La iniciativa de José Luis Gioja en detalle

[BPN-15/04/22] El pasado 22 de marzo 17 diputados del Frente de Todos, encabezados por José Luis Gioja, presentaron un proyecto de ley que pretende robustecer la ley de alquileres vigente con las siguientes medidas:

1.- La regulación del precio inicial de alquileres destinados a vivienda.

2.- Otorgar protección a inquilinos monotributistas.

3.- Brindar mayor publicidad y transparencia.

4.- Conceder beneficios tributarios a locadores de inmuebles destinados a vivienda que cumplan con el registro ante la AFIP.

5.- Lanzar un plan nacional de construcción de inmuebles y de gestión pública de alquileres sociales.

6.- Presentar un proyecto de ley para que las viviendas ociosas sean gravadas.

Para lograr su objetivo propone modificar un artículo del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC), modificar dos artículos y agregar otros dos a la Ley 27.551 (Ley de Alquileres) y modificar un artículo de la Ley 24.464 (Sistema Federal de la Vivienda). Es de recordar que las modificaciones al CCyC requieren de una mayoría de dos tercios de cada Cámara.

Acompañaron a Gioja con su firma los diputados Rosana Andrea Bertone, Lía Verónica Caliva, Sergio Guillermo Casas, Susana Graciela Landriscini, Dante López Rodríguez, Nilda Moyano, Jorge Antonio Romero, Nancy Sand, Carlos Américo Selva, Eduardo Félix Valdés, Juan Carlos Alderete, Estela Hernández, Juan Manuel Pedrini, Alicia N. Aparicio, Blanca Inés Osuna y Eber Albano Pérez Plaza.

El diputado sanjuanino argumentó que la Ley 27.551 no contempló un aspecto que terminó siendo crítico para el sector: el precio de inicio del contrato de alquiler. En sus palabras explicó: "Ante ese vacío legal, desde 2020 el mercado inmobiliario y los locadores asestaron un durísimo golpe a los inquilinos y fijaron aumentos para contratos a regirse por la nueva ley de casi el 100%. Y más de la mitad de inquilinos -según una encuesta de "Inquilinos Agrupados"- sufrió aumentos de más del 60%".

Para lograr su objetivo propone crear dos tipos de límites para la renovación de los contratos destinados a viviendas, uno para los ya existentes y otro para determinar el precio inicial de un alquiler nuevo. En el primero de los casos el aumento no podrá exceder de un 10% adicional al que corresponda con el ajuste anual previsto por la ley actual, para el segundo ese porcentaje se extiende al 20%.

Para lograr ésto pretende crear un registro de locaciones bajo el control de la AFIP la que publicará en su página de web el domicilio del inmueble, la fecha de entrada en vigencia del contrato y precio de alquiler inicial. El acceso a estos datos será libre.

La iniciativa –de ser aprobada- establecerá que los que otorguen seguros de caución deban aceptar tomadores de seguros que estén inscriptos en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes (Monotributo). De esta manera, no podrán requerirles más que la constancia de inscripción y comprobantes de pago de los últimos seis meses, ni podrán cobrarles más que a tomadores que fuesen empleados en relación de dependencia, según el texto.

Para promover el alquiler de inmuebles el legislador propone durante 15 períodos fiscales dos medidas:

En primer término, las sumas que los locadores facturen en concepto de alquileres podrán deducirse de los ingresos brutos anuales del régimen simplificado para pequeños contribuyentes (Monotributo) y en caso que el contribuyente no facturase sumas por otro concepto, recibirá una bonificación de hasta el 50% de la suma que le correspondiese abonar mensualmente como inscripto al régimen simplificado.

Por otra parte los bienes inmuebles locados y registrados estarán exentos del impuesto sobre los bienes personales por cada año y periodo fiscal en el que estuvieran registrados con un contrato vigente.

El proyecto ordenará que se diseñe un plan de construcción de inmuebles con destino de vivienda en centros urbanos de más cincuenta mil habitantes y coordinar su implementación con autoridades provinciales y de la CABA.

También se deberá formular un plan para la construcción y adquisición de inmuebles por el Estado Nacional, las provincias y la CABA destinados a la gestión pública de alquileres sociales.