La IGJ suspendió los comicios

[BPN-26/08/09] A pocas horas de realizar el acto eleccionario, la Inspección General de Justicia (IGJ) notificó a la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) que debían suspender la Asamblea a causa de que el padrón electoral presentaba irregularidades. A través de una resolución, explicaron que numerosos asociados son empresas y o personas jurídicas y que la CAPHyAI no tiene determinada la persona física que tiene derecho a ejercer su representación legal.

Según las autoridades del organismo, de desarrollarse la asamblea extraordinaria bajo esas circunstancias, "acarrearía ineludiblemente su declaración de irregularidad a los fines administrativos de la elección de autoridades, provocando las erogaciones lógicas".

Esta resolución llegó después de que el viernes 14 de agosto la lista de oposición Renovación y Cambio (R&C) hiciera una denuncia ante la IGJ, solicitando que se impugnara la asamblea del 19 de agosto, en virtud de no estar previsto constituir una "Comisión de poderes" -previo al inicio de la asamblea- para evaluar la validez de los mismos.

A través de la resolución 686 de fecha 19 de agosto, la IGJ resolvió:

- Rechazar la constitución de una comisión de poderes.

- Declarar irregular la convocatoria a la asamblea extraordinaria del miércoles 19.

- Intimar a la CAPHyAI a presentar, a los fines de su aprobación, padrón de asociados activos con expresa indicación de los datos de identificación personales de las personas físicas asociadas y los representantes legales de cada empresa y/o persona jurídica asociada. Acompañando en este último supuesto la documental que acredite dicho carácter.

- Intimar a la CAPHyAI, una vez aprobados los padrones presentados, a convocar a asamblea extraordinaria para elección de autoridades en plazo de diez días hábiles administrativos.

En la resolución a la que Pequeñas Noticias pudo tener acceso, la IGJ explicó que si bien la denuncia de R&C es improcedente porque la comisión de poderes no se encuentra prevista en el estatuto social, "es menester del organismo de contralor el verificar el debido proceso electoral a la luz del estatuto social y la normativa vigente".

En este sentido, informaron que el día anterior al sufragio [martes 18], inspectores de la veeduría electoral fueron a la sede de la CAPHyAI con el objetivo de verificar la existencia del listado completo y actualizado de los representantes legales de las empresas y personas jurídicas asociadas que debe poseer la Cámara con una anterioridad razonable al acto eleccionario.

Ese día, verificaron que había desconocimiento por parte de la Cámara sobre los representantes legales de las empresas y/o personas jurídicas. "Si la situación descripta se mantiene hasta el acto eleccionario en el que la empresa y o persona jurídica asociada figura en el padrón electoral, ello hace que se desconozca la identidad de la persona física capaz de ejercer el voto en representación del asociado", argumentaron.

Al mismo tiempo, señalaron que la falta de individualización de la persona física que es representante legal y ha de sufragar en nombre de las empresas y/o personas jurídicas asociadas a la CAPHyAI, "obstaculiza el efectivo control de ingreso al recinto y ejercicio del voto que deben realizar las autoridades electorales a fin de garantizar la transparencia de un acto de trascendencia para la vida institucional".

Fue así que la Inspección decidió intimar a la CAPHyAI a presentar para su aprobación un padrón electoral completo en el que se identifique mediante los datos personales de las personas físicas asociadas y de los representantes legales de cada una de las empresas o personas jurídicas.

"Nos tenemos que sentar a charlar las dos listas"

[BPN-26/08/09] El vicepresidente tercero de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI), Daniel Tocco, aseguró que una vez que se realicen las elecciones las dos listas deberán sentarse a conversar. "La gente no entiende pero esa es la única manera... Yo soy moderado y estoy convencido de que hay que ser conciliador", destacó Tocco cuando se acercaba a la CAPHyAI a votar.

