Gestión Profesional

Sobre una posible nueva Ley de Riesgos de Trabajo por el Ing. Alfredo López Cattáneo

En varios artículos periodísticos ( del 26/9/08) que informan sobre una nueva ley de ART se comienza señalando que el Gobierno convocó a los técnicos de la UIA para cumplir con una promesa que la Presidente Cristina Fernández le hizo a la industria días atrás: avanzar en una nueva de Ley de Riesgos del Trabajo que ponga fin a la gran cantidad de juicios que están recibiendo las empresas por accidentes laborales. Señalan que, según los cálculos de la UIA, existe un stock de 60.000 juicios que implican un costo de U$S 1800 millones, de los cuales un tercio corresponde a honorarios.

Si analizamos este texto parecería desprenderse que si no hubiera juicios laborales, la UIA no se quejaría o bien que si las indemnizaciones que deben pagar las empresas no fueran tan elevadas tampoco lo harían.

Otra óptica a aplicar, podría ser que si no se producieran accidentes de trabajo (cosa totalmente improbable) no habrían juicios ya que estos aparecen porque hay accidentes de trabajo. Pero la UIA no plantea que se reduzcan los accidentes de trabajo sino que su problema pasa exclusivamente por las sumas de dinero que las empresas tienen que pagar tanto en concepto de indemnizaciones como de honorarios profesionales.

Este pedido de la UIA no es nuevo; en realidad data desde el año 2004, fecha en la cual la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró la inconstitucionalidad del artículo 39 de la Ley sobre Riesgos del Trabajo (LRT), el cual impedía al trabajador llevar su reclamo a la Justicia Laboral a través del artículo 1.113 del Código Civil.

En términos generales, el Código señala que el propietario de una cosa riesgosa (ejemplo: una máquina, un auto, etc.) es responsable por los daños y perjuicios que esa cosa riesgosa ocasiona a las personas o a las cosas.

Desde esa época, los funcionarios del área laboral de ese gobierno (se trata principalmente del actual Ministro de Trabajo que también lo era por esos tiempos) viene señalando, prometiendo, mencionado, comentando, etc. acerca de la necesidad de llevar a la práctica la reforma de la LRT, pero nunca el Poder Ejecutivo Nacional a través de su ministerio presentó ante el Congreso de la Nación un solo proyecto de ley sobre este tema. 

Hasta ahora, han sido palabras, tan solo palabras o como diría don Leónidas Saadi, pura "chachara". Demás está decir que la UIA tampoco presentó nunca un proyecto de modificación de la norma aunque la CGT sí lo hizo.

Es decir, que aquellos que se quejan o que mencionan la necesidad de modificar la norma nunca han sido capaces de presentar una sola alternativa ante el parlamento argentino.

El actual Ministro de Trabajo (reiteremos que también lo era durante todo el mandato del ex presidente Néstor Kirchner) decía lo siguiente el 26/04/06 en el Hotel Sheraton Libertador en la Semana de la Salud y Seguridad en el Trabajo:

"El objetivo del PEN es lograr tener trabajadores seguros y sanos en una Argentina en crecimiento con inclusión social".

El 07/07/06 el Presidente del bloque del PJ de la Cámara de Diputados (diputado Agustín Rossi - Frente para la Victoria) decía al Diario La Nación:

"En algún momento, el Ejecutivo mandará el proyecto".

El 14/08/06 en la "Jornada sobre la Participación de los Trabajadores en la Gestión de la Prevención", nuevamente el Dr. Carlos Tomada decía:

"El proyecto de reforma de la LCT priorizará la salud frente a cualquier otro interés".

En esa misma jornada, el diputado Héctor Recalde (Presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados de la Nación) representante de la CGT y abogado del dindicato dirigido por el Sr. Hugo Moyano señalaba:

"En la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados resolvimos por unanimidad esperar que el PEN remita su proyecto para tratarlos junto con los que están en la Comisión".

Podríamos seguir transcribiendo muchos comentarios más pero tras más de 5 años del fallo de la Corte nadie hizo nada, sólo declaraciones para el consumo de aquellos a los cuales hay que hacer creer que se está haciendo algo.

Si bien es cierto que la cantidad de juicios se incrementa año a año (para el 2008 se esperan cerca de 27.000 demandas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales), también es cierto que año a año los accidentes de trabajo crecen y crecen en forma constante. Desde el 2003 y hasta Agosto de 2008, se iniciaron 57.525 demandas (Fuente: Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo) estimándose que para fines de este año ese número será de cerca de 69.500 pleitos.

Desconocemos cómo se han calculado los costos de estos juicios (U$S 1800 millones) pero los honorarios promedio de un juicio laboral por estos temas se ubican entre un 35 y 50% de las indemnizaciones fijadas por los jueces.

También surge de la lectura del artículo, que la UIA estaría planteando la necesidad de bloquearle al trabajador la posibilidad de la doble vía de reclamo. Es decir, si opta por una, automáticamente la norma le impediría el acceso a la restante.

