Muñoz quedó a cargo de la Defensoría del Inquilino

[BPN-10/03/16] El 14 de febrero, la Defensoría del Pueblo porteño anunció que Fernando Muñoz^[1] fue puesto a cargo de una oficina para inquilinos que se creó dentro de la entidad. De esta forma, el defensor Alejandro Amor cumplió la promesa de crearla que le hizo a Muñoz el 1ª de marzo.

Muñoz, exlegislador del Frente para la Victoria, es también el autor de la polémica Ley 5.464 que creó un Consejo de la Propiedad Horizontal en la Ciudad de Buenos Aires. Es de suponer que con esta asunción Muñoz quedará habilitado para ser parte de la conducción del nuevo Consejo porque –según la ley que lo creó- su Comité Ejecutivo deberá contar con un representante de la Defensoría del Pueblo de la CABA para "la defensa de los derechos de los inquilinos de inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal".

Hace poco más de dos años, Oscar Zago -otro exlegislador, aunque en este caso del PRO- también obtuvo un cargo de en la Defensoría del Pueblo –Defensor Adjunto- tres meses después de impulsar la Ley del SERACARH^[1] que se aprobó -al igual que la Ley Muñoz en 2015- sin debate en la última sesión legislativa del año 2013.

El titular de la Defensoría del Pueblo es el Dr. Alejandro Amor, exlegislador del Frente para la Victoria desde 2011 hasta 2013. Entre otros cargos –según su currículum- es también abogado en la Procuración General de la Ciudad, secretario gremial del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (SUTECBA), secretario de Derechos Humanos y abogado apoderado de la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la Argentina (COEMA), y fue tesorero de la obra social de la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de Argentina (OSCOEMA).

Según diversos medios, durante el miércoles 17 de febrero se acercaron más de 500 personas a la Defensoría del Inquilino en su primer día de atención. En declaraciones periodísticas, Muñoz aseguró: "la respuesta de la gente fue excelente".

En su primer día de gestión, el defensor y cinco profesionales atendieron situaciones "por depósitos no devueltos, comisiones inmobiliarias abusivas y deterioro de viviendas que requieren arreglos y de las que el propietario no quiere hacerse cargo".

"Si tenemos en cuenta que uno de cada tres habitantes de la Ciudad de Buenos Aires alquila, estamos hablando de más de 400 mil viviendas involucradas y 900 mil personas que alquilan", concluyó.

Según informó la Defensoría del Pueblo el 14 de febrero, "la Defensoría del Inquilino cumplirá un rol de promotor de derechos, prestando asesoramiento legal; y brindará la posibilidad de acceder al sistema de mediaciones, elaborando campañas de difusión de derechos y presentado propuestas y proyectos de políticas públicas acordes a la importancia de este sector".

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[1] El 20 de noviembre de 2015, Fernando Muñoz (Frente para la Victoria) ingresó a la Legislatura porteña un proyecto de ley -bajo el número de expediente 2455-D-2015- para transferirle el control del RPA porteño a un Consejo de la Propiedad Horizontal. Trece días después, el 3 de diciembre, la Legislatura aprobó sobre tablas y sin debate parlamentario esa ley que hoy lleva el número 5.464. La conducción del nuevo Consejo está compuesta por 11 miembros de los cuales una importante mayoría son del SUTERH, de las entidades de administradores que firman los Convenios Colectivos de Trabajo y de un nuevo sindicato que agrupa empleados de administraciones de consorcios (SEARA).
[2] El Dr. Ezequiel Nino forma parte del Consejo Asesor de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.

[2] Oscar Zago, hacia el fin de su mandato como legislador del PRO, se hizo conocido en la comunidad consorcial por ser el autor -once días antes de su nombramiento como Defensor Adjunto del Pueblo porteño- de un proyecto de ley que obliga a los administradores de propiedad horizontal a "exhortar" al personal de cada uno de los consorcios que administra a concurrir anualmente a una capacitación "sobre higiene, seguridad y medidas de prevención contra incendios" y a los consorcistas a pagar ese costo vía expensas. Si bien su proyecto no establece explícitamente la entidad que debe dictarlo, los requisitos exigidos para impartirlo apuntan como único posible al SERACARH, un servicio conformado por FATERyH[ -representando a los trabajadores- y por tres entidades de administradores –en nombre de los empleadores- que participan de los Convenios Colectivos de Trabajo: AIERH, UADI y CAPHyAI.

[3] SUTERH: Sindicato Único Trabajadores Edificios Renta y Horizontal.