Se puso en marcha el proyecto "Ascensores Registrados"

[BPN-02/10/13] El pasado 17 de septiembre, Juan José Gómez Centurión, director ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), aprobó la ejecución del proyecto "Ascensores Registrados". Este plan le costará al contribuyente porteño alrededor de 25 millones de pesos por año.

Gómez Centurión explicó que debido a su magnitud el proyecto constará de dos etapas: en la primera se registrarán de manera online los ascensores, montacargas, escaleras mecánicas y demás máquinas de transporte vertical, mientras que en la segunda se agregará su información técnica. La Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos de la AGC deberá elaborar los aplicativos Web necesarios para implementar ambas fases.

La intención que se desprende de la Resolución Nº 430 (BO: 25/09/13) -que puso en marcha "Ascensores Registrados"- es que se difunda ampliamente su contenido en las carteleras y portales de los Consejos Profesionales de Ingeniería, las distintas Cámaras de ascensores, el Registro Público de Administradores porteño y en medios gráficos de edición masiva. Es de destacar que se ordenó oficialmente notificar de la resolución mediante cédula a diversas entidades del sector, entre ellas la CAPHyAI.

El proyecto será coordinado por la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, cuyo titular es Pierre Louis Chapar.

Es de recordar que el financiamiento de "Ascensores Registrados" está determinado en el artículo 23º de la Ley Tarifaria 2013 (Nº 4.470) que estableció que el GCBA cobre una tasa anual de 250 pesos por cada ascensor y montacargas que se ubiquen tanto en los edificios de propiedad horizontal como en el resto de los establecimientos [BPN Nº del 26/06/13: "25 millones de pesos anuales para controlar los ascensores"].

En los considerandos de la resolución, Gómez Centurión explicó que hubo una gran rotación y cambio tanto de empresas conservadoras como de representantes técnicos a cargo de dichas instalaciones por lo cual este proyecto permitirá actualizar esa información.

Es de subrayar que el 7 de mayo de 2001 se creó a través del Decreto Nº 578 un "Registro de conservadores". En esa oportunidad se había determinado que la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro debía emitir un "Permiso de conservador" que autorice a dichas empresas a llevar a cabo el mantenimiento y el control de los medios de transporte vertical, como así también que debía mantenerse permanentemente actualizado este registro e identificados tanto a sus responsables como las condiciones de conservación de las distintas instalaciones.

Por otra parte, en el mismo decreto se había dispuesto que para obtener este permiso la empresa conservadora debía contar con un representante técnico matriculado que esté habilitado para ejercer la profesión. Ésta es otorgada por el Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista (COPIME).

Los objetivos del proyecto son conocer –mediante un registro actualizado- la cantidad de medios de transporte vertical y de empresas conservadoras que operan en la Ciudad de Buenos Aires y averiguar cuántos edificios privados poseen ascensores que nunca fueron declarados. En la actualidad no existen estadísticas formales que permitan saber la cantidad total de máquinas que están en funcionamiento en esta Ciudad.

Gómez Centurión manifestó que la fiscalización de los medios de transporte vertical "deben resultar una prioridad para esta administración por el riesgo que representan para la seguridad de las personas".

No sólo se deberán registrar los ascensores de los edificios de propiedad horizontal sino también los montacargas, escaleras mecánicas, rampas móviles y artificios especiales que existan en cualquier otro tipo de establecimiento.

La primera fase consta de dos partes: en la primera se realizará un relevamiento general del parque de ascensores. El Gobierno porteño deberá implementar aplicativos informáticos para que los administradores registren las máquinas de transporte vertical que se encuentren en sus edificios e identifiquen a la empresa que se encarga de su conservación. El consorcio también deberá pagar la tasa anual de 250 pesos, aunque este último punto todavía no se implementó.

En la segunda parte las empresas conservadoras deberán validar esta información e indicar si efectivamente están a cargo de la conservación de las instalaciones denunciadas. También deberán elaborar una planilla técnica con los datos específicos de cada una de las máquinas. Luego de entrecruzar los datos, si se encuentran inconsistencias, el GCBA realizará una inspección.