Correo de Opinión

Falta de control que atenta contra la estética y el bolsillo de los ciudadanos por el Ing. Daniel Zinna

En los últimos años, he observado que las empresas de servicios públicos (agua, gas, luz, teléfono, cable, etc.) realizan reparaciones en la vía publica y luego tapan el agujero en forma definitiva con cemento, sin siquiera tener en cuenta el tipo de baldosas.

Este tipo de inconvenientes, el cual considero que es un delito, el ciudadano puede observarlo en tres o más sitios en una misma manzana.

Este hecho, sin lugar a dudas, no es desconocido por las empresas de servicios públicos y demás está decir que le causan un daño al transeúnte, perjudican al frentista y también al Gobierno de la Ciudad que está reparando la veredas para embellecer la misma.

Las empresas de servicios rompen las veredas descaradamente pues ni siquiera tienen en cuenta la figura de la baldosa y la tapan miserablemente con cemento sin tener en cuenta ningún tipo de estética o escrúpulo ante lo ajeno.

Agravando aún más la situación, la mayoría de las veces además de colocar el piso de cemento alisado lo hacen sobre una superficie no compactada redundando en el asentamiento de la vereda que con la primera lluvia dejan a la vista un desnivel considerable que en más de una oportunidad producen tropezones y caídas.

Ahora me pregunto:

¿Quién debe ocuparse de verificar que las empresas de servicios públicos reparen las veredas, a su costo, dejándola en las condiciones en que la encontró previo a efectuar desmedidamente la rotura de la misma?

¿Algún responsable de esas empresas que tercerizan estas reparaciones analizó los contratos respecto al alcance del suministro?, ¿dónde se especifican cómo deben terminarse los trabajos?

¿Alguien se queda con parte del dinero del trabajo que debió ser realizado utilizando la regla del buen arte? 

Este y muchos otros interrogantes son los que a diarios nos hacemos todos los ciudadanos que pagamos con nuestros impuestos el embellecimiento de la Ciudad, mientras que las contratistas de servicios, en post de mejorar sus ingresos, atentan contra los intereses que corresponden por derecho a todos los ciudadanos.

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