La "mayoría automática" firmó el convenio y sólo faltaría su homologación

[BPN-01/07/09] De acuerdo a lo que adelantaron diversas fuentes, el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) ya fue firmado y sería inminente su homologación.

Los signatarios de este acuerdo habrían sido el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios Renta y Horizontal (SUTERH), la Unión de Administradores Inmuebles (UADI) y la Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal (AIERH).

De ser así -a pesar de los esfuerzos de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) por ser tenida en cuenta en estas paritarias- el sindicato otra vez habría llegado a un acuerdo con una "mayoría automática" (AIERH y UADI) con la que parece contar el sindicato en los últimos años.

Lo único seguro es que el acuerdo se firmó y está a la espera de su homologación, el resto son trascendidos que en algunos casos hasta se contradicen. Por un lado, trascendió que el aumento a los encargados de edificios sería del 20% retroactivo al mes de marzo de 2009 y tendría vigencia hasta abril de 2010. Por otro, que el incremento sería de $380 y estaría escalonado en cuatro etapas: tres cuotas de $100 en mayo, julio y agosto y una de $80 en septiembre. En algunos casos, se informó estos dos esquemas mezclados: un aumento de un 20% que representaría en promedio unos $380 pesos de incremento de los básicos de convenio.

Un matutino especuló que una vez efectuados los descuentos para la seguridad social, de los 380 pesos que recibirían los encargados sólo les quedarían 300 pesos de bolsillo.

Hay que tener en cuenta que como los salarios se pagan a mes vencido, los aumentos tendrán incidencia en las expensas de julio, agosto, septiembre y octubre.

Por otra parte, el convenio también contemplaría el pago de una suma fija no remunerativa de $480 en dos cuotas de $240 en enero y febrero de 2010.

Desde lo político, mientras algunos argumentan que la firma del Convenio se demoró hasta ahora por el recurso judicial que presentó la CAPHyAI, otros afirman que en realidad el ministerio de Trabajo no quería homologar ningún aumento antes de las elecciones legislativas del domingo pasado teniendo en cuenta el impacto negativo que tendría en la ciudadanía .

Los problemas del comedido

[BPN-01/07/09] La semana pasada, la comisión directiva de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) consideró que la Inspección General de Justicia (IGJ) le hizo pagar "el costo político de haber planteado en el Ministerio de Trabajo un límite a un nuevo acuerdo laboral que ya estaba firmado", anulando los últimos comicios y ordenándoles realizar nuevas elecciones.

Según ellos, la resolución de la IGJ se debió a que "defendimos los intereses de nuestros clientes (los propietarios) pese a la crítica de las asociaciones que quieren estigmatizar al administrador por todos los problemas que tienen los consorcios".

La explicación política del Consejo Directivo sobre la anulación de las elecciones de la CAPHyAI de diciembre pasado por la IGJ tiene una característica: resuelve dos conflictos diferentes con un sólo actor responsable. Tanto la anulación de las elecciones como el no ser tenido en cuenta en las negociaciones colectivas de trabajo estarían interconectadas y serían responsabilidad de un solo sujeto político: el sindicato del sector y por elevación el Gobierno nacional.

Pequeñas Noticias dialogó con algunas de las entidades de consorcistas y les consultó qué opinión tenían respecto a estas declaraciones. La mayoría consideró que esto no es cierto y que no se sienten representados por la Cámara en los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT).

El presidente de la Comisión Argentina de Consorcios, Copropietarios y Consorcistas (CACCyC) y de la Federación de Asociaciones de Consorcios (FEDECO), Dr. Samuel Knopoff, destacó que el presidente de la CAPHyAI, Horacio Bielli, nunca defendió a los copropietarios: "no nos representa ni nadie le pidió que lo haga".

Subrayó que la Cámara nunca les consultó nada. "Son intrusos y usurpadores. No nos sentimos beneficiarios ni lo somos debido a que nunca han hecho absolutamente nada más que una expresión de deseo de que les gustaría escuchar a los propietarios. Nunca fuimos citados para intercambiar opiniones, cosa que sí había hecho el ex presidente Néstor Pirosanto que se reunió un par de veces con nosotros", sostuvo.

La coordinadora de Red de Consorcistas Damnificados, Lic. Evangelina Perri, señaló que la IGJ debe haber encontrado irregularidades para decidir impugnar las elecciones.

