Dos nuevos proyectos para regular el mercado de alquileres

[BPN-07/08/13] Durante el último mes se presentaron en la Legislatura porteña dos proyectos de ley relacionados con el alquiler de viviendas en la Ciudad de Buenos Aires: uno tiene como objetivos incluir más viviendas al mercado de los alquileres, mientras que el otro pretende crear un registro de viviendas ociosas con sanciones económicas a los propietarios que no los alquilen.

El primero es el Nº 1.619/13 que fue presentado por el legislador porteño Rafael Gentili (SUMAR I+D) y se encuentra en la comisión de Vivienda aunque todavía no fue tratado. Para ser finalmente debatido en el recinto deberá obtener también despacho de la comisión de "Presupuesto, hacienda, administración financiera y política tributaria" y de "Vivienda".

El segundo es el Nº 1.734/13 cuyo autor es Rocío Sánchez Andia (CC-ARI). En este caso obtuvo tratamiento parlamentario a partir de la sesión del pasado 11 de julio y deberá ser debatido primero por la comisión de "Presupuesto, hacienda, administración financiera y política tributaria".

El proyecto de Gentili propone crear una Oficina Pública de Alquileres (OPA) con el objetivo de promover que en la CABA los propietarios ofrezcan sus viviendas en alquiler. Para lograr este fin proyectó la creación de un registro zonificado de inmuebles y otorgar beneficios –por ejemplo reducción o eximición del pago del ABL- a aquellos propietarios que los inscriban. Esta oficina –de ser aprobado el proyecto de ley- coordinará, propondrá y estimulará la participación de la iniciativa privada en la construcción de viviendas destinadas a ser arrendadas.

Por otra parte la iniciativa contempla registrar quienes aspiren alquilar en la ciudad y actuar como una suerte de intermediario con los propietarios fiscalizando sus contratos de locaciones para que en ellas consten "cláusulas justas y razonables".

También pretende establecer que la duración de los contratos no podrá ser por un período menor a los tres años, que su valor anual no podrá superar el 4% del Valor Inmueble de Referencia (VIR) y que el pago mensual deberá realizarse obligatoriamente en una cuenta del Banco Ciudad.

El proyecto propone además declarar la emergencia locativa en las comunas 1 (Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y Constitución), 3 (Balvanera y San Cristóbal), 4 (La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya), 7 (Flores y Parque Chacabuco) y 8 (Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano) durante cinco años, prorrogables por cinco años más. Las mismas tendrán preferencia al momento de la aplicación de la ley, si es que el proyecto es aprobado por la Legislatura y luego reglamentado por el Jefe de Gobierno.

En sus fundamentos, el legislador consideró que "resulta fundamental que el Estado coloque justicia y equidad en un mercado inmobiliario altamente especulativo y distorsionado que coloca cada vez más a la vivienda como una mercancía altamente rentable y una reserva de valor, en detrimento de su función social". Y agregó: "este proyecto no altera los elementos regulados por el Código Civil, sino que genera una política pública de adhesión voluntaria de beneficios para locadores, que conlleva a su vez, beneficios para los locatarios".

El proyecto de ley de la legisladora Sánchez Andia tiene como objetivo crear un registro de viviendas ociosas para "recuperar aquellos inmuebles que se encuentran ociosos, es decir sin ocupar y/o utilizar, [...] y tornarlos útiles en los términos de la función social que tiene la vivienda a través de incentivos para introducirlos al mercado de alquiler".

El proyecto define como vivienda ociosa a los inmuebles de uso residencial que permanecieron desocupados de manera permanente y sin causa justificada durante doce meses (un año) o más.