La solución política aplicada por el sector Legislativo para poner fin a lo que ellos llaman: falta de información, de transparencia, de prácticas dolosas, de vació legal y otras problemáticas en la convivencia consorcial entre propietarios, administradores y proveedores, ha sido la de asumir el papel de autoridad o árbitros competentes en solucionar conflictos por vía de la registración y el ineludible contralor.

Esta necesidad de ocupar espacios de poder, en la gestión gubernamental, no es casual que se de en tiempos del "que se vayan todos " donde la ciudadanía ha emitido un mensaje de desconfianza hacia los sectores políticos.

En temas complejos y delicados, como son la convivencia y la gestión del patrimonio consorcial, la concertación entre los integrantes tendría que ser mucho más ordenada -en cuanto a representatividad de los actores, mecanismos de diálogo, transparencia y firmeza de los compromisos- para lograr su cometido de remover obstáculos para la toma de grandes decisiones, como puede ser una ley que regule la actividad de dos particulares como son el copropietario y el administrador.

Son los actos de los hombres los que deciden cada día cuál es el proyecto en común, en el ámbito de la copropiedad, esto es lo que los funcionarios públicos no entienden y avasallan los derechos individuales y sociales como lo vienen haciendo con nuestros ahorros por citar sólo un ejemplo. No se puede hacer ingresar por la puerta de alguna subsecretaria a propietarios, administradores y proveedores para llenar burocráticos registros creando superfluos organismos y justificar así sueldos, cargos públicos y gastos estatales, porque no sólo se traducirán en aumentos de las expensas sino en más abultadas tributaciones.

Me pregunto si no es hora de realizar, en conjunto, un sinceramiento crítico acerca de las responsabilidades, tanto técnicas como políticas, de aquellos que ocupan lugares en diferentes instancias del poder y hacer nuestro propio ejercicio examinador en cuanto a la necesaria participación y a una más precisa y eficaz organización, que pueda darnos mejor legitimidad en la defensa de los derechos