"Pensar que es por un costo político es creer que la IGJ está complotada con las otras asociaciones, con el Gobierno y con Santa María en las paritarias", reflexionó.

Subrayó que la única invitación que tuvo de la CAPHyAI a conversar la problemática de los propietarios fue una invitación por mail para el día de los administradores.

Para la coordinadora de la Asociación de Consorcistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aire (ACCABA), Teresa Villanueva, la IGJ se pudo dejar influenciar por la parte política. "La Cámara es la única representativa en número de asociados y por antigüedad. Sospechamos que la UADI casi no tiene representación y que el AIERH es parte del sindicato", señaló.

Por otra parte, aseguró que en febrero de este año Bielli le había comentado que querían pedir el 11 por ciento de aumento como el que le otorgaron a los jubilados.

Por su parte, el presidente de la Federación Argentina de Consorcios (FAC), Dr. Marcos Bergenfeld, se preguntó cómo saben ellos cuál es la posición de los propietarios si hace un año que no les hablan. "Nosotros no hemos tenido comunicaciones. Las últimas datan de un año atrás. Ellos ya sabían cuál era nuestra posición. Nuestra propuesta era que tenían que desligarse de las negociaciones, después de eso no supimos nada y ellos se jugaron solos".

"Si es un costo político, ¿a quién se lo van a cobrar?. Por otro lado, para tener un costo político y hacer una acción coordinada, ellos deberían haberse reunido con nosotros", resaltó.

Bergenfeld reflexionó que lo que corresponde es que cada cual asuma sus responsabilidades: "se metieron donde nadie los había llamado, hicieron una actividad cómplice".

Por su parte, la vicepresidenta de la FAC y presidenta de la Unión de Consorcistas de la República Argentina (UCRA), Alicia Giménez, resaltó: "nunca en la vida le hemos pedido al señor Bielli ni a nadie que nos defendiera". Reiteró que ya en varias oportunidades le manifestaron que ellos no deberían participar de los CCT y que ese lugar lo deberían ocupar las entidades de consorcistas.

"Las instituciones que negocian paritarias se están cavando su propia fosa"

[BPN-01/07/09] A pocos días de homologarse un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) para el sector, el presidente de Fundación Reunión de Administradores (FRA), Adm. Jorge Hernández, consideró que hay un deterioro muy fuerte de las instituciones de administradores que negocian los aumentos a los encargados de edificios [NR: Las tres entidades son la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI), la Unión Administradores de Inmuebles (UADI) y la Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal (AIERH)].

"La forma en que negocian las paritarias hace que se estén cavando su propia fosa ante la sociedad, los administradores y ante los propios consorcistas. En la última publicación de la revista de FRA "Reunión de Administradores" yo planteo el interrogante: "paritarias, ¿negociación o gran negocio?". Nadie cree que los que se sientan a negociar estén ahí por desinterés", reflexionó.

En una entrevista telefónica concedida a Pequeñas Noticias, Hernández informó que si todavía no se homologó el aumento es por "el ruido social que genera y no porque la CAPHyAI se opuso". "Lo dijo el ministro de Trabajo, ni locos iban a homologar nada hasta después de las elecciones. Hoy, el tema más sensitivo social no es Moyano con los camioneros sino el que toca el bolsillo de la gente", resaltó el presidente de FRA.

Según él, hay un descrédito en las instituciones de los administradores: "la gente pone a todos en la misma bolsa. Se asocia a los administradores con la imposición de los sueldos de los encargados. Ese tema está haciendo muchísimo daño a la profesión".

Por otra parte, advirtió que cada vez que se firma un CCT, ingresan millones de pesos al Sindicato Único de Trabajadores de Edificios Renta y Horizontal (SUTERH). "Si el incremento para el trabajador es de 380 pesos esto representa un ingreso de 9 millones para el sindicato. El simple hecho de firmar un aumento implica un incremento de sus ingresos mensuales", señaló.

En este sentido, consideró que la madre de todas las batallas es descubrir cuál es el interés de sentarse en las paritarias: "deberían estar planteando otras cosas, es incomprensible que la lucha sea simplemente por estar y por firmar la planilla salarial".