En diálogo con Pequeñas Noticias, explicó que la asamblea se suspendió por una resolución de la IGJ pero resaltó que está convencido de que cuando haya elecciones la lista oficialista Cambio y Profesionalización va a ganar.

Respecto a la lista Renovación & Cambio (R&C) consideró que la inversión que están haciendo para ganar las elecciones no tiene sentido. "Yo no pondría plata para una campaña política, esto es una Cámara", reflexionó.

Al mismo tiempo, Tocco reconoció que hay gente de la lista con la que tiene buena relación: "hay personas que me hubiera gustado que estén con nosotros y hay otra que realmente no me gustaría pero todo esto es una sensación mía".

"Nosotros somos un grupo de socios, cuanto más te atomizás, cuanto más nos dividimos, más fácil es que te coman los de afuera", resaltó.

Aseguró que decidió involucrarse nuevamente en la vida política de la CAPHyAI con el objetivo de resolver algunos de los problemas que viven los administradores. "Yo como administrador tengo problemas todos los días con el Gobierno de la Ciudad, con la AFIP, etc... Una vez lo planteé acá y me dijeron que si tenía inquietudes por qué no me sumaba a participar. En su momento, me fui dos años y ahora vuelvo a participar. Quiero hacer algo por mí y por todos. Ese es el objetivo", destacó.

Según él, actualmente la profesión está muy castigada: "ser administrador lleva implícito conocer un poco de todo y después saber que en cosas puntuales uno tiene que apoyarse en diversos profesionales. Esta profesión no es de nadie en particular. En estos momentos, hay contadores, abogados y arquitectos que administran. No es patrimonio de uno solo porque es una actividad multidisciplinaría".

Subrayó que una de sus principales finalidades es que se concentren ideas y se impulsen servicios para el socio: "hay que darle una mejor cobertura".

La CAPHyAI informó a los socios que la Inspección General de Justicia (IGJ) decidió suspender las elecciones a través de un comunicado enviado vía mail.

CAPHyAI tiene que actualizar un 60% de las empresas asociadas

[BPN-26/08/09] El abogado de la lista Renovación & Cambio (R&C), Hernán Coego, destacó que la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) tiene sólo entre un 30 y 40 por ciento de la documentación de los socios que figuran como empresas o personas jurídicas y que fue por este motivo que la Inspección General de Justicia (IGJ) decidió suspender las elecciones del miércoles 19 de agosto.

"Si bien la comisión de poderes resultó improcedente, lo que sí tomó en cuenta la IGJ es la falta de información sobre las personas jurídicas. Tienen que actualizar los datos, no puede ser que la Cámara tenga sólo un 30 o 40 por ciento de los datos de las personas jurídicas. Eso deviene a que hace 40 años que están los mismos de siempre y nunca pasó nada", informó Coego a un grupo de administradores de la lista R&C que se reunió de urgencia esa misma mañana en el bunker de la lista.

En diálogo con Pequeñas Noticias, señaló que la última reunión que tuvo con la IGJ y la CAPHyAI fue el 14 de agosto: "yo planteé la idea de que se conforme una comisión de poderes y ahí volvió a surgir la cuestión de las personas jurídicas, qué pasaba con ellas y con el faltante de los datos de su representación".

"Si había elecciones, ganábamos"

[BPN-26/08/09] "Si el miércoles había elecciones, creo que ganábamos. Tuvimos un gran apoyo de parte de los socios, mucho más que en la primera oportunidad", destacó Gabriela Pilar Saldivia, candidata a presidenta por la lista Renovación & Cambio (R&C) de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI).

En una entrevista concedida al programa de radio "Hablemos de Consorcios" de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal (UMIPH), aseguró que le da vergüenza que la Cámara no tenga toda la documentación como corresponde y que se sigan demorando las elecciones.

"Nos enteramos de la suspensión por la llamada de un socio. En ese momento, la IGJ todavía no nos había notificado nada porque eso pasó el mismo día de la asamblea. Ni siquiera llegamos a avisarles a todos los socios por eso fue que decimos ir a la sede para recibir a aquellos que se acercaban a votar", destacó.

