normas que este Colegio disponga.

El art. 4 inc. e) obliga para matricularse a contratar un seguro de caución o constituir una garantía real a favor del colegio por el monto que establezca la reglamentación como garantía de su acción profesional. Entiendo que en todo caso será cada consorcio el que resuelva si corresponde o no la contratación de seguro o garantía y debe ser a favor del mismo y no del Colegio.

Este proyecto no aporta solución alguna a la compleja problemática de la propiedad horizontal, solo es un buen negocio para aquellos que usufructúen el control de la matrícula y un dolor de cabeza para los copropietarios que seguramente sufrirán el incremento de los costos de sus expensas junto con una limitación a su derecho de propiedad.

Consideramos que el primer paso debe ser la modificación de la Ley 13512, como hemos mencionado en otras oportunidades, en beneficio de los copropietarios, asegurando sus derechos y delimitando el accionar de los administradores a su función, la de un mandatario de los propietarios.

El peligro no ha pasado, tan sólo se ha pospuesto.

Frente a la terminante oposición manifestada por los consorcistas y las agrupaciones que de alguna forma los representan -que han salido al unísono a defender sus derechos tanto en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires como en cuanto medio de información han podido expresarse-, los legisladores de Juntos por Buenos Aires, que integran el PRO, utilizando su experiencia y pericia, decidieron dejar caer el actual proyecto de creación del Colegio Público de Administradores. Aunque dispuestos el año próximo a persistir en su objetivo.

Tanto el proyecto de ley de Registro de Administradores presentado por la legisladora Dosch, como el despacho aprobado en la Comisión de Legislación general cumplían moderadamente con su objetivo: ejercer el control sobre los administradores de edificios de propiedad horizontal. Recordemos que la Ley 941 fue modificada en demasía para su aprobación en el recinto y se sancionó con muchas falencias.

En el año 2006, se presentaron proyectos de reforma que se aproximaban a un "real control" de la actividad. Asistí a tres reuniones de asesores de la Comisión. En la última también estuvieron presentes algunos administradores (Ver Boletín de Pequeñas Noticia Nº 306 y Nº 307). No percibí entusiasmo en la Comisión para agregar al proyecto unificado de reforma mayores controles, aún más sentí que no les satisfacían las reformas propuestas, ni siquiera la ley original - (los proyectos fueron presentados por cuatro Legisladores que no integran esta Comisión y se unificaron)-

Le solicité al Sr. Demarco, director de la Comisión, que invitara a todas las asociaciones de defensa del consorcista e hice entrega de los datos para ubicarlas. No fuimos invitados, el despacho se firmó y se giró a la Comisión de Justicia, donde no tuvo tratamiento. Este año volvió a la Comisión originaria

Me enteré casi de casualidad que el 17 de octubre de 2007, en reunión de asesores de esta Comisión, se trataría en conjunto el proyecto de reforma de la Ley 941 y el proyecto de creación del Colegio Público de Administradores.

Concurrí a la reunión, se trató exclusivamente el proyecto de Colegiación, debido a que la mayoría de los asesores presentes estuvieron de acuerdo en pulirlo en Comisión, para su casi segura aprobación, derogando la Ley 941. Esta Comisión considera que ambas leyes se superponen, gastando así recursos del estado.

Asistí a una reunión de legisladores que se realizó el lunes 22 de octubre, estaban invitadas todas las asociaciones de administradores.

En ambas reuniones, tuve la posibilidad de realizar la defensa a la reforma de la Ley 941 y expresar mi disidencia a la creación, por el momento, del colegio de administradores.

Tanto diputados como administradores se sentían muy satisfechos con el proyecto de colegiación a pesar de la disconformidad de los condóminos.

Le solicité nuevamente al Sr. Demarco que usara los datos que le entregué hace un año para contactar a todas las asociaciones de defensa del consorcista. En esta oportunidad se produjo la tan ansiada reunión del día 31 de octubre, donde pudimos expresar nuestro parecer a los asesores de la Comisión. Con los legisladores de la Comisión no hemos podido reunirnos.

El 1º de noviembre los representantes de asociaciones y los consorcistas que concurrimos a la entrada del Palacio Legislativo, respondiendo a la convocatoria realizada por el Dr. Eduardo Awad, firmamos un petitorio solicitando el inmediato archivo del proyecto de colegiación de los administradores. Ingreso como Exp. Nº 2442-P-2007 a la Comisión de Legislación General.

Tenemos otra posibilidad de reforma, ha ingresado a la Comisión otro proyecto de modificación de la Ley 941, el Exp 2428-D-2007 presentado por el Legislador Roberto Destéfano.

Al renovarse los legisladores, puede que se incorporen a la Legislatura Porteña diputadas y diputados que se preocupen por la problemática de los vecinos de esta ciudad, que vivimos y/o trabajamos en los llamados edificios de propiedad horizontal.