Hernández aclaró que FRA nunca quiso participar de los CCT: "puedo entender que haya gente que quiera defender a la profesión y quiera estar en la paritaria pero no deberían ocuparse de tratar lo que hace a la remuneración del trabajador, el aporte positivo del administrador es en el aspecto técnico y de las relaciones laborales".

En cuanto a las últimas elecciones de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) que la Inspección General de Justicia (IGJ) decidió impugnar tras considerar la denuncia de la lista Renovación y Cambio (R&C), consideró que la Cámara está sufriendo un proceso que era predecible.

Explicó que en estos momentos hay dos corrientes ideológicas diferentes dentro de la institución. "Se pueden verificar dos corrientes internas que existieron siempre, la línea de Felipe Zakusky que pelea por estar y ocupar los espacios y la otra línea que es la de Bielli que representa más a los inmobiliarios", resaltó.

"Ahora es lamentable lo que va a pasar en la Cámara y lo que está pasando [...] la Cámara se está enfrentado entre sí, se están peleando entre ellos", subrayó.

Por otra parte, advirtió que hay un rumor que indica que el sindicato va por la CAPHyAI, "es una versión política". Manifestó que la Cámara es la institución que les queda pendiente: "cómo lo van a hacer, no sé".

El presidente de FRA destacó que uno de los aciertos de la gestión de Bielli fue que se sentó a negociar con las otras instituciones de administradores. "Primero lo hizo de una forma pero después se dio cuenta que éramos todos iguales, que la Cámara es una institución más y no la más importante. Bielli comprendió muchas cosas", reflexionó.

A los consorcistas los representan sus administradores

[BPN-01/07/09] El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios Renta y Horizontal (SUTERH), Víctor Santa María, hizo unas aclaraciones respecto a una nota que publicó el diario La Nación el 16 de junio titulada: "Que negocien quienes pagan".

En el artículo se menciona un proyecto de modificación de la Ley 941 (Registro Público de Administradores de la CABA) que apunta a encuadrar y reglamentar la representatividad de los administradores de los consorcios en los convenios colectivos de trabajo de propiedad horizontal (Art. 14 del proyecto). La propuesta es del Leg. Sergio Abrevaya (Coalición Cívica) con la colaboración de los consorcistas.

El artículo 14 apunta a que: "en el acta de designación se dejará establecido que su mandato como ‘representante legal del Consorcio’, debe ejercerlo en aquellos temas generales que hacen a la administración del consorcio y se abstendrá en aquellos para los que necesite un poder especial para poder intervenir legal y legítimamente".

De esta manera, según la óptica de Abrevaya y los consorcistas, desde la ciudad de Buenos Aires se pondría un impedimento a los administradores a representar a los consorcistas en temas no autorizados expresamente.

Santa María aprovechó el artículo publicado por la Nación para criticar especialmente este punto de la inicitiva y acercar su posición general sobre el tema.

"La Nación comentaba que en un punto específico el proyecto trata la inclusión de los consorcistas en la discusión salarial para los encargados de edificios. No tenemos la certeza si fue escrito de mala fe o no; lo que queda en claro sólo con leer es que recurren a una serie de gravísimas imprecisiones y equivocaciones jurídicas. Algunas inexactitudes realmente sorprendentes si consideramos que es uno de los diarios más leídos del país y la responsabilidad que eso debería aparejar", expresó Santa María.

Explicó que como representantes del sindicato "no podíamos dejar de expresar nuestro desacuerdo con la publicación. Escrito con un estilo más cercano al tono de los editoriales del diario que de la crónica de una noticia ya que lejos de informar, mencionar fuentes y actores del tema de que se trata sólo se "oye" el tañir de una campana con la evidente intención de crear confusión sobre un tema sensible, basándose en falsas y burdas afirmaciones".

Por otra parte, aseguraron que enviaron una carta a la redacción de La Nación para aclararle los puntos en los que disienten:

- Sería anticonstitucional tratar la temática vinculada con la propiedad horizontal desde la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, o de cualquier otra ciudad, ya que corresponde al Congreso Nacional todo aquello que este relacionado con la Ley Nacional de Propiedad Horizontal (N° 13.512).