Pilar Saldivia aseguró que de la misma manera en la que están luchando para que los comicios se realicen en forma transparente, van a continuar haciéndolo con todo lo que hace a la gestión de la entidad. "Nosotros queremos la transparencia, si no podemos hacer un acto eleccionario transparente y no sabemos quién vota y quién no, no se puede avanzar. Si llegamos a integrar el consejo directivo seguiremos trabajando con las denuncias que llegan a la Cámara. Estamos convencidos de que debemos comenzar por ahí, si queremos cambiar la imagen del administrador", destacó.

Señaló que hay mucho para trabajar en las posibles sanciones que se deben aplicar a un administrador que comete una falta. "Hay denuncias y no se actúa pero también hay que tener en cuenta que la entidad puede hacer controles por su cuenta", destacó.

Sería inminente el tratamiento del proyecto Abrevaya

[BPN-26/08/09] El legislador porteño Sergio Abrevaya (Coalición Cívica) se reunió con los vecinos para debatir el proyecto de modificación de Ley 941 (Registro Público de Administradores de Consorcios de la CABA) que consensuó con varias entidades de consorcistas y aseguró que en los próximos días saldrá el despacho para que pueda ser tratado en el recinto.

El encuentro se realizó el sábado 22 de agosto y entre los numerosos vecinos que asistieron participaron el presidente de la Federación Argentina de Consorcios (FEDECO), Dr. Samuel Knopoff, la coordinadora de la Asociación de Consorcistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ACCABA), Teresa Villanueva y tres miembros de la Unión de Medios Independiente de Propiedad Horizontal (UMIPH): el Adm. Jorge Ferrera (Reflexiones Nacionales), la Dra. Diana Sevitz (Consorcios Hoy) y Claudio García de Rivas (Pequeñas Noticias).

"Tengo la expectativa o casi la certeza de que esta semana el proyecto pasa a la comisión y sale el texto para que sea tratado en el Recinto", destacó Abrevaya. Recordó que la propuesta la presentaron hace un año atrás y que fue fruto de más de seis meses de trabajo con varias entidades de consorcistas. "Buscamos la manera de modificar una realidad complicada. Con esa impronta, este año comenzó a tratarse en la comisión. Esta semana saldrá el despacho y luego irá al Recinto para ser votado", destacó.

El objetivo del encuentro fue debatir los puntos de la propuesta para que los vecinos manifiesten su opinión y planteen si quieren modificar o incorporar algo, "todavía estamos a tiempo", les dijo Abrevaya a las personas que se acercaron a participar.

Recordemos que a fines de marzo de 2008, Abrevaya había convocado a todas las asociaciones de consorcistas para escuchar la problemática del sector y buscar puntos de consenso que permitan articular una línea de trabajo común. El primer objetivo que se propusieron fue modificar la Ley 941 y después de realizar varias reuniones con su asesor y discutir artículo por artículo presentaron la iniciativa.

Durante la reunión, el Dr. Knopoff señaló que es inmenso el paso que han dado los consorcios con la colaboración de Abrevaya y del legislador porteño Marcelo Meis (Corriente de Convergencia Federal): "es el primer pasito para modificar esta situación que venimos sufriendo hace mucho tiempo".

Por otra parte, aseguró que esta semana recibieron llamados de las cámaras de administradores, quienes les manifestaron que están preocupados. "Aceptarían hasta el punto que hace referencia al mandato del administrador [...] igual tenemos que tener cuidado porque así como el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios Renta y Horizontal (SUTERH) creó AIERH también puede crear una entidad de propietarios".

Los puntos centrales del proyecto de Abrevaya son:

- Los administradores de consorcios durarán en su cargo un año, que podrá ser renovado con el voto de la mayoría de los consorcistas.