Por otra parte, el año próximo seguramente se va a presentar uno nuevo proyecto de colegiación, con un poco de "maquillaje", pero detrás de este maquillaje los objetivos son los mismos: "que los administradores se controlen a sí mismos" y que desaparezca el control estatal; sortear los "títulos habitantes que no poseen con artículos en transitorias del nuevo proyecto, que expresaran" que por "única vez" se pueden inscribir los que tienen "matrícula habilitada "por la ley 941.

Hasta que la actividad del administrador no sea transparente, ni hayan cursado los estudios correspondientes, nuestro compromiso es seguir luchando para que no logren crear su "Colegio Público".

Estimado señor García de Rivas:

Continuando con nuestro e-mail del 4 del corriente, APROPHMAR le solicita quiera tener a bien publicar en su Boletín nuestro parecer y sugerencias sobre la colegiación de los administradores.

Lo que hace que un profesional sea una persona de bien, capaz e íntegra, no es la colegiación, es su actuación como tal. Por lo tanto, APROPHMAR no ve qué podría aportarle a los administradores la colegiación de su actividad.

Si el señor diputado Diego Santilli hubiese recabado información de los administradores en los consorcios de edificios, muy posiblemente no hubiese pergeñado tal proyecto.

Si es intención de algunos administradores que la profesión se jerarquice y dignifique, APROPHMAR sugiere, con modestia, algunas medidas que podrían adoptar:

1º.- Cuando se hacen cargo de una administración deberían exigir que en el Libro de Actas figure la finalización de su mandato y no escudarse, para perpetuarse en el cargo que eso se resuelve por el Código Civil o las asambleas.

2º.- Las asociaciones de administradores que concurren al Ministerio de Trabajo y avalan los Convenios Colectivos de Trabajo de los Encargados no deberían hacerlo porque no les corresponde ni tienen mandato para ello.

3º.- El Reglamento de copropiedad no es la Biblia, el Corán, la Torá ni una bula papal, es un documento que un señor propietario/constructor inscribe en un registro en resguardo de sus intereses y que, una vez sustentados estos, podrían contemplarse en el mismo los de los nuevos propietarios.

4º.- Deberían acordar los administradores un modelo único de expensas con las particularidades de cada edificio y los rubros anotados en forma clara y concisa.

5º.- El Consorcio debe tener una cuenta abierta a su nombre y los movimientos bancarios serán con las firmas del administrador y dos propietarios rotativos en forma conjunta.

6º.- Si los administradores acuerdan un Libro de Registro de Firmas para cotejarlas con las presenta das por poder en las asambleas se resollarían trámites y gastos superfluos, amen de suspicacias.

7º.- El administrador debería tener un seguro de caución a nombre del Consorcio para el caso de una mala administración con perjuicio económico para el Consorcio. APROPHMAR no está de acuerdo con lo que "graciosamente" propone el presidente de AIPH, administrador Adrián Hilarza "una fianza que puede ser un seguro de caución real o pueden ser las dos cosas juntas". El "espíritu de este punto es que la persona que maneja dinero de terceros tenga un respaldo ya sea un seguro o una caución real" o sea que, los propietarios debemos cubrir su mal desempeño, por no decir otra cosa.

Un párrafo aparte merece lo manifestado en el Boletín Nº 332 por el señor administrador Jorge Hernández (FRA), que siempre logra sorprendernos con sus propuestas: "el colegio será una gran solución para todos los que viven en propiedad horizontal va a dar "transparencia, seguridad y certeza. Los que más se van a beneficiar son los propietarios correctos (¿?) debido a que no va ha haber más competencia desleal (¿?)".

8º.- Los administradores no deberían firmar poderes y anotarlos en el Libro de Actas antes del comienzo de la asamblea para evitar maniobras espurias.

9º.- Cada consorcio debería contar con un Libro de Novedades de la Portería donde los propietarios podrán anotar sugerencias y quejas para la mejor marcha del Consorcio.

10º.- Pasada una cierta cantidad de dinero (que el consorcio se fijara), para cualquier otro gasto, la administración debería exigir de los propietarios no menos de tres presupuestos en sobre cerrado que, en su momento, serán abiertos en presencia de los mismos.

11º.- El administrador debería actuar de mediador entre diferendos de propietarios, racionalmente.

12º.- El administrador debería colocar una pizarra en lugar visible, donde asentaría las prioridades de trabajos en el mismo.

13º.- El administrador no debería permitir que el encargado venda y/o alquile departamentos porque no es su función y se hace partícipe o cómplice, debería sancionarlo.

14º.- El administrador acorde con el Convenio Colectivo de Trabajo del Encargado deberá establecer fehacientemente cuáles son las obligaciones de éste y no puede concederle "plus" por tareas que son inherentes a su función, como por ejemplo, cambiar focos de los pasillos comunes, barrer la vereda, etc.

