El proyecto de ley salió del cajón

[BPN-26/03/09] El miércoles 18 de marzo, la Comisión Legislación General y del Trabajo realizó un encuentro para debatir el proyecto de modificación a la Ley 941 que presentó el legislador Sergio Abrevaya después de consensuarlo con casi todas las entidades de propietarios. Uno de los temas centrales -que se trató en el Salón Jauretche de la Legislatura porteña- fue la obligatoriedad o no de que contadores profesionales realicen auditorías a los administradores de consorcios.

El objetivo de los legisladores es que se pueda incrementar el control a los administradores pero sin encarecer aún más las expensas. Del encuentro participaron los legisladores Néstor Abbas (PRO), Marcelo Meis, (PRO) Mónica Lubertino (PRO), Jorge Garayalde (PRO) y Sergio Abrevaya (Coalición Cívica), representantes de la Unión de Consorcistas de la República Argentina (UCRA), Reafirmación por los Derechos del Consorcista (ReDeCo), la Comisión Argentina de Consorcios Consorcistas y Copropietarios (CACCyC), la Asociación Consorcistas de la Ciudad de Buenos Aires (ACCABA), la Red de Consorcistas Damnificados (RCD), la Asociación Civil de Defensa del Consumidor de Productos y Servicios como Propietarios de Inmuebles de la RA (API) y la Federación de Asociaciones de Consorcios (FEDECO).

A la reunión asistieron -representando a la Subcomisión de Administración de Consorcios de Propiedad Horizontal del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA- Santiago A. Pontoriero (presidente), Roberto C. Fregonessi (vicepresidente y Leopoldo Gurovich. 

Ellos defendieron la idea de que sea obligatorio desde la Ley 941 que los consorcios de propietarios deban realizar una auditoría anual obligatoria. Sostuvieron que su costo no sería muy alto y que podría ser dividido en 12 cuotas iguales para que su impacto no sea en un sólo mes. Sin embargo, no explicitaron de qué montos se estaría hablando sólo aclararon que los consorcios chicos podrían estar excluídos de esta obligación. "Así como el ingeniero controla la seguridad en los ascensores, creemos que es conveniente y aconsejable que se tenga a un profesional para que la gente esté tranquila de la actividad que realiza el administrador y así pueda saber que hace la cosas en forma transparente", subrayaron.

Explicaron que  el profesional además de hacer un informe podría asesorar al administrador en cualquier inconveniente que le pueda surgir con algún organismo público: "creemos que sería muy conveniente introducir esta [obligación] a la ley [941]", argumentaron.

Ante estas declaraciones, el presidente de CACCyC y FEECO, Dr. Samuel Knopoff, subrayó que valora la colaboración del consejo en atender el tema pero consideró que estas auditorías deberían ser voluntarias y no obligatorias porque implican un gasto extra para los consorcios: "hoy, cualquier gasto por menor que sea es importante".

Knopoff destacó que siendo generosos la Ley 941 hasta ahora ha dado muy pocos resultados: "yo diría que ninguno. Creo que lo que se ha presentado es un trabajo de varios años consensuado con asesores y todas las asociaciones de copropietarios y consorcistas".

Según él, hasta el momento, el RPA fue simplemente un registro de administradores: "con esta reforma nosotros pretendemos darle valor a las grandes mayorías constituídas por los copropietarios y consorcistas".

En este sentido, resaltó que para defender las necesidades y el bien común propician reformas que hacen a la designación de los administradores, sus obligaciones, la duración del mandato y la posibilidad de que se realicen auditorías.

La Dra. Amalia Salzman –mediadora y árbitro del Centro de Mediación Comunitaria Área de acceso a la Justicia y métodos alternativos de resolución de conflictos- señaló que ella no participó en representación de la Defensoría del Pueblo pero que puede dar testimonio de su larga trayectoria desde 1996. Advirtió que tienen alrededor de 500 casos anuales y que la gran mayoría se refiere a la falta de certeza que tienen los consorcistas sobre las cuentas: "tienen problemas económicos gravísimos. No hay control. Algunos administradores están capacitados y son profesionales pero la gran mayoría no. Esa es la experiencia que tenemos".