- La liquidación de expensas deberá contener obligatoriamente un detalle de los gastos, contrataciones e información precisa acerca del administrador.

- No podrán negociar aumentos de salarios con los encargados de edificios sin una expresa autorización del consorcio.

El Colegio se opone al proyecto de Abrevaya

[BPN-26/08/09] El presidente del Colegio Público de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Jorge Rizzo, y el Dr. Eduardo Awad (director del Instituto de Propiedad Horizontal) consideraron que es inconstitucional el proyecto de ley que impulsa el legislador Sergio Abrevaya (Coalición Cívica) para modificar la Ley 941 (Registro Público de Administradores de Consorcios de la CABA).

"La Ley de propiedad horizontal es nacional y las modificaciones las debe hacer el Congreso, no la Legislatura", argumentó Rizzo. En una entrevista concedida a Pequeñas Noticias, explicaron que esta iniciativa toca dos legislaciones nacionales: por un lado las leyes 20.488 y 13.512 y por otro, la legislación laboral que establece todo lo concerniente a paritarias. Según ellos, en ambos casos, cualquier modificación las debe hacer el Congreso Nacional y no la Legislatura.

Awad y Rizzo consideraron que de aprobarse este proyecto, el próximo paso será crear un colegio de administradores. "La creación del colegio sería un disparate", señaló Awad. Por su parte, Rizzo advirtió que van a luchar para que esa propuesta no salga.

Awad explicó que de existir un colegio cuando los consorcistas necesiten un proveedor para el consorcio lo van a tener que elegir de la plantilla de proveedores, gasistas, electricistas que tenga el colegio. "No van a poder contratar a uno de afuera, esto es a todas luces inconstitucional, atenta contra el derecho de la propiedad que a mí me lo protege la Constitución Nacional", reflexionó.

Por su parte, Rizzo explicó que muchos pueden llegar a pensar que es contradictorio que desde un colegio público le digan que no a la creación de un colegio pero afirmó que "ocurre que nosotros somos abogados y nuestra actividad es el ejercicio de la abogacía, mientras que en materia de administración de consorcios, muchas personas que administran no viven de la administración sino que lo hacen como un favor a sus vecinos".

El Dr. Awad consideró que la Ley 941 no fue positiva para nada. "Yo mido la positividad de una ley de acuerdo a los beneficios que brinda a los ciudadanos. En este caso, esta ley creó un registro de administradores cuya única función es administrativa. Es decir, el propietario no puede ir al registro a quejarse o hacer denuncias", reflexionó.

Cuando este medio les consultó por qué recién ahora manifestaron esta contradicción, Rizzo señaló que muchos consorcistas sí lucharon en contra de esa ley: "yo no estaba en el Colegio. Nosotros nos vamos metiendo en estos temas a medida que vamos conociendo la problemática. Yo doy fe que mucha gente se quiso oponer a la creación de esta ley, Eduardo entre ellos".

La propuesta de Rizzo es que se cree una gran asociación que involucre a todos los copropietarios que se quieran inscribir en ella, en donde haya cientos de miles de propietarios y entonces el Ministerio de Trabajo "no va tener más remedio que firmar el decreto reconociéndoles la personería para sentarse en la mesa, de igual a igual con Santa María y los muchachos del SUTERH".

Desde el Colegio, están trabajando en la modificación de la Ley 13.512. "Nosotros hemos puesto al Instituto de la Propiedad Horizontal a trabajar a pleno y uno de los grandes planteos es el agiornamiento para la ley", destacó el director del colegio.

"Me dan pena las declaraciones de Awad"

[BPN-26/08/09] En el programa de radio "Hablemos de Consorcios" de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal (UMIPH), el legislador porteño Sergio Abrevaya (Coalición Cívica) consideró que le dan mucha pena las declaraciones del Dr. Eduardo Awad debido a que él "estuvo presente en las primeras reuniones con las entidades de consorcistas y le puso buena onda a las reuniones". Eduardo Awad y el presidente del Colegio Público de Administradores, Dr. Jorge Rizzo, aseguraron que la iniciativa es inconstitucional y que si se llega a sancionar la propuesta al poco tiempo, se impulsará la creación de un colegio de administradores.