15º.- Los propietarios que sean designados para integrar el Consejo de Propietarios deberán asumir que no es un privilegio ni un título de nobleza sino un servicio prestado al consorcio y un contralor de la Administración y si no se siente capacitados no aceptarlo.

16º.- APROPHMAR entiende que estas irregularidades pasan porque la mayoría de los propietarios no se involucran en la defensa de sus derechos. Deben hablar con el vecino porque lo que le pasa a él, mañana me puede pasar a mí.

Estos enunciados son los más comunes que nuestros asociados nos denuncian.

APROPHMAR estima que si muchas de estas anomalías no existieran los administradores no necesitarían colegiación para tener jerarquía y dignidad. APROPHMAR ha hecho llegar a sus asociados una propuesta tendiente a transparentar la administración de sus consorcio. Por medio de una asamblea los propietarios contratarían un convenio de locación de servicios con apoyo jurídico y contable que tenga relación directa con su propiedad horizontal, en defensa de sus derechos y un control efectivo de la gestión del administrador mediante el pago de $2 por cada unidad funcional. Además, una auditoría contable anual, redacción de cartas documento, mediación.

APROPHMAR no es ni pretende ser el azote bíblico de los administradores. Los hay de todos los colores. Una colegiación no es buena ni mala. Lo es, para que se crea y con qué fin.

Le saluda muy atentamente.

Hace pocos días -y se viene repitiendo desde hace tiempo- que personas con discapacidad se manifiestan en la Estación Terminal de Ómnibus de Retiro para protestar por el incumplimiento reiterado y consecuente por parte de las Empresas de Transporte de Larga Distancia a entregar los boletos gratuitos normados por La Ley 25635 y su decreto reglamentario Nº 38/04.-

Las excusas son sistemáticamente las mismas: cupo y capacidad de las unidades cubiertas, el servicio que se solicita es "cama" y no está amparada por la ley o "nuestros coches son servicio "cama" únicamente, por lo que no estamos obligados a adjudicar pasajes".-

Ello es falso y comprobable. En muchísimas oportunidades los coches salen sin personas con discapacidad, a las que se le ha negado y también con asientos vacíos hasta su destino. Si ante la negativa alguien se presenta en ventanilla para adquirir su pasaje no tiene ningún inconveniente y es más, hasta puede elegir ubicación; no se puede alegar el no tener otro tipo de servicio como semi-cama o común porque la ley es bien clara: "las empresas de transporte colectivo terrestre sometidas al contralor de autoridad nacional deberán transportar gratuitamente a las personas con discapacidad en el trayecto que medie entre el domicilio de las mismas y cualquier destino...".-

Si bien es cierto existe un malévolo Decreto Nº 118/06 que limita el acceso a la gratuitidad en cuanto asigna cupos y comodidades, en el caso comentado no exime a la empresa del cumplimiento estricto de la ley, aduciendo no poseer las comodidades acotadas.-

Los mismos manifestantes que no tienen más remedio que convertirse en "piqueteros" para hacerse oír, expresan entre otras cosas que las empresas están en manos de "políticos" y por ende gozan de total impunidad y que prefieren pagar las multas (cuando ello ocurre…..), que son irrisorias, antes que entregar pasajes.-

Esta última manifestación ha sido corroborada por un integrante de las Cámaras o Sindicato que las agrupan en un reportaje televisivo

Y objetivamente esto tiene visos de verdad.-

Se ha creado un monopolio de Empresas de Corta y Larga Distancia que se nuclea en muy pocas sociedades: tenemos el ejemplo de "FLECHABUS" que posee el 30% de los colectivos -incluyendo una docena de empresas que conservan su nombre pero son de una sola familia-; otra: GRUPO PLAZA con varias de larga distancia, muchas de corta y de dos ferrocarriles.

Por último, con la connivencia de los entes de control e incluso de la Secretaría de Transportes, se produce una clara inmunidad.- El organismo de verificación, la CNRT-Comisión Nacional de Regulación del Transporte, sólo se presenta esporádicamente en las terminales y para los viajes de fines de semana largos o temporada, controlando el estado de seguridad de las unidades y de las condiciones de trabajo de los chóferes, pero nunca sobre los problemas de las personas con discapacidad

Agreguemos que ante denuncias en ese Organismo, que totalizan cientos de ellos, los resultados son inocuos e inoperantes los funcionarios que deberían evaluar y aplicar las sanciones correspondientes, no sólo en la firma de las Resoluciones sino en el seguimiento del cumplimiento de las mismas.-

Y aquí llegamos a la segunda parte del título de esta nota.-

Según una de las distintas definiciones, "Los Deberes de Funcionario Público" implican el respeto por la Constitución Nacional y el cumplir y hacer cumplir sus preceptos.-

