Hace pocos días -y se viene repitiendo desde hace tiempo- que personas con discapacidad se manifiestan en la Estación Terminal de Ómnibus de Retiro para protestar por el incumplimiento reiterado y consecuente por parte de las Empresas de Transporte de Larga Distancia a entregar los boletos gratuitos normados por La Ley 25635 y su decreto reglamentario Nº 38/04.-

Las excusas son sistemáticamente las mismas: cupo y capacidad de las unidades cubiertas, el servicio que se solicita es "cama" y no está amparada por la ley o "nuestros coches son servicio "cama" únicamente, por lo que no estamos obligados a adjudicar pasajes".-

Ello es falso y comprobable. En muchísimas oportunidades los coches salen sin personas con discapacidad, a las que se le ha negado y también con asientos vacíos hasta su destino. Si ante la negativa alguien se presenta en ventanilla para adquirir su pasaje no tiene ningún inconveniente y es más, hasta puede elegir ubicación; no se puede alegar el no tener otro tipo de servicio como semi-cama o común porque la ley es bien clara: "las empresas de transporte colectivo terrestre sometidas al contralor de autoridad nacional deberán transportar gratuitamente a las personas con discapacidad en el trayecto que medie entre el domicilio de las mismas y cualquier destino...".-

Si bien es cierto existe un malévolo Decreto Nº 118/06 que limita el acceso a la gratuitidad en cuanto asigna cupos y comodidades, en el caso comentado no exime a la empresa del cumplimiento estricto de la ley, aduciendo no poseer las comodidades acotadas.-

Los mismos manifestantes que no tienen más remedio que convertirse en "piqueteros" para hacerse oír, expresan entre otras cosas que las empresas están en manos de "políticos" y por ende gozan de total impunidad y que prefieren pagar las multas (cuando ello ocurre…..), que son irrisorias, antes que entregar pasajes.-

Esta última manifestación ha sido corroborada por un integrante de las Cámaras o Sindicato que las agrupan en un reportaje televisivo

Y objetivamente esto tiene visos de verdad.-

Se ha creado un monopolio de Empresas de Corta y Larga Distancia que se nuclea en muy pocas sociedades: tenemos el ejemplo de "FLECHABUS" que posee el 30% de los colectivos -incluyendo una docena de empresas que conservan su nombre pero son de una sola familia-; otra: GRUPO PLAZA con varias de larga distancia, muchas de corta y de dos ferrocarriles.

Por último, con la connivencia de los entes de control e incluso de la Secretaría de Transportes, se produce una clara inmunidad.- El organismo de verificación, la CNRT-Comisión Nacional de Regulación del Transporte, sólo se presenta esporádicamente en las terminales y para los viajes de fines de semana largos o temporada, controlando el estado de seguridad de las unidades y de las condiciones de trabajo de los chóferes, pero nunca sobre los problemas de las personas con discapacidad

Agreguemos que ante denuncias en ese Organismo, que totalizan cientos de ellos, los resultados son inocuos e inoperantes los funcionarios que deberían evaluar y aplicar las sanciones correspondientes, no sólo en la firma de las Resoluciones sino en el seguimiento del cumplimiento de las mismas.-

Y aquí llegamos a la segunda parte del título de esta nota.-

Según una de las distintas definiciones, "Los Deberes de Funcionario Público" implican el respeto por la Constitución Nacional y el cumplir y hacer cumplir sus preceptos.-

En nuestra Carta Magna existe un múltiple articulado que defiende los derechos de los ciudadanos y en particular los de las personas con discapacidad.-

Se entiende que el "funcionario público" debe velar, por consiguiente, por la ley y la justicia y por supuesto ser honesto. En esta instancia considero funcionario público desde el Presidente de la Nación hasta el menor de los funcionarios del Estado incluyendo a la Justicia y el Poder Legislativo.-

Y lamentablemente desde la cabeza hacia abajo se los puede acusar de "incumplimiento de los deberes de funcionario público", ya sea por acción o por omisión.-

Por acción el suscripto tiene el derecho de acusar al Ministro de Planificación y al Secretario de Transportes de la Nación por las prebendas otorgadas al Transporte Público de Pasajeros en detrimento de la sociedad en las que se incluye nuestro colectivo, al otorgar por ejemplo sucesivas prórrogas al vencimiento de la vida útil de los colectivos que debían ser reemplazados por unidades accesibles; los continuos aumentos de subsidios a las Empresas de Transporte Automotor, subtes y trenes que hoy ascienden a 310 millones de pesos para atender los mayores costos operativos por los aumentos de sueldos, y que paga todo el pueblo,. A los funcionarios de la CNRT. por no aplicar sanciones más severas o emitir proyectos que repriman efectivamente las transgresiones.-

En oportunidad de solicitar la reconsideración de una resolución denegatoria al Interventor de la CNRT. y en la que expresaba, entre otras cosas: "cuando la infracción de las empresas de transporte no están explícitas en las normas establecidas, pero que el sentido común indican una trasgresión, son ustedes quienes deben llenar ese vacío o hacer intervenir a la Superioridad para el dictado de alguna Resolución, en este caso por parte de la Secretaría de Transportes" La respuesta de un asesor fue algo así como: debemos atenernos a las normas que tenemos para lo que se solicita habría que modificar una reglamentación administrativa.-

En otras palabras "nos lavamos las manos".-

Por omisión a la Legislatura Nacional que sólo da quórum cuando respetando una verticalidad se trata un proyecto que políticamente les interesa pero cuando existe algún proyecto como la "derogación del Art. 4º del Decreto Nº 118/06" que causa perjuicio a las personas con discapacidad, duerme en un cajón y sólo se habla de un pedido de informes.-

A los jueces y fiscales que actúan prontamente de oficio cuando un hecho mediático adquiere grandes dimensiones, pero no lo hacen en el tema de la discapacidad.-

A las instituciones de defensa de nuestros derechos como la CONADIS (Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas) cuyas Resoluciones tienen carácter vinculante pero que no la respetan ( caso informe sobre Decreto 118/06) y ésta no acciona como correspondería; el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y en cierta manera al INADI-Instituto Nacional contra la Discriminación, por cuanto sus intervenciones no han sido tenidas en cuenta y en los expedientes se siguen sumando denuncias que a la larga y burocráticamente, pierden sustento; COPINE, Comisión Para la Plena Participación e Integración de las Personas con Necesidades Especiales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con poca efectividad hasta el momento.-

Entonces ¡¡hasta cuando seguiremos maltratados!! Las personas con discapacidades no son seres humanos?? Alguna vez conseguiremos la concientización política y social de la discapacidad???.-

Ustedes tienen la palabra.-