Carta a Cristina y a Tomada

[BPN-28/12/07] El presidente de la Fundación Liga del Consorcista, Dr. Osvaldo Loisi, le envió una carta a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, en la que les solicitó el reemplazo del sistema actual de los Convenios Colectivos de Trabajo de los encargados de edificios, "por negociaciones paritarias entabladas entre el gremio y cada consorcio en particular, con una base mínima".

"Ante los inminentes nuevos aumentos en las expensas de la propiedad horizontal, la propuesta tiene por objeto transparentar esos acuerdos, relacionar los aumentos de sueldos con las reales posibilidades económicas de cada grupo de vecinos y evitar perjudicar a los consorcistas más vulnerables: jubilados, pensionados, trabajadores informales o con haberes mínimos", destacó Loisi.

En esa carta les sugirió que a partir del año próximo se exija como requisito de validez de los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) del sector, "la ratificación expresa por parte de cada consorcio, o en su defecto, la celebración de los mismos en cada uno de ellos con una base mínima".

Según él, la medida que les propone sería de estricta justicia y el único modo de asegurar transparencia al sistema y que las erogaciones que se dispongan tengan una racionalidad ligada al real caudal económico de cada grupo de vecinos.

La Fundación Liga del Consorcista subrayó que resulta "harto cuestionable la actuación de las entidades reconocidas por ese Ministerio como representativas de los consorcios de todo el país en esas negociaciones para vincularlos económicamente".

Al mismo tiempo, para Loisi es evidente que dicho grupo de entidades que actúan como patronal tampoco nuclean a un número significativo de administradores, con lo cual, el sistema vigente resulta francamente ilegítimo.

Argumentó que los consorcios no son empresas ni ONGs., carecen de objeto social y por ende son ajenas a los conceptos de rentabilidad y rendimiento, de modo que por este motivo "mal puede admitirse la existencia de una representación tácita de esas vecindades en favor de terceros".

Subrayó que las negociaciones del sector se realizan a puertas cerradas "alejadas de todo contralor por parte de la opinión pública y sobre todo, de quienes deberán afrontar en definitiva, con sus bolsillos, las erogaciones que aquellos graciosamente conciertan entre sí".

En este sentido, consideró que el Gobierno no debería seguir "convalidando tamaña injusticia, máxime cuando puede comprobarse que en la generalidad de los consorcios, al día de hoy, el rubro salarios y cargas sociales del personal, asciende a más del 60% del gasto total de cada edificio".