- Los consorcios de copropietarios tienen las mismas características y condiciones que una persona jurídica, por lo que debe tener unificada su representación legal (por ejemplo, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades comerciales, sindicatos, etc.). Y en este caso, esa representación legal está en cabeza de los administradores, quienes son designados por los propios consorcistas.

- En consecuencia, es falso afirmar (como lo hace La Nación) que los consorcistas no pueden ejercer el derecho de participar de la discusión salarial ya que su participación es a través de los administradores que ellos mismos eligieron. Estos son los que negocian en nombre del consorcio, de la misma manera que los representantes de los gremios negocian en nombre de los trabajadores.

"Tudu bem, tudu legal" en los consorcios

[BPN-01/07/09] La Cra. Viviana Grinberg consideró que uno de los mayores problemas de los consorcios son las deudas por cargas sociales del encargado. "Lo peor de la situación es que muchas veces los consorcistas no lo saben e inclusive los administradores desconocen lo que sucede porque las deudas pueden ser previas a su gestión. Algunos se enteran recién cuando reciben una intimación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)", destacó.

En una entrevista concedida el viernes 19 de junio al programa de radio "Hablemos de Consorcios" de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal (UMIPH), informó que actualmente hay una moratoria impositiva y previsional para que los consorcios se puedan poner al día con sus deudas.

"Cuanto antes se adhieran mayor es el beneficio. En un principio, tenía tres etapas, las dos anteriores ya vencieron pero la tercera etapa –que aún está vigente- contempla la condonación del 50 por ciento de los intereses de la deuda", sostuvo. De acuerdo a lo que manifestó hay planes de pagos de hasta 120 cuotas con una cuota mínima de 150 pesos y con un bajo interés de financiación. La moratoria finaliza el 31 de agosto.

Según ella, es importante que "los administradores tomen conciencia y que los consorcistas le exijan al administrador que pidan un estado de cuentas".

La Cra. Grinberg resaltó que el principal problema surge cuando el trabajador quiere utilizar la obra social y se entera que no tiene cobertura.

Al mismo tiempo, subrayó que la situación se agrava aún más si el encargado tiene un accidente laboral y el consorcio no está cubierto. "La ART ante determinada cantidad de mora rescinde los contratos entonces los administradores que siguen pagando -muchos de buena fe- no saben que ese aporte no va a la ART sino a un fondo compensador y no al seguro de la persona", advirtió.

Grinberg señaló que cualquier persona para poder jubilarse tiene que acreditar 30 años de aporte y de servicios. "En los consorcios se da la particularidad de que hay encargados que tienen mucha antigüedad. A veces sucede que se dan cuenta que les falta aportes cuando se van a jubilar. Esto pasa debido a que hay administradores deshonestos que no depositan lo que tienen que depositar, alguien recaudó ese dinero pero no fue al bolsillo que tenía que ir", sostuvo.

En este sentido, Grinberg señaló que es muy simple saber si están al día con el trabajador. Explicó que los consorcios tienen que presentar una nota en la AFIP con el formulario 206. "El administrador se presenta en su carácter de representante legal del consorcio y solicita un informe de declaraciones juradas presentadas y de pagos realizados de cada uno de los conceptos", precisó.

Proyecto para crear un registro de inquilinos temporales

[BPN-01/07/09] Después de que en el último verano se produjeran diversos incidentes en los edificios de la Costa Atlántica, la diputada Julia Argentina Perie (Frente para la Victoria) presentó un proyecto de ley para que se cree un Registro Nacional de Inquilinos Temporales en zonas de vacaciones estivales o invernales.

"Los operadores inmobiliarios y/o propietarios que ofrecen sus propiedades en alquileres temporarios requieren la implementación de un registro en zonas de vacaciones estivales e invernales, a los fines de establecer mecanismos de prevención a la violencia juvenil que durante la última temporada estuvo marcada por excesos y peleas en las costas de nuestro país", destacó Perie en los fundamentos de su propuesta.

El objetivo es que todas las inmobiliarias o casas particulares que realicen contratos temporales deban declarar los contratos ante el Registro de Inquilinos Temporales. La diputada explicó que el registro servirá para mejorar las condiciones de transparencia a la hora de alquilar debido a que establece en sus puntos más salientes el alquiler fuera del circuito inmobiliario y además el control del estado estructural de esas viviendas.

Al mismo tiempo, informó que se "responsabilizará a los padres ante las acciones y daños que causen sus hijos".

