Entre propósitos y despropósitos todavía no se firmó el convenio

[BPN-20/05/09] La firma del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) sería inminente. Así lo aseguraron varias fuentes consultadas por Pequeñas Noticias. Sin embargo, el acuerdo se demoró debido a que la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) -ante su exclusión de las negociaciones- hizo una presentación judicial.

Las autoridades de la Cámara solicitaron que se convoque a una nueva reunión en la que se la incluya en las discusiones de la escala salarial y las modificaciones en el articulado del Convenio. Al mismo tiempo, consideraron que el acta de acuerdo que estaba a punto de firmarse les parece un "total despropósito".

Según informaron a Pequeñas Noticias fuentes que prefirieron mantener su identidad en reserva, el pedido original del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios Renta y Horizontal (SUTERH) sería:

1) Incorporar un aumento salarial remunerativo de 380 pesos sobre los haberes básicos aplicados de la siguiente manera: 100 pesos con los haberes del mes de mayo, 100 pesos con los haberes del mes de julio, 100 pesos con los haberes de agosto y 80 con los de septiembre.

2) A partir del mes de diciembre, las categorías 3ª, 2ª y 1ª recibirían otro incremento que surgiría de la actualización de los 380 pesos según los porcentuales que rigen para cada una de ellas. O sea que la 3ª categoría cobraría un incremento de 38 pesos (10%); la 2º, de 57 pesos (15%) y la 1º, de 76 pesos (20%).

3) Por último, según las fuentes consultadas, el SUTERH habría acordado con el AIERH y la UADI que en enero y febrero de 2010 se abone una suma fija de carácter no remunerativo en dos cuotas IGUALES cuyo total sería de 480 pesos.

El acta de acuerdo habría estado a punto de firmarse el viernes pasado pero una presentación judicial de la CAPHyAI hizo que tanto el SUTERH como la Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal (AIERH) y la Unión Administradores Inmuebles (UADI) dieran marcha atrás.

Los socios de la Cámara decidieron por unanimidad no resignar su espacio en las negociaciones de los CCT en la reunión que se realizó en su sede el pasado martes 12 de este mes.

Uno de los participantes señaló que el encuentro -al que asistieron unos 25 socios- estuvo a cargo del presidente de la CAPHyAI, Horacio Bielli; el vicepresidente 1º, Felipe Zakuski y el tesorero, Alfredo Iglesias.

La Ley 941 en el banquillo de los acusados

[BPN-20/05/09] La Ley 941 que creó el Registro Público de Administradores sigue siendo tema de debate. El jueves 14 de mayo, se realizó una reunión en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) para tratar posibles modificaciones y en la que participaron el director general de Defensa y Protección del Consumidor y Subsecretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la CABA, Dr. Oscar R. Michelotti; el vicepresidente de la Subcomisión de Administración de Consorcios de Propiedad Horizontal del CPCE, Dr. Roberto C. Fregonessi; el Dr. José L. Serpa, y Andrés Elisseche, en representación de la Defensoría del Pueblo. 

La mayoría de los disertantes coincidieron en que es necesario hacerle una reforma. Según Fregonessi, "el actual registro para nosotros es una simple oficina burocrática que acumula papeles. A los consorcistas no le sirve".

Uno de los principales puntos que trataron fue la obligación o no de realizar auditorías contables a los administradores.

Los legisladores porteños Sergio Abrevaya (CC) y Patricio Di Stéfano (PRO) –que presentaron dos proyectos sobre este tema- no pudieron asistir por estar en el tratamiento de otras leyes.

El objetivo del encuentro fue brindar un espacio de análisis sobre la problemática en las administraciones de consorcio y la discusión sobre el rol del profesional de Ciencias Económicas en el control de tales administraciones.

Al mismo tiempo, precisó que impusieron la aplicación de 400 multas con un promedio de 1500 pesos haciendo un total de 600 mil pesos. "Esto demuestra el interés de los ciudadanos y de su participación activa para que se aplique la norma", destacó.

