Se impulsó una ley de defensa de los inquilinos

[BPN-25/08/14] Desde el 16 al 23 de agosto, el Movimiento Popular Patria Grande (MPPG), el Movimiento Popular La Dignidad (MPLD) y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) impulsaron en la Ciudad de Buenos Aires una ley en defensa de los inquilinos. Propusieron regular los precios y las condiciones de los alquileres, imponerle impuestos a los inmuebles ociosos y crear una Defensoría de Inquilinos y un Ministerio de Vivienda.

Según informaron estas organizaciones políticas y sociales, lo que buscaron es la sanción de una ley que reglamente el Artículo 31º de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires "configurando las actividades de gestión privada vinculadas con el derecho a la vivienda como un Servicio de Interés General".

Los movimientos organizadores argumentaron que "actualmente acceder a una vivienda es algo muy dificultoso en nuestra ciudad. La lógica del negocio se ha impuesto sobre la función social que deben tener los inmuebles", y explicaron que están "comenzando a visibilizar esta problemática difundiendo videos, charlando con los vecinos en distintos puntos de la CABA e impulsando una red de inquilinos".

Asimismo, acusaron a "las grandes constructoras, a los pulpos inmobiliarios y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires" de ser los responsables de la situación que viven los vecinos de la ciudad. "A las grandes constructoras, porque han levantado millones de metros cuadrados no con el objetivo de satisfacer una necesidad de la población sino con la intención de valorizar la tierra y ‘ahorrar’ en ladrillos. A los pulpos inmobiliarios, porque especulan con el precio de los alquileres, que contribuyen a subir incesantemente y porque exigen condiciones cada vez mayores a quienes necesitan recurrir a un alquiler. Al Gobierno de la Ciudad, porque no tiene entre sus prioridades resolver la cuestión de la vivienda", denunciaron.

En este sentido, el MPPG, el MPLD y el MTE formularon una serie de medidas tendientes a regular los precios y las condiciones de los alquileres.

Promoverán establecer precios máximos a los alquileres a partir del Valor Inmobiliario de Referencia (VIR), elaborado por la AGIP (Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos) que reconoce categorías de valor para cada propiedad en base a determinadas condiciones: sus dimensiones, la cantidad de ambientes, su ubicación, su antigüedad, su destino, etc.

Según expresaron, el precio del alquiler mensual no deberá superar el 0,7 % del VIR y la única actualización que se registre durante todo el contrato deberá ser en función de este índice. Según informaron, este porcentaje del VIR permitiría poner a los alquileres por debajo de los precios del mercado.

Se creará un Fondo de Garantías de inquilinos para locaciones con destino de vivienda, cuyo patrimonio estará constituido con los recursos provenientes del Impuesto a la Vivienda Ociosa ya que "es necesario resolver la problemática de quienes no cuentan con el respaldo de una garantía propietaria en la ciudad (el mercado exige hasta dos propiedades porteñas con ese fin)".

El plazo mínimo de los contratos de alquiler será de 3 años. Aquellos que se celebren con una duración inferior a este plazo serán tenidos como que se acordaron por 3 años.

Se limitará el monto de los depósitos en garantía al equivalente del valor de un mes de alquiler y se deberán actualizar el monto al momento de su devolución.

Las comisiones inmobiliarias deberán ser reducidas al valor de un mes del alquiler y serán soportadas por el propietario y el inquilino en partes iguales, mediante el criterio legal del esfuerzo compartido.

De acuerdo a estos movimientos "para evitar que continúe imponiéndose la lógica mercantil por sobre las necesidades de la población proponemos imponer un tributo a las viviendas que se encuentran deshabitadas. El mismo se aplicará a las propiedades que permanecen en esa condición por más de un año, siendo el mismo creciente en el tiempo para fomentar el incremento de la oferta de inmuebles puestas en alquiler".

"Esta medida tiene por objetivo -a largo plazo y en forma progresiva- la supresión de viviendas ociosas, que permita una considerable reducción de los precios de venta y alquiler de los inmuebles", expresaron.

Por otra parte, las agrupaciones organizadores impulsan la creación de una Defensoría de los Inquilinos para que se ocupe de la promoción, defensa y protección de los intereses y derechos de los locatarios de inmuebles destinados a vivienda única, familiar y de ocupación permanente.

Esta nueva entidad tendrá entre sus atribuciones:

a) El asesoramiento a inquilinos en el proceso de negociación y contratación con locadores e inmobiliarias.

b) La actuación de oficio o a pedido de inquilinos en el conocimiento del contenido de contratos de alquiler de viviendas.

Por último, las organizaciones proponen crear un Ministerio de la Vivienda "para jerarquizar la labor ejecutiva y concentrar todas las tareas destinadas a resolver el déficit habitacional en la ciudad.". El mismo contará con las siguientes funciones:

a) Urbanizar villas a través de la construcción de viviendas sociales y la provisión de los servicios básicos.

b) Entregar títulos de propiedad con una cláusula de no venta o alquiler.

c) Recaudar y administrar los fondos provenientes del Impuesto a la Vivienda Ociosa.

d) Regular los valores de los alquileres y demás condiciones de contratación.