El año de las matrículas rotas

[BPN-19/12/13] El Registro Público de Administradores (RPA) porteño anunció que destruirá todas las matrículas renovadas que no hayan sido retiradas por los administradores antes del próximo viernes 27 y que no autorizará Libros de Datos 2014 luego del lunes 30 de diciembre. Así lo informó la repartición del Estado porteño, el pasado 10 de diciembre, mediante una escueta gacetilla informativa que envió por correo electrónico a sus registrados.

Es de destacar que la Presidencia de la Nación -mediante el Decreto 2111-  otorgó asueto al personal de la administración pública nacional los días 24, 26 y 31 de diciembre. Al día de la fecha no se sabe si el Gobierno porteño tomará alguna medida administrativa similar. De hacerlo, se reducirán la cantidad de días en que los administradores podrán retirar sus matrículas y autorizar los Libros de Datos 2014.

Las matrículas mencionadas son las que deben recibir los administradores que presentaron las Declaraciones Juradas (DDJJ) correspondientes a los períodos 2010/11/12. El plazo para completar el aplicativo online de los tres años había vencido el 16 de agosto y la presentación de la documentación complementaria el 13 de septiembre.

Sin embargo, un mes antes, durante el curso de una charla que brindó en la sede de la CAPHyAI (Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias), la coordinadora del RPA, Gabriela Pilar Saldivia, había adelantado que "tal vez salga una nueva disposición en algún momento para que los que en diciembre no hayan retirado su matrícula tengan un plazo de treinta días más para realizar el trámite" [BPN Nº 509 del 22/11/13: "No haber presentado la DDJJ costaría 52 mil pesos"].

La CAPHyAI pidió prórroga

[BPN-19/12/13] El pasado 6 de noviembre, la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) le solicitó a Edgardo Aoun, director general interino de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor (DGDyPC) porteña, una prórroga en los plazos de adecuación al programa Expensas Claras.

El pedido obedeció "a las dificultades con que se encuentran los centros de cómputos y las propias administraciones para adecuar las liquidaciones de expensas a lo previsto en la norma" y se realizó mediante una carta firmada por Daniel Tocco y Fernando Staino, presidente y vicepresidente 1º de la CAPHyAI respectivamente.

Dicha solicitud fue recibida en Mesa de Entradas de la DGDyPC al día siguiente, es decir el 7 de noviembre. Sin embargo, es de tener en cuenta que la designación de Aoun al frente del organismo porteño es interina y su designación aún no fue publicado en el Boletín Oficial.

Es de recordar que el artículo 6º de la Disposición Nº 2.450 de la DGDyPC estipuló los plazos para que los administradores de consorcios cumplan con las obligaciones que les impuso la segunda versión del programa Expensas Claras, siempre contando a partir de su publicación en el Boletín Oficial que fue el 13/08/2013:

- Implementación de lo establecido en los artículos 1º (rendición de expensas según un modelo único), 2º (envío de las liquidaciones por correo electrónico) y 3º (datos que deben contener los recibos de pago): 120 días. De esta manera, si se toman como días corridos este vencimiento fue el 11/12/2013, pero si se computan como días hábiles -como en general acostumbra la administración pública- sería el 4/02/2014.

- Implementación de lo establecido en el artículo 4º (bancarización de ingresos y egresos del consorcio): 180 días. El 9/2/2014 si se calculan días corridos y el 8/05/2014 para días hábiles.

- Implementación de lo establecido en el artículo 5º (digitalización de los comprobantes respaldatorios): 365 días. Tomando como base de cálculo días corridos sería el 13/8/2014 y como días hábiles el 2/02/2015 [BPN Nº 510 del 04/12/12: "El administrador puede evitarle al consorcio ciertas obligaciones"].

El programa Expensas Claras estableció que el consorcio puede eximirse de cumplir dos de las tres obligaciones: el envío de las liquidaciones por email y la apertura de una cuenta bancaria a nombre del consorcio.

Para el primer caso, los copropietarios podrán -de manera individual o colectiva- solicitarle al administrador que sustituya el envío de las liquidaciones en formato digital por una versión impresa.

La CAPHyAI pidió modificaciones al aplicativo

[BPN-19/12/13] El pasado 4 de diciembre, la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) le solicitó a Edgardo Aoun, director general interino de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor (DGDyPC) porteño, que modifique el aplicativo online de las DDJJ 2013 que los administradores de consorcios deberían completar el año que viene: "teniendo en cuenta la abundante información que ha sido requerida en el último aplicativo [...] solicitamos a usted que se haga una revisión de los datos que se deberán informar el próximo año […] ya que muchos de ellos ya se encuentran volcados en el Libro de Datos", demandaron.

En diálogo con Pequeñas Noticias, fuentes de la Cámara explicaron que la intención es que en el aplicativo online se deba cargar un mínimo de información y que el resto quede documentada en el Libro de Datos 2014. Por otra parte, autoridades de la CAPHyAI se pusieron a disposición del funcionario porteño para "colaborar en la confección del nuevo diseño".

El requerimiento se realizó formalmente mediante una carta fechada el 4 de diciembre pasado y firmada por su presidente, Adm. Daniel Tocco, y su vicepresidente 1º, Adm. Fernando Staino. Fue ingresada a la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor porteño dos días después, el 6 de diciembre. Es de tener en cuenta que la designación de Aoun al frente de este organismo continúa siendo interina y su designación todavía no fue publicada en el Boletín Oficial.

