Colchonazo por el derecho a vivir en la Ciudad

[BPN-26/06/13] El pasado martes 18 de junio, cooperativas de viviendas, organizaciones de inquilinos y organizaciones sociales protestaron frente al IVC (Instituto de Vivienda de la Ciudad) bajo el lema "Por el derecho a vivir en la Ciudad" y, posteriormente, realizaron un colchonazo frente a la Jefatura de Gobierno porteña.

Las organizaciones reclamaron por la sanción de una ley de emergencia habitacional, por la suspensión de los desalojos, por el incremento del subsidio estatal para mantener la vivienda única y familiar -Decreto 690-, por la vivienda transitoria a cargo del Estado, por la reglamentación de la Ley 3.706 (protección de personas en situación de calle), por la implementación de la Ley 341 (créditos para acceder a viviendas para familias de bajos recursos) y por la ampliación del plan de construcción de viviendas que lleva a cabo el Gobierno porteño.

Según los datos que aportaron los organizadores, 600 mil personas viven en emergencia habitacional, 17 mil se encuentran en situación de calle y 5 mil familias, es decir aproximadamente 20 mil individuos, son desalojadas anualmente en la Ciudad.

Las entidades que participaron de la marcha fueron: el Congreso por el Derecho a la Vivienda, la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires (CIBA), la Comisión Política de la Iglesia Dimensión de Fe, el Movimiento Popular Latinoamérica, el Movimiento Vivienda y Trabajo, Proyecto 7, el Centro Cultural y Social Agustín Tosco, la Federación Juvenil Comunista -capital- y la Corriente Política 17 de Agosto.

Adhirieron HABITAR Argentina, la Asociación de Inquilinos de La Plata y ACINA (Corriente Campesina Indígena del Norte Argentino). También estuvieron acompañados por representantes de la CTA (Central de Trabajadores Argentinos).

Durante el transcurso de una entrevista con Pequeñas Noticias, Jorge Barone, integrante de CIBA, manifestó que "estamos reclamando por los sistemáticos desalojos que hay en la Ciudad que en general pasan desapercibidos. Son miles las familias que son desalojadas anualmente y salvo que haya algún tipo de atracción para los medios la gente no se entera".

En un comunicado de prensa que enviaron los organizadores explicaron que "el desalojo es una trágica forma de desarraigo. Habitualmente para los sectores más humildes esa ruptura con el entorno conocido se transforma en desarticulación del núcleo familiar y el reparto de sus integrantes entre amigos o parientes [...] y constituye un fenómeno de desplazamiento masivo de población humilde y de degradación de las condiciones en que viven los que logran resistir la expulsión. Así año a año crecen las villas y los asentamientos en forma exponencial".

Barone también explicó que "pedimos que se modifique el Decreto 690/06 que señala las herramientas por las cuales el gobierno asiste a las familias que fueron desalojadas. Este decreto así como está planteado hoy no sirve. Nosotros creemos que la asistencia tiene que ser preventiva y no sólo cuando la familia es desalojada, para que de esta forma las personas puedan sostener su vivienda. Además, pedimos aumentar los montos y los plazos a 24 cuotas de 2.500 pesos".

Es de tener en cuenta que el decreto al cual se refirió Barone sostiene actualmente la entrega de un subsidio de entre 4.200 y 7.200 pesos abonado en seis cuotas mensuales.

Los organizadores de la marcha también denunciaron que la Ley 3.706 -sancionada el 13 de diciembre de 2010 por la Legislatura- todavía no fue reglamentada por Mauricio Macri. La misma establece, en términos generales, el derecho que tienen las personas en situación de calle de acceder a los servicios socio asistenciales que brinda el Estado y aquellas entidades privadas convenidas con el Estado.

Por otra parte, Barone también expresó que "pedimos por la reactivación de la Ley 341 que en estos momentos está congelada: ni tiene presupuesto ni funciona. Es una herramienta democrática ya que establece que el gobierno otorgue créditos hipotecarios a largo plazo".