Gran Hermano

Un único lugar donde se concentrarán todos los datos personales, los antecedentes policiales, impositivos, comerciales, financieros y muchos más, que será compatible con los sistemas que utiliza el FBI y que el Gobierno podría vender con fines comerciales a bancos, escribanías y otras empresas, es el contenido de un proyecto que impulsa el ejecutivo nacional para crear una base de datos única con información de cada uno de los ciudadanos.

Suponiendo que Juan Pérez fuera 1 de los 35 millones de argentinos (según estimaciones de la ONU al año 1996) los datos que "alguien" podría saber de él serían: "Es casado, tiene tres hijos, actualmente su domicilio es..., sus últimos tres domicilios fueron..., su cónyuge se llama..., su padre es.., su madre se llama..., es deudor hipotecario y tiene las últimas dos cuotas impagas, se acogió a una moratoria de impuestos bonaerenses, fue querellado y sobreseído por homicidio culposo en accidente de tránsito, fue detenido a los 16 años por escándalos en la vía pública, salió del país a Europa 3 veces en el año 2002 y al 14 de julio de 2003 viajó a Chile 6 veces, posee tarjeta de crédito, un auto marca..., una embarcación marca..., etc, etc, etc...

Además, Juan Pérez deberá tener un DNI nuevo en el transcurso de 5 años aunque su actual documento este en perfecto estado o haya adquirido uno recientemente, que pasará otra vez a ser "el viejo documento".

Esta información podrá ser accedida por los Estados Unidos para luchar contra el terrorismo, aseguró el Gobierno al periodista de Clarín el domingo 13 de julio, así como también lo podrán hacer bancos, escribanías u otras empresas privadas que quieran consultar firmas o antecedentes comerciales pagándole previamente al Estado.

Académicos expertos en protección de datos personales coinciden en que una base de datos de estas características va contra los principios constitucionales del derecho a la intimidad.

"Se asoma el peligro de vivir en una sociedad de la vigilancia y las categorizaciones. Por eso la reforma constitucional de año 1994 jerarquizó el derecho a controlar los propios datos y luego el Congreso impidió su recolección en volúmenes masivos para fines plurales", dijo Alejandra Gils Carbo, Fiscal de Cámara, especialista en Derecho a la Intimidad y Habeas Data, cuando el diario Clarín la consultó por el tema. Pablo A. Palazzi, abogado especialista en Derecho a la Privacidad y Habeas Data, al ser consultado expresó: "Vivimos en una época donde la información ha cobrado un valor inusual, por lo fácil que resulta su recolección y entrecruzamiento. Quien tiene acceso a estos datos tiene un inmenso poder, pues puede conocer aspectos de la vida privada de las personas a los que de otra forma no tendría acceso" y termina diciendo "Que el Estado almacene datos de los ciudadanos no es malo, el problema es cómo lo hace, con qué límites, quién tiene acceso y cómo los ciudadanos controlan su uso".

¿A quién le interesa mis datos y por qué? ¿Quién paga para enterarse quién soy, qué hago, qué tengo, qué debo y por qué? ¿Qué hacen con esa información? ¿Para qué y quién la utiliza? ¿Estoy de acuerdo en que cualquier empresa que paga acceda a mis datos?

En relación a las garantías sobre la mal utilización de estos datos el ministro del Interior, Aníbal Fernández, dijo: "El empleado común sólo va a poder ver el nombre y el número de documento. La Policía sólo va a poder ver el registro de antecedentes, el prontuario y las huellas dactilares. Migraciones tendrá acceso a la huella, las órdenes de captura y los ingresos y egresos del país. Esto en informática es muy simple, se dan distintos niveles de acceso para distintos usuarios", pero se olvidó de comentar que también es relativamente sencillo acceder a la información aunque haya distintos niveles de claves, copiar información, borrar información, cambiar información o...

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