Zago fue nombrado defensor adjunto

[BPN-19/12/13] El pasado 9 de diciembre, Oscar Zago (PRO) fue nombrado defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El exlegislador porteño se hizo conocido en la comunidad consorcial por ser el autor de la ley local que impuso a los consorcios porteños el llamado "Curso del SERACARH".

Zago ocupará un puesto en la entidad que objetó duramente -bajo la titularidad de la Dra. Alicia Pierini- la Disposición Nº 1.698/12 de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor (DGDyPC) porteño que había instaurado la obligación de los encargados de concurrir anualmente a una capacitación que sólo brinda el Servicio de Resolución Adecuada de Conflictos para la Actividad de Rentas y Horizontal (SERACARH) sobre "mantenimiento, conservación, prevención, higiene y seguridad contra incendios".

Como titular de la Defensoría del Pueblo porteño, la Legislatura designó a Alejandro Amor (FpV), diputado con mandato activo hasta el 2015 quien deberá renunciar a su banca para asumir en su nuevo cargo. Es también secretario general de las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas Regional Capital Federal, secretario gremial del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) y secretario de Acción Política de la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de Argentina (COEMA).

Como defensores adjuntos fueron designados los exlegisladores María América González (Buenos Aires para Todos), Lidia Saya (PRO) y Claudio Presman (UCR), mientras que José Palmiotti (exlegislador UCR/PRO) renovó su mandato.

Estas designaciones para la Defensoría del Pueblo porteño –cuyos mandatos duran cinco años- se realizaron en el marco de una Sesión Extraordinaria de la Legislatura que tuvo lugar el 9 de diciembre, un día antes que finalizara el mandato de la mitad del cuerpo legislativo de esta ciudad. Éstos y otros nombramientos fueron duramente objetadas por el actual legislador porteño Marcelo Ramal (FIT) <ver nota>

El 14 de noviembre del año pasado, la Dra. Pierini le había recomendado a la DGDyPC que deje sin efecto la Disposición Nº 1.698 por "tratarse de una norma ilegítima y dictada en exceso de las facultades reglamentarias previstas en el Decreto Nº 551/10, reglamentario de la Ley 941 y sus modificatorias" [BPN Nº 480 del 28/11/13: "La Defensoría recomendó dar de baja el curso del SERACARH"].

Por último, el 5 de septiembre de este año, la Dra. Pierini reiteró su recomendación de derogar definitivamente esta disposición teniendo en cuenta el "contundente y decisivo" dictamen jurídico del procurador general, Julio Marcelo Conte Grand. En esa oportunidad, también le solicitó a Conte Grand que inicie sumario administrativo para que se determinen responsabilidades por su dictado [BPN Nº 505 del 02/10/13: "Sumario administrativo por el curso del SERACARH"]

El pasado 28 de noviembre, la Legislatura porteña aprobó un proyecto de ley del legislador Zago que obliga a los administradores de propiedad horizontal a "exhortar" al personal de cada uno de los consorcios que administra a concurrir anualmente a una capacitación "sobre higiene, seguridad y medidas de prevención contra incendios". Si bien no establece explícitamente la entidad que debe dictarlo, los requisitos exigidos para impartirlo apuntan como posible sólo al SERACARH [BPN Nº 510 del 06/12/12: "El curso del SERACARH tiene su propia ley"].

Alejandro Amor tiene 52 años, es abogado egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y magíster en Empleo, Relaciones Laborales y Diálogo Social en Europa de la Universidad de Castilla-La Mancha (España). Anteriormente, efectuó un curso en especialización para expertos en Relaciones Laborales expedido conjuntamente por la Universidad de Bologna, la Universidad de Castilla-La Mancha y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y realizó un Post-Grado en Derecho Colectivo del Trabajo en la UBA.

Además de los nombramientos para ocupar cargos en la Defensoría del Pueblo la Legislatura designó –entre otros- tres integrantes del Ministerio Público Fiscal y el directorio del Ente Regulador de los Servicios Públicos.

En el Ministerio Público fue designado Martín Ocampo (legislador porteño del PRO) como Fiscal General, Horacio Corti (Juez de Cámara) como Defensor General y Yael Bendel (titular del Consejo de la Niñez porteño) como Asesora Tutelar General.

Ramal denunció tráfico de influencias y cohecho

[BPN-19/12/13] El pasado martes 17 de diciembre, el legislador porteño Marcelo Ramal (FIT) ratificó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal Nº 12 del Dr. Sergio Torres una denuncia penal "contra la vieja Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" por "tráfico de influencias y cohecho" y le pidió a la fiscalía que investigue las responsabilidades que le pudieran caber.

Ramal denunció que existió un acuerdo entre el PRO, el Frente para la Victoria y UNEN para aprobar un paquete de medidas que evaluó como negativas para el vecino porteño a cambio de la adjudicación de una serie de cargos en la Defensoría del Pueblo, los Entes Reguladores de Servicios Públicos, fiscalías, etc.