Por otra parte, señaló que algunas de sus propuestas para mejorar el funcionamiento de la Ley 941 son: que el administrador deba contar con un domicilio comercial para facilitar el contacto con los consorcistas, agregar como causales de impedimentos para la inscripción aquellos que hayan cometido delitos relacionados con la administración.

Otro de los puntos es que los gastos de inscripción al registro y de la renovación de la matrícula corran por cuenta del administrador y no lo puedan poner como gasto del consorcio.

En cuanto a las sanciones, quieren que se incluya una sanción intermedia como el apercibimiento. Al mismo tiempo, que se especifique que el administrador deberá publicar su sanción: "hoy, no tenemos la posibilidad de obligarlo a que publique la sanción, lo hacemos pero no está específicamente en la ley".

Fregonessi señaló que las primeras instituciones dentro de la comunidad consorcial siempre fueron creadas por administradores y para administradores. "Los propietarios brillaban siempre por su ausencia. Recién a mediados de la década del 90 comenzaron a aparecer organizaciones diciendo que representaban a los propietarios y consorcios", reflexionó.

En principio, consideró que fue saludable su nacimiento pero aclaró que "para poder representarlos deben hacer muy bien sus deberes. Algunas de estas instituciones están en buen camino pero hay otras que lo único que esconden son intereses menos transparentes. En realidad, son instituciones que pretenden lucrar con la problemática consorcial".

A su vez, advirtió que últimamente han visto algunas que "tienen objetivos políticos lo cual va a ser nefasto para la comunidad consorcial. Estimo que con el tiempo, las instituciones se decantarán y van a quedar las realmente representativas".

Por otra parte, señaló que uno de los objetivos de estas entidades es poder participar de las negociaciones de los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT): "estamos totalmente de acuerdo pero deberían ser realmente representantivas de los consorcios".

Fregonessi señaló que en principio, los consorcios se desarrollaban en un nivel de conflictos relativamente bajos sin tantos inconvenientes en la medida en que las expensas no incidían mayormente sobre los salarios de la población.

"Con el correr de los años una serie de factores ha llevado a que la expensa sea un gasto importante y por lo tanto aumentó el nivel de conflictos haciendo muchas veces una tarea insalubre tanto para el administrador como para el propietario", subrayó.

Según él algunos de los conflictos son:

- El edificio en sí mismo debido a su antigüedad. Gran parte tienen entre 40 y 50 años y la vida útil de las instalaciones ha sido cumplida. El reemplazo de esas instalaciones y reparación requiere importantes sumas de dinero y los consorcios no lo pueden pagar y continúan trabajando de manera muy deficiente. Esto trae conflictos de funcionamiento y económicos.

- Los administradores tienen un bajo nivel de capacitación e idoneidad por lo tanto toman decisiones equivocadas y erróneas.

- Hay un grado importante de corrupción y ausencia de controles.

- Los propietarios tienen desconocimiento de cuáles son las verdadera funciones y responsabilidades del administrador. También tienen criterios erróneos en cuanto al mantenimiento y reparaciones para realizar en el edificio, en general se usa el método correctivo y no el preventivo, esperamos a que una pieza se rompa par repararla.

En cuanto a las soluciones, destacó la importancia de profesionalizar la actividad y de mejorar el funcionamiento del actual registro: "para nosotros es una simple oficina burocrática que acumula papeles. Para los consorcistas no sirve".

¿Por qué los administradores siguen en paritarias?

[BPN-20/05/09] "Yo no escucho que las cámaras de administradores que negocian los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) del sector renieguen o estén molestas por tener que participar en las paritarias. No hay una actitud quejosa o molesta, pareciera que participan con cierto beneplácito", reflexionó el administrador Jorge Ferrera.