Este argumento no es nada nuevo sino que desde hace un par de años es planteado por la entidad empresarial como freno a los juicios laborales. En este aspecto, la CSJ -en el Fallo Llosco del 12/06/07- confirmó la posibilidad que la acción civil complemente la indemnización que un trabajador percibe por la vía de la Ley de Riesgos del Trabajo, ya que esta norma no contempla la indemnización integral del daño sufrido por el trabajador.

Se destaca en el mencionado artículo que la Presidente les aseguró a los industriales, en el festejo del Día de la Industria, que había "intimado" al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, a trabajar para "poder arribar a un proyecto consensuado" y que también manifestó su deseo de que "la Justicia no fomente más la industria del juicio".

Pareciera que la primera magistrada conoce poco de este tema o que es necesario que su ministro la asesore mejor, o bien que le mienta menos. Señalar que había intimado al ministro merece sólo una sonrisa ya que el ministro lo único que ha hecho en los últimos 6 años desde que asumió por primera vez fue hacer "nada".

Respecto de llegar a un proyecto consensuado se traduce en llegar a valores de indemnizaciones que dejen tranquilos a los representantes tanto de la CGT como a los de la UIA y que se puedan traducir en alícuotas tales que las ART´s puedan pagar indemnizaciones más elevadas. Esto es muy bueno para las grandes empresas ya que las PyME´s pagan alicuotas muchísimo más altas que las grandes empresas y reciben un muy deficiente servicio por parte de la aseguradoras frente al que le brindan esas mismas aseguradoras a las grandes empresas por mucho menos pago.

Con relación a que la Justicia fomenta la industria del juicio, debe señalarse que no son los jueces, ni el personal de sus juzgados, ni los miembros de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, ni los Ministros de la Corte los que inician las demandas, razón por la cual mal puede afirmarse que es la Justicia la que fomenta los juicios.

La verdadera razón por la que hay juicios no es porque la Justicia los fomente o porque las indemnizaciones previstas por la LRT sean bajas, sino por que hay accidentes de trabajo y éstos ocurren principalmente porque la gran mayoría de los empleadores y desde hace más de 30 años no cumplen con las normas legales vigentes en la materia.

 Como tras una pericia esto queda demostrado con total claridad que los empleadores violan constantemente la normativa, los jueces aplicando las mismas normas fallan a favor de los trabajadores. Tal vez, sea por ese motivo que aquel refrán que dice que "la ley con sangre entre" cobra total validez en el caso de los juicios laborales.

Pero entonces, ¿por qué los empleadores no cumplen con esas normas? Ello sucede porque el control por parte de las autoridades nacionales y provinciales es inexistente y las sanciones son ridículas.  Ahora bien, ¿por qué sucede eso?. Varias respuestas: porque no da votos, porque es un tema que no les interesa, porque no tienen recursos económicos o los que tienen los malgastan, porque carecen de personal técnico idóneo y académicamente formado, o porque hay otras cosas más importantes que hacer.

Si las autoridades no se preocupan por el hecho que cada hora del día muera una persona en accidentes de tránsito, menos les preocupará que se mueran casi mil trabajadores por año, cifra sustancialmente inferior aunque uno de cada tres muertos laborales se corresponde con un accidente in itinere, la mayoría de tránsito. 

Casi 35000 trabajadores quedan con algún grado de incapacidad debido a un accidente laboral, si nos retrotraemos a los últimos 10 años, esa cifra asciende a 350.000 personas. Pero en la práctica, siguen siendo pocos en comparación con los accidentes de tránsito.

En materia de los accidentes "in itinere", hay países que no los consideran accidentes de trabajo, otros que considerándolos pasan a ser indemnizados por la Seguridad Social y otros, como la Argentina que los ubica como accidentes de trabajo pero en el área laboral y son indemnizados por las ART´s. El planteo de la UIA no parece inadecuado en este tema.

Para finalizar, deberíamos pensar un poco acerca del por qué ninguno de los actores sociales (CGT, UIA y Gobierno) plantea reducir los accidentes de trabajo, hacer más prevención, premiar a los empleadores que no tengan siniestros laborales, brindar una mejor atención médica, hacer que las empresas cumplan con las normas legales en materia de medicina e higiene y seguridad en el trabajo o reducir las alícuotas a las PyME´s y tantas otras alternativas posibles en lugar de hablar únicamente de las indemnizaciones.

Tal vez, así pues se está haciendo un poco de gatopardismo (cambiar para que nada cambie) o de maquillaje en un momento que hay que hablar de algo para opacar algunos temas que son de dominio público y que resultan ser peligrosos.

Los juicios decaerán cuando no haya accidentes y éstos disminuirán cuando los empleadores hagan prevención cumpliendo con su obligación de proteger la salud y la vida de sus dependientes del mismo modo que protegen su capital.