Consideró que las sesiones fueron tres o cuatro y se produjeron entre el 27 de octubre y el 9 de diciembre. En esa última fecha se definieron las designaciones durante una Sesión Extraordinaria y al día siguiente finalizó el mandato de la mitad de los legisladores porteños. Ramal consideró como singularmente grave que "los propios legisladores se eligieron a sí mismo y evaluaron sus propios pliegos, incluso en la Junta de Ética y Acuerdos de la propia Legislatura".

Uno de los legisladores salientes fue Oscar Zago (PRO) quien –en esa sesión- fue designado defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo porteño. Es también autor de la ley que obligó a los consorcios porteños a contratar un curso para sus encargados conocido hasta ahora como "Curso del SERACARH" que fue cuestionado duramente en dos oportunidades por la Dra. Alicia Pierini, titular del organismo porteño en el cual finalmente Zago fue designado como funcionario [BPN Nº 510 del 04/12/13: "El curso del SERACARH tiene su propia ley"].

Marcelo Ramal explicó que –por ejemplo- en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad "nada impedía que la nueva composición del cuerpo legislativo analizara los pliegos que se presentaron y después votara en una sesión extraordinaria en febrero quiénes iban a ocupar estos cargos teniendo en cuenta que tanto los adjuntos como el titular asumen en marzo del año que viene porque los cinco años de sus mandatos vencen, efectivamente, en febrero", y concluyó: "había tiempo".

Las leyes aprobadas

Ramal consideró que las leyes cuestionadas fueron, entre otras, la condonación de la deuda de alrededor de dos mil millones de pesos en concepto de ingresos brutos que mantenía Cristóbal López con la Ciudad y "virtualmente" una exención del pago de impuestos en sus tragamonedas y en el casino de Puerto Madero hasta el año 2032 que consideró será pagado por los vecinos con sus impuestos, la enajenación de 40 predios que pertenecían al Gobierno porteño, el presupuesto 2014 "que se aprobó con importantes aumentos de impuestos, con reducciones a la gravitación del gasto social, educativa y sanitario en la ciudad" y la venta de tierras en la Comuna 8 "que es la zona donde existe más necesidad de que la población cuente con espacios para organizaciones de carácter social".

La Legislatura porteña aprobó el pasado 9 de diciembre las designaciones para ocupar cargos en la Defensoría del Pueblo de la CABA, en el Ministerio Público del Poder Judicial de la CABA y en el Ente Regulador de los Servicios Públicos, entre otros organismos porteños.

Para la Defensoría porteña las personas designadas fueron: el legislador Alejandro Amor (FpV) como titular y los exlegisladores María América González (Buenos Aires para Todos), Lidia Saya (PRO), Claudio Presman (UCR) y Oscar Zago (PRO) como adjuntos, mientras que José Palmiotti (exlegislador UCR/PRO) renovó su mandato también como defensor adjunto.

En el Ministerio Público fue designado Martín Ocampo (legislador porteño del PRO) como Fiscal General, Horacio Corti (Juez de Cámara) como Defensor General y Yael Bendel (titular del Consejo de la Niñez porteño) como Asesora Tutelar General.

El directorio del Ente Regulador de los Servicios Públicos estará conformado por: Paola Michielotto (PRO) en el cargo de presidenta, mientras que Julio Raffo (ex legislador Proyecto Sur), Fernando Barrera (UPCN, impulsado por el FpV), Alejandra Goldsack (Bases para la Unión) y Fernando Lauría (representante de las asociaciones de consumidores) como vocales.

Ramal tiene 59 años, es economista y asumió el pasado 10 de diciembre como legislador porteño en representación del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) con mandato hasta 2017. También es profesor de la UBA y la Universidad Nacional de Quilmes.

En 2011 encabezó la lista de legisladores porteños por el Frente de Izquierda y en 2003 y 2007 fue candidato a Jefe de Gobierno en representación del Partido Obrero.

Nuevo "curso de separación de residuos"

[BPN-19/12/13] A partir del 2 de enero, los administradores de consorcios porteños deberán asistir –por única vez- a un curso obligatorio y gratuito sobre separación de residuos que dictará la Unidad de Proyectos Especiales Construcción Ciudadana y Cambio Cultural (UPECCYCC) que pertenece a la Jefatura de Gabinete de Ministros de esta ciudad y cuya titular es la Lic. Paula Uhalde.

Según una nueva disposición, los administradores deberán presentar el certificado de asistencia a dicha capacitación junto con las Declaraciones Juradas del 2013 para obtener la renovación de su matrícula. De lo contrario, cometerán una infracción al "artículo 9º, Inc. b) de la Ley Nº 941".

Según surge de la disposición, el contenido del curso consiste en informar a los administradores acerca de sus obligaciones y responsabilidades en materia de clasificación y disposición de residuos en los edificios con la finalidad de concientizar y explicar la dinámica de separación de la basura en cada consorcio. Además, dicho curso se encuadra dentro del programa "Ciudad Verde" que, dentro de sus objetivos, "promueve la concientización y el trabajo conjunto entre las administraciones de consorcios, los encargados de edificios y los vecinos".

La Disposición Nº 216 del 12 de diciembre (BO: 18/12/13) que impuso el "Curso de Separación de Residuos" fue firmada por el Dr. Andrés Mariano Bousquet, director general de Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, quien fue autorizado el pasado 7 de octubre a firmar las órdenes necesarias para mantener en funcionamiento la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor porteña hasta tanto se publique en el Boletín Oficial el nombramiento de Edgardo Aoun al frente de este organismo.