En el programa de radio "Hablemos de Consorcios" de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal (UMIPH) del 8 de mayo, Ferrera se preguntó por qué ante tantos cuestionamientos de los consorcistas, las entidades de administradores quieren seguir participando de las negociaciones.

En este sentido, destacó que partiendo de la idea de que no hay un interés económico, el interrogante es por qué no explican cuáles son sus argumentos e intereses para querer seguir participando: "esa es la respuesta que no escucho".

Al mismo tiempo, resaltó que desde UMIPH tienen abiertos todos los canales de comunicación para que los miembros de las distintas comisiones directivas puedan exponer cuál es su posición respecto a este tema.

Ferrera sostuvo que como administrador de consorcios y escuchando lo que le plantea la gente, puede decir que una de las preocupaciones centrales de los copropietarios es que sienten que las cámaras de administradores no los representan como quisieran: "su pensamiento es que firman incrementos para los encargados debido a que no son ellos los que los tienen que pagar".

"El cuestionamiento por parte de los consorcistas tiene cierto marco de sensatez porque en realidad quienes lo representan no son los propios consorcistas sino los administradores", reflexionó

"El proyecto de Leguizamón es inconstitucional"

[BPN-20/05/09] La diputada nacional María Laura Leguizamón (Frente para la Victoria) presentó un proyecto para incorporar un párrafo a la Ley 12.981, una norma que rige las relaciones laborales de los encargados de casas de renta y propiedad horizontal. Su propuesta apunta a que "en los casos de despido sin justa causa, el empleador no podrá exigir al trabajador la entrega de la unidad inmueble que éste habitare, hasta tanto no se le abone la totalidad de los rubros salariales e indemnizatorios que correspondan según las leyes laborales vigentes" (BPN Nº 376 del 6/5/2009: "Sin indemnización no se devuelve la vivienda").

El Dr. Eduardo Brailovsky consideró que esta propuesta es inconstitucional debido a que la vivienda del encargado es de propiedad del consorcio y la Constitución Nacional consagra el derecho absoluto del propietario de disponer, usar y gozar de su propiedad, como más le guste y quepa.

Argumentó que el proyecto viola indubitadamente el derecho constitucional de disponer de la propiedad de la vivienda consorcial a su entero arbitrio o, en liso castellano, a su antojo.

"Es cierto, el límite del antojo serán las normas de seguridad y orden público. Esto es claro, no puedo prender fuego a mi propiedad porque altero normas de seguridad pública (derecho penal), no puedo alquilarla a una persona si dentro del inmueble tengo un ocupante (derecho penal), no puedo dársela a un empleado si tengo adentro un encargado despedido (derecho penal)", explicó.

Al mismo tiempo, señaló que –de aprobarse- también se estaría violando la libertad que consagra la Constitución Nacional respecto a los actos de los ciudadanos "porque nadie ni siquiera el Congreso de la Nación puede prohibir hacer algo a un ciudadano".

Subrayó que nadie puede imponer que un empleador no despida a su empleado: "es ridículo. Fijémonos que además, tal pretensión conlleva una reacción contraria debido a que está sucediendo que, en razón de los excesos del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios Renta y Horizontal (SUTERH) los consorcios cada vez contratan menos empleados para los servicios prefiriendo contratar empresas".

Por otra parte, resaltó que la iniciativa va contra los principios básicos y fundamentales de la Ley 20744, también llamada Ley de Contrato de Trabajo que también es de aplicación a los trabajadores del gremio de la propiedad horizontal.

Brailovsky sostuvo que para el gremio de empleados de la propiedad horizontal, ya rige una indemnización especial: en caso de despido, el preaviso es de tres meses en lugar de un mes como establece la LCT.

"¿La legisladora leyó el fundamento de esta indemnización especial? Supongo que no", destacó. A su vez, aclaró que la legisladora ha establecido que el fundamento del pago de los tres sueldos que debe pagar el consorcio empleador al ex encargado con vivienda, se debe a que, cuando el ex empleado debe dejar la vivienda consorcial, podría necesitar alquilar una vivienda y necesitar pagar el alquiler adelantado y dos meses de depósito (o lo que es lo mismo, el equivalente a tres sueldos).