"Awad está a cargo del nuevo lanzamiento (haciendo referencia al Instituto de Propiedad Horizontal del colegio) y entiendo que lo defienda", señaló. Según él, el director del colegio "lidera la posibilidad de que la Ciudad vuelva a ser la Capital Federal y que no tenga ninguna posibilidad de legislar absolutamente nada. Ese es Rizzo pero eso no puede pasar. Está atrasado".

Según él, Rizzo cree que la Ciudad "es un apéndice de la nación porque tiene un acuerdo con Kirchner, así cambió los votos de la Magistratura para la eliminación de CASSABA. Hay que desenmascarar las cosas".

Respecto a la acusación de que una vez que se apruebe este proyecto van a querer crear un colegio de administradores, Abrevaya aseguró que trabaja en contra de un colegio: "creo que no es el momento para crearlo. Si se dan ciertas situaciones tendría que existir porque los colegios dan resultados. Pero reitero no es el tiempo debido a que en este momento lo que esta actividad necesita es la intervención del Estado".

"Si me preguntan qué haría hoy nuestro bloque con un proyecto de colegiación, les contesto que votamos en contra", resaltó.

[BPN-26/08/09] La Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI), la Cámara de Propietarios de la República Argentina (CAPRA) y el Centro Argentino de Derecho Inmobiliario y Propiedad Horizontal (CADIPH) manifestaron su oposición al proyecto de ley que impulsa la senadora Teresita Nicolasa Quintela (Partido de la Victoria por La Rioja) para regular las condiciones que deben reunir las locaciones urbanas en general cuando se alquilan.

"Se trata de un proyecto cuasi dictatorial y al parecer concebido sin sentido común, carente de visión económica general y alejado del mundo empresario y productivo, tanto industrial como comercial", argumentaron las autoridades de las entidades.

Según ellos, la propuesta es acometedor contra la construcción, agresor de la propiedad privada, ahuyentador de inversiones en general, amedrentador de la ciudadanía, aniquilador de actividades comerciales lícitas, arremetedor a la iniciativa privada y la producción, burocratizante, confiscatorio de bienes, congelador de sinnúmero de industrias, creador de nuevos entes públicos sobre los muchísimos inoperantes y costosísimos existentes, destructor de empresas, discriminatorio, estatizante, irracional, paralizador de inversiones inmobiliarias, potenciador del gasto público, violador de los derechos constitucionales de propiedad y de ejercer industria lícita.

En ese documento hicieron un listado sobre algunas consideraciones que afecta la propuesta. Algunos de los puntos son:

- Afecta la industria de la construcción, actualmente uno de nuestros principales motores económicos.

- Agrede el derecho constitucional de comerciar.

- Agrega más sujetos a funciones administrativas de bienes ajenos que alientan la corruptela y gestión de "influencias".

- Aleja más a nuestra nación del mundo moderno, negando a las empresas su importante misión en el crecimiento económico, como enriquecer al Estado y promover el trabajo y la producción.

- Arremete contra el patrimonio de los ciudadanos.

- Ataca al derecho constitucional de propiedad. Castiga a los inversores en propiedades inmobiliarias que prefirieron arraigar sus finanzas sin girar sus ahorros al extranjero.

- Confisca los recursos de vida de quienes ahorraron en inmuebles para vivir de sus rentas.

- Corrompe la seguridad jurídica.

-Crea un burocrático y costosísimo ente público con facultades para administrar, construir, confiscar y alquilar inmuebles, con delegaciones en casi todas las ciudades del país o sea muchísimos más gastos y numerosos nombramientos inútiles.