De aprobarse esta iniciativa, la autoridad de aplicación será el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, a través del Registro de la Propiedad Inmueble.

Por otra parte, se prevén sanciones para aquellos que no cumplan con la norma. Habría apercibimientos, multas de los 10 mil a los 20 mil pesos y clausura.

"Si la temporada anterior 07/08 fue la escalada de robos a turistas, esta temporada 08/09 fue la indignación de los veraneantes, centrada en los episodios de violencia entre los jóvenes con mayor salvajismo, belicosidad y con tendencia a participar en conflictos armados", reflexionó.

La diputada argumentó que durante los últimos años se ha vuelto muy común que grupos numerosos de adolescentes pasen sus vacaciones sin ningún adulto a cargo y según informaciones oficiales, muchos de los inquilinos temporales son menores de edad, generando que los alquileres se hayan convertido en un eje central de preocupación en torno a la violencia juvenil en vacaciones.

Según ella, los hechos de violencia registrados durante esta temporada, reavivaron la polémica sobre el descontrol de los jóvenes en vacaciones, el consumo indiscriminado de alcohol, el acceso a las drogas y la falta de límites por parte de sus familias.

Subrayó que si bien los agentes inmobiliarios manifiestan que por regla general no se alquilan departamentos o casas a grupos de jóvenes menores de edad, suele suceder que los chicos luego viajan solos. "Los padres hacen la reserva vía telefónica, abonan lo convenido pero luego se desconoce si se quedan con sus hijos o los dejan solos viajando a otros lugares para descansar en pareja", advirtió.

En este sentido, consideró que la división de culpas es repartida entre la complicidad de los padres, los dueños de propiedades que alquilan por su cuenta sin imponer demasiadas restricciones, las inmobiliarias clandestinas y la voracidad de los agentes inmobiliarios para poder facturar.

Al proyecto de auditoría se le suma el de rendición de cuentas

[BPN-01/07/09] El legislador porteño Carlos Araujo (Propuesta Republicana) presentó un proyecto de ley para que todos los consorcios estén obligados a efectuar una rendición de cuentas anual. De aprobarse esta propuesta, la rendición deberá estar certificada por un contador público matriculado en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la firma del profesional certificada por dicho consejo.

Uno de los artículos apunta a que el profesional dictaminante no pueda recibir en concepto de honorarios, una suma superior al 2,5% del monto total de las expensas ordinarias liquidadas a los consorcistas en el período bajo análisis.

Por otra parte, los consorcios que quedarían exceptuados de esta ley serían aquellos compuestos por menos de l0 unidades funcionales, que no cuenten con servicios centrales ni ascensores y no tengan personal contratado en carácter de permanente.

Resulta llamativo que tanto el Leg. Carlos Araujo como su colega Roberto Destefano (PRO) -autor del proyecto de ley que impondría una auditoría obligatoria en cada consorcio- sean contadores públicos matriculados del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de esta ciudad.

Según esté determinado por los reglamentos o se acordare entre las partes, las rendiciones de cuentas podrán efectuarse por períodos más frecuentes en forma regular. Al mismo tiempo, el profesional certificante debería ser designado por la última asamblea de copropietarios que se hubiere llevado a cabo antes del cierre de cada ejercicio anual.

Éste no podrá ser cónyuge ni tener ninguna relación familiar con ninguno de los miembros del consejo de administración ni con el administrador del consorcio. Asimismo, no deberá mantener ni haber mantenido, relación comercial de ningún tipo con las personas citadas en los últimos cinco años. Tampoco podrá ser parte del consorcio de copropietarios, ni residir en el edificio.

En cuanto a los datos que deberán contener las rendiciones de cuentas, figuran:

- Ingresos mensuales discriminados por mes y monto de los mismos.

- Gastos mensuales realizados, discriminados por mes y monto de los mismos.

- Ingresos devengados y no realizados.

- Gastos devengados y no realizados.

- Activos y pasivos al cierre de la liquidación.

- Detalle de pagos realizados y devengados por deudas previsionales, de seguridad social y aportes sindicales del personal del consorcio, por servicios, impuestos, tasas y contribuciones.