"En suma, si el empleador tiene que darle a su empleado tres sueldos para que logre alquilar algo, ningún empleado despedido podrá sentirse damnificado con la entrega de la vivienda", argumentó.

Por otra parte, Brailovsky estimó que tal vez la legisladora quiso enderezar los casos en los cuales el empleado consorcial despedido cree que le corresponde percibir alguna suma dineraria de su ex empleador consorcial, y por lo cual el empleado instaura juicio al consorcio reclamándolas.

En estos casos, consideró que hay que tener en cuenta varias cuestiones:

- No todos los empleados consorciales despedidos hacen juicio a sus ex empleadores. Los consorcios generalmente pagan lo que les corresponde pagar no porque quieran ser generosos o mezquinos sino porque es obligación del administrador cumplir con las normas vigentes ("so penna" de ser responsables por la "mala praxis" o mala práctica profesional que impondrá responsabilidad pecuniaria del administrador o mandatario, por el daño y/o perjuicio que cause a su mandante).

- Algunos empleados consorciales "se consideran" despedidos reclamando indemnizaciones que realmente no les corresponde percibir.

- Si se estudiase la numerosa jurisprudencia existente sobre los despidos de los encargados, se podrá ver que los Juzgados rechazan numerosos reclamos de ex encargados contra sus ex empleadores consorciales, por improcedentes.

- Hay casos judiciales donde el empleado gana juicios por despido contra el consorcio ex empleador porque en realidad éste último no puede probar absolutamente nada en contra del empleado. Mas eso ocurre porque el consorcio en lugar de consultar "antes" al abogado (tratando de ahorrarse unos dinerillos), no procede como debiese, y termina actuando "impulsivamente" con un distracto que después deberá indemnizar no porque corresponda, sino por su propia torpeza.

Y por último, aclaró que existen muy poquísimos casos donde los consorcios no pagan lo que les corresponde pagar por indemnizaciones a sus empleados despedidos. "Generalmente en estos casos existen causas legítimas pero no legales, como por ejemplo, la falta de disposición económica instantánea (en castellano: no tienen saldo de caja disponible en forma inmediata), y en extremo, la inquina de los consorcistas ganada por el ex empleado despedido", destacó.

Propuesta para ampliar la inscripción de los idóneos

[BPN-20/05/09] El legislador Gerardo Ingaramo (PRO) presentó un proyecto de ley para modificar el artículo 55 de la Ley 2.340 de Corredores Inmobiliarios debido a que considera que la ley tal como fue sancionada viola "el derecho a la igualdad y al derecho de trabajo, previstos en la Constitución Nacional".

En el proyecto, argumentó que la actual normativa sería perjudicial para aquellos inmobiliarios que quieren inscribirse y encuentran la barrera de los dos años para ejercer su actividad, generándoles un "grave perjuicio y una notable desigualdad".

Además, señaló que afecta a quien tenga derechos adquiridos. "La posibilidad de que se realicen acciones contra el Gobierno porteño por los daños que esto produzca, no sólo es factible sino que muy posiblemente el GCBA resulte vencido en esas acciones, con el consiguiente perjuicio patrimonial", advirtió.

La modificación que propone es que: "las personas que acrediten fehacientemente ante el organismo que tenga a su cargo la matrícula, haberse dedicado en forma habitual al corretaje inmobiliario al menos durante el término de seis meses antes del momento establecido para la inscripción en el Registro de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, tienen un plazo de hasta 360 días, a partir de la convocatoria que al efecto realice la comisión normalizadora, para solicitar su matriculación, estando eximidas, por esta única vez del cumplimiento de los requisitos previstos en el Inc. 2° del Art. 5° de la ley".