Según los especialistas consultados por el medio, la justificación de la sanción por la falta de asistencia al "Curso de separación de residuos" sería poco clara e inclusive errónea.

El artículo 3° de la Disposición 216 dice textualmente: "la falta de presentación del certificado de asistencia al Curso de Separación de Residuos implicará una infracción al artículo 9° inciso b.- de la Ley N° 941, conforme lo dispuesto por el artículo 15° inciso d.- de la citada Ley". Ese inciso (el b) –entre otras obligaciones del administrador- dispone que este deberá "atender a la conservación de las partes comunes, resguardando asimismo la seguridad de la estructura del edificio conforme lo dispuesto por las normas vigentes".

Un conocido abogado, especialista en propiedad horizontal, observó a esta redacción que a primera vista ni en el artículo mencionado ni en su reglamentación aparece una relación entre la infracción que se pretende imponer y la obligación que dispone el inciso de esta ley porque la materia que ocupa ese artículo trata específicamente de temas relacionados "puertas adentro" del consorcio. Destacó también que el decreto reglamentario estableció que todas las necesidades y requerimientos sobre la conservación de estas partes comunes deben ser debidamente planteadas en la asamblea.

El inciso d) del artículo 15º de esa misma ley sólo dispone que es una infracción "el incumplimiento de las obligaciones impuestas por los artículos 9º y 10º, cuando obedecieran a razones atribuibles al administrador".

El firmante de la disposición fundamentó la necesidad de un curso de capacitación en este sentido invocando el inciso f) del artículo 4º de la Ley 941 que "establece que para poder inscribirse, los administradores de consorcios deben presentar la siguiente documentación, en particular, el ‘Certificado de aprobación de un curso de capacitación en administración de consorcios de propiedad horizontal, en el modo y forma que establezca la reglamentación de la presente’; evidenciando la necesidad de distintas instancias de capacitación obligatorias para los administradores de consorcios".

Macri le mete energía a los consorcios

[BPN-19/12/13] El pasado 18 de diciembre, el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, anunció que enviará un proyecto de ley a la Legislatura porteña para obligar a los consorcios de más de seis pisos a contar con un generador eléctrico en el edificio. El mismo deberá garantizar como mínimo el funcionamiento de la bomba de agua y los ascensores para que "la gente mayor no quede atrapada [...] sin tener la posibilidad de salir".

Macri adelantó también que el Banco Ciudad financiará la compra de estos aparatos a través de una línea especial de créditos "accesibles, para que todo el mundo pueda salir a comprar ese grupo electrógeno que les garantice mínimas condiciones a cada edificio".

El anuncio del jefe de Gobierno fue realizado ayer a la tarde en una conferencia de prensa que brindó en la sede del Gobierno porteño junto a Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gabinete de Ministros, y Rogelio Frigerio, presidente del Banco Ciudad.

Es de recordar que un proyecto similar fue presentado en la Legislatura el pasado 14 de marzo por Claudio Palmeyro (Sindical Peronista), aunque con la diferencia de que en éste, si bien no lo especificaba, la obligación recaía únicamente sobre los edificios nuevos [BPN Nº 496 del 05/06/13: "Un generador para cada consorcio"].

Por otra parte consideró que "los gases de combustión que emana el equipo los tiene que largar. Hay que encontrarle el lugar exacto de instalación. No es tan fácil. No es solamente que uno compra el equipo, lo enchufa y ya está funcionando".

Sobre su mantenimiento explicó que un aparato de este tipo "tiene que tener un service periódico porque como el equipo es a combustión si mensualmente no se lo arranca se deteriora", y concluyó: "me parece una medida, futbolísticamente hablando, para la tribuna".

Un agente inmobiliario manifestó a Infonews que hay que tener en cuenta problemas de espacio y acondicionamiento: "se necesita un lugar insonorizado -por el ruido que hace el generador- además de una salida al exterior para los gases", y agregó -para que el público tenga una idea- que un generador de 170KV mide aproximadamente 5 metros por 2.

- "¿Vos escuchaste alguna organización de defensa del consorcista que haya dicho algo contra el curso en el SERACARH?", le preguntó Hernández a Karcher.

- "No", respondió.

- "¿Por qué?", repreguntó.

- "No entiendo [...], te juro que todos los días lo reflexiono…", concluyó el invitado.

- "¿Por qué? Porque es mucha plata y todos están detrás de la plata", denunció el presidente de FRA.

Este diálogo se desarrolló el pasado 7 de diciembre durante el transcurso del programa radial Reunión de Administradores que se emite los sábados a las 11:30 hs. por Radio Cultura (FM 97.9). El Adm. Jorge Hernández es presidente de la Fundación Reunión de Administradores (FRA) y el Adm. Gustavo Karcher es corresponsable de prensa y difusión de AIPH.

