Rechazo a la nueva disposición de matafuegos

Consideraron que el cumplimiento de esta norma significará un alto costo para los consorcios y que no hay ningún estudio técnico o científico que demuestre la necesidad y urgencia de la sanción de esta medida.

A través de un comunicado, FEDECO advirtió que dada la gran cantidad de normas que deben cumplirse en materia edilicia para proteger los inmuebles, la enorme cantidad de gente afectada, las gravísimas dificultades económicas que atraviesa la sociedad y sobre todo la duda de un beneficio efectivo para mejorar la seguridad, el órgano de aplicación debería derogar o suspender la disposición hasta que se concreten las siguientes cuatro medidas:

- Que el área del GCBA responsable de velar por la seguridad respecto a la efectividad y tiempo útil de los matafuegos, los controle y efectúe las consultas y estudios profesionales para que las normas a dictarse tengan un total y absoluto respaldo técnico/científico.

- Que si fuera necesario, se establezca un orden de prioridad y un tiempo amplio para hacer posible su cumplimiento, teniendo presente las graves dificultades económicas que atravesamos.

- Que las medidas sean discutidas en la Legislatura de la Ciudad con los representantes del pueblo y no tomadas por una decisión de un funcionario municipal, cualquiera sea su rango.

- Que se participe a la población a través de las asociaciones de copropietarios con personería jurídica o de la federación que las agrupa, dado el importante incremento que traería en las expensas.

Reflexionaron que en un Estado democrático el dictado de normas debe efectuarse con suficientes fundamentos técnico-científicos y de cara a la sociedad: "cuando se basan en verdades a medias y se toman entre gallos y medianoche, permiten suponer intereses extraños y un negocio para pocos producto del desconocimiento de la vida republicana".

Las autoridades de la FAC subrayaron que nuevamente los consorcios de propiedad horizontal se encuentran frente a una disposición que "contiene números  y consideraciones - que para interpretarlos- los consorcistas deberán contratar un técnico de la NASA".

Según ellos, "cada día se despierta algún  funcionario y se le ocurre otra brillante idea que, desde luego, deberán pagar los consorcistas a través de las expensas".

Explicaron que si bien la recomendación se encuentra originada en normativas técnicas internacionales de países como España y México, no se han tenido en cuenta las experiencias de países como Rusia, USA, Bolivia, Corea del Norte y Tanzania.

En este sentido, aconsejaron a todos los consorcios "no prestar atención a esta disposición, basados en que no es factible determinar fehacientemente la fecha de nacimiento de este auxiliar de nuestra seguridad. Y a los administradores, como auxiliares de los mismos, bajo ningún concepto incorporar costos sin autorización expresa de sus  asambleas, único órgano con facultades para autorizarlos".

El Dr. Eduardo Awad consideró que la nueva disposición es un abuso de parte de Defensa y Protección del Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que están estudiando la presentación de un recurso de amparo.

"Le están generando un gasto no menor al consorcio y si la expensa sube 5 pesos muchos consorcistas ya no la pueden pagar. Todo lo que implique un aumento es un golpe duro al bolsillo de la gente y lo siente mucho, más el inquilino que generalmente tiene un nivel económico menor", señaló y estimó que si un consorcio tiene que cambiar 7 u 8 matafuegos deberán invertir alrededor de 1.500 pesos, "esa es una cifra que justificaría un reclamo, porque 1500 pesos para un consorcio pequeño implica un promedio de 50 pesos por unidad".

Al mismo tiempo, advirtió que no sabe hasta que punto es constitucional obligar a los consorcios a destruir todos los matafuegos que tengan más de 20 años, "no sé en virtud de qué normativa de fondo se podría obligar a un particular a destruir y recambiar los extintores".

Por otra parte, explicó que en los próximos meses los consorcios también tendrían aumentos en los servicios de luz y de gas, "estos aumentos nos van a llevar a un alto nivel de morosidad de expensas. Esto va a suceder durante este año y en el 2009 seguramente vamos a tener un montón de juicios ejecutivos en trámite".

Por su parte, la presidenta de ACCABA, Teresa Villanueva, señaló que la norma es un disparate. "Nuestra entidad la rechaza. Es una medida apresurada inconsulta y que viene a perjudicar y a deteriorar la economía de los consorcios", subrayó.

Reflexionó que alguna vez los funcionarios que pretenden ser eficientes tendrían que pensar más en los contribuyentes y consultar antes con las asociaciones que están en este tema "de forma de poder implementar este tipo de medidas pero con el consenso de la gente que es la que se va a perjudicar".

Según ella, no solo hay que tener en cuenta que muchos consorcios no van a poder pagar los costos que implican cambiar todos los matafuegos sino que aparentemente el mercado no cuenta con la capacidad para reponerlos.