Retenciones para los monotributistas

[BPN-20/05/09] Desde el 1º de junio, cuando los administradores efectúen pagos a monotributistas por cuenta de consorcios inscriptos ante el IVA y que en los últimos doce meses excedan ciertos montos deberán practicarle retenciones en concepto de impuesto a las ganancias e IVA. Los consorcios obligados a efectuar dicha retención deberán solicitar su inscripción como agentes de retención en presente régimen.

A sus tareas diarias los administradores deberán agregar una más: la de controlar que los pagos que realizan a los monotributistas en los últimos doce meses no se excedan de los topes que fija la ley del monotributo ($72 mil pesos para locaciones y prestaciones de servicios y $ 144 mil pesos para la venta de bienes), explicaron.

En los casos que éstos se excedan deberán retenerle el Impuesto a las Ganancias y el IVA sobre los pagos que efectúen una vez que se hayan excedido.

La AFIP, mediante la Res. Gral. AFIP 2549/09, estableció este régimen de retención aplicable a los pagos que se efectúen a monotributistas a partir del 01/06/09, inclusive (fecha prorrogada por la Res. 2582).

- Locaciones y/o prestaciones de servicios: cuando en el transcurso de los últimos 12 meses al momento del pago se hubieran efectuado operaciones con un mismo sujeto que superen la suma de $72 mil pesos.

- En el caso de honorarios judiciales deberán considerarse los pagos efectuados y la entidad a través de la cual se realizan los mismos.

- Venta de cosas muebles:

- Cuando en el transcurso de los últimos 12 meses al momento del pago se hubieran efectuado operaciones con un mismo sujeto que superen la suma de $144 mil pesos.

- Cuando el precio unitario de venta exteriorizado en la factura o documento equivalente, sea superior a $870.

- Adquirentes, prestatarios o locatarios que realicen operaciones como consecuencia de su actividad empresarial o de servicio y revistan la calidad de responsables inscriptos o exentos en el impuesto al valor agregado.

- Las entidades que efectúen pagos en concepto de libranzas judiciales.

- En el momento en que se efectúe el pago del importe.

- Los agentes de retención deberán dar cumplimiento a la Res. Gral. AFIP 2233/07, utilizando el aplicativo SICORE, con los siguientes códigos:

- Corresponderá la retención sobre el importe de la operación o pago hasta tanto el sujeto pasible acredite su inscripción en el régimen general de los impuestos a las ganancias y/o al valor agregado, a partir del cual le serán aplicables los regímenes de retención específicos.

- Retención del impuesto a las ganancias: se calculará aplicando las siguientes alícuotas:

- Locaciones y/o prestaciones de servicios: 28% sobre el excedente de $1.200,

- Ventas de cosas muebles: 10% sobre el excedente de $12.000,-

- Retención del impuesto al valor agregado: se determinará sobre el importe de la operación con las siguientes alícuotas:

- Operaciones alcanzadas por la alícuota del 21%: 16,80%

Programa Federal de Prevención Epidemiológica

[BPN-20/05/09] Fundación Reunión de Administradores (FRA) puso en marcha un Programa Federal de Prevención Epidemiológica en Propiedad Horizontal e invitó a toda la comunidad consorcial a colaborar con su implementación.

Según informaron, el programa está destinado a divulgar medidas de prevención y autoprotección, incentivar la participación comunitaria y prepararse para enfrentar los futuros brotes de epidemias y/o pandemias de dengue, Gripe A (ex Porcina) y otros vectores transmisores de enfermedades infectos contagiosas que actualmente sufre gran parte del país.

FRA considera importante y necesaria la participación de todas las demás entidades que agrupan y/o representan a los administradores, las organizaciones de propietarios y consorcistas, el gremio de los encargados de edificios, las cámaras empresarias de control de plagas y de otros servicios afines, las entidades de jubilados, pensionados, inquilinos y los sectores de la discapacidad.