Si bien a la redacción de Pequeñas Noticias no le consta que en los últimos tiempos las entidades de consorcistas hayan realizado declaraciones públicas o hayan iniciado acciones legales contra la Disposición Nº 1.698 de Defensa del Consumidor que impuso el "Curso del SERACARH", en su oportunidad –hace más de ocho meses– la presidenta de la Unión de Consorcistas de la República Argentina (UCRA), Alicia Giménez, había declarado en un correo de opinión que publicó este medio que "este curso (no importa si dura 2 o 4 horas), a pesar de la ambigüedad de la Disposición Nº 1.698-DGDyPC-2012, obviamente termina pagándolo el consorcio, cuya suma de $500 fue imposible de conocer quién la determinó, ya que la disposición no la menciona. Es así como los consorcistas nos vemos obligados a afrontar gastos que aumentan las expensas, aumentos de los que nadie es responsable, siempre es ‘algún otro’." [BPN Nº 491 del 10/04/13: "Sobre la actualidad consorcial"].

Anteriormente, el 22 de marzo de este año, José Luis Ludueña, presidente del partido político PODES, Matías Chari, ex asesor de Sergio Abrevaya en la Legislatura porteña y actual coordinador del Centro de Estudios de la Propiedad Horizontal de PODES, y el Dr. Jorge Resqui Pizarro, coordinador de Reafirmación de los Derechos del Consorcista (ReDeCo), promovieron ante el Tribunal Superior de Justicia porteño una Acción Declarativa de Inconstitucionalidad contra cuatro disposiciones de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor porteño -y contra una parte de la Resolución 408 de Eduardo Macchiavelli, secretario de Gestión Comunal y Atención Ciudadana (GCyAC)-, entre las cuales se encontraba la Disposición Nº 1.698 [BPN Nº 490 del 27/03/13: "Nueva ofensiva judicial contra disposiciones de Gallo"].

Se creó la FeNARA

[BPN-19/12/13] El pasado 5 de diciembre, ocho entidades de administradores de distintos puntos del país constituyeron oficialmente la Federación Nacional de Cámaras y Asociaciones de Administradores de Propiedad Horizontal de la República Argentina (FeNARA). El Adm. Alejandro Pani, titular de la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal de la Provincia de Buenos Aires (CAPHPBA), será su primer presidente.

La flamante Federación está integrada por la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI), la Asociación Inmobiliaria de Edificios de Renta y Horizontal (AIERH), la Unión Administradores de Inmuebles (UADI), la Cámara de Administradores bonaerense, la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal de Bahía Blanca y Zona Sud (CAPHBB), la Cámara de la Propiedad Horizontal de la Provincia de Santa Fe 2º Circunscripción (CPH Santa Fe 2ª), la Cámara de la Propiedad Horizontal de la Provincia de Córdoba (CPH Córdoba) y la Cámara de Administradores de Consorcios de La Plata (CAC La Plata). 

No pertenecen a esta nueva entidad ni AIPH (Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal), ni FRA (Fundación Reunión de Administradores), ni APARA (Asociación de Profesionales Administradores de la República Argentina).

Es de recordar que su origen tuvo lugar durante el Primer Congreso Latinoamericano de Administradores de Propiedad Horizontal que organizó la CAPHyAI los pasados 19 y 20 de septiembre cuando representantes de siete cámaras de administradores rubricaron una carta de intención para la constitución de dicha entidad con el objetivo de jerarquizar la profesión promoviendo la colegiación de la actividad en cada una de las jurisdicciones de los signatarios del convenio [BPN Nº 505 del 02/10/13: "Se creó la Confederación Argentina de Administradores"].

La primera Comisión Directiva de la FeNARA estará conformada por: Alejandro Pani en el cargo de presidente, Fernando Staino (CAPHyAI) como vicepresidente 1º, Arcángel Ibáñez Díaz (CPH Santa Fe 2ª) como vicepresidente 2º, Guillermo Isla Vieira (CAPHBB) como vicepresidente 3º, Miguel Ángel Summa (CAPHyAI) como secretario, Daniel Defrancesco (CAPHPBA) como prosecretario, Gabriella Calavita (CPH Córdoba) como tesorera, Ariel Adelmo Coppari (CAC La Plata) como protesorero, Alberto Lissa (AIERH), Adolfo Jäger (CPH Santa Fe 2ª) y Martín Valiente (CAC La Plata) como vocales titulares y, por último, Osvaldo Primavesi (UADI) y Alejandro Orlando (AIERH) como vocales suplentes.

Por su parte, la Comisión Revisora de Cuentas estará integrada por los titulares María Judit del Castillo (CPH Córdoba) y José Pusterla (CAPHyAI), mientras que el suplente será Jorge Esteban Arcuri (CAPHBB).

El Adm. Alejandro Pani, tres días antes –el 2 de diciembre- de su asunción como presidente de FeNARA había sido reelecto presidente de su propia entidad por dos años más.

[BPN-19/12/13] Desde el pasado 5 de diciembre, aquellos consorcios porteños con más de cuarenta unidades funcionales que produzcan más de mil litros de residuos húmedos diarios deberán hacerse cargo de su transporte y disposición final en el CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado).

En esa fecha la Legislatura de esta ciudad aprobó un proyecto de ley de autoría de Claudia Neira (FpV). Desde su despacho comunicaron a este medio que actualmente los consorcios no separan adecuadamente la basura en reciclables y no reciclables. Explicaron que si en un edificio que produce 1200 litros de residuos se separara adecuadamente se puede reducir la cantidad que se deposita en los rellenos sanitarios del CEAMSE a sólo unos 600 litros, o sea la mitad.

