Correo de Opinión

Cupo laboral para personas con discapacidad por el Sr. Raúl Guinzburg

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en el capítulo decimotercero con referencia a las “Personas con necesidades especiales” (artículo 42ª) garantiza a las mismas el derecho a la plena integración y equiparación de oportunidades.

En el capítulo siguiente “Trabajo y Seguridad Social” -en su artículo 43ª- asegura a éstas el derecho al trabajo establecidos en la Constitución Nacional y entre otras especificaciones “asegura un cupo del cinco por ciento del personal para las personas con necesidades especiales, con incorporación gradual en la forma que la ley determine y se amplía su aplicación al sector privado en todo contrato de locación o concesión de servicios". Esta disposición del art. 43ª es exigible aún cuando no fuere reglamentada y a partir de la aprobación de la constitución porteña que data del 1º de octubre/1996. Sin embargo, pese a su reglamentación por Ley Nº 1502 del 21/10/2004, no fue cumplida en ningún momento. 

En su artículo 4º se expresa textualmente: “La incorporación de personas con necesidades especiales deberá ser gradual y progresiva para cubrir el cupo del cinco (5) por ciento, calculado sobre la base de la totalidad del personal que revista en la planta permanente de cada una de las jurisdicciones y entidades enunciadas en el artículo 2°.

Dicha incorporación deberá efectuarse en el plazo máximo e improrrogable de cinco (5) años a partir de la sanción de la presente Ley".

Es decir que al 24 de octubre del corriente año había vencido el plazo para su aplicación. Pero aquí comienza una de las incongruencias: el día jueves 15 de octubre, la Legislatura Porteña votó la Ley Nº 3230 en la que y según la información publicada en la base de datos del CEDOM (Centro de Documentación Municipal de la Ciudad de Buenos Aires) se modificaba el art. 4º de la ley reglamentaria Nº 1502 y se estipulaba que “...dicha incorporación deberá efectuarse en el plazo máximo de cinco (5) años a partir de la sanción de la presente Ley, prorrogable por un plazo no mayor a cinco (5) años”. Es decir que con esto la legislatura transgredía lo estipulado en la Reglamentación y se incumplia con el “plazo máximo e improrrogable..”, que ellos habían legislado. 

La medida produjo una enérgica reacción de las instituciones abocadas al tema de la discapacidad y derechos humanos, de tal forma que todos y cada uno de los integrantes de la Asociación por los Derechos de las Personas con Discapacidad-REDI, por ejemplo, se manifestó en contra y repudió la misma mediante correos electrónicos a todos de los legisladores que votaron la medida. Pero posteriormente y como una especie de “fe de erratas”, tal como lo hiciera el Parlamento Nacional en la Ley de Medios, resulta que el texto del proyecto y que proveyera el área de labor parlamentaria y disponible como expresáramos en el CEDOM, fue modificado finalmente en el debate. Pero en definitiva esa corrección volvió a dejar en claro que la política del Gobierno de la Ciudad es de exclusión de las personas con discapacidad y contraria a los intereses de ese colectivo al prorrogar nuevamente la vigencia de la ley por el término de un (1) año.- 

Es evidente que la intención primaria era realizar la prórroga tal como se asentaba en el proyecto pero sea cual fuere el propósito, el sólo hecho de sancionar el mismo es un acto arbitrario e inconstitucional y viola el derecho adquirido por las personas con discapacidad a acceder a un puesto de trabajo. Debemos aclarar que la ley fue aprobada por la totalidad del partido gobernante “PRO” que junto a sus asociados actuaron en contra de un grupo de personas con discapacidad, a quienes usaron y se vieron beneficiados en campañas políticas como en gestión ejecutiva y demostraron una vez más la falta de sensibilidad, solidaridad y sentido común y por sobre todas las cosas adoptaron perversamente la posición de “obediencia debida”.-

Las distintas asociaciones y personas físicas han solicitado una audiencia con el jefe de Gobierno a los fines de solicitarle que “vete” esa ley, pero según mi opinión –y que espero fervientemente me equivoque- el mismo va a ser difícil de conseguir, ya que iría en contra de sus propios intereses en cuanto al Presupuesto a los que toma como una constante de sus presuntos “éxitos”, aunque –y aquí viene una nueva incongruencia- tenemos conocimiento de que el jefe de Gobierno anunció que a partir del 1º de enero del 2010 se incorporarán a planta permanente 17.000 agentes contratados, pero ni una palabra en relación a las personas con discapacidad.-

Por último, estimo que debemos hacer conocer a la ciudadanía el resultado final de la votación de la ley:

En contra de nuestro colectivo y a favor de la prórroga:

Abbas, Alegre, Amoroso, Araujo, Asinelli, Bello, Blasco, Borrelli, Cabandié, Centanaro, D'Angelo, de Andreis, Destéfano, Di Stefano, Epszteyn, Failde, Garayalde, Godoy, Gómez, González, Hourest, Ibarra, Ingaramo, Lubertino, Martínez Barrios, Morales Gorleri, Moscariello, Mouzo, Ocampo, Pagani, Pedreira, Puy, Rodríguez Araya, Santilli, Saya, Tamargo, Urdapilleta, Varela y Zago. (39 votos)

Votos negativos, es decir a nuestro favor:

Cantero, Di Filippo, Gramajo, La Ruffa y Walsh., Maffia (6 votos)

Abstenciones: (es decir “no comprometerse”)

Abrevaya, Cerruti, De Anchorena, Fernández, Olivera y Ruanova. (6 votos)

Y con esto se define el perfil de quienes nos representan en la Ciudad de Buenos Aires.-

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