Buenos Aires, 18 de diciembre de 2002
Señor Jefe de Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires
Dr. Aníbal IBARRA
S / D
De nuestra mayor consideración:
La Sociedad Central de Arquitectos se dirige al señor Jefe de Gobierno a fin de informarle sobre las consecuencias que tendría, sobre la industria de la construcción en el ámbito de la Ciudad, la vigencia irrestricta de la denominada Ley de Accesibilidad recientemente aprobada por la Legislatura.
Esta entidad, que participó activamente en la segunda audiencia convocada recientemente por el presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano, Diputado Rubén Campos, realizó una serie de recomendaciones al proyecto en el debate público.
Dichas recomendaciones apuntaban a señalar las dificultades proyectuales y el impacto económico que la gran cantidad de modificaciones al Código de la Edificación acarrearían a las obras de vivienda unifamiliar, duplex y edificios de hasta 3.000m2 –que denominamos Obras Pyme– y que en la ciudad se edifican sobre los predios de 8,66 m de ancho (10 varas), herencia de las Leyes de Indias y su subdivisión posterior.
No obstante, el despacho rubricado por varios integrantes de la Comisión de Planeamiento, que se aprobó en el recinto a libro cerrado, prefirió privilegiar hasta el extremo la opinión de los representantes de aquellos con capacidades diferentes, toda vez que dicho despacho incluyó, luego de concluida la segunda audiencia, una nueva cantidad de cambios al Código de la Edificación, los que tornan aún más inviable el cumplimiento de la Accesibilidad para Todos, como se dio en llamar al proyecto.
El texto aprobado, que modifica al Código de la Edificación en la casi totalidad de los artículos del más importante de sus Capítulos –El Proyecto de las Obras–, no sólo ha ignorado la opinión de los técnicos en la materia sino que, en el despacho remitido para su tratamiento por el doctor en medicina Diputado Campos, nos hace aparecer como habiendo consensuado el texto.
Es por esta razón que nos vimos obligados a desmentir tal acuerdo por notas, que oportunamente remitimos a todos los presidentes de bloque, y carta documento a la Presidente de la Legislatura, para dejar expresa constancia de nuestro punto de vista.
Aspirábamos con dichas notas a que por lo menos el proyecto fuera debatido. Sin embargo, la más importante modificación que se tenga memoria realizada al Código de la Edificación, es decir de la pieza reglamentaria que ha construido la Ciudad en los últimos 60 años, ha sido realizada sin debate. El desconocimiento manifiesto, por parte de varios de los diputados, de lo que estaban aprobando nos hace pensar que nuevamente, enmascaradas en un tema sensible, han prevalecido las prácticas demagógicas que nos han sumido en la actual crisis.
No objetamos la casi totalidad de los cambios, y salvo tres gruesos errores técnicos que aún subsisten (ver anexo) el resto se hubiera resuelto con excluir a los predios de 8.66m de ancho del cumplimiento de la “Accesibilidad”.
Propusimos que simultáneamente se estableciera un sistema de incentivos para que, a pesar de estar eximidas, las obras Pyme pudieran cumplir con las exigencias de las nuevas normas.
Impulsamos la idea de estudiar un sistema de beneficios impositivos para que la Accesibilidad para Todos, equitativamente, fuera a cargo de Todos y no de los pequeños y medianos empresarios o de los compradores de unidades mínimas.
Demostramos que, en obras de escaso porte, el impacto de la accesibilidad sobre las áreas comunes puede incrementarse en un 25%.
Demostramos también que la obligación de dotar de ascensor a más de 4 viviendas, cuando tengan dos niveles altos, hará que esta tipología de vivienda económica no se construya, por estar fuera del alcance de los sectores de menores ingresos la incidencia del costo y el mantenimiento posterior de este medio de elevación.
Dijimos, en las notas cuyas copias adjuntamos, que si la Accesibilidad es un derecho constitucional, el del acceso a la vivienda también lo es, y obviamente más prioritario ya que no hay “accesibilidad”, ni “practicabilidad”, ni “visitabilidad” sin tener casa adonde acceder.
Dijimos también que nos parecía inexplicable que el Estado Nacional, que dictó leyes al respecto en 1995 que obligaban al Gobierno de la Ciudad, no hayan cumplido plenamente con ellas, aunque las exigen a los privados desde ese momento.
Dijimos también que esta Ley de Accesibilidad, como otras normas edilicias, no rige para las obras que construye la Comisión Municipal de la Vivienda, o sea que aquello que se presenta como un derecho sólo lo será para quienes lo puedan pagar. Para nuestros legisladores los pobres, los que necesitan subsidio para su casa, no tienen discapacidad alguna.
Es por todo lo expuesto que la Sociedad Central de Arquitectos pide el veto de la Ley 954 al señor Jefe de Gobierno y ofrece su asesoramiento para impulsar una nueva ley, que consideramos imprescindible, pero de mayor equidad basada en la igualdad de derechos.
Saludamos a usted muy atentamente.
Arq. Cristina Fernández
Prosecretaria |
Arq. Carlos Lebrero
Presidente
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