Es de destacar que para que un consorcio sea alcanzado por esta nueva ley se deben cumplir ambos requisitos: tener más de 40 unidades funcionales y estar generando más de mil litros de basura húmeda diaria. Los obligados deberán también inscribirse en el "Registro de Generadores Especiales" que pertenece al Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño e incorporarse al programa de generadores privados del CEAMSE.

Están alcanzados por todas las obligaciones que impone la nueva ley los hoteles de 4 y 5 estrellas; los bancos, las entidades financieras y las aseguradoras; los supermercados, los minimercados, los autoservicios y los hipermercados que posean más de cuatro cajas registradoras; los shoppings, las galerías comerciales y los centros comerciales a cielo abierto; los locales que posean una concurrencia de más de trescientas personas por evento; las cadenas comerciales que posean más de cinco establecimientos que se encuentren identificados bajo una misma marca, ya sean sucursales o franquicias; y otros comercios, industrias y toda otra actividad privada comercial que genere más de quinientos litros de basura por día.

La iniciativa de Neira ingresó a la Legislatura el 5 de julio del año pasado y fue aprobada 17 meses después sobre tablas sin discursos con el voto de 53 legisladores. Es de tener en cuenta que la norma sancionada todavía no fue publicada en el Boletín Oficial.

El cuerpo de la norma que finalmente se votó en la Legislatura es distinto al texto del proyecto de ley que había presentado la legisladora porteña.

La iniciativa original determinaba que se consideraban "Generadores especiales de residuos sólidos" los edificios sujetos al régimen de propiedad horizontal que tengan una altura superior a 19 pisos. Finalmente, la ley sancionada lo amplió a aquellos de más de 40 unidades funcionales que produzcan más de mil litros de residuos húmedos diarios.

En el rubro propiedad horizontal, en el Registro de Generadores Especiales que publica el Ministerio de Ambiente y Espacio Público en la Web, hay un solo consorcio inscripto: las Torres De Libertador que se encuentran en la calle Libertador 4444 y se elevan 40 pisos.

La AFIP sancionará a administradores de countries

[BPN-19/12/13] La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) anunció que sancionará a aquellos administradores de countries, clubes de chacra, barrios cerrados y privados que no brinden la información mensual que el organismo exige sobre el monto de las expensas que abonan propietarios e inquilinos. Las multas podrán llegar hasta los 45 mil pesos, la instrucción de un sumario para el administrador y la suspensión de su CUIT "en caso de que reitere esa conducta".

Mediante un comunicado que dio a conocer el pasado 12 de diciembre, la AFIP anunció que intimará a 200 administradores de estos complejos habitacionales para que brinden la información requerida por el organismo público: "los datos que deben suministrar son mensuales, como lo deben hacer todos los administradores de los más de 300 countries del país", agregó.

La AFIP reveló que en algunos complejos en que fueron informados en tiempo y forma se detectaron que el tipo de inmueble y las expensas abonadas por propietarios o inquilinos no se condicen con la situación tributaria que declararon. Según un matutino nacional "hasta el momento se encontraron 200 casos, pero no descartan que haya más".

La Resolución Nº 3.369 del 13 de agosto del año pasado (BO: 16/08/12) obliga a los administradores de countries, clubes de campo, clubes de chacra, barrios cerrados, barrios privados y demás urbanizaciones a brindar información a la AFIP sobre los propietarios, inquilinos u ocupantes de esos complejos cuando la superficie de la propiedad –incluido el terreno no construido- sea igual o superior a los 400 metros cuadrados y el monto de las expensas que abonan resulte igual o superior a los $2.000 mensuales [BPN Nº 470 del 22/08/13: "Esta vez se impuso Goliat"].

La AFIP explicó que "la intimación se llevará a cabo por medio de una carta a los administradores de los countries y develó algunos de esos lugares: complejos de los corredores de los ramales Tigre, San Fernando y Pacheco, al corredor Campana, Escobar, Los Cardales y Zárate, los corredores de Pilar, Villa Rosa, Derqui, Del Viso, Ezeiza, Canning y San Vicente, el corredor zona Oeste, General Rodríguez, Moreno y Luján; el corredor Sudeste, Berazategui, La Plata, Brandsen y también los principales countries del interior del país.

La Resolución Nº 3.369 no fue la primera disposición de la AFIP en este sentido. El 24 de noviembre de 2006, emitió la Resolución Nº 2.159/06 que fue declarada inconstitucional –en fallo unánime- por la Corte Suprema de Justicia de la Nación luego de que la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias, patrocinada por el Dr. Jorge Martín Yrigoyen, presentara un recurso de amparo [BPN Nº 416 del 6/10/10 "Esta vez ganó David"].

Para los escribanos este año fue mortal

[BPN-19/12/13] De continuar esta tendencia, la cantidad de escrituras realizadas durante el 2013 en la CABA habrían sido las menores de los últimos seis años. Durante los primeros diez meses de este año se efectuaron poco más de 28 mil escrituras (28.206) por un monto total de 1.700 millones de dólares (1.770.547.121) y de continuar esta tendencia hasta fin de año se llegarían a poco más de 33 mil escrituras (33.847) por unos 2.124 millones de dólares (2.124.656.545).

Los valores promedios anuales de cada operación fluctuaron entre los 62 mil dólares este año y los 100 mil dólares durante el 2011.

