Correo de Opinión

Promesas inclumplidas IV: accesibilidad en las escuelas por el Sr. Raúl Guinzburg

En el año 2009, y hablando de su gestión en el 2008, el Jefe de Gobierno porteño dijo, en relación al estado de las escuelas porteñas, que espera finalizar con 335 obras para fines de este año y evaluó que "la infraestructura escolar lleva años de abandono". Hoy en el 2010, y pese a afirmar también que dotaría de accesibilidad a las escuelas para promover la integración de los alumnos en materia de educación, los resultados son negativos. Es más, no hubo intención de realizarlos ni se incrementó el presupuesto para esos trabajos.

Desde hace tiempo la ONG “Acceso Ya” realiza relevamientos de escuelas en toda la Ciudad de Buenos Aires y llegó a la conclusión de que "el 95% de las escuelas privadas y el 75% de las escuelas públicas no tienen acceso universal". Esto significa que "muchas personas con discapacidad en edad escolar no tienen posibilidad alguna de asistir a instituciones educativas ni movilizarse dentro de ellas en condiciones de igualdad, seguridad y autonomía” y también deja afuera del sistema educativo a "21.000 niños con discapacidad en edad escolar”. Tomando innumerables casos testigo de padres de alumnos con discapacidad motriz nos encontramos que, al reclamo de los mismos ante las autoridades educacionales, les contestan que cambien de establecimiento o concurran a una escuela especial. Ello constituye una aberración total y una discriminación evidente y sobre todo una falta absoluta de sensibilidad. 

Si bien hay algo de cierto en las expresiones del Jefe de Gobierno Porteño de que “lleva años de abandono” también lo es que sus promesas electorales en esta materia debían ser cumplidas, caso contrario para los futuros gobiernos también serián otros años de desidia.

Hoy nos encontramos con que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está obligado, por la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario y por una acción de amparo de ACCESO YA, y no por decisión política propia, a que en el término máximo de 240 días presente un plan de obras para readecuar las escuelas públicas en salvaguarda de derechos esenciales garantizados por la Constitución Nacional y de la Ciudad, tratados internacionales y leyes de protección a las personas con discapacidad como la nº22.431, la nº 24.314, el Decreto Reglamentario Nº914/97 y las leyes locales Nº 114 y 962, en las que se encuentran el derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la educación, a la integración, a la equiparación de oportunidades, etc.

También ha habido otros fallos de la Justicia en la que se obliga, en casos puntuales, a proveer de accesibilidad a alumnos con discapacidad motriz, modificando estructuras, construcción de rampas, reubicación de aulas, etc.

Es importante destacar que la falta de accesibilidad en los establecimientos educacionales de cualquier nivel afectan no sólo a los alumnos con discapacidades sino también a aquellos que sin poseerla tengan en la familia una persona con movilidad reducida (padre, madre, abuelos, tíos, hermanos, etc.) lo que les impediría concurrir a ciertas actividades culturales y reuniones en ese ámbito escolar, con los lógicos desengaños.

Por otra parte la vorágine de la globalización que nos envuelve hace que exista una gran competitividad y la situación económica mundial obliga a las parejas matrimoniales a que deban trabajar ambos por lo que, en el caso de sus hijos en edad escolar –desde el Jardín de Infantes-, deban recurrir en primer término a sus abuelos para llevar y traer a los niños y que éstos deban ser retirados en la mayoría de los casos de edificios escolares sin accesibilidad, con el consiguiente peligro para los niños y para los adultos. Si agregamos que existe una gran cantidad de matrimonios desavenidos en dónde con más razón se debe recurrir, como en los casos comentados, a un familiar para atender a los escolares y si este familiar es una persona con movilidad reducida, estamos realmente en problemas. Si se quiere promover la integración de la familia hay que promover la integración en la educación y ello se consigue, obviamente con accesibilidad. Nuestro ferviente deseo es que el fallo de la Justicia sea respetado aunque haya habido muestras contrarias por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Esperamos que en este caso el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no copie los malos ejemplos.

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