Ley de solidaridad urbana

[BPN-07/08/13] El legislador porteño Rafael Gentili (SUMAR I+D) presentó un proyecto de ley que obliga al desarrollador de conjunto de viviendas a cederle al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) el 2.5% de los metros cuadrados de la construcción -o su equivalente en otras tierras o dinero- para que dicho organismo edifique nuevas viviendas.

Según el autor de la iniciativa, su objetivo principal es generar recursos físicos o económicos para garantizar una mayor equidad socio-territorial y combatir la tendencia creciente en el mercado inmobiliario de promover la segregación socioeconómica.

Es de subrayar que estarán comprendidas dentro de estas nuevas obligaciones aquellos que emprendan proyectos de viviendas que correspondan a la primera o la segunda categorías o sea las que son de mayor dimensión, calidad y que cuentan con más servicios.

El proyecto de ley Nº 1.111/13 fue presentado en la Legislatura el pasado 9 de mayo. Antes de ingresar al recinto para su aprobación deberá obtener dictamen positivo de la Comisión de Vivienda que actualmente preside Lidia Saya (PRO).

Gentili explicó que "se sabe que sin intervención sobre el mercado de suelo, la dinámica inmobiliaria tiende a un proceso de valorización de todo el suelo de la ciudad [...] haciendo cada vez más difícil el acceso a la vivienda, aún para aquellas personas que están insertas en el mercado de trabajo de manera formal y que logran acceder a un crédito".

Posteriormente, el legislador consideró que "es necesario contar con una reserva de tierras e inmuebles que sea extraída de esa dinámica de valorización por parte del mercado. De lo contrario, no hay créditos ni subsidios que puedan ir a la par de esa valorización. Es menester que el Instituto de Vivienda de la Ciudad cuente y amplíe cada vez más su banco de tierras e inmuebles, recurso escaso que de lo contrario quedará en manos del mercado y junto con ello se encarecerá cada vez más su acceso".

Las únicas viviendas a construir que deberían compensar al Gobierno porteño -de aprobarse el proyecto de ley en la Legislatura- son aquellas que sean consideradas como de primera o segunda categoría.

Las viviendas de primera categoría son las que están complementadas con detalles suntuosos y ambientes de recepción mayores a 60 m², una habitación con baño de servicio, pileta de natación, espejos de agua, más de un espacio de esparcimiento o servicio complementario como ser quincho, sauna, SUM (Salón de Usos Múltiples), gimnasio, etc.

Por otra parte, las viviendas de segunda categoría son los que poseen ascensor en las unifamiliares o ascensor con acceso privado a un solo departamento por piso o ascensor de servicio, una habitación con baño de servicio, living-room o living-comedor mayores a los 42 m², sólo un espacio de esparcimiento como puede ser el SUM, gimnasio, quincho, jacuzzi, sauna, etc.

Según surge del proyecto de ley, las compensaciones serán transferidas al Banco de Tierras e Inmuebles que pertenece al IVC para ser utilizados en políticas de vivienda como alquiler social, comodatos o construcción de viviendas sociales. Por otra parte, el proyecto aclara que si la compensación es en dinero se destinará a engrosar los recursos del IVC.