Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a efectos de hacerle llegar que con profunda preocupación observo las diversas modificaciones que se están generando en relación a la nueva Ley 3.254 / GCBA pero no tanto en cuanto a su concepto sino más específicamente en las formas o más precisamente a la "ausencia en las formas".

Cuesta entender los tiempos perentorios en que se publican las medidas a aplicar y a la fecha la escasa o nula y/o confusa información al respecto.

Libro de registro de firmas de copropietarios, informe sobre pólizas de seguros en vigencia, seguro de caución o que podría ser reemplazado por un seguro de responsabilidad profesional, curso de capacitación, entre otros cambios, que por el momento resultan los temas más espinosos.

Llama la atención que Ud. como Director General de Defensa y Protección al Consumidor de la CABA afirmase de acuerdo a la nota publicada en el medio "Boletín de Pequeñas Noticias Nº 395 del 27/01/10" que: "Lo pagará el administrador: El Dr. Gallo también ratificó que este seguro va a ser a cargo del administrador: "te lo adelanto porque una de las cámaras de administradores pidió que -como es una garantía para los consorcistas- sea solventado por ellos". Según él, este es un seguro que va en cabeza del administrador y tiene que asumir su costo por lo tanto no tiene que generar ningún tipo de traslado ni aumento de expensas para los consorcistas."

Es increíble cuando ni siquiera una compañía seria dedicada al tema de seguros de caución haya publicado u ofertado los costos de las pólizas en mención, donde las variables que intervienen son muy variadas como al patrimonio de cada administrador, de sus antecedentes, de los montos que se recaudan por expensas que varían de acuerdo al nivel de cada edificio, del exagerado monto del 33% que convertiría a este seguro en casi restrictivo para muchos colegas (y no sé si la extinción de muchos de ellos y para provecho de las grandes firmas). Además el plus en los costos por ser el primer año sin antecedentes al respecto podría generar un valor agregado de importancia.

Acaso será la estrategia de un estilo de Gobierno que desea intervenir al sector privado, modificar las reglas de juego, meterle la mano en el bolsillo y encima decirle lo que deja de ganar o lo que debe ganar. Del bolsillo ajeno es fácil emitir opinión.

Pregunto: Ud. ¿estaría dispuesto a ello si en su área, por falta de presupuesto para que funcione normalmente, le recortasen un porcentaje de su sueldo para la compra de insumos, o para el pago de la luz, etc. y que un tercero determine una quita casi letal para sus ingresos y que encima se entere de esas modificaciones por los diarios?

Pregunto Dr. Juan Manuel Gallo con todo respeto: de ser cierta su declaración en dicho boletín quincenal, ¿no le parece que habría resultado demasiado pronto y desafortunada efectuar una manifestación de ese tipo donde podría estar cometiendo errores indeseables? También en el mismo número habría dicho que "se acabó que el consorcio es el gil de la cuestión". Siento definitivamente que Ud. como Director General, de ser ciertas estas afirmaciones, no resulta muy objetivo, noto inclusive una opinión formada y eso es preocupante dado que detrás de estas medidas, ¿quién nos garantizaría a los administradores que no se inicia con este tipo de prácticas una "caza de brujas" al respecto? Será la respuesta de un Gobierno para destruir a un grupo en desventaja y minoría.

Considero que deberían oírse los dos lados de la campana. Ni siquiera me interesa tener razón porque no se resuelve la cuestión principal, pero sencillamente la sensación que se transmite a través de sus declaraciones vertidas en el medio "Pequeñas Noticias" resulta ser de persecución. No olvide que los que trabajamos conforme a derecho, de buena fe y en forma profesional y decente merecemos un trato de respeto como seres humanos que somos.

Para agregar a esta "desprolijidad o confusa información" respecto a los cursos se publicó en el mismo medio mencionado anteriormente en su Nº396 del 10/02/10 que "el Director General de Defensa y Protección al Consumidor (DyPC) de la CABA, Dr. Juan Manuel Gallo desmintió que el e-mail que circuló haya sido oficial o autorizado por su persona. Afirmó que ese correo electrónico "no es oficial, ni válido ni tiene sustento jurídico, y tampoco coincide con la manera de encarar el tema que voy a tener que le adelanto no va ser de exclusividad para nadie ni para ningún sector y va ser lo más amplio posible de acuerdo a los antecedentes que los interesados tengan". Así lo expresó en un e-mail que le envió al Dr. Osvaldo Loisi, presidente de la Fundación Liga del Consorcista (LCPH), el 4 de febrero pasado como reacción a la recepción de un e-mail conteniendo una supuesta Resolución 186-DGDYPC- 2010. El Dr. Gallo, en esa misiva afirmó que inició una investigación para saber quién y cómo hicieron circular ese presunto mail y luego evaluar las responsabilidades en caso de corresponder."

Los que recibimos dicho mail de fecha 25/01/10, que está a su disposición, nunca recibimos del mismo modo una rectificación del mismo.

Pero, lamentablemente, me confirmaría lo ante dicho que además recae sobre las espaldas de los administradores con mayores costos, responsabilidades y tiempo que no pueden ser absorbidos con tanta facilidad, liviandad o ligereza. No somos las víctimas de esta historia ni tampoco los victimarios pero creo humildemente que habría que corregir la forma de llegar a los matriculados para que la información sea certera, precisa, con tiempo y por sobre todas las cosas respetuosa y más justa.

Saludo a Ud. atentamente,