La Mesa de Enlace de la Comunidad Consorcial (MECC) está organizando una reunión especial para tratar y considerar un futuro plan de acción relacionado al alto riesgo epidemiológico. En este sentido, señalaron que los interesados en participar, ya pueden registrarse remitiendo un e-mail a info@fra.org.ar con todos sus datos a fin de ser convocados a la próxima reunión institucional.

FRA sugirió a los administradores que conjuntamente con la remisión de las liquidaciones de expensas comunes mensuales le envíen a los consorcistas las medidas de prevención de riesgos epidemiológicos y las recomendaciones específicas elaboradas por organismos públicos o entidades de bien común.

Aconsejaron que les soliciten la mayor colaboración permitiendo el regular ingreso al interior de sus unidades funcionales del personal asignado por la empresa contratada para realizar mensualmente el servicio de control de plagas del edificio.

En cuanto a las empresas de control de plagas (desinfección, desinsectización, desratización o cualquier otra denominación similar que utilicen) sostuvieron que hay que exigirles adicionar a los abonos mensuales contratados por los consorcios, los tratamientos convenientes y necesarios (fumigación y otros) adaptados a las particularidades de cada edificio, que aseguren la eliminación de larvas y un eficaz combate sistemático del mosquito portador del virus del dengue y de otros vectores transmisores de enfermedades.

Los trabajos del servicio de control de plagas deberán ser realizados en forma completa en las superficies y espacios de  todos los sectores comunes del edificio. En el interior de las unidades funcionales y de las unidades complementarias también deberán realizar los servicios que se consideren idóneos para igual fin, poniendo la mayor atención y precaución ante la eventual existencia de menores y mascotas.

En cuanto a los encargados de edificios, solicitaron a los administradores establecerles por escrito y asentadas en el libro de órdenes, instrucciones adicionales específicas sobre la prevención de riesgos, destacando sus  obligaciones y responsabilidades laborales sobre el mantenimiento y conservación de la higiene y limpieza del edificio.

Aumentó el valor de la prima

[BPN-20/05/09] Desde el 1º de abril, se aumentó el valor del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio a la suma de 9 mil pesos y la prima se fijó en 0,205 pesos mensuales por cada mil pesos o sea 1,845 pesos mensuales por cada trabajador.

Este seguro cubre muerte y suicidio de todo trabajador en relación de dependencia, quedando excluidos los trabajadores rurales permanentes amparados por la Ley 16.600 y los trabajadores contratados por un término menor a un mes. El costo del seguro es a cargo del empleador.

La prima correspondiente a la cobertura tiene que ser pagada directamente por el tomador empleador a la entidad aseguradora, sin necesidad de previa facturación. El pago de las primas se efectuará con la periodicidad que se establezca en la póliza.

El cálculo de la prima se hace sobre la nómina del mes anterior al del pago, tomando en consideración el valor de prima vigente.

Al mismo tiempo, la suma resultante deberá ser ingresada a la aseguradora mediante depósito o transferencia a la cuenta que ésta indicará en la póliza, dentro de los 30 días corridos de iniciado cada período de pago, o por los siguientes medios para el sistema de cobranza establecidos mediante la resolución del ex Ministerio de Economía Nro. 429/00 y sus modificatorias.

Los únicos sistemas habilitados para pagar premios de contratos de seguros son los siguientes:

a) Entidades especializadas en cobranza, registro y procesamiento de pagos por medios electrónicos habilitados por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

b) Entidades financieras sometidas al régimen de la Ley N ° 21.526. (Sistema bancario).

c) Tarjetas de crédito, débito o compras emitidas en el marco de la Ley N ° 25.065.

d) Medios electrónicos de cobro habilitados previamente por la Superintendencia de Seguros de la Nación a cada entidad de seguros, los que deberán funcionar en sus domicilios, puntos de venta o cobranza.

En este caso, el pago deberá ser realizado mediante alguna de las siguientes formas: efectivo en moneda de curso legal, cheque cancelatorio Ley N° 25.345 o cheque no a la orden librado por el asegurado o tomador a favor de la entidad aseguradora.

