- "¿Vos escuchaste alguna organización de defensa del consorcista que haya dicho algo contra el curso en el SERACARH?", le preguntó Hernández a Karcher.

- "No", respondió.

- "¿Por qué?", repreguntó.

- "No entiendo [...], te juro que todos los días lo reflexiono…", concluyó el invitado.

- "¿Por qué? Porque es mucha plata y todos están detrás de la plata", denunció el presidente de FRA.

Este diálogo se desarrolló el pasado 7 de diciembre durante el transcurso del programa radial Reunión de Administradores que se emite los sábados a las 11:30 hs. por Radio Cultura (FM 97.9). El Adm. Jorge Hernández es presidente de la Fundación Reunión de Administradores (FRA) y el Adm. Gustavo Karcher es corresponsable de prensa y difusión de AIPH.

Si bien a la redacción de Pequeñas Noticias no le consta que en los últimos tiempos las entidades de consorcistas hayan realizado declaraciones públicas o hayan iniciado acciones legales contra la Disposición Nº 1.698 de Defensa del Consumidor que impuso el "Curso del SERACARH", en su oportunidad –hace más de ocho meses– la presidenta de la Unión de Consorcistas de la República Argentina (UCRA), Alicia Giménez, había declarado en un correo de opinión que publicó este medio que "este curso (no importa si dura 2 o 4 horas), a pesar de la ambigüedad de la Disposición Nº 1.698-DGDyPC-2012, obviamente termina pagándolo el consorcio, cuya suma de $500 fue imposible de conocer quién la determinó, ya que la disposición no la menciona. Es así como los consorcistas nos vemos obligados a afrontar gastos que aumentan las expensas, aumentos de los que nadie es responsable, siempre es ‘algún otro’." [BPN Nº 491 del 10/04/13: "Sobre la actualidad consorcial"].

Anteriormente, el 22 de marzo de este año, José Luis Ludueña, presidente del partido político PODES, Matías Chari, ex asesor de Sergio Abrevaya en la Legislatura porteña y actual coordinador del Centro de Estudios de la Propiedad Horizontal de PODES, y el Dr. Jorge Resqui Pizarro, coordinador de Reafirmación de los Derechos del Consorcista (ReDeCo), promovieron ante el Tribunal Superior de Justicia porteño una Acción Declarativa de Inconstitucionalidad contra cuatro disposiciones de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor porteño -y contra una parte de la Resolución 408 de Eduardo Macchiavelli, secretario de Gestión Comunal y Atención Ciudadana (GCyAC)-, entre las cuales se encontraba la Disposición Nº 1.698 [BPN Nº 490 del 27/03/13: "Nueva ofensiva judicial contra disposiciones de Gallo"].