Durante el período comprendido entre los años 2008 y 2013 inclusive se puede observar que en 2008 se realizaron la mayor cantidad de escrituras de los últimos seis años con un total de 69 mil actos (69.330) por un valor que superó los 5.288 millones de dólares (5.288.672.160). Sin embargo, durante el 2009 ese monto descendió a unas 51 mil escrituras (51.680) por un total de 4.169 millones de dólares (4.169.975.564).

A partir de ese momento y durante los dos años siguientes (2010 y 2011) tanto la cantidad de escrituras como los montos involucrados subieron en forma constante. Más pronunciado durante el 2010 que llegó a unas 62 mil escrituras (62.312) y mucho menos durante el 2011 que trepó hasta las 64 mil escrituras (64.043). En el 2010 se realizaron unos 10 mil actos (10.632) más que en el 2009 mientras que en el 2011 se escrituraron casi 2 mil (1.731) propiedades más que en el 2010. En términos de valores el total de operaciones del 2010 fue de 5.883 millones de dólares (5.883.013.813) y el del 2011 fue de 6.425 millones de la misma moneda (6.425.112.111).

Los dos siguientes años sufrieron una fuerte caída: en el 2012 se realizaron 17 mil (17.416) escrituras menos que durante el año anterior lo que lo puso por debajo del 2009 y en el 2013 –de continuar esta tendencia- se habrán realizado 12 mil actos menos que durante el 2012 situándolo en el valor más bajo del período estudiado.

Para más detalles, durante el 2012 se realizaron unas 46 mil escrituras (46.627) por un total de 3.620 millones de dólares (3.620.607.043) mientras que durante los primeros diez meses del 2013 se realizaron unos 28 mil actos (28.206) por un valor de 1.770 millones de dólares (1.770.547.121). Para estimar los datos hasta fin de año se dividieron los totales por los diez meses informados y se multiplicaron por 12 lo que arrojó un estimado de 33 mil escrituras (33.847) por un total de 2.124 millones de dólares (2.124.656.545).

Las cifras surgieron de los datos proporcionados por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y para confeccionar este informe se tuvieron en cuenta tanto los datos publicados mensualmente por esta entidad como la última tabla general histórica que publicó en diciembre 2012. En los pacos casos en que se encontraron diferencias –que fueron mínimas- se tomó el mayor valor.

[BPN-19/12/13] En el mes de diciembre del corriente año vuelve a cambiar la escala salarial para confeccionar los recibos de haberes del último mes del 2013. Como lo dispone la Resolución 637/2013, publicada el 6 de junio pasado en el Boletín Oficial (BO), en este mes se deberá aplicar el tercer escalón del aumento logrado por el sector que estará vigente hasta el período de febrero 2014 inclusive.

Al comparar los nuevos importes básicos de las distintas funciones y categorías con los de la escala vigente desde Octubre de 2013 surge que todos los valores aumentaron entre un 4.19 y un 4.63%. La mayoría de los básicos aumentaron un 4,2% y solo las cuatro categorías de la función "Intendente" aumentó un 4.63%.

Con respecto al aumento de los adicionales también se repite el mismo comportamiento que en los básicos: la mayoría aumentó en un 4.20% salvo la Clasificación de Residuos y el Plus por limpieza de piletas y mantenimiento de agua que subió un 4.63%.

Los valores de la nueva escala que estarán vigente desde el período Diciembre/2013 y hasta Febrero/2014 son:

Para cualquiera de las categorías

Sr. Director de Pequeñas Noticias:

Con la llegada de fin de año hice un balance de lo que nos pasó a los consorcistas de la CABA -me voy a extender un poquito, sepan disculpar- y lamentablemente el resultado me da negativo. 

Analizando las causas me surgieron: 

1.- La falta de diálogo. No de parte nuestra, sino de los que se niegan a dialogar con nosotros.

2.- La falta de comunicación entre los consorcistas.

3.- La Reforma del Código Civil.

4.- Que la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor durante el período del Dr. Gallo ni nos defendió ni nos protegió.

5.- La insistencia de traer vía "Legislatura", de la mano del legislador porteño Oscar Zago (PRO), el tema de los cursos de capacitación para los encargados de edificios de propiedad horizontal sobre Seguridad e Higiene que pasó a ser ley en una de las últimas sesiones del año (28/11/2013) y así se aseguraron de hacernos pagar lo que las ART’s dan gratis. Claro que al SERACARH le representó un ingreso de 5 millones de pesos que cobraron mientras la disposición había quedado sin efecto por la intervención de la Dra. Alicia Pierini (Defensora del Pueblo) el 14 de noviembre 2012. A partir del 28/11/2013 la vida les vuelve a sonreír porque nos van a seguir cuidando. Qué bueno sería que el que inventó esto pagara de su bolsillo este acto de amor al prójimo.

Lo que acabo de comentar es sólo una muestra del abuso que se está haciendo de nuestros derechos como propietarios a quienes se ignoran y se les falta el respeto.

En un país con 11 millones de pobres, un déficit habitacional espantoso y una inflación que nos está comiendo vivos, que haya legisladores que apoyan leyes de esta envergadura, por lo menos es para pensar un poco.

Los consorcistas le damos trabajo digno y en blanco a miles de encargados y sus familias con sueldos muy buenos, vivienda y servicios. También damos trabajo a los administradores, a los proveedores de varios rubros y las aseguradoras, gracias a nosotros mueven miles de millones de pesos. Nosotros producimos lo que no hacen otros.