La ley "no llame" se implementaría en 90 días

[BPN-20/05/09] El registro "No llame" -a cargo de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor- se creó con el objetivo de proteger a los usuarios de servicios telefónicos de los posibles abusos que puedan surgir de las empresas de telemarketing para publicitar, ofertar, vender y/o regalar bienes y/o servicios. Sin embargo, pese a que la ley se aprobó en el 2006 y se reglamentó en el 2007 todavía no se implementó.

De acuerdo a lo que informó el titular de Defensa del Consumidor, Oscar Michelotti, el registro estaría funcionando "dentro de seis meses, como mucho" aunque aclaró que aún se deben resolver muchas trabas. "Tenemos que desarrollar un sistema informático para el registro y hay que resolver las cuestiones juridisccionales que la reglamentación no especifica", explicó.

Al mismo tiempo, sostuvo que desde que asumió su gestión recibió pedidos de entrevistas de representantes de empresas de telemarketing y call centers. Según él, hay muchos sectores que presionan para dilatar, modificar o atenuar sus alcances.

Michelotti también recibió un llamado del director Nacional de Protección de Datos Personales, Juan Travieso, quien le advirtió que el registro porteño era inconstitucional: "pretendía que nos limitáramos a tomar denuncias, y nada más", subrayó.

"Hubo varios pedidos de informe al Gobierno porteño por la demora. En su momento, le dijimos a Ramiro Masjuán (el antecesor de Michelotti, que renunció en diciembre pasado) que si el problema era la reglamentación, enviara las correcciones y lo cambiábamos. Nunca mandaron ni hicieron nada", resaltó el legislador porteño Alejandro Rabinovich, autor del proyecto.

Según la ley, el plazo para efectuar la denuncia es de diez días hábiles, a partir de haber sido contactado telefónicamente por empresas de telemarketing. A los efectos de denunciar la violación a la presente ley, el usuario telefónico titular registrado, deberá concurrir personalmente a la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, presentando documento de identidad, número de registro y última factura telefónica a su nombre, relatando los hechos acaecidos, conforme lo normado en la Ley N° 757, para la recepción de denuncias.

La inscripción la puede realizar cualquier persona titular de una línea telefónica que manifieste su decisión de no ser contactada telefónicamente por empresas que, haciendo uso de datos personales, utilizan el sistema de telemarketing para publicitar, ofertar, vender y/o regalar bienes y/o servicios en el ámbito de la ciudad.

A partir de la sanción de esta ley, las empresas que utilizan el sistema de telemarketing no podrían dirigirse a ninguno de los inscriptos en el "Registro No Llame".

Para la inscripción en el "Registro No Llame" la persona debe consignar el número de teléfono que corresponde a la línea de la que es titular y al cual las empresas -en el ámbito de la ciudad- no podrán llamar, según lo dispone el artículo 4° de la presente ley.

Las inscripciones tienen una duración de dos años a partir de su incorporación al "Registro No Llame" y se renuevan automáticamente por un período igual, salvo manifestación en contrario del registrado.

Clausuran dos obras por día

[BPN-20/05/09] Durante el 2009, en la Ciudad de Buenos Aires se clausuraron dos obras en construcción por día por no cumplir con la normativa vigente. El 70 por ciento fue por la falta de permisos para edificar o demoler una vivienda. Así lo informó el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, pese a esto, los vecinos cuestionan la efectividad de los operativos.

Las autoridades porteñas aseguraron que, en ese mismo período, recibieron 2.500 denuncias referidas a construcciones irregulares, de las cuales el 40% fueron obras "presuntamente clandestinas" y el 20% "obras que carecen de medidas de seguridad".

Según la Agencia Gubernamental de Control (AGC), dirigida por Pablo Bourlot, se han clausurado más de 240 obras en la ciudad, el 30 por ciento de las cuales se concentraron en los barrios de Palermo, Belgrano, Villa Urquiza, Villa del Parque y Balvanera.

