Los problemas del comedido

[BPN-01/07/09] La semana pasada, la comisión directiva de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) consideró que la Inspección General de Justicia (IGJ) le hizo pagar "el costo político de haber planteado en el Ministerio de Trabajo un límite a un nuevo acuerdo laboral que ya estaba firmado", anulando los últimos comicios y ordenándoles realizar nuevas elecciones.

Según ellos, la resolución de la IGJ se debió a que "defendimos los intereses de nuestros clientes (los propietarios) pese a la crítica de las asociaciones que quieren estigmatizar al administrador por todos los problemas que tienen los consorcios".

La explicación política del Consejo Directivo sobre la anulación de las elecciones de la CAPHyAI de diciembre pasado por la IGJ tiene una característica: resuelve dos conflictos diferentes con un sólo actor responsable. Tanto la anulación de las elecciones como el no ser tenido en cuenta en las negociaciones colectivas de trabajo estarían interconectadas y serían responsabilidad de un solo sujeto político: el sindicato del sector y por elevación el Gobierno nacional.

Pequeñas Noticias dialogó con algunas de las entidades de consorcistas y les consultó qué opinión tenían respecto a estas declaraciones. La mayoría consideró que esto no es cierto y que no se sienten representados por la Cámara en los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT).

El presidente de la Comisión Argentina de Consorcios, Copropietarios y Consorcistas (CACCyC) y de la Federación de Asociaciones de Consorcios (FEDECO), Dr. Samuel Knopoff, destacó que el presidente de la CAPHyAI, Horacio Bielli, nunca defendió a los copropietarios: "no nos representa ni nadie le pidió que lo haga".

Subrayó que la Cámara nunca les consultó nada. "Son intrusos y usurpadores. No nos sentimos beneficiarios ni lo somos debido a que nunca han hecho absolutamente nada más que una expresión de deseo de que les gustaría escuchar a los propietarios. Nunca fuimos citados para intercambiar opiniones, cosa que sí había hecho el ex presidente Néstor Pirosanto que se reunió un par de veces con nosotros", sostuvo.

La coordinadora de Red de Consorcistas Damnificados, Lic. Evangelina Perri, señaló que la IGJ debe haber encontrado irregularidades para decidir impugnar las elecciones.

"Pensar que es por un costo político es creer que la IGJ está complotada con las otras asociaciones, con el Gobierno y con Santa María en las paritarias", reflexionó.

Subrayó que la única invitación que tuvo de la CAPHyAI a conversar la problemática de los propietarios fue una invitación por mail para el día de los administradores.

Para la coordinadora de la Asociación de Consorcistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aire (ACCABA), Teresa Villanueva, la IGJ se pudo dejar influenciar por la parte política. "La Cámara es la única representativa en número de asociados y por antigüedad. Sospechamos que la UADI casi no tiene representación y que el AIERH es parte del sindicato", señaló.

Por otra parte, aseguró que en febrero de este año Bielli le había comentado que querían pedir el 11 por ciento de aumento como el que le otorgaron a los jubilados.

Por su parte, el presidente de la Federación Argentina de Consorcios (FAC), Dr. Marcos Bergenfeld, se preguntó cómo saben ellos cuál es la posición de los propietarios si hace un año que no les hablan. "Nosotros no hemos tenido comunicaciones. Las últimas datan de un año atrás. Ellos ya sabían cuál era nuestra posición. Nuestra propuesta era que tenían que desligarse de las negociaciones, después de eso no supimos nada y ellos se jugaron solos".

"Si es un costo político, ¿a quién se lo van a cobrar?. Por otro lado, para tener un costo político y hacer una acción coordinada, ellos deberían haberse reunido con nosotros", resaltó.

Bergenfeld reflexionó que lo que corresponde es que cada cual asuma sus responsabilidades: "se metieron donde nadie los había llamado, hicieron una actividad cómplice".

Por su parte, la vicepresidenta de la FAC y presidenta de la Unión de Consorcistas de la República Argentina (UCRA), Alicia Giménez, resaltó: "nunca en la vida le hemos pedido al señor Bielli ni a nadie que nos defendiera". Reiteró que ya en varias oportunidades le manifestaron que ellos no deberían participar de los CCT y que ese lugar lo deberían ocupar las entidades de consorcistas.