Por ultimo no me quiero olvidar de los jubilados/as que viven en estos edificios y gracias a todos los aumentos indiscriminados sobre las expensas que tienen que soportar -más la negativa del Estado a reconocerles el 82% que deberían cobrar de jubilación, confirmada por los 2 vetos de la Sra. Presidenta, que además con todo cariño los trato de buitres y carroñeros por reclamar lo que se ganaron a través de 30 años de aportes- deben pasar sus últimos años con la angustia de poder perder sus viviendas mientras el director del PAMI se aumenta por su cuenta el sueldo a $100.000 y les negaba a los abuelos los $900 pesos que pedía la Mesa Coordinadora para Navidad, no fuera cosa de que los jubilados festejaran de más.

Todo de una miseria increíble.

¿Este es el porvenir de una Nación, que lo tenía todo?

Saquen sus conclusiones y recuerden lo que nos dice el Papa Francisco que: "nos cuidemos unos a otros".

Rincón Solidario

Ni cambiar las bombitas eléctricas

Buenas tardes.

Desearía saber dónde puedo encontrar escrito que los encargados no pueden entrar en las salas de máquinas y bombas de agua a limpiar, ni a cambiar las bombitas eléctricas.

Muchas gracias

Beatriz [CABA]

(3/12/2013)

Estimada Beatriz:

No hay ningún lugar en el ordenamiento legal que impida a los encargados hacer las tareas que Ud. describe. Por el contrario, el Art. 23º del CCT 589/10 establece en su capítulo: "Obligaciones del personal...

8. Controlar el funcionamiento de las máquinas e instalaciones del edificio.-

12. Poner en funcionamiento y asegurar la protección de los servicios generales del edificio, en las oportunidades que fije el administrador dentro del horario habitual de tareas, debiendo además cambiar lámparas y tubos fluorescentes de las partes comunes de edificio.

17. Las llaves del sótano y controles del edificio, sólo podrán encontrarse en poder del/la trabajador/a encargado/a y del Administrador, o la persona que éste designe. De encontrarse su acceso en la vivienda del/la encargado/a, sólo podrá accederse en caso de emergencia..."

Asimismo le hago saber que en las "Tareas no obligatorias del personal" no figuran esos impedimentos, ya que de así serlo existiría una contradicción en el propio convenio. A mayor abundamiento se las transcribo tal cual están establecidas en el Art. 24º del citado convenio que dice:

El personal no estará obligado:

1. A realizar la cobranza de expensas comunes;

2. A la tenencia de la réplica de las llaves de las unidades que compongan el edificio;

3. A la tenencia ni atención del aparato telefónico de uso común, si lo hubiere.-

4. A retirar materiales o escombros provenientes de las obras realizadas por el consorcio o por los copropietarios en el edificio.-

5. El/la encargado/a no estará obligado/a a recibir ni firmar notificaciones administrativas ni judiciales y/o correspondencia certificada destinada a los consorcistas, salvo expresa autorización del destinatario"

De su pregunta deduzco que o bien el encargado u otro copropietario ha planteado esta cuestión por lo que entiendo necesario que Ud. sepa que las obligaciones del personal del edificio deben ser fijadas en un Libro de Ordenes rubricado por la autoridad competente que tendrá el administrador con la obligación del encargado de notificarse recibiendo una copia de lo expuesto en el mismo, pudiendo hacer los descargos que estime conveniente.

Cordialmente 

María Cristina Carrera

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La Dra. María Cristina Carrera es abogada especialista en derecho laboral y para cualquier consulta se le puede escribir a dramccarrera@yahoo.com.ar o llamarla al teléfono (15)5466-9921.

Estimada Mariel:

La Ley de Contrato de Trabajo dice en el artículo 245: "Indemnización por antigüedad o despido. En los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso, éste deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a un (1) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres (3) meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor..."

Espero que este párrafo responda tu pregunta.

Un saludo grande.

Rumores sobre el RPA

Estimado Horacio:

Consultamos a la coordinadora del Registro Público de Administradores de esta ciudad y nos informó que se está trabajando normalmente y que esa información es infundada. 

Declaró que no hay una modificación inusual en el número de personal que se encuentra trabajando como tampoco en la atención.

Un saludo grande.

Separación de residuos

Hola Matías:

Antes de responder fui a la fuente que es la resolución que homologó el acuerdo entre el SUTERH y las cámaras que representan a los administradores (UADI, AIERH y CAPHyAI).

El punto d) del acuerdo dice: "para las zonas de la Ciudad de Buenos Aires donde ya exista la obligación de disponer los residuos en estos contenedores y/o recipientes, se abonarán a los trabajadores y trabajadoras de edificios los siguientes adicionales:

- Hasta 25 unidades funcionales: $150

- Por cada 25 unidades funcionales más, se adicionan $50 cada vez

Estos adicionales quedarán sujetos a los aumentos proporcionales que se establezcan en las escalas salariales del convenio colectivo de trabajo de la actividad..."

En la tabla que sigue, vemos cómo aumentó este adicional en relación a los porcentajes de aumento de las escalas salariales y cómo debería aumentar también el importe correspondiente a las 25 unidades extras y al valor por unidad:

Un saludo grande.

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