- Detalle del movimiento de fondos efectuado durante el período bajo análisis, integrado por los siguientes ítems: Fondos al inicio del período, ingresos mensuales percibidos, gastos mensuales pagados, reservas constituídas (su monto y destino) y fondos al cierre del período.

- Detalle de las unidades morosas, indicándose las deudas que registrasen por capital e intereses. Deberán detallarse asimismo las gestiones de cobro efectuadas por la administración y/o por letrados designados a tal fin, su situación y posibilidades.

- Seguros contratados por el consorcio, sus montos, conceptos, nombres de los aseguradores y vencimientos.

- Situación de las medidas de seguridad del edificio (conservación de ascensores, vencimiento de matafuegos y elementos contra incendios, inspecciones realizadas).

En los fundamentos de la iniciativa, Araujo señaló que aparte del interés privado de los copropietarios existe el interés público, "el de los distintos órganos que deben velar por una correcta recaudación de impuestos, tasas y contribuciones, de fondos destinados al bienestar social y contribuciones destinadas a los gremios que aglutinan al personal contratado".

En este sentido, subrayó que el administrador debe llevar a cabo una tarea prolija y consecuentemente es aconsejable que sea controlada por personas u organismos idóneos, tales como contadores públicos bajo las regulaciones que aconseja y fija el Consejo Profesional.

"De no ser así los propietarios serán directamente damnificados no solamente desde el punto de vista monetario sino también desde el físico debido a que correrán riesgos inherentes a un negligente cumplimiento de las medidas de verificación y control de instalaciones y maquinarias", advirtió.

Por último, resaltó la necesidad de incrementar los controles sobre los gastos de los consorcios: "es un tema larga e insistentemente reclamado por la ciudadanía toda ya que son usuales ejemplos donde departamentos de igual superficie (en edificios de similares características y ubicados en un mismo barrio u zona de nuestra ciudad) pueden llegar a pagar expensas cuyas diferencias entre sí exceden a toda lógica. Ni siquiera mencionemos el descubrimiento tardío de estafas perpetradas por administradores infieles".

Ahora en Facebook

[BPN-01/07/09] Desde la semana pasada, Pequeñas Noticias está en Facebook. Los lectores podrán leer adelantos de las últimas novedades que todavía no fueron publicadas en el boletín de Pequeñas Noticias.

Otra de las herramientas disponibles que se abrirán para la comunidad consorcial es la participación libre en sus foros de debate.

Al mismo tiempo, también podrán cargar fotos, enlaces a notas de interés relacionadas, videos y consultar la agenda de los actos, jornadas o conferencias programadas y organizadas por los diferentes actores de la comunidad consorcial.

El boletín continuará publicándose como lo hace en forma habitual y muchas de las dudas o preguntas que surjan desde Facebook serán respondidas por la redacción en la sección Correo de Lectores o por algunos de los especialistas en propiedad horizontal en la sección Rincón Solidario.

Facebook es un sitio web gratuito de redes sociales creado por Mark Zuckerberg. Originalmente, era un sitio para estudiantes de la Universidad de Harvard, pero actualmente está abierto a cualquier persona que tenga una cuenta de correo electrónico. Los usuarios pueden participar en una o más redes sociales, en relación con su situación académica, su lugar de trabajo o región geográfica.

Facebook ya tiene más de 200 millones de usuarios activos alrededor de todo el mundo. De acuerdo a datos oficiales, la página subió del lugar número 60 de las más visitadas al número 7 en un año.

La idea de crear una comunidad basada en la Web en que la gente compartiera sus gustos y sentimientos no es nueva. Ya David Bohnett, creador de Geocities, la había incubado a fines de los años 80.

Facebook cuenta con "El muro" (wall), un espacio en cada perfil de usuario que permite que los amigos escriban mensajes para que el usuario los vea. Sólo es visible para usuarios registrados, se anexan enlaces, fotos y vídeos. Una mejora llamada supermuro permite incrustar animaciones flash.

En los grupos de Facebook se pueden añadir fotos, vídeos y mensajes. En cuanto a las páginas, éstas también se crean con fines específicos, solo que no hay foros de discusión y están encaminadas hacia marcas o personajes determinados.

Aumento a los vigiladores

[BPN-01/07/09] A partir del 1 de julio entró en vigencia un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) para los vigiladores. Las partes signatarias del CCT 507/07 acordaron un incremento salarial de 250 pesos para el salario básico de convenio conforme a las escalas y plazas.

