El año pasado el RPA comenzó a dejar 'ganancias'

[BPN-15/04/21] El año pasado el Registro Público de Administradores porteño (RPA) dejó superávit y cada "multa dispuesta" contra los administradores de consorcios por infracciones a la Ley 941 dejó una "ganancia" para el Gobierno porteño de 14.713 pesos.

Eso lo logró reduciendo fuertemente el presupuesto anual del RPA, reduciendo en un 38% la cantidad de los funcionarios afectados y aumentando el valor promedio de las multas de forma tal que -aunque la cantidad de disposiciones sancionatorias disminuyó- su monto total superó al de 2019.

En 2019 –en promedio- cada multa dispuesta dejaba una "pérdida" de 12.424 pesos ^[1].

Es de aclarar que cuando se mencionan "las multas dispuestas" y sus montos se hace referencia a aquellas disposiciones que la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor (DGDyPC) local informó anualmente como emitidas. No incluye las que fueron apeladas en sede administrativa o judicial, las que no fueron pagadas o las que –por razones desconocidas- no fueron publicadas en el Boletín Oficial.

En detalle, se subraya que 326 y 408 disposiciones sancionatorias de 2019 y 2020 respectivamente no fueron aún publicadas en el Boletín Oficial.

Es de suponer que el valor promedio de las multas que se dispondrán durante el 2021 se incrementará notablemente porque este año la unidad fija (UF) según la que se calcula su valor aumentó un 29,63%.

Se recuerda que las multas a las infracciones a la Ley 941 van de 300 a 20.000 unidades fijas ^[2] y durante la mayor parte de 2019 y todo el 2020 su valor estuvo fijado en 21,9 pesos cada una.

Este año la Ley 6.384 (BO: 28/12/20) estableció el valor de la unidad fija en 28,39 pesos lo que llevó la multa mínima -a la que alude la Ley 941- de 6.570 pesos a 8.517 y la máxima de 438.000 pesos a 567.800 pesos.

Desde 2019 y hasta 2020 la cantidad de multas dispuestas –se hayan publicado o no en el Boletín Oficial- disminuyó casi un 16% pero sus montos totales aumentaron casi un 17%. O sea que en 2020 se dispusieron 81 multas menos por casi 3,3 millones de pesos más.

Analizando la cantidad de multas en detalle, mientras que en 2019 emitieron 515 disposiciones sancionatorias, en 2020 la cantidad de disposiciones bajó a 434, una disminución del 15,73%.

Por otra parte, en 2019 se dispusieron multas por 20.051.062 pesos mientras que en 2020 esa cifra subió a 23.339.167 pesos, la diferencia es de 3.288.104,65 pesos (16,4%).

Durante el 2020 el presupuesto del Registro Público de Administradores porteño se redujo en 9,6 millones de pesos lo que representó una contracción de casi el 36% (35,9%). En esta sintonía, finalizó el año pasado con 15 "agentes" o funcionarios menos que a fines del 2019.

En 2019 el presupuesto estimado [3] del RPA fue de 26.449.510 mientras que en 2020 fue de 16.953.592.

En esta línea durante el 2019 el RPA ocupó 39 agentes de los cuales 22 eran profesionales y 17 no profesionales mientras que en 2020 ocupó sólo 24 agentes profesionales de los cuales 12 son conciliadores y 7 de otras profesiones.

Durante el 2020 la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor recibió 1,3 millones de pesos más que durante el 2019. Si bien a primera vista puede parecer un monto significativo en realidad se trata de un aumento del 0,99% anual en pesos.

Por otra parte, si calculamos el presupuesto ejecutado de 2019 y 2020 en dólares [4] para poder desestimar el impacto de la inflación vemos que en realidad DyPC se achicó en sus gastos en un 31,54%, exactamente en u$s 866.538.

También la cantidad de funcionarios que trabajan en DyPC se redujo aunque en una medida menor que en el RPA, de 197 funcionarios que empleaba en 2019 pasó a 191 en 2020 lo que representó una reducción del 3,05%.

Actualmente el RPA porteño está coordinado por Diego Sarrabayrouse, depende de Defensa y Protección del Consumidor local cuya directora general es Vilma Bouza y depende de Facundo Carrillo, secretario de Atención y Gestión Ciudadana