En este sentido, la idea del Gobierno es aplicar una nueva metodología de inspecciones, con más agentes en la calle y una estratégica división del organismo que antes otorgaba los permisos y también fiscalizaba las obras: la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro (DGFOC).

Urquiza y Belgrano son los barrios que concentran el 35% de los reclamos. Los vecinos consideran que los controles no alcanzan y que el Gobierno no está haciendo mucho para resolver esta situación.

Recordemos que el 9 de abril la Legislatura porteña realizó una audiencia pública en la que se debatió un proyecto de ley para limitar la construcción de edificios en 80 manzanas del barrio de Caballito. Se trató la rezonificación de 80 manzanas de Caballito Norte.

[BPN-20/05/09] El coordinador de Reafirmación por los Derechos del Consorcista (ReDeCo), Dr. Jorge Resqui Pizarro, realizó el análisis de un fallo controversial sobre la restricción del alquiler a los turistas. Debido a lo extenso del trabajo, Pequeñas Noticias decidió publicarlo en cuatro entregas, respetando las cuatro partes en las que el Dr. Resqui Pizarro dividió su trabajo.

En este boletín, se presenta la cuarta y última entrega del análisis.

Planteada la plataforma jurídica y fáctica del resolutorio es conveniente realizar algunas puntualizaciones:

- La modalidad de alquiler temporario para turistas tanto nacionales como extranjeros además de encontrarse contemplada en la legislación que gobierna las locaciones urbanas registra un fuerte incremento en los últimos años, dándose con características diferentes según sean las viviendas y los destinatarios del servicio.

- El crecimiento experimentado ha constituido una verdadera especialización para locadores y operadores inmobiliarios.

- El volumen del negocio se ha extendido a los nuevos desarrolladores o emprendedores inmobiliarios, quienes ofrecen unidades en construcción dentro de edificios dedicados por entero a la señalada finalidad, siendo ofertados como excelentes posibilidades a la hora de invertir en bienes inmuebles.

- Por ende, la realidad que hoy se transita es absolutamente diferente a la del momento de confección de los reglamentos de la gran mayoría de los consorcios de propiedad horizontal, con la excepción de aquellos que tienen poca antigüedad o han sido construidos contemplando o –de acuerdo a la zona o barrio donde se erigieron- avizorando el posible desarrollo del negocio.

- Sin perjuicio de ello, la sentencia en comentario no ataca la posibilidad de alquilar unidades funcionales con carácter temporario a turistas ni posibilita una hermenéutica extensiva a otros casos en esa dirección.

- En el caso concreto, se condena a la infractora del reglamento de copropiedad y administración a cesar en el alquiler de su unidad por plazos breves a turistas extranjeros atento las molestias y perjuicios ocasionados a los vecinos y al consorcio, ateniéndose a expresas cláusulas del Registro Público de Administradores y, muy especialmente, al artículo 6º de la ley de propiedad horizontal.

Sin hesitar, podemos decir que el sub-lite analizado traerá más de una controversia en el ánimo de sopesar, de manera adecuada, el fiel cumplimiento de las normas del reglamento de los consorcios, el debido respeto a los vecinos y a los bienes del consorcio y hasta donde llega la eventualidad de restringir el dominio en su pleno uso y goce sin caer en el abismo del abuso del derecho.

Una tensa calma

[BPN-20/05/09] Parece que en pocos días habría nuevas escalas salariales, pero a la fecha no se publicó ni se difundió ningún listado.

Si hoy se realizaran los recibos de sueldo para el mes de mayo habría que confeccionarlos con los valores vigentes desde el mes Agosto de 2008 y en caso de que surjan novedades reflejarlas en el próximo mes. Si se puede esperar un poco quizá aparezca el material necesario para reflejar los cambios que haya logrado el sector.