- Desmemoria sobre el empobrecimiento edilicio producido por las rechazadas leyes de alquileres confiscatorias.

- Destruye el mercado de las locaciones.

- Desvanece cualesquier tipos de inversión en inmuebles para alquilar.

- Empobrece las ciudades porque dejarán de mantenerse los edificios destinados parcial o totalmente a locación.

- Extermina actividades principales de corredores inmobiliarios que intermedian en alquileres, coartando sus ingresos, al reducir comisiones y evaporar la potencialidad del mercado.

- Frustra numerosísimas actividades afines o parainmobiliarias.

- Fulmina a los inversores que construyeron o compraron edificios para alquilar y esos ingresos eventualmente comprometidos en otros negocios. Impulsa la quiebra de empresas y personas con activos inmobiliarios en alquiler

- Liquida a casi todas las empresas constructoras de inmuebles, cuales seguramente desaparecerán del mercado por falta de inversores. Niega la realidad de un Estado propietario con muchísimos inmuebles mal administrados y casi todos usurpados o con numerosísimos alquileres irrisorios, con legítimas sospechas de connivencia entre los administradores oficiales y los seudoinquilinos beneficiados

- Paraliza la construcción de inmuebles para alquilar y al dejar de construir se paralizan también todas las industrias afines y complementarias. 

- Promete dádivas y beneficios negando la inoperancia del Estado y los cuantiosos recursos derramados en los incontables entes, fondos, bancos y funcionarios, de los estados nacional, provinciales y municipales encaramados en actividades provivienda que aspiran todos los cuantiosos recursos afectados a ello.

Cómo reclamar el seguro del artículo 27º

[BPN-26/08/09] En un encuentro organizado por la lista Renovación & Cambio, el gerente del departamento de Siniestros Generales de Interacción Seguros, Hugo Ostuni, explicó los alcances del artículo 27 del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) de los encargados de edificios e informó cuál es la documentación necesaria que se debe presentar en caso de un siniestro.

Ostuni señaló que conforme con la cobertura vigente es motivo de reintegro las remuneraciones devengadas al trabajador titular cuando se ausentara a sus tareas laborales habituales producto de una enfermedad o un accidente inculpable.

Parte de los beneficios que contempla este artículo desde su creación incluyen:

1.- la cobertura por el fallecimiento del trabajador titular,

2.- el reintegro de las remuneraciones devengadas por accidentes o enfermedades inculpables,

3.- un subsidio equivalente al 50% de la remuneración neta de bolsillo correspondiente a la categoría de la trabajadora activa en el caso de nacimiento durante un plazo de hasta 3 meses,

4.- una cobertura por desempleo en concepto de indemnización equivalente al 50% de su remuneración neta de bolsillo y el pago de los aportes y contribuciones al régimen de obras sociales para brindar una cobertura médica por un término de 3 meses en el caso de licencia por excedencia y

5.- 1 año para los beneficiarios del trabajador fallecido o desempleado o su grupo familiar primario que estuviesen a su cargo en la Obra Social al momento de producirse su deceso o despido.

Con la firma de la última modificación al Convenio Colectivo 378/04 se incorporaron con un aumento del 0,5% del aporte mensual:

a) La indemnización por muerte del trabajador prevista en el artículo 248 de la LCT,

b) la licencia paga por maternidad para la madre adoptante de un menor y por un período de 60 días corridos contados a partir del otorgamiento de la guarda con fines de adopción,

c) la licencia por paternidad en cado de parto múltiple de 10 días corridos,

d) la licencia por paternidad para el padre adoptante de 3 días corridos,

e) la licencia de 30 días corridos para el padre del recién nacido cuando la madre fallece en el parto o inmediatamente después de él.

Los períodos de cobertura son determinados de acuerdo a dos variables: la antigüedad laboral y la carga de familia, teniendo relación directa con el período de licencia remunerada de acuerdo con la Ley de Contrato Laboral.

