[BPN-19/11/08]
Si bien es obligación del frentista mantener la vereda en buenas
condiciones, un fallo de la Justicia condenó al Gobierno de la Ciudad de
Buenos a indemnizar a una persona que se lesionó al tropezar y caer en la
calle debido a que la rotura se debía a la raíz de un árbol.
El 11 de abril
de 2003, Osorio Blanco se tropezó con la raíz de un árbol que rompía
la vereda en Martín de Gainza 78, en el barrio de Caballito. El
accidente le provocó una fractura de cadera y no pudo trabajar durante
varios meses.
Cinco años
después, la Justicia condenó al Gobierno de la Ciudad a indemnizarlo por
el mal estado de la vereda y rechazó la demanda contra el frentista.
"La responsabilidad primaria por los daños causados por el vicio o
mal estado de las aceras –tal es el caso que nos ocupa – compete al
Gobierno de la Ciudad en su carácter de titular del dominio público de
tales bienes", subrayaron en el fallo los camaristas Ana María
Brilla de Serrat, Miguel Ángel Vilar y Diego Sánchez.
El tribunal,
basándose en el artículo 9 de la ordenanza 33.721, consideró que la
Comuna tiene la responsabilidad principal de arreglar las veredas cuando
la rotura es por la raíz de un árbol. Lo mismo sucede cuando se trata de
una obra de pavimentación o por trabajos relacionados con el alumbrado
público.
En su informe,
el perito convocado por la Justicia confirmó que en el lugar faltaban dos
baldosones y que otro estaba levantado 2,5 cm del piso, en posición
inclinada.
Blanco, que
tenía 54 años cuando le ocurrió el accidente, vivía con su hija y era
vendedor en un comercio de artículos sanitarios, fue trasladado por el
SAME al Hospital Durand y luego al Sanatorio de la Providencia, donde lo
operaron y le tuvieron que colocar una prótesis.
Después de la
condena en primera instancia, el Gobierno de la Ciudad apeló la medida
por entender que la obligación de mantener y conservar las veredas en
buen estado le corresponde a los frentistas. Además, sus abogados
destacaron que el consorcio involucrado nunca había reclamado la
reparación. Sin embargo, el tribunal confirmó la condena por 36 mil
pesos más intereses.