Las bisagras del Dr. Bergenfeld

[BPN-28/08/13] El Dr. Marcos Bergenfeld, presidente de APIPH (Asociación de Propietarios de Inmuebles en Propiedad Horizontal), sostuvo que el crimen de Ángeles Rawson fue una "bisagra" en la historia de la propiedad horizontal y que su consecuencia será el "fin de la vivienda del trabajador dentro de los consorcios".

A este resultado llegó –según explicó en un comunicado por e-mail que distribuyó entre sus asociados el pasado 5 de agosto- porque "al conocerse los detalles ocurridos en su propia casa, causó una sensación de inseguridad generalizada en los vecinos de la ciudad".

Agregó que "sería largo mencionar las consecuencias de convivencia que se producen por este beneficio único entre todos los trabajadores, dado que en la práctica fuera de sus horarios sus conquistas sindicales extinguieron también obligaciones hacia el consorcio".

Finalmente, concluyó que "la muerte de Ángeles Rawson -como antes la de María Soledad Morales o el conscripto Omar Carrasco- no fue en vano", y agregó que nuevamente con "la sangre de un joven argentino inmolado" se produjo una bisagra.

El titular de APIPH comparó este hecho con otros dos que también definió como bisagras de los últimos 25 años de la historia argentina: el asesinato de María Soledad Morales en 1990 que produjo "la caída del poder semifeudal del clan Saadi y prácticamente la liberación virtual de Catamarca" y el crimen del soldado conscripto Omar Carrasco en 1994 que tuvo como resultado el "fin del servicio militar obligatorio".

El 6 de abril de 1994 se encontró sin vida el cuerpo del soldado conscripto Omar Carrasco en el fondo de un cuartel de la localidad de Zapala. El 3 de marzo se había incorporado al entonces servicio militar obligatorio y tres días después fue reportado como desaparecido y considerado desertor.

Al no investigar la Justicia Federal permitió que el mismo Ejército se adueñara de su investigación. En esa primera etapa fueron señalados como culpables, sin pruebas, los responsables de la compañía de Carrasco a la fecha de su desaparición y la Justicia Federal la asumió como propia.

Un año y medio después, el 31 de enero de 1996, fueron condenados por su homicidio el subteniente Ignacio Canevaro a 15 años de prisión y los soldados Cristian Suárez y Víctor Salazar a 10 años de cárcel cada uno. Por encubrimiento penaron con 3 años de cárcel al sargento Carlos Sánchez.

En ese mismo fallo se dispuso investigar a los jefes militares que ocultaron el crimen. No obstante, el Tribunal Oral Federal de Neuquén sobreseyó en junio de 2005 -de los 11 imputados iniciales- a los siete militares que quedaban procesados por encubrimiento y falsedad ideológica.

Según expresó el Dr. Bergenfeld, "todo ello puso en evidencia que la colimba contenía conceptos de virilidad equivocados que produjeron en la sociedad un quiebre y condujo ‘al fin del servicio militar obligatorio’. Y con ello, aquello de que el que más aguanta es el más macho y no debe llorar".

En septiembre de 1994 –bajo la gestión de Carlos Saúl Menem- se derogó el servicio militar obligatorio instituido por el entonces ministro de Guerra Pablo Riccheri, mediante el Estatuto Militar Orgánico de 1901 (Ley Nº 4.301), durante la segunda y última presidencia de Julio Argentino Roca.

El 8 de septiembre de 1990 fue asesinada en Catamarca María Soledad Morales, una estudiante de 18 años. Dos días después de conocido el hecho se responsabilizó del crimen a familiares de importantes funcionarios catamarqueños a los que la opinión pública y los medios llamaron "los hijos del poder".

Debido a los reiterados intentos de las autoridades provinciales de encubrir el asesinato se popularizaron las movilizaciones sociales en repudio del accionar tanto de jueces como de políticos.

Para Bergenfeld, "las marchas y las movilizaciones del pueblo catamarqueño, con el acompañamiento de todo el país, produjo ‘la caída del poder semifeudal del clan Saadi y prácticamente la ‘liberación virtual de Catamarca’; derrotando una dinastía antiquísima. Las marchas del silencio se popularizaron como método de lucha popular, imponiéndose en todo el país, contra la inmunidad del poder".

Por este crimen se realizaron dos juicios. El primero fue declarado nulo debido a las acusaciones de parcialidad que recayeron sobre los jueces. El segundo comenzó en 1998 y finalizó en septiembre de ese año con la condena a 21 años de prisión de Guillermo Luque –hijo de un ex diputado nacional por esa provincia- y a 9 años de cárcel del ex novio de la víctima, Luis Tula.