Asesoramiento gratuito a inquilinos, propietarios e inmobiliarios

[BPN-28/03/16] El pasado viernes 4 de marzo, la senadora rionegrina Silvina García Larraburu (Frente para la Victoria) presentó un proyecto de ley para crear un programa nacional que brinde asesoramiento gratuito a inquilinos, propietarios e inmobiliarios. De ser aprobado, también se promoverán instancias de conciliación, se impulsará la participación de asociaciones del sector y se diseñarán campañas de concientización.

Según la iniciativa ingresada al Senado, el programa consiste en cuatro medidas:

1) Asesorar y brindar asistencia técnico-legal a los inquilinos y propietarios, entre las partes contratantes y con la inmobiliaria interviniente si la hubiera.

2) Promover instancias de conciliación voluntaria para problemas suscitados entre locatarios, locadores e inmobiliarias.

3) Promover la participación de asociaciones de inquilinos, propietarios y residentes en hoteles familiares y pensiones.

4) Diseñar campañas de comunicación que tengan como finalidad la concientización de los locadores y locatarios sobre los derechos y obligaciones en las contrataciones de inmuebles para uso habitacional.

De acuerdo a texto del proyecto, como mínimo, el Gobierno nacional deberá desembolsar un millón de pesos anuales para implementar este programa de concientización aunque la senadora no explicó cómo se invertiría ese dinero.

Según expresó textualmente García Larraburu, el objetivo de su iniciativa es "la concientización sobre los derechos y obligaciones de todos los sujetos que intervengan en el contrato de locación de inmuebles para vivienda a través del asesoramiento jurídico gratuito a los locadores, locatarios e intermediarios, sean estos corredores o martilleros".

La senadora del FpV aclaró en el texto de su proyecto que el Poder Ejecutivo será el encargado de determinar cuál será la autoridad de aplicación.

En sus fundamentos, García Larraburu aseveró: "la mayoría de los inquilinos desconocen la normativa relativa a las locaciones urbanas. A raíz de ello, se generan situaciones de desigualdad e indefensión que colocan al inquilino en situación de desventaja". En este sentido, explicó que también "es preciso que el locatario conozca de manera cierta sus obligaciones antes de suscribir el contrato locativo y las consecuencias que de él se derivan".

Según argumentó la senadora rionegrina, "ambas partes pueden padecer arbitrarias extralimitaciones de la otra que vuelven imprescindible una actuación del Estado para brindar herramientas de concientización y resolución de conflictos a través de un asesoramiento jurídico gratuito".

Por último, expresó: "los denominados ‘usos y costumbres’ en el mercado inmobiliario operan generalmente en contra del sector más débil de la relación contractual. Se requiere de la asistencia del Estado a fin que advierta y concientice a la población involucrada"