3 meses: Menos de cinco años de antigüedad y sin cargas de familia.

6 meses: Más de 5 años de antigüedad y sin cargas de familia.

6 meses: Menos de 5 años de antigüedad y con cargas de familia.

12 meses: Más de 5 años de antigüedad y con carga de familia.

Toda franquicia es imputable al inicio de cada período de cobertura quedando a cargo del consorcio empleador.

Franquicias para cada cobertura:

1.- tres meses tienen un mes de franquicia.

2.- seis meses tienen dos meses de franquicia.

3.- doce meses tienen tres meses de franquicia.

Los plazos de denuncia son para enfermedad o accidente inculpable un máximo de 30 días después de la franquicia. "La denuncia del siniestro deberá efectuarse dentro del plazo de 30 días corridos de vencido el periodo de franquicia. Toda denuncia efectuada fuera de dicho plazo hará caducar los derechos del empleador con relación a la cobertura de la referencia", destacó.

La documentación exigible a presentar para gestionar cobertura de enfermedad o accidente inculpable:

- Denuncia administrativa.

- Copia de últimos doce meses de recibos de sueldos.

- Informes médicos de cabecera que acrediten mes a mes su dolencia y licencia.

- Constancia de estado civil o convivencia del trabajador afectado.

- Copia del DNI del trabajador y su conyugue o conviviente.

- Copia de constancia de aportes a FATERYH SUTERH y SUSS desde la fecha de ocurrencia

- Copia de constancia de inscripción en RPA.

- Copia de DNI del administrador.

- Acta de designación del administrador certificada en original.

- Constancia de AFIP de inscripción al consorcio.

En el formulario de denuncia deberán figurar en forma obligatoria los siguientes datos:

1.- Datos del trabajador enfermo o accidentado de manera inculpable,

2.- estado civil (acreditar con documento certificado),

3.- informar existencia de hijos menores de edad o discapacitados y/a su cargo (acreditar con documento certificado),

4.- informar horario laboral del trabajador,

5.- informar ART del trabajador,

6.- informar la fecha del hecho (siniestro),

7.- informar las circunstancias del hecho (siniestro),

8.- informar si el consorcio tiene cuenta bancaria a su nombre y cuál es su correcta denominación y

9.- firma del administrador.

"Los consorcistas no pueden seguir pagando aumentos"

[BPN-26/08/09] La coordinadora de la Asociación de Consorcistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ACCABA), Teresa Villanueva, consideró que los consorcistas no pueden seguir pagando aumentos en las expensas. "El propietario no puede pagar más. ¿Qué es lo que pretenden con estos aumentos? El secretario del SUTERH tan livianamente aumenta y nadie se opone a lo que él dice. Este señor invade nuestros bolsillos y hace lo que quiere", reflexionó Villanueva refiriéndose a Víctor Santa María.

En una entrevista concedida al programa "Hablemos de consorcios" de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal (UMIPH), Villanueva señaló que el SUTERH se tiene que sentar a negociar los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) con los propietarios. "Los encargados van a recibir un aumento y no es que no se lo merezcan o que no queremos que ellos progresen, pero tenemos que tener en cuenta que representan el único gremio que está tan protegido. Ellos no tienen la culpa de que este hombre sea tan ambicioso", reflexionó.

Por otra parte, analizó que la situación que se viene no es buena: "evidentemente nosotros vamos a recibir un cimbronazo muy grande y nos va a encontrar mal colocados porque si no nos unimos no vamos a poder hacerle frente". Explicó que los más desprotegidos son los jubilados debido a que no cuentan con los ingresos suficientes como para poder pagar los gastos que les insume su vivienda.

La coordinadora de ACCABA reconoció que otro de los problemas de los consorcistas es la baja participación del sector. "A veces los mismos consorcistas del edificio me dicen quedate tranquila, para que te metés en esto si no va a cambiar nada, ese es un grave error porque el día que ellos tomen conciencia va a ser tarde", afirmó.

