Consorcistas

[BPN-14/01/09] Uno de los hechos más significativos del 2008 para los consorcistas fue que en marzo, el legislador porteño Sergio Abrevaya (Coalición Cívica) convocó a todas las asociaciones para escuchar personalmente la problemática del sector y buscar puntos de consenso para articular una línea de trabajo común.

Abrevaya reunió - en un salón de la Legislatura de la Ciudad Autónomo de Buenos Aires- a los representantes de la Fundación Liga del Consorcista (LCPH), Reafirmación por los Derechos del Consorcista (ReDeCo), la Unión de Consorcistas de la República Argentina (UCRA), la Comisión Argentina de Consorcios Consorcistas y Copropietarios (CACCyC), la Asociación Consorcistas de la Ciudad de Buenos Aires (ACCABA), la Red de Consorcistas Damnificados (RCD), la Asociación Civil de Defensa del Consumidor de Productos y Servicios como Propietarios de Inmuebles de la RA (API), la Federación de Asociaciones de Consorcios (FEDECO), la Asociación Civil de Defensa del Consumidor de Bienes y Servicios para la Propiedad Horizontal de la República Argentina (ADEPROH), el Dr. Eduardo Awad y a consorcistas participativos.

Luego de escucharlos, resumió lo conversado en tres puntos fundamentales: la representación de los propietarios en las convenciones colectivas de trabajo, el funcionamiento de la Ley 941 –que creó un Registro Público de Administradores-  y el proyecto de ley que propone crear un Colegio Público de Administradores porteño.

En el tema que más avanzaron fue en la reforma de la Ley 941. Después de siete meses de trabajo, en noviembre, finalmente se presentó el proyecto.

Otra novedad respecto al RPA fue que en ese mismo mes el jefe de inspectores de Defensa y Protección al Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Eduardo Ramos, adelantó que en poco tiempo inspectores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comenzarían a realizar inspecciones en edificios de propiedad horizontal para evaluar el cumplimiento de la Ley 941.

El trabajo de los inspectores es –luego de presentarse en los consorcios con su credencial y solicitar el ingreso al edificio- verificar si en los espacios comunes se está cumpliendo con la ley.

Durante el 2008, más precisamente en abril, los consorcistas también se reunieron en la sede de la Coalición Cívica con los asesores de los diputados nacionales María Fernanda Reyes y de Fernando Sánchez (Coalición Cívica) para tratar la modificación de la Ley 13.512.

Una de las luchas constante de los propietarios es poder participar de las negociaciones de los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT), objetivo que aún no pudieron conseguir.

En marzo, la Federación Argentina de Consorcios (FAC) informó que una alta fuente del Ministerio de Trabajo les dijo que habría consenso para que muy pronto puedan ocupar su lugar en las paritarias pero por el momento no hubo novedades respecto al tema.

En agosto, después de 5 años de mandar correspondencia, cartas y expedientes, el Ministerio de Trabajo convocó a la FAC a una mediación. El presidente de la FAC, Dr. Marcos Bergenfeld, informó que durante el encuentro, expusieron todo lo que realizó la FAC ante los organismos nacionales e internacionales. El Ministerio todavía no se expidió.

El 20 de junio, durante la sesión preparatoria de la cumbre del MERCOSUR, el presidente de la Federación de Asociaciones de Consorcios (FEDECO), Dr. Samuel Knopoff, expuso los fundamentos para que se cree una Comisión de Vivienda Urbana y explicó la conveniencia de incluir este tema en la agenda del MERCOSUR. El Consejo Consultivo de la Sociedad Civil del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación aceptó la propuesta y nombró a FEDECO como miembro titular de la comisión.

FEDECO logró integrar este consejo consultivo -representando a las asociaciones de consorcios y copropietarios- y participar de todas las reuniones que se realicen en el marco del MERCOSUR con el objetivo de establecer contactos para el intercambio informativo sobre la problemática del sector en la región.

En junio, el presidente de la Unión Argentina de Inquilinos (UAI), Dr. Radamés Marini, presentó un proyecto para que se modifiquen 5 artículos de la Ley 23.091 y se agregue uno más -el 9 bis- que apunte a que los precios de los alquileres, la calidad de la locación y la estabilidad del inquilino, sean discutidos por representantes de organizaciones de propietarios de bienes de rentas e inquilinos. La iniciativa aún no tuvo tratamiento.