Según ha trascendido, dos organizaciones vinculadas a la Propiedad Horizontal han hecho saber la apertura de sendos registros de Bases de Datos: La primera, de un Registro de consorcistas deudores de expensas y la segunda, de otro de administradores de consorcios a los que se les haya revocado su mandato por Asamblea.

Sin perjuicio de que estuvieren destinadas a los propios asociados o adherentes a dichas organizaciones, no se han dado a conocer con claridad las razones que impulsan tales proyectos, de las cuales surgiría su legitimidad.

Prima facie, desde un punto de vista estrictamente legal, creo sinceramente que en ambos casos se estarían conculcando normas expresas de la ley de Habeas Data Nº 25326, dictada como consecuencia del Art. 43 de la Constitución Nacional. La protección que arbitra dicha normativa está dirigida a quienes figuren en esas bases de datos (públicos o privados), los que podrán exigir la supresión de los mismos si son discriminatorios, o falsos.

Los datos que se consignen supuestamente en esos registros deben ser adecuados, pertinentes, exactos, actualizados y accesibles para su titular, los que podrían iniciar una ACCION DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES o de HABEAS DATA (similar a un amparo) en todo supuesto lesivo o de alguna forma dañoso. La ley establece que las condenas a los infractores pueden ser civiles (por reparación de daños y perjuicios), administrativas (multas) o incluso criminales (prisión).

La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación es el organismo de control y se exige la inscripción oficial de los Registros de Bases de Datos para su autorización.

Considero en consecuencia, que las bases propuestas son inadecuadas y totalmente discriminatorias.