Correo de Opinión

Sobre la 3.254 por el Sr. Jorge Marcón

Sr. Director:

Es lamentable que, como siempre en nuestro país, se repite la desgracia de que las leyes del ámbito municipal no mejoran las nacionales en beneficio de la población, sino que se superponen, y no solo no resuelven sino que complican más las cosas, con el único rédito visible para los políticos de turno y el aumento de la recaudación municipal.

Las leyes 941 y modificatoria 3.254, resultan siendo el intervencionismo del Estado en una relación entre privados como es el consorcio de propietarios y un simple representante como es el administrador.

Si nuestra sociedad carece de iniciativa individual para responsabilizarse por los compromisos que asume cada persona en defensa de su propiedad privada, esto no justifica delegar en el Estado la regulación y control de esas cuestiones.

Existen sobradas leyes y normativas civiles, comerciales y penales, amén de la jurisprudencia al respecto, que previenen sobre el incumplimiento de los deberes de los administradores.

El reglamento de copropiedad y la Ley 13512 ofrece suficiente base de entendimiento de esa función.

Sobrada carga administrativa (valga la redundancia) recae sobre los administradores, para ser presentada ante organismos privados, sindicales, gobierno local y nacional.

¿Llegaremos a que un inspector municipal va a constituirse en una asamblea ordinaria en lugar de los consorcistas, que prefieren dedicar sus tiempo a otras cosas mientras otro les cuide sus intereses?

Con las atribuciones que se están dando al gobierno se produce una duplicación de los deberes del administrador, quien ahora debe responder ante los consorcistas como consorcistas y ante los mismos como ciudadanos representados por el gobierno.

Lo peor de todo esto es que se ha creado la ilusión de que el gobierno va a defender o cuidar mejor la propiedad de los individuos, o en caso de un ilícito va a salir a perseguir al delincuente.

Respecto de las multas, es obvio que tampoco guardan relación con los intereses de los consorcistas, o acaso le van a poner una multa de $20.000 a un jubilado de barrio que administra departamentos tipo casa con un honorario de $150 por mes.

Lo único que salta a la vista es que se busca por todos los medios recaudar dinero para las desesperadas arcas del gobierno, que están secas como las ideas de su jefe.

En conclusión, al gobierno municipal (que todos mantenemos) le lloverán amparos judiciales por la inconstitucionalidad de estas leyes, pagarán los “perejiles”, los honestos administradores tendrán más trabajo y cobrarán menos, y los delincuentes seguirán haciendo de las suyas.

Atte.

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