En nuestra Carta Magna existe un múltiple articulado que defiende los derechos de los ciudadanos y en particular los de las personas con discapacidad.-

Se entiende que el "funcionario público" debe velar, por consiguiente, por la ley y la justicia y por supuesto ser honesto. En esta instancia considero funcionario público desde el Presidente de la Nación hasta el menor de los funcionarios del Estado incluyendo a la Justicia y el Poder Legislativo.-

Y lamentablemente desde la cabeza hacia abajo se los puede acusar de "incumplimiento de los deberes de funcionario público", ya sea por acción o por omisión.-

Por acción el suscripto tiene el derecho de acusar al Ministro de Planificación y al Secretario de Transportes de la Nación por las prebendas otorgadas al Transporte Público de Pasajeros en detrimento de la sociedad en las que se incluye nuestro colectivo, al otorgar por ejemplo sucesivas prórrogas al vencimiento de la vida útil de los colectivos que debían ser reemplazados por unidades accesibles; los continuos aumentos de subsidios a las Empresas de Transporte Automotor, subtes y trenes que hoy ascienden a 310 millones de pesos para atender los mayores costos operativos por los aumentos de sueldos, y que paga todo el pueblo,. A los funcionarios de la CNRT. por no aplicar sanciones más severas o emitir proyectos que repriman efectivamente las transgresiones.-

En oportunidad de solicitar la reconsideración de una resolución denegatoria al Interventor de la CNRT. y en la que expresaba, entre otras cosas: "cuando la infracción de las empresas de transporte no están explícitas en las normas establecidas, pero que el sentido común indican una trasgresión, son ustedes quienes deben llenar ese vacío o hacer intervenir a la Superioridad para el dictado de alguna Resolución, en este caso por parte de la Secretaría de Transportes" La respuesta de un asesor fue algo así como: debemos atenernos a las normas que tenemos para lo que se solicita habría que modificar una reglamentación administrativa.-

En otras palabras "nos lavamos las manos".-

Por omisión a la Legislatura Nacional que sólo da quórum cuando respetando una verticalidad se trata un proyecto que políticamente les interesa pero cuando existe algún proyecto como la "derogación del Art. 4º del Decreto Nº 118/06" que causa perjuicio a las personas con discapacidad, duerme en un cajón y sólo se habla de un pedido de informes.-

A los jueces y fiscales que actúan prontamente de oficio cuando un hecho mediático adquiere grandes dimensiones, pero no lo hacen en el tema de la discapacidad.-

A las instituciones de defensa de nuestros derechos como la CONADIS (Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas) cuyas Resoluciones tienen carácter vinculante pero que no la respetan ( caso informe sobre Decreto 118/06) y ésta no acciona como correspondería; el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y en cierta manera al INADI-Instituto Nacional contra la Discriminación, por cuanto sus intervenciones no han sido tenidas en cuenta y en los expedientes se siguen sumando denuncias que a la larga y burocráticamente, pierden sustento; COPINE, Comisión Para la Plena Participación e Integración de las Personas con Necesidades Especiales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con poca efectividad hasta el momento.-

Entonces ¡¡hasta cuando seguiremos maltratados!! Las personas con discapacidades no son seres humanos?? Alguna vez conseguiremos la concientización política y social de la discapacidad???.-

Ustedes tienen la palabra.-

Planilla modelo de presupuesto

Buenas tardes, quisiera saber si me pueden ayudar en la confección de un presupuesto de los honorarios de un administrar un consorcio.

¿Hay alguna planilla modelo para tal efecto?

¡¡Muchas gracias!! 

Rubén
(18/10/2007)

Estimado Ruben:

Las diferentes cámaras y asociaciones del sector tienen planillas estimativas para la cotización de los honorarios de un consorcio.

Lo que tenés que tener en cuenta al momento de cotizar es el estado general del consorcio, la cantidad de morosidad existente, la cantidad de personal en relación de dependencia que tenga el consorcio, la categoría del edificio, la cantidad de unidades funcionales, la ubicación del edificio, etc.

En base a estos parámetros se fija un valor por unidad funcional que multiplicado por la cantidad te va a dar el honorario a presupuestar.

Si el consorcio tiene pocas unidades se parte de un valor que va a ser superior a la cuenta anteriormente enunciada.

Ante cualquier duda estoy a tu disposicion.

León R. Estrugo

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El Adm. León R. Estrugo es el Director Nacional de la Defensoría del Consorcista (Sta. M. de Oro 15 - San Bernardo - Teléfono: (02257) 46-8866) y un administrador de consorcios con amplia experiencia en el tema. Para cualquier consulta se le puede enviar un e-mail a info@administracion.net.ar o llamarlo al teléfono 4443-2466 en Capital Federal.