"Yo en este tema estoy hace 8 años y lo hago todo gratuitamente, entiendo que tenemos que participar... a veces hasta son suspicaces y dicen ¿será que lo hace gratis? ¿Qué interés tendrá?, porque nadie hace nada gratis en este país. Entonces estamos siempre con la duda", manifestó.

Según ella, las cámaras de administradores no son representativas del sector, "ninguna institución le dio poderes a estas entidades... si por lo menos nos defendieran bien. Es todo en contra de nuestros intereses y los edificios se están viniendo abajo".

Por otra parte, advirtió que mucha gente ya está pensando que hay que eliminar al encargado del edificio, "se lo indemniza y ese departamento se alquila y en vez de tener pérdida los consorcios tendrían ganancias".

Tercer escalón del aumento y nuevo salario mínimo

[BPN-26/08/09] En el mes de agosto se deberá reflejar en el sueldo de los trabajadores del sector de la propiedad horizontal el tercer escalón del aumento logrado y además, en aquellos casos en que se realicen embargos, habrá que aumentar el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

El 4 de agosto de 2009 se publicó en el Boletín Oficial Nº 31708 (BO) la Resolución 2/2009 mediante la cual se incrementó el SMVM. El artículo 1º de la resolución dice textualmente: Fíjase para todos los trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976), de la Administración Pública Nacional y de todas las entidades y organismos en que el Estado Nacional actúe como empleador, un Salario Mínimo Vital y Móvil excluidas las asignaciones familiares, y de conformidad con lo normado en el artículo 140 de la Ley Nº 24.013, de:

a) A partir del 1º de agosto de 2009, en pesos un mil cuatrocientos ($ 1.400) para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo, conforme al artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976), con excepción de la situación prevista en el artículo 92 ter y 198, primera parte, del mismo cuerpo legal que lo percibirán en su debida proporción, y de pesos siete ($ 7) por hora, para los trabajadores jornalizados.

b) A partir del 1º de octubre de 2009, en pesos un mil cuatrocientos cuarenta ($ 1.440) para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo, conforme al artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976), con excepción de la situación prevista en el artículo 92 ter y 198, primera parte, del mismo cuerpo legal que lo percibirán en su debida proporción, y de pesos siete con veinte centavos ($ 7,20) por hora, para los trabajadores jornalizados.

c) A partir del 1º de enero de 2010, en pesos mil quinientos ($ 1.500) para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo, conforme al artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976), con excepción de la situación prevista en el artículo 92 ter y 198, primera parte, del mismo cuerpo legal que lo percibirán en su debida proporción, y de pesos siete con cincuenta centavos ($ 7,50) por hora, para los trabajadores jornalizados.

En el caso de los trabajadores de este sector, el SMVM no tiene incidencia en la liquidación de los sueldos propiamente dicha ya que todos los valores de las escales salariales los supera pero a la hora de hacer embargos de sueldos habrá que tenerlo en cuenta.

El primer punto de las cláusulas salariales dice: "Incorporar un aumento salarial remunerativo de $380 sobre los haberes básicos, de la siguiente manera: a) $100 con los haberes del mes de mayo; b) $100 con los haberes de julio; c) $100 con los haberes de agosto; d) $ 80 con los haberes de septiembre". En el mes de agosto se deberán liquidar $300 pesos formados por los $100 incorporados en mayo, los $100 incorporados en julio y los $100 que corresponden incorporar ahora. Estos valores son para los trabajadores mensualizados; en el caso de los trabajadores de media jornada, el importe a liquidar será de $150 y si el trabajo debe pagarse por hora, habrá que incorporar un aumento de $1.5 por hora que surge de dividir $300 por 200 horas.

Este acuerdo se homologó el 16 de julio de 2009 por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social bajo el registro Nº 780/90 y el número 106.