Hubo que ordenar a la Ciudad garantizar alojamiento digno a los evacuados

Resultó insólito que la Justicia haya tenido que ordenar al Jefe de Gobierno a garantizar a las víctimas una solución que respete la unidad familiar y la dignidad habitacional.

[BPN-15/03/26] En una resolución dictada este 5 de marzo, el Juzgado de 1ª Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 23 de la Ciudad ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) garantizar de manera inmediata y adecuada el derecho a la vivienda de las familias afectadas por el derrumbe en el Sector 2 del Complejo Habitacional Procrear "Estación Buenos Aires". La medida precautelar, de cumplimiento efectivo e irrestricto, prohibió que los damnificados sean derivados a paradores nocturnos, exigiendo en su lugar soluciones que respeten la unidad familiar y la dignidad habitacional.

El magistrado a cargo de la causa, tras analizar el amparo colectivo presentado por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, determinó que el Estado local debe hacerse cargo del alojamiento integral de los evacuados. Un punto clave del fallo es la exclusión de los dispositivos del Programa Buenos Aires Presente (BAP) como solución, debido a que no cumplen con los estándares de "vivienda adecuada".

La justicia no estableció topes económicos ni límites de tiempo específicos para esta asistencia, indicando que la medida mantendrá su vigencia hasta que se resuelva la cuestión de fondo o cese el peligro estructural que motivó la evacuación.

El siniestro que originó la causa judicial se produjo el pasado 3 de marzo de 2026, entre las 04:30 y las 04:45 horas. El colapso de la losa portante del patio central interno del Sector 2 provocó el derrumbe de la estructura hacia el subsuelo, afectando el área de cocheras y destruyendo aproximadamente 65 vehículos.

Si bien no se registraron víctimas fatales ni heridos de gravedad, la magnitud del daño estructural obligó al corte total de suministros (luz, gas y agua) y a la evacuación preventiva de unas 300 familias, lo que representa un total de más de 700 personas desplazadas.

La resolución judicial pone especial énfasis en la situación de vulnerabilidad de los afectados. Entre los evacuados se encuentran niños, adolescentes, adultos mayores de 60 años y personas con patologías crónicas que requieren asistencia médica constante.

Como próximo paso procesal, el juez le otorgó un plazo al GCBA para presentar:

1.- Un relevamiento sociohabitacional detallado de todos los grupos familiares afectados.

2.- Un informe sobre la asistencia que se ha brindado hasta el momento y su duración prevista.

3.- La acreditación de un protocolo o censo especial para que los desplazados puedan gestionar su asistencia de manera formal.