Los consorcistas contraatacan

[BPN-12/12/06] El lunes 13 del mes pasado, el presidente de Fundación Reunión de Administradores (FRA), Adm. Jorge Hernández, presentó en una reunión de asesores de la Comisión de Legislación General y del Trabajo de la Legislatura Porteña su propuesta para modificar la Ley 941 (BPN Nº 306 del 30/11/06: "No contaban con mi astucia..."). Según sus dichos, los legisladores decidieron postergar la fecha de presentación del despacho definitivo para poder analizar su proyecto con la intención de incorporar algunos de los puntos.

El presidente de Fundación Liga del Consorcista, Dr. Osvaldo Loisi, los coordinadores de Reafirmación por los Derechos del Consorcista (ReDeCo) Dr. Jorge Resqui Pizarro y la Dra. Susana Cossy y la Lic. Evangelina Perri, titular de la Red de Consorcistas Damnificados, analizaron la propuesta de FRA y dieron su opinión.

El presidente de la entidad más antigua que defiende los intereses de consorcistas, sólo coincide con el Adm. Hernández en que tal como está redactado el proyecto de reformas a la Ley 941 provocará, en caso de ser sancionado, un enérgico rechazo por parte de los consorcistas. Este rechazo se daría porque "impone a las administraciones de consorcios el cumplimiento de ciertas nuevas obligaciones burocráticas que se traducirán, en definitiva, en un incremento de las expensas".

Hilando más fino, el Dr. Loisi puntualizó que no está de acuerdo con la obligatoriedad de las normas IRAM, ni tampoco con la fijación de un marco arancelario para los administradores de consorcios.

Respecto a la primera sugerencia de Hernández, subrayó que "una institución dedicada a consensuar normas de calidad, difícilmente podrá lograr su cometido". Según él, las normas de esa naturaleza sólo pueden funcionar cuando "no existen conflictos de orden legal, es decir, controversias acerca de derechos y obligaciones".

Al mismo tiempo, el Dr. Loisi consideró que esas normas "han surgido fruto de un procedimiento de discusión y examen sumamente deficiente, sin contralor jurídico alguno, lo que nos ha llevado, en su oportunidad, a impugnar varias de ellas porque violentaban abiertamente la legislación vigente".

Por otra parte, destacó que es "sumamente deplorable" que se pretenda, por medio de una ley, hacer obligatorias normas que no son del dominio público y que deberán adquirirse en el Instituto que las generó.

En cuanto a la idea de que la Ley 941 –que fue creada para controlar el desempeño de los administradores- sea utilizada por éstos para garantizar honorarios mínimos, aseguró que es "inadmisible por violentar la garantía del derecho de propiedad consagrado en las Constituciones Nacional y de la Ciudad, derecho que conlleva, naturalmente, el de administrar los propios bienes sin ingerencias de los poderes del Estado".

Por último, en cuanto al resto de las propuestas del Adm. Hernández, resumió que "no adherimos a ninguna de ellas porque sólo benefician intereses sectoriales".

Los coordinadores de Reafirmación por los Derechos del Consorcistas, el Dr. Resqui Pizarro y la Dra. Susana Cossy, consideraron que la aplicación obligatoria del uso de las Normas IRAM es "de utilidad incierta y escasa en el sentido de transparentar y mejorar la administración de los consorcios atento a que no contemplan gran cantidad de cuestiones".

Al mismo tiempo, al igual que el Dr. Loisi, consideraron que esas normas no han contado con el aporte sustancial del sector consorcista en su discusión y elaboración, sino "con la participación aislada y minoritaria de personas que expresaron su parecer personal y nunca de manera orgánica".

En cuanto a la idea de que la ley fije honorarios mínimos para los administradores, señalaron que los temas remunerativos o arancelarios "son ajenos a la clase de norma en debate que pretenden regular parte de la actividad comercial de los administradores".

En este sentido, plantearon que para darle carácter legal y, por ende, obligatorio, los administradores, previamente, "deberían procurar generar una carrera profesional. [...] Lo que actualmente existe es una relación de mandato en los términos del Código Civil".

Si bien comparten la idea de la acreditación profesional, aclaran que ésta quedaría "supeditada a la creación de una carrera de nivel universitario y a una especialización de posgrado de la currícula de la Licenciatura en Administración, con programas oficiales con título habilitante".

Asimismo, sostuvieron que quienes vienen desarrollando la actividad hasta el momento de la creación de la carrera "deberían probarlo y rendir un examen habilitante, sin perjuicio de poder sumar en ese virtual concurso de oposición y antecedentes, las constancias de capacitación obtenidas con anterioridad".