Una de las cláusulas del CCT fijó que las partes acordaron que durante el período que va desde el 1/07/09 al 31/12/09 -con fundamento normativo en el artículo 9 2º párrafo de la Ley 14.250 artículo 37 de la Ley 23551, artículo 2 del convenio 154 (OIT)- se abonará en forma mensual a todos los trabajadores una suma fija no remunerativa obligatoria de 120 pesos y que se establece expresamente sobre dicha suma no remunerativa un aporte.

Indagatoria sobre irregularidades en obras

[BPN-01/07/09] La diputada nacional Ivana María Bianchi (Frente Justicia Unión y Libertad – FREJULI) solicitó al Poder Ejecutivo que ante la gran cantidad de edificios que se construyen en los distintos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dé precisión sobre una serie de puntos.

Básicamente, en el pedido de informes la diputada les hizo siete preguntas:

1.- ¿Existen constancias de denuncias sobre daños estructurales a inmuebles linderos?

2.- ¿Se tiene por verificado y en tal caso analizadas las causas de derrumbes de mamposterías de los inmuebles vecinos?

3.- ¿En tal caso, cuáles han sido las actuaciones a partir de las inspecciones realizadas?

4.- ¿Les consta que los constructores de las obras han cumplido con los requisitos de seguridad pertinentes?

5.- ¿Tienen conocimiento de la existencia de actuaciones judiciales emergentes de reclamos de terceros linderos presentados ante la Justicia Ordinaria?

6.- ¿Existe un seguimiento por parte de las autoridades competentes del control de las tareas que se desarrollan en la construcción?

7.- ¿Con qué periodicidad se realizan las inspecciones y si se han observado variantes favorables en los sistemas de seguridad y resguardo de terceros?

En los fundamentos de este pedido de informe al poder Ejecutivo, Bianchi subrayó que las preguntas efectuadas tienen como objetivo saber sobre las medidas de seguridad que deben garantizarse a todos los ciudadanos porteños en relación a los edificios en construcción.

Argumentó que habrían ocurrido una serie de irregularidades y que habrían sido afectados inmuebles linderos y transeúntes. Señaló que algunos de los incidentes que le han comentado fueron: la destrucción de una pared medianera, la permanente caída de objetos constructivos y el desplome de un hierro que golpeó la espalda de un peatón.

Lo que junio se llevó

[BPN-01/07/09] La redacción de Pequeñas Noticias consideró que la noticia más importante de junio fue que la Inspección General de Justicia (IGJ) hizo lugar a la denuncia presentada por la lista Renovación & Cambio durante las últimas elecciones de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) y anuló los comicios del pasado 16 de diciembre, ordenando a la entidad convocar -dentro de los 60 días de su notificación- a una nueva asamblea extraordinaria para la elección de autoridades.

Es la primera vez que la IGJ le anula una elección a la CAPHyAI. Recordemos que desde su nacimiento solo en dos oportunidades se enfrentaron dos listas. Ahora la comisión directiva deberá realizar nuevamente elecciones para que la lista opositora tenga la posibilidad de que los comicios se realicen sin irregularidades.

Del 1º al 30 de junio, el sitio de Pequeñas Noticias –según estadísticas del Google Analytics- tuvo 23.154 visitantes que realizaron 27.010 visitas en las que consultaron 52.016 páginas. El promedio de permanencia en el sitio fue de 01:37 minutos y de páginas vistas de 1,93.

22.912 visitas fueron realizadas desde Argentina, le siguieron México con 1.119, Colombia (464), España (459), Venezuela (392) y Perú (387) entre otros.

Durante junio, Pequeñas Noticias realizó 4 videos que fueron reproducidos en 100 oportunidades. El video más visto fue "Renovación & Cambio dará batalla" (BPN Nº 379 del 17/06/09), con 42 reproducciones; le siguieron: "Quería trabajar dentro de la Cámara y no en el bar de la esquina", con 29 reproducciones (BPN Nº 378 del 03/06/09), "Los consorcistas son los más desprotegidos", con 17 reproducciones (BPN Nº 378 del 03/06/09) y "El encargado no puede retener la vivienda", con 12 (